Así lo ha defendido Arrimadas en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para presentar esta iniciativa que Ciudadanos ha recuperado de anteriores legislaturas, aunque con algunos retoques, y que va en la línea de la impulsada por la plataforma cívica Xnet que registraron la semana pasada diputados de ERC, Más País, Compromís y BNG.
El principal objetivo de la directiva europea es regular la figura de los “alertadores” de la corrupción, una reclamación que España tiene pendiente y que se repite en los informes anuales del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
Esta norma comunitaria aprobada en abril entra en vigor estos días aunque España tiene un plazo de dos años para incorporarla a su legislación. Lo que persiguen las dos iniciativas registradas en el Congreso es acelerar lo más posible su trasposición.
Arrimadas ha subrayado que España debería ser uno de los primeros miembros de la UE en trasponerla, recordando los casos de los ERE, el que conocido 'caso de Miguel', que afecta al PNV --“socio preferente de Pedro Sánchez”, según ha apuntado-- y la “gravísima imputación” que pesa contra la actual portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs.
NO PODRÁN BLOQUEARLA
La aspirante a liderar Ciudadanos ha vuelto a presentar a su partido como “antídoto contra la corrupción” y ha detallado que en su proposición de ley han incorporado ya algunos de los acuerdos que se alcanzaron entre los grupos parlamentarios durante la tramitación, hace dos legislaturas, de su conocida como 'ley ómnibus' contra estos delitos.
“El PP y el PSOE no van a tener excusas para bloquearla”, ha enfatizado la portavoz parlamentaria del partido naranja, antes de añadir que su aplicación “no cuesta ni un duro”, sino que “evita muchos robos”.
Además de medidas especiales para los denunciantes, a los que se garantiza anonimato, se 'blinda' laboralmente y se garantiza apoyo jurídico, la propuesta de Ciudadanos plantea eliminar los indultos por delitos de corrupción, suprimir la limitación de los plazos de instrucción de los mismos y que la responsabilidad de los cargos políticos se extienda a sus respectivas formaciones.