El Gobierno de Bolivia presentó hoy ante la Asamblea Legislativa una acusación contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dictaron un fallo considerado benévolo contra exjefes militares que en 2005 entregaron 37 misiles a uniformados de Estados Unidos para que sean desactivados.
Los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Defensa, Reymi Ferreira, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, presentaron la acusación ante los presidentes del Senado, José Alberto Gonzales, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Los magistrados son sospechosos de prevaricación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Los ministros cumplieron así con la instrucción dada el miércoles por el presidente Evo Morales, quien consideró que los altos jueces debían ser sometidos a un “juicio de responsabilidades” al imponer a los militares unas condenas leves, de entre 2 y 3 años.
El polémico fallo fue dictado a fines de agosto por los magistrados Antonio Campero, Jorge Von Borries, Gonzalo Hurtado, Rita Nava y Rómulo Calle.
Morales ha acusado a los jueces de actuar como cómplices del delito de traición a la patria porque las Fuerzas Armadas quedaron desarmadas sin los 37 misiles que habían sido comprados a China.
Aunque reconoció no tener pruebas al respecto, el gobernante cree que los magistrados fueron sobornados por los militares para emitir el fallo.
Morales también ha sostenido que el armamento fue entregado a EE.UU. para evitar que quede bajo su Administración, ya que en ese momento era previsible que ganara las elecciones para comenzar a gobernar desde enero de 2006.
El procurador explicó que los magistrados no consideraron la denuncia de la Fiscalía de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero, aunque los misiles sí fueron entregados a uniformados de EE.UU. que entraron a cuarteles en La Paz.
En su momento, los militares bolivianos arguyeron que se trataba de material bélico en desuso y peligroso en esa condición.
Además, la acusación cuestiona que el mismo tribunal condenó en 2015 a uno de los acusados por complicidad en revelación de secretos, una vez que él aceptó someterse a un juicio rápido.
Sin embargo, en la sentencia conocida la semana pasada, el mismo tribunal declara que solo hay delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Carta Magna y las leyes, lo que muestra una contradicción para valorar el caso, según el Gobierno.
Menacho precisó que ya no se está discutiendo la situación de los militares que entregaron el material bélico sino la actuación de los magistrados al momento de emitir su fallo.
El tribunal dictó condenas de tres años para el exministro de Defensa Gonzalo Gutiérrez, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Marco Justiniano, el exjefe del Ejército de Tierra Marcelo Antezana, y el exjefe del Estado Mayor Marco Vásquez.
Otros tres militares fueron sentenciados a penas menores y otros dos fueron absueltos de culpa.
Tras recibir la denuncia, la presidenta de la Cámara baja dijo que la misma será analizada en la Comisión de Justicia Plural.
El Legislativo está controlado por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).