Un nuevo acuerdo internacional que busca reducir el riesgo de ataques terroristas con materiales nucleares ha entrado hoy en vigor después de once años de deliberaciones, ampliando las obligaciones de los países para vigilar el almacenamiento, transporte y uso de esos componentes.
El nuevo documento añade una enmienda a la Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear, que se aplica desde 1987 y que se centraba en el transporte internacional de material radiactivo.
La nueva legislación se extiende ahora a la protección de instalaciones nucleares, excluidas las de carácter militar, e incluye también la obligación de que los Estados firmantes consideren como un crimen el tráfico de componentes nucleares.
Además, obliga a aumentar la colaboración entre los diferentes Estados en caso de robo o apropiación indebida de esos materiales o de amenaza de sabotaje contra instalaciones atómicas.
En su preámbulo, el nuevo texto legal se refiere a la “profunda preocupación” por la escala internacional de actos terroristas.
Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), depositario de esta convención, la entrada en vigor de esta enmienda supone “reducir el riesgo de un ataque terrorista que implique material nuclear y el tráfico de este material”.
A partir de ahora, los Estados firmantes están obligados por un instrumento legal internacional a proteger las instalaciones nucleares.
La entrada en vigor se produce después de que el pasado 8 de abril, con la firma de Nicaragua y Uruguay, dos tercios de los 152 Estados que aprobaron la Convención haya ratificado esta enmienda.
Para los cincuenta países que aún no han dado ese paso sigue estando vigente el acuerdo existente hasta ahora, aunque el OIEA confía en que pronto todos se hayan pasado a la nueva ley.
Para el director general del OIEA, Yukiya Amano, la aplicación universal de la enmienda “ayudará a asegurar que el material nuclear en todo el mundo está protegido adecuadamente contra actos maliciosos de terroristas”.
En los últimos 20 años se han registrado unos 2.800 casos de contrabando, posesión ilegal y pérdida de material nuclear, según una base de datos del OIEA.
El peligro señalado por lo expertos es la utilización por parte de grupos terroristas de lo que se conoce como “bomba sucia”, la combinación de explosivos convencionales y materiales radiactivos.