Feijóo sucumbe al discurso ultra de Vox
“No voy a dar lo que no quiero ni puedo. No voy a firmar nada que vaya en contra de lo que hemos aprobado aquí. Nada es nada. Lo siento”. Así explicó Alberto Núñez Feijóo en julio de 2025, durante la clausura del congreso nacional del PP, cómo quería que fuera su relación con Vox. Menos de un año después, el PP ha sucumbido al discurso más ultra del partido de Santiago Abascal, que ha logrado introducir el concepto de “prioridad nacional” en los acuerdos de coalición. Un término inaplicable a nivel autonómico, pero que ha contaminado el debate político ante las inminentes elecciones andaluzas.
La dirección del PP intenta, a la vez, defender el acuerdo y acotar su alcance para evitar que Vox logre un rédito electoral. En la cúpula del partido se muestran satisfechos con un pacto que ven positivo. Pero, a la vez, cunde el enfado porque los de Abascal han logrado capitalizarlo y reformular la “prioridad nacional” hacia un más explícito “españoles primero”.
El propio Feijóo puso voz el pasado martes a ese enfado en los pasillos del Congreso en declaraciones a los medios. “Pido rigor”, afirmó. “Todo lo que se ha firmado es de acuerdo con las leyes”, añadió, para reiterar que “lo importante es leer los papeles” y que el acuerdo habla del “arraigo”, con “independencia de la nacionalidad” de las personas.
Ante la insistencia de los periodistas, zanjó: “¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? Vox dice lo que considera oportuno, nosotros decimos lo que hemos pactado”.
Tanto el acuerdo de Extremadura como el de Aragón hablan, efectivamente, de la “prioridad nacional” y también del “arraigo, empadronamiento y vinculación” con el territorio. Porque, efectivamente, el marco legal no permite una discriminación hacia los extranjeros solo por su nacionalidad u origen.
Desde la dirección del PP explican que se introdujo ese concepto político, que no legal, como una concesión a Vox. Una petición de los de Abascal que se vio bien añadir. Tal y como expresó Feijóo el martes, en los pisos altos del número 13 de la madrileña calle de Génova pensaban que las acotaciones añadidas en el texto dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles.
Para su sorpresa, no poca gente sí lo ha entendido así. El equipo del líder de la oposición sostiene que otras regiones aplican el principio de “arraigo”. Y ponen como ejemplo a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la aplicación de la “prioridad nacional” es “ilegal” y que ella no piensa asumirlo.
Como le pasa en Andalucía a Juan Manuel Moreno, en el PP de Madrid temen que un subidón de Vox les deje sin mayoría absoluta. En Andalucía, Vox obtuvo un 13,45% del voto. En 2023, en Madrid se quedó en el 7,31%. En los recientes comicios autonómicos se ha movido entre el 17% y el 19%.
El presidente andaluz, candidato a un tercer mandato, dijo esta semana en Madrid que no quiere saber nada de tener que negociar con Vox. “Deciden los andaluces, tienen una responsabilidad”, aseguró. E inmediatamente abrió la puerta al acuerdo: “Yo soy moderado, los moderados nos entendemos con todo el mundo”.
Vox pasa de pantalla
Con el acuerdo recién firmado, Vox optó por olvidarse del papel y centrarse en el discurso. Esta misma semana llevó al Congreso una iniciativa donde traducía la “prioridad nacional” en un “los españoles primero” que, además, concretaba en materias como la sanidad. Y no solo se refería a los residentes irregulares. El PP votó en contra de esta moción para intentar, con poco éxito, atajar el debate sobre qué significa “prioridad nacional”.
Para Vox, cualquier extranjero, tenga o no la nacionalidad, debería estar en un segundo plano sobre los auténticos españoles. Una posición que ha generado incluso un lío interno. El secretario general, Ignacio Garriga, tuvo que salir al paso de las afirmaciones de su portavoz en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga.
“La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española”, dijo el Garriga portavoz. “Hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles”, replicó el Garriga secretario general. Joan Garriga luego matizó que no se expresó “con la claridad debida”.
El uso y señalamiento de las personas migrantes no es nuevo en el PP ni en la política española. Tampoco es exclusivo de la dirección de Feijóo. Ya antes hubo decisiones concretas y declaraciones racistas en la cúpula de la derecha española, que ha relacionado históricamente la entrada de extranjeros entre las causas de problemas como la inseguridad ciudadana. El hoy alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es un ejemplo paradigmático.
Con todo, había fronteras que el PP prefería no traspasar. Por ideología o por pragmatismo, la derecha española ha promovido la llegada de personas extranjeras para realizar trabajos donde la oferta supera a la demanda, como determinados servicios o el sector primario, en consonancia con las peticiones de la patronal.
Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy promovieron durante sus gobiernos regularizaciones extraordinarias, conscientes de que mantener una gran bolsa de personas en situación irregular es un error desde el punto de vista social y económico.
Desde que se hizo con el mando del PP, Feijóo ha intentado mantener un complejo equilibrio entre la histórica posición de la derecha clásica europea y el empuje de la extrema derecha populista. Desde 2023, el líder del PP se ha ido escorando y ha asumido posiciones cada vez más radicales, temeroso de que le pudiera ocurrir lo mismo que le ha pasado en los últimos lustros a los democristianos conservadores en Italia, Francia, Reino Unido y otros países europeos.
El documento político del congreso nacional de 2025 es un ejemplo de estos equilibrios. “El inmigrante no debe ser estigmatizado, porque no es ni víctima ni verdugo, sino una persona digna y libre, titular de derechos y también responsable de obligaciones como cualquier ciudadano”, asegura la todavía vigente ponencia aprobada el pasado verano.
El texto añade: “Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”. Es decir, al ingreso mínimo vital. “La irregularidad no puede generar derechos”, sostiene. “Devolveremos al arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional”, añade.
El fundamento es endurecer el acceso de las personas migrantes a determinadas prestaciones y limitar su disfrute por parte de quienes residen de forma irregular en España.
La estrategia de Moreno, en el aire
El triunfo de Vox no es legal, sino discursivo. Y condicionará la inminente campaña en Andalucía, donde se celebran elecciones el próximo 17 de mayo. “Moreno tiene una figura transversal en lo ideológico, que atrae a votantes moderados socialistas”, apunta el politólogo Lluís Orriols en conversación con elDiario.es. “Hay mucho votante tradicionalmente socialista que le vota a él”, añade.
Pero si el PP endurece su discurso migratorio para taponar a Vox, puede ahuyentar a las “personas moderadas que esquivan posiciones más radicales” lo que “cortocircuita la posición transversal para captar al votante moderado y centrado de clase media”. Los acuerdos firmados, añade Orriols, “rompen la campaña electoral” que Moreno tenía diseñada. Está por ver qué consecuencias tiene, pero es lo “opuesto” a lo que había planteado el PP andaluz, zanja.
Pero Orriols va más allá y advierte de un cambio más profundo en el medio plazo. Vox, apunta este profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, “ha sabido reenfocar” su discurso migratorio desde una perspectiva relacionada con la “seguridad”, un parámetro que es “propiedad de la derecha clásica”, hacia los “servicios sociales”.
Ya no se trata de inocular miedo al inmigrante por lo que pueda hacer a un español o española, sino como alguien que disputa uno “recursos sociales escasos”, afirma Orriols. Una estrategia que ha permitido a las extremas derechas europeas “no solo ganar a la derecha de ‘la ley y el orden’, sino entrar en las bases electorales de la socialdemocracia, votantes que han sido beneficiarios netos de ayudas que ahora no perciben”.
Es un votante que se siente “desplazado” del ideario de unos partidos que perciben “más cosmopolitas”, menos enfocados en el “Estado de bienestar” para situarse en el “ecologismo, el feminismo, etcétera”.
Las consecuencias del abrazo al liberalismo de finales del siglo XX y principios del XXI que personificaron Tony Blair o Gerard Schroeder se dejan ver en un “malestar” de una clase trabajadora que percibe que sus partidos ya no se preocupan de sus problemas. Y ese “malestar se canaliza hacia la xenofobia”, afirma Orriols.
La conclusión es que “no solo el PP tiene que pensar que esto le puede afectar”. También el PSOE, a quien “Vox gana cada vez más voto”. Y Andalucía será también un test sobre cuánto ha calado la ultraderecha en el votante clásico de la izquierda.
¿Y Feijóo? El líder del PP tiene que decidir qué camino tomar, afirma Orriols. Los acuerdos firmados “no son un pacto de gobierno, sino un manifiesto ideológico que Vox ha obligado a rubricar al PP”, que está “abierto en canal” ante la decisión que tiene por delante.
“Estamos en un momento crucial de la política española”, sostiene Orriols, que se pregunta: “¿Qué va a hacer el PP?”. Feijóo tiene el tiempo tasado para tomar esa decisión: desde ahora a las próximas elecciones generales de 2027.