El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado hoy que el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “no tiene nada que ver” con la calidad de la Justicia y su independencia, puesto que es un órgano de carácter administrativo y no dicta sentencias.
“Se está extendiendo de manera excesiva una imagen de que existe una cierta politización en la Justicia en España y tiene que ver con el sistema de designación de los vocales del CGPJ”, ha dicho el ministro a los medios tras la reunión de la Comisión para la Justicia Digital.
El ministro ha explicado que hay que separar los debates, puesto que una cosa es un órgano de gobierno como el Consejo y otra el poder judicial. “Se hace un flaco favor a la Justicia si se atribuyen las restricciones a la independencia del poder judicial al hecho de cómo se designan los vocales. No tiene nada que ver”, ha criticado.
Así ha respondido Catalá al ser preguntado por la propuesta de Ciudadanos de suprimir el CGPJ, que después fue matizada y quedó en que se conformaría con que los doce vocales sean elegidos por los jueces.
Ha señalado que suprimir este órgano es “absolutamente inadecuado e impropio de los modelos que funcionan con calidad en la Europa democrática”, puesto que considera que tiene que haber un órgano de gobierno de los jueces de estas características, si bien está abierto el debate para su eficaz funcionamiento.
El ministro ha hecho estas declaraciones tras presidir una nueva reunión de la Comisión para la Justicia Digital, convocada para dar un impulso definitivo al cumplimiento de la obligación de generalizar las comunicaciones electrónicas para el 1 de enero, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ha explicado que, a menos de un mes para la fecha, el Ministerio ya ha cumplido todas sus previsiones y que continuará apoyando a las comunidades autónomas con los medios a su alcance para conseguir el objetivo.
Así, se han adoptado medidas presupuestarias que contemplan el incremento de las inversiones del departamento para nuevas tecnologías, pasando de los 35 millones de euros el año pasado a los 69 millones previstos para 2016.