La Policía Nacional ha detenido a tres personas como integrantes de un grupo criminal dedicado a favorecer la inmigración ilegal falseando documentos en trámites que facilitaban a los inmigrantes.
Las investigaciones se iniciaron tras una comunicación de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Granada, en la que informaban de que se encontraban en trámite distintas solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de extranjeros que aportaban contratos de trabajo de dos empresas con la misma sede social ubicadas en Baza (Granada).
También se habían detectado ciertas irregularidades en el alto número de personas que aparecían como moradores de una misma vivienda, además de solicitudes de reagrupación familiar con puestos de trabajo en la comunidad autónoma de Murcia.
La Policía abrió una investigación ara comprobar la veracidad de las ofertas de trabajo así como la existencia de garantías del empleo durante un año, ante la posibilidad de que hubiera existido connivencia entre el empleador y los extranjeros para obtener las autorizaciones de residencia solicitadas y de los certificados de empadronamiento que aportaban.
Los agentes averiguaron que mediante simulaciones de contratos de alquiler, falsificación de certificados de habitabilidad y empadronamientos ficticios estructuraron una red para obtener beneficios económicos, mientras favorecían la inmigración ilegal.
Llegaron a presentar ante la oficina de extranjeros de Granada unas 60 solicitudes de reagrupación familiar y unas 20 solicitudes de arraigo social.
Tres personas de 31, 48 y 53 años fueron detenidas como presuntos responsables de la estafa, según la Policía, que practicó cinco registros domiciliarios en viviendas de Huéscar (Granada), Churriana de la Vega (Granada) y Roquetas de Mar (Almería), en las que intervinieron numerosa documentación.
Las investigaciones continúan abiertas ante la posibilidad de que haya otros colaboradores y cómplices.
Se están llevando a cabo actuaciones conjuntas con la Tesorería General de la Seguridad Social una vez acreditada la existencia de al menos tres empresas ficticias que proporcionan contratos falsos y altas en la Seguridad Social para facilitar el cobro de prestaciones.
También está prevista la detención de los 65 extranjeros solicitantes por delitos de falsedad documental.