“Si la orden europea de detención se retira oficialmente, esto significaría el cierre del procedimiento de entrega”, ha explicado la portavoz, Wiebke Hoffelner.
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con la deriva soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha rechazado este jueves que Puigdemont sea extraditado desde Alemania solo por el delito de malversación de fondos públicos, como ha acordado el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, y denuncia “falta de compromiso” de este tribunal con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español.
Asimismo, ha dejado sin efecto la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont además de otros fugados, como son los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí y la secretaria general del ERC, Marta Rovira. No obstante, mantiene vigente la orden de detención nacional que conllevaría su arresto en territorio español.
Llarena responde de esta manera a la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont únicamente por el delito de malversación al entender que los actos que se le imputan en esta causa no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público, así como tampoco con el delito de alta traición.
Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania cuando regresaba de Finlandia a Bélgica, donde se instaló después de ser destituido. Pasó 12 días en la cárcel pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de la decisión de los magistrados alemanes.