El espionaje a Sánchez apunta a Marruecos y pone en duda la continuidad de la directora del CNI

Irene Castro

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“Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia”. Pedro Sánchez pronunció esas palabras en plena crisis con Marruecos el 18 de mayo de 2021, cuando miles de personas entraban en Ceuta en una maniobra de desestabilización de la frontera como respuesta a la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Galli. Un día después el teléfono del presidente era infectado con el software Pegasus: 2,6 gigas de información interceptados en el movil de Sánchez. La noticia se ha conocido un año después, que es, según el Gobierno, cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha abierto un proceso de “verificación” a raíz de la revelación del espionaje a través de ese sistema que ha afectado a más de sesenta personas vinculadas al independentismo. 

Esa investigación no se llevó a cabo con el nivel de exhaustividad que se ha empleado estos días ni siquiera en julio de 2021, cuando una filtración reveló que varios presidentes, entre ellos el francés, Emmanuel Macron, habían sido objeto de espionaje a través de Pegasus. Es una de las lagunas que tiene el relato del Ejecutivo y, por ende, del CNI. La fecha en la que se produjo la intrusión en el aparato de Sánchez y el señalamiento a Marruecos en el intento de espionaje a Macron hacen que todas las sospechas recaigan sobre el reino alauí.

A eso hay que sumar que en esas mismas fechas el teléfono de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que fue la precursora de la acogida a Galli, fue intervenido con un malware que en aquel momento los analistas del Ejecutivo no supieron identificar. Dirigentes del Gobierno atribuyeron entonces aquel episodio a la crisis de relaciones con Marruecos.

El segundo ataque al móvil del presidente se produjo el 31 de mayo, cuando el momento álgido de la crisis en la frontera se había superado pero las secuelas aún planeaban sobre el Ejecutivo. De hecho, ese día el ministro de Exteriores marroquí emitió un comunicado en el que reconocía que la crisis con España obedecía al Sáhara. “No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta, por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior”, afirmó el socialista en una rueda de prensa junto a su homólogo polaco en la cumbre bilateral que ambos mandatarios celebraron en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares. 

La vulnerabilidad en el teléfono del presidente acabó con la extracción de otros 130 megas de información. 

Este martes, el diario The Guardian ha hecho públicos los resultados de una investigación según la cual un solo cliente de la empresa israelí NSO, que vende el programa Pegasus, seleccionó como objetivos 200 números de teléfonos españoles. Entre ellos, estaba el periodista español especializado en El Magreb Ignacio Cembrero y la activista saharaui Aminatou Haidar.

A pesar de esos indicios, el Gobierno evita entrar en “futuribles” sobre el origen del espionaje que sitúan, en todo caso, en un ataque “externo e ilícito”. Y muchos menos plantear una reformulación del último acuerdo alcanzado con Marruecos y que responde al giro histórico de Sánchez respecto al Sáhara, que fue lo que finalmente estaba detrás de lo que él mismo denominó un “asalto a las fronteras españolas” el 31 de mayo de 2021. 

La justificación del Gobierno al retraso del CNI a la hora de detectar el espionaje al presidente y la ministra de Defensa, Margarita Robles, es que los sistemas han evolucionado en este tiempo. Así, sostienen que los protocolos de seguridad se han seguido a rajatabla, pero que en este tiempo no se ha llegado a las mismas conclusiones. 

“Todos los dispositivos están siendo permanentemente analizados con los recursos y sistemas que hay en cada momento, que evolucionan”, afirmó la portavoz, Isabel Rodríguez, este martes. “Los protocolos de seguridad han estado mantenidos en el tiempo [ha dicho a continuación sobre las propias indicaciones del Centro Criptológico Nacional sobre la seguridad frente a Pegasus] y sistemas y los recursos de que disponemos se van actualizando. Puede darse la circunstancia de que los de hoy los que tengamos sean más efectivos que los de ayer y mañana lo serán más”, ha tratado de zanjar.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha venido defendiendo esa misma tesis: que es ahora cuando se dispone de los medios para detectar este tipo de intromisiones.

El otro argumento es que quitar el teléfono móvil al presidente durante las 24 o 36 horas que requiere el análisis es siempre un problema. “Los protocolos tienen un trámite complejo, que es cuando se hace un examen más exhaustivo como consecuencia de una investigación, que es lo que se ha producido en este momento requiere de portar físicamente el dispositivo y, por tanto, la imposibilidad de poderse utilizar durante ese tiempo”, agregó Rodríguez tras la reunión del Consejo de Ministros. 

Pese a que esas son las explicaciones oficiales, el Gobierno ha dejado en el aire la continuidad de la directora del CNI, Paz Esteban. “Cada momento tiene su afán”, respondió la portavoz a la pregunta de si descarta que en las próximas fechas se produzca una dimisión de la máxima responsable de los servicios secretos españoles. “Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido, y esto es determinante para seguir avanzando en cómo corregimos lo sucedido. No podemos pasar al siguiente momento sin saber lo qué es lo que ha pasado hasta ahora”, fue la contestación en la segunda ocasión que fue interrogada por el apoyo a la jefa de los espías. 

El respaldo a Esteban se circunscribe a “este momento” para el ala socialista del Ejecutivo. “La directora del CNI sigue en el CNI, está trabajando para esclarecer los hechos y esa es la fase en la que estamos”, había dicho previamente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la Cadena SER: “Vamos a tener la información completa y eso será la base de cualquier decisión que podamos tomar en el futuro”. Por el momento la responsable de la inteligencia tendrá que dar explicaciones en el Congreso. Lo hará solo ante los diputados en la comisión de gastos reservados, que se celebra a puerta cerrada. Los socios de la coalición tienen poca fe en las explicaciones que reciban y que forzaron a raíz del espionaje a los líderes independentistas viéndola ya insuficiente. Los aliados presionan para una verdadera comisión de investigación que el PSOE ha vetado con ayuda del PP.

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