La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha declarado de especial complejidad la macrocausa de los cursos de formación subvencionados con fondos públicos, lo que permite alargar la instrucción 18 meses más.
Tras la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción el 10 de diciembre pasado, la juez afirma en un auto al que ha tenido acceso Efe que es “indudable” que se debe declarar esta macrocausa como de especial complejidad porque “se investiga a un grupo u organización criminal con numerosos hechos punibles”.
Según el auto, en la causa hay involucrados “gran cantidad de investigados o víctimas”, lo que “exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas”.
“Por todo ello, es indudable que procede acceder a la petición formulada por el Ministerio Público”, señala la juez tras recordar que el objeto de esta causa, tras su división, “es el favorecimiento concertado y dirigido desde la Consejería de determinados empresarios”.
Eso se hizo, añade la juez, mediante la expedición de certificados de finalidad realizados por las partes investigadas, y también con “la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General, en cuya elaboración participarían presuntamente las mismas”.
Esta macrocausa, que empezó a instruir la juez Mercedes Alaya, está dividida en nueve piezas, entre ellas las relativas a los entramados empresariales del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra, que fue vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
También creó piezas referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales -CIOMIJAS, FORMADES, FORMAN y CTI-; otra que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y una más del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La declaración de especial complejidad de la causa se ha conocido un día después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera a la juez que cite como investigados a los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas recibió 33,3 millones de euros.