El Gobierno está determinado a adoptar en Cataluña decisiones en ámbitos como el de la educación o la función pública que por calendario tendrían que ser acordadas ahora por el Ejecutivo autonómico, pero que, ante la falta de investidura, le corresponden en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha explicado que en las diversas administraciones autonómicas a partir de febrero y marzo hay que tomar una serie de decisiones en esos ámbitos.
“Cataluña no se puede paralizar por el hecho de que no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley. Los ciudadanos de Cataluña -ha añadido- merecen que se sigan gestionando sus servicios públicos”.
En ese sentido, ha recordado que ahora, por calendario, hay que tomar decisiones para que ningún catalán se vea perjudicado ante la circunstancia de que el Parlament “parece que está cerrado por vacaciones y nadie hace nada”.
Pero no ha ofrecido detalles de las decisiones previstas y ha emplazado a su aprobación para ser conocidas.
Sáenz de Santamaría ha explicado que el objetivo del Gobierno con la aplicación del artículo 155 es garantizar el interés general de los catalanes y ha asegurado que va a seguir cumpliendo con su obligación de que esa administración funcione.
A renglón seguido ha precisado que la administración catalana ha estado funcionando muy bien por la profesionalidad de sus funcionarios.