Hacienda acusa a Aldama de usar contratos de asesoramiento 'fake' para ocultar parte del fraude millonario del IVA de hidrocarburos
La Agencia Tributaria, en servicio de auxilio judicial, ha presentado un nuevo informe ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un fraude en el IVA del sector de los hidrocarburos y en el que se instrumentalizó a la operadora Villafuel. Si bien la causa ya cuenta con informes que profundizan en cómo se perfeccionaba ese delito, en este nuevo documento el funcionario de Hacienda ofrece un dato relevante: el 11 por ciento de lo defraudado se canalizaba “desde las sociedades interpuestas a través de presuntos contratos de asesoramiento”.
Este dato cobra relevancia al hacer un cálculo rápido: si el dinero presuntamente defraudado por la presunta trama que lideraban el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas ascendía a 181 millones entre los años 2022 y 2024, ese once por ciento ascendería a 20 millones. Esa cantidad se habría transformado en esos contratos de asesoramiento 'fake' que se formalizaban fundamentalmente como comisiones de venta.
Estos contratos, indica el informe, se formalizaban especialmente con entidades ubicadas en Portugal, y algunas de esas mercantiles reintroducían estos fondos a través de inversiones en España. El objetivo era “deslocalizar los ingresos y dificultar o impedir el seguimiento de los fondos defraudados”. Y añade que también se detectaron salidas de fondos hacia China. Y resalta el inspector de Hacienda que todas esas salidas de fondos “podrían ser indiciarias de un presunto vaciamiento patrimonial de las sociedades involucradas en la trama a los efectos de dificultar el cobro y recuperación de las cantidades defraudadas”.
Según explica el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es y que ya está en la mesa del juez instructor, “existe un claro patrón” cuando se analizan las operativas realizadas en las siete sociedades interpuestas por la trama para hacer desaparecer el IVA. El 21 por ciento de esas cuotas defraudadas y no ingresadas al erario público se repartía de esta manera: el 11 por ciento en ese “asesoramiento” y el otro 10 por ciento se dedicaba a “rebajar el precio de venta ofertado a sus clientes finales”. Este segundo movimiento permitía manejar precios de venta muy reducidos, “lo que supuso una ventaja competitiva en el mercado de hidrocarburos”.
La reintroducción de fondos
El informe explica que los beneficios obtenidos con las actividades de la trama fueron, en una parte relevante, desviados por las sociedades interpuestas a cuentas bancarias y que algunas de ellas estaban situadas en el extranjero. Añade que, con posterioridad, “dichos fondos fueron parcialmente retornados a España en forma de inversiones inmobiliarias, societarias y de gastos de consumo privado, ”cuyos beneficiarios han sido los principales responsables de la trama descrita (Víctor de Aldama y Claudio Rivas)“. Para la Agencia Tributaria estas conductas ”pueden ser constitutivas de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales“.
Precisamente, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue conocido a finales de septiembre, cifraba en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, operadora que se ubica en el centro de la trama de hidrocarburos.
Hacienda señala ahora, por otro lado, que Villafuel como las siete sociedades interpuestas “se han nombrado como administradores a personas con claro perfil de testaferros, ocultándose a los verdaderos responsables que estaban al frente de la gestión y dirección de las mercantiles”. Añade que las entidades interpuestas sólo tienen a Villafuel como proveedor de productos petrolíferos y presentan unos rasgos comunes: “sus administradores y socios tienen perfil de testaferros; apenas disponen de una estructura empresarial o profesional; su vida operativa es muy breve; carecen de capital y fondos propios relevantes; y tienen una misma red comercial y cartera de clientes que se van sucediendo”.
Y añade que la clave para hacer viable la estructura defraudatoria era apropiarse de la cuota de IVA para rebajar precios y expulsar del mercado a otros operadores que cumplen con la normativa tributaria.