Texto del pacto
Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo
El terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades. Los españoles lo saben bien, porque hemos hecho frente al terrorismo durante demasiado tiempo. Y lo hemos hecho siempre con una clara ejemplaridad: con serenidad, fortaleza y responsabilidad.
Los españoles somos muy conscientes de su gravedad y su dureza, tanto a nivel interno como en su dimensión exterior.
Y nos sentimos especialmente concernidos por acontecimientos como los recientes atentados en París, que han vuelto a poner de manifiesto la grave y real amenaza del terrorismo yihadista, a la que ningún país puede permanecer ajeno, sean cuales seas sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores solitarios y los combatientes terroristas retornados.
Pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, los demócratas sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror: la acción de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la actuación de Jueces y Tribunales y la cooperación internacional.
En definitiva, la respuesta de todas las instituciones, empezando por los Gobiernos y los Parlamentos.
Esta convicción parte de nuestra propia experiencia. Hemos sido capaces de construir y consolidar una democracia sólida.
El terror no ha logrado impedir su avance ni ha hecho retroceder el régimen de libertades, pero sí ha provocado pérdidas irreparables que permanecen intactas en nuestra memoria y que nunca podrán ser borradas.
Por eso, por encima de todo, la solidaridad, el afecto y el apoyo a las víctimas del terrorismo ha de ser siempre una referencia para los demócratas. Mantener vivo su recuerdo y rendirles el merecido homenaje es un imperativo ético que reafirmamos en el presente acuerdo.
Un imperativo ético que reafirma nuestra convicción democrática. Lo único que han conseguido los enemigos de la democracia y de las libertades es reforzar el convencimiento de que nuestra gran fortaleza está en la ley y en la unidad.
Es la fortaleza del Estado de Derecho la que fundamenta la respuesta de las instituciones frente al terror. Es la Ley la que ampara los derechos de los ciudadanos y vela por el respeto a sus libertades.
Una Ley que adquiere mayor vigor y eficacia cuando cuenta con el respaldo firme y con la unidad de acción de las fuerzas políticas democráticas.
Una Ley que se sustenta sobre nuestro compromiso democrático con los derechos de los ciudadanos y sobre el reconocimiento moral y permanente de las víctimas del terrorismo.
En España, el camino de la unidad de los demócratas se ha visto jalonado por importantes acuerdos entre las fuerzas políticas, de los que son histórico testimonio el Pacto de Madrid de 1987, el Pacto de Ajuria Enea del 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000.
Un Pacto este último que ya entre sus principios recogía expresamente la necesaria adaptación de la respuesta legal a las fórmulas que pueda adquirir la amenaza del terrorismo. Un mandato al que hoy se responde con este nuevo Acuerdo.
De la misma manera en que se atiende a las inquietudes e iniciativas acordadas en el ámbito internacional, como la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 24 de Septiembre de 2014 (2014 S/RES/2178), que urgía a los Estados a realizar las modificaciones legislativas necesarias para poder procesar y condenar a los combatientes retornados y a los lobos o actores solitarios.
Conscientes del peligro que representa la amenaza terrorista, en todas sus manifestaciones, es necesario que los demócratas sepamos traducir nuestra unidad en la máxima capacidad para mejorar y actualizar la respuesta legal, especialmente en el terreno penal, frente a las nuevas y terribles formas de actuación de quienes ponen en peligro nuestras vidas y nuestras libertades.
El bienestar de los ciudadanos y el respeto a sus derechos exige la defensa de la libertad frente al riesgo y la vulnerabilidad que el terrorismo supone para las personas.
Ello exige reforzar la confianza en el ejercicio de esa libertad, como parte de su esencia misma. Y generar esa confianza debe ser y es, de hecho, el objetivo principal y prioritario del refuerzo de la seguridad de los ciudadanos y los países.
La defensa de la libertad es asimismo expresión y referencia del pluralismo de cualquier sociedad democrática.
Por esta razón, conviene recordar que la tolerancia forma parte también de la base misma de los derechos de los ciudadanos, y que las actitudes discriminatorias, cualesquiera que sean sus manifestaciones, no tienen justificación alguna en las sociedades democráticas y merecen el mayor reproche social y legal.
Por todo lo anterior, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, expresamos nuestra firme voluntad de mantener la máxima unidad de los demócratas contra el terrorismo y de asumir y cumplir los compromisos que a continuación se detallan.
En todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal:
Promover la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a través de una Proposición de Ley Orgánica que ambas fuerzas suscribimos, y a cuya firma o apoyo convocamos al resto de fuerzas parlamentarias.La modificación del Código Penal que esta Proposición recoge tipificará los delitos de terrorismo, con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista, atendiendo a la finalidad con que se cometen, y cuyo elemento común es la provocación de un estado de terror en la población. Tipificará, así, como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella. Asimismo, contemplará las conductas propias de las nuevas formas de terrorismo, especialmente en aspectos como la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas.
Acordar que, tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal.
Impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. En este sentido, las modificaciones a incorporar en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo.
Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas.
Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia. Asimismo, seguir promoviendo la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para la mejor prevención, persecución y castigo de estos delitos.
Poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas.
Promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo, participando activamente en los foros internacionales y poniendo, para ello, en valor el papel de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente Acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.