Condena de año y medio de cárcel a un coronel de la Guardia Civil por manipular una compra millonaria de 8.250 fusiles
Un coronel de la Guardia Civil ha sido condenado a un año y medio de prisión y una multa por falsificar documentación de armas de guerra e intentar que una empresa se llevara un contrato de 14 millones de euros para proveer al cuerpo de 8.250 fusiles de asalto. Los jueces consideran que este responsable del cuartel de Valdemoro, centro de formación de nuevos guardias civiles, consiguió que cinco fusiles oficiales fueran presentados por la empresa contratista como propios para poder ganar ese concurso. La clave para descubrir el engaño fue que varios guardias civiles del puesto se dieron cuenta de las irregularidades y se negaron a colaborar.
El contrato sobre el que giró todo el entramado fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en septiembre de 2019: unos 14 millones de euros (dos millones más con el IVA) a cambio de suministrar 8.250 fusiles de asalto a la Guardia Civil en los próximos tres años. Los pliegos incluían una condición para las empresas aspirantes: tenían que aportar cinco fusiles con cargadores y estuches de limpieza para comprobar que el material cumplía con los requisitos técnicos.
La primera reunión entre los condenados tuvo lugar en el propio cuartel Duque de Ahumada de Valdemoro pocos días antes de que venciera el plazo para presentar la muestra de fusiles. La condenada era gerente de Uniformidad y Suministros de Protección (USP), una contratista pública habitual en materia de Defensa y armamento y representante de la fabricante alemana Heckler&Koch. Comunicó entonces al otro condenado, el coronel responsable del cuartel, que su empresa quería aspirar al contrato de 14 millones, pero no llegaba a tiempo para entregar la muestra obligatoria de cinco armas.
La solución que encontraron la empresaria y el guardia civil para que llegaran en plazo y el contrato no quedase desierto, según la sentencia que ha podido examinar elDiario.es, fue extraer cinco fusiles del propio cuartel de Valdemoro para hacerlos pasar como propiedad de USP y que la empresa pudiera presentarlos como propios en la licitación. El plan no llegó muy lejos: varios guardias civiles de Valdemoro detectaron las irregularidades, se negaron a firmar los documentos e informaron a un teniente coronel que finalmente presentó una denuncia.
El juicio se celebró hace unas pocas semanas en la Audiencia Provincial de Madrid, siete años después de la reunión donde urdieron el plan para que USP pudiera llevarse el contrato millonario. Los jueces han impuesto al coronel implicado una condena de año y medio de cárcel, un año más de inhabilitación y una multa de 540 euros, mientras que la entonces gerente de USP es condenada a tres meses de prisión, la misma multa y dos años de inhabilitación para contratar con el Estado.
Ninguno de los dos, por tanto, y a la espera de los recursos, tiene obligación de entrar en la cárcel a cumplir condena. Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid atribuyen a ambos diferentes versiones del delito de falsedad en documento oficial, tienen en cuenta como atenuante los siete años que el caso ha tardado en llegar a juicio y explican que el núcleo de la acusación se centra en los documentos que falsearon para que los cinco rifles de muestra sacados del cuartel parecieran propiedad de la empresa aspirante al contrato.
La “especial importancia” de las “armas de guerra”
Tanto la sentencia como el expediente de la plataforma pública de contratación revelan que este contrato para proporcionar miles de fusiles a la Guardia Civil quedó desierto. La gerente de USP retiró la oferta de su empresa en cuanto supo que ambos habían sido denunciados por un teniente coronel y hubo que repetir el proceso un año después. Según se dice en la sentencia, “se le adjudicó a otra empresa y las armas de USP (HK) resultaron defectuosas y fueron devueltos porque tuvieron un fallo”.
Uniformidad y Suministros de Protección (USP) actúa en España como prolongación de Heckler&Koch GmbH, empresa alemana dedicada a la fabricación de armamento. USP, según puede comprobarse en las bases públicas de contratación en España, obtiene numerosos contratos anuales de distintas administraciones. Este 2026, por ejemplo, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Armada, el Ejército del Aire o también ayuntamientos como València o Cartagena. Desde tapas para cargadores de pistolas hasta material antidisturbios.
Los dos condenados, además de cuestionar la falta de pruebas contra ellos, esgrimían que el contrato no había llegado a amañarse al quedar desierto o que su delito, en todo caso, había sido en grado de tentativa y que habían desistido voluntariamente de su plan. Los jueces recuerdan que en este caso no se investiga un delito de amaño sino la falsificación de la documentación de los cinco rifles como vehículo para “asegurar la licitación” a favor de USP.
“Desconocemos cuál era el plan para conseguir la licitación, ni lo previsto para que no se advirtiese por la mesa que eran fusiles de guerra de la Guardia Civil, pero seguramente existía alguna previsión considerando que se trata de catorce millones de euros lo que se iba a conseguir”, dice la sentencia. Todo en torno a un contrato de “especial importancia” para el suministro de miles de “armas de guerra” a la Guardia Civil entre 2020 y 2022.
Sobre las pruebas, explica la Audiencia Provincial que tanto los testigos como las pruebas documentales son suficientes para entender que el coronel falsificó la documentación de los fusiles para sacarlos del almacén del cuartel de Valdemoro y hacerlos pasar por la muestra que aportaba la empresa para ganar el contrato público. Empezando por los guardias civiles que se negaron a firmar la documentación y dieron la voz de alarma, siguiendo por los propios documentos y terminando por las imágenes de las cámaras de seguridad.