Además, llevará también al TC siete artículos de la Ley catalana de protección del derecho a la vivienda, en línea con el recurso presentado a normas similares de otras autonomías, y contra la ley de voluntades digitales de Cataluña.
En este último caso, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo solicitó constituir comisión bilateral para negociar un acuerdo, pero que la Generalitat se negó, por lo que el Consejo de Ministros ha decidido llevar el asunto al Constitucional.
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