Así lo han señalado el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y la eurodiputada de la formación naranja Maite Pagazaurtundua en rueda de prensa en la Cámara Baja para dar a conocer el informe que justifica la reforma de la citada directiva, que data de 2017, para adaptarla a la realidad actual y con la que se pretende incluir la obligación de los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias en aras de ese fin.
Esta medida no sólo se presenta pensando en sólo los etarras condenados en nuestro país, sino también en un marco europeo en el que conviven la amenaza del yihadismo y la extensión de “los discursos del odio” con el auge de movimiento de extrema derecha.
Según ha explicado Bal, el objetivo es que los condenados por pertenencia a un grupo terrorista o por haber perpetrado atentados terroristas vean agravada la pena de inhabilitación para el desempeño de empleo público.
EN ESPAÑA ESA PENA NO PODRÍA SER PERMANENTE
Es decir, que cuando salgan de la cárcel no puedan acceder a ningún puesto de trabajo un puesto de trabajo, por ejemplo, en ayuntamientos “que les resulten políticamente afines” para evitar así que puedan volver a “victimizar otra vez a las víctimas” o seguir “haciendo propaganda” de sus fines “fanáticos”.
Desde Cs plantean la necesidad de establecer una pena de inhabilitación superior a la pena de prisión, pues mientras el condenado está en la cárcel ya tiene casi imposible ocupar cargo o empleo público alguno. Eso sí, en el caso de España está pena “agravada” no podría ser permanente porque la Constitución establece que la Justicia debe favorecer la reinserción.
Así, la pena de inhabilitación que promulgan, en consonancia con lo establecido ya en nuestro Código Penal, podría moderarse en supuestos de renuncia a la lucha armada, de perdón a las víctimas, de arrepentimiento y de colaboración con el esclarecimiento de atentados terroristas sin resolver.
En este sentido, Bal ha adelantado que la próxima semana Ciudadanos presentará iniciativas pidiendo al Gobierno que lidere este proyecto en la UE dado que España es uno de los países más afectados por la lacra terrorista, reclamándole que lleve a cabo los cambios legislativos oportunos para tal fin y urgiéndole a que emplee a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir los homenajes que se siguen realizando a terroristas cuando salen de prisión.
NO SE PUEDE SEGUIR “HUMILLANDO” A LAS VÍCTIMAS
“Los más importante para los terroristas cuando salen de las cárceles y no se han reinsertado es naturalizar y neutralizar su imagen y aquello por lo que han causado delitos, pero también su patología política”, ha dicho, por su parte, Pagazaurtundua.
La también vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha defendido la necesidad de “aprender a defender mejor los bienes públicos” para apuntar que no puede ser que personas que han causado “gravísimos daños” no sólo sean recibidas como “héroes” al salir de prisión, sino que, además, puedan estar en instituciones públicas, puesto que son situaciones “humillantes” para sus víctimas.
“Y lo sé en primera persona”, ha apostillado Pagazaurtundua, recordando que etarras condenados por el asesinato de su hermano, exjefe de la Policía Local de Andoain (Guipúzcoa), recibieron homenajes al salir de prisión e incluso uno pudo recuperar su puesto en la función pública. En este punto, ha recordado que recientemente la Comisión Especial del Parlamento Europeo elaboró unas 200 recomendaciones entre las que identificó la de prohibir que en los Estados miembros se permitan homenajes a terroristas con sentencia firme.