“La concentración que varios cientos de personas ante el complejo policial de Moratalaz, en Madrid, supone un claro ejemplo de que los colectivos de la extrema izquierda pretenden hacerse con la calle en esta ciudad. Esta ”batasunización“ en la que están inmersos las decenas de grupúsculos de la extrema izquierda violenta que no dejan de representar una voluntad social minoritaria”, dice la nota de la CEP.
Advierten de que este tipo de grupos “están poniendo en marcha toda clase de estrategias, siempre violentas, que son las que, durante décadas, han soportado los policías en las calles de País Vasco y Navarra, cuando los proetarras han pretendido extender el miedo y la coacción, bajo supuestas reivindicaciones políticas”.
En este caso además, considera el sindicato policial que han “pretendido camuflarse durante más de un año entre las movilizaciones sociales de colectivos como el 15-M”. “Una vez que el nivel de presencia de ciudadanos en las calles ha descendido, estos matones del siglo XXI han quedado al descubierto. El pretexto de las protestas, en este sentido, ya no cuela, y ahora se dedican a lo que siempre han hecho: extender la violencia y la coacción para alterar la convivencia ciudadana”, añaden.
“AJENOS A LA UNIVERSIDAD”
La CEP enmarca los recientes intentos de asalto a centros universitarios en “una estrategia premeditada y protagonizada por personajes ajenos al entorno educativo, que ahora tratan de extender ese caos violento y esa 'batasunización' a las aulas y campus de Madrid”.
En este contexto los policías ven necesario aprobar el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que hoy sale adelante finalmente en Consejo de Ministros, y que castiga, siempre en el orden administrativo, comportamientos que, “en el caso de estos profesionales de la violencia, no pueden quedar impunes en un Estado de Derecho moderno”.
Por ello hacen un llamamiento al Gobierno y al PP para que, “durante la tramitación parlamentaria, mantengan la propuesta que ha partido del Ministerio del Interior, evitando nuevas 'rebajas' en los planteamientos que este proyecto legal hace sobre las infracciones y sus sanciones”.