La Policía desmonta parte de la acampada por la vivienda en Palma entre denuncias por vulneración de derechos

Una veintena de agentes de la Policía Local y operarios de Emaya han intervenido este martes en la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaça d'Espanya de Palma, donde han desmontado la valla protectora que delimitaba el campamento y han retirado pancartas y otros materiales. Los efectivos policiales también han identificado a las personas que permanecían en el lugar.

La intervención ha tenido lugar poco después de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), anunciase que la Policía Local comenzaría este martes a actuar para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. El primer edil ha reclamado que se aplique en Palma el mismo criterio que en Madrid, donde la Policía Nacional desalojó esta madrugada la concentración instalada en la Puerta del Sol.

Lluc Cifre, uno de los portavoces de la acampada, ha manifestado a los medios que los participantes mantienen la calma y han respondido de forma pacífica a la actuación. A su juicio, el despliegue ha buscado “meter miedo, provocar y buscar una reacción que no han conseguido”. “Evidentemente estamos enfadados, pero tranquilos. Hemos actuado correctamente y hemos mantenido la calma en todo momento”, ha subrayado. Por ahora, los acampados no tienen intención de marcharse: “Todos tenemos ganas de quedarnos. Tenemos ganas de seguir luchando por un derecho fundamental como es el de la vivienda”.

Cifre ha explicado que la asamblea celebrada este martes ha servido para abordar lo ocurrido y valorar cómo responder a la intervención, aunque todavía no han fijado una fecha para poner fin a la movilización. Los colectivos celebran reuniones prácticamente a diario y, por el momento, mantienen su voluntad de continuar en la plaza.

Podemos acusa al Ayuntamiento de criminalizar la protesta

La concejala de Podemos Lucía Muñoz ha calificado la actuación policial de “provocación” contra las personas que acampan para defender el derecho a la vivienda. La líder de la formación morada en Balears ha destacado que los participantes han respondido “de manera absolutamente pacífica” y han colaborado con los requerimientos que se les han realizado. También ha acusado al Ayuntamiento de “dar la espalda a la ciudadanía” y de criminalizar la protesta.

La representante de Podemos ha criticado que ningún responsable municipal se haya acercado hasta ahora a la acampada para conocer las reivindicaciones y las preocupaciones de quienes participan en ella. Aunque el regidor de Seguridad Ciudadana ha acudido este martes para supervisar la intervención policial, Muñoz recrimina que no se haya producido ningún intento de interlocución con los manifestantes.

Joan Segura, de Stop Desahucios, ha ido más allá y ha acusado al Ayuntamiento de buscar “cualquier coartada para atacar el derecho de reunión”. El portavoz sostiene que la protesta está amparada por el derecho de manifestación, que fue comunicada a la Delegación del Gobierno y que no se limita al espacio ocupado por las tiendas. Las guardias de día y de noche, los turnos de descanso y las actividades que se organizan en la plaza, ha defendido, forman parte de una convocatoria que se mantiene activa las 24 horas. Según ha denunciado, los agentes también han registrando las tiendas sin autorización.

Segura también ha cargado contra la retirada de la valla que protegía el campamento. Ha explicado que no era un simple elemento del montaje, sino una barrera preventiva ante las provocaciones y amenazas que, según denuncia, los participantes han sufrido desde que comenzó la movilización. Su retirada, ha advertido, deja a los acampados más expuestos a posibles agresiones, como los episodios de tensión que, ha recordado, se produjeron hace semana y media tras el mitin de Vox y durante la convocatoria de Blocus del pasado fin de semana.

“El Ayuntamiento de Palma será cómplice de lo que pueda ocurrir”, ha advertido. Stop Desahucios ha rechazado además que los participantes estén residiendo en la plaza. Según ha explicado, los acampados se organizan por turnos para mantener la protesta, con guardias diurnas y nocturnas, y necesitan disponer de espacios para descansar durante una movilización que se prolonga a lo largo de todo el día. Segura ha asegurado además que algunos policías se tapaban el número de placa y ha cuestionado la legalidad de las órdenes que estaban ejecutando.

“Los agentes de la Policía Local tienen que ir con cuidado con las órdenes que cumplen porque son responsables directos de cumplir órdenes manifiestamente ilegales”, ha advertido.

El Ayuntamiento reclama el desalojo

La actuación municipal se produce después de que Martínez volviera a exigir este martes al delegado del Gobierno en Balears, Pere Joan Pons, que intervenga para poner fin a la concentración. El alcalde considera que, tras el desalojo de la protesta de Madrid, en Palma debe aplicarse el mismo criterio y sostiene que la concentración ha superado el plazo previsto y ya no estaría amparada por el derecho de manifestación.

Mientras Delegación del Gobierno analiza la petición municipal, el alcalde ha anunciado que la Policía Local identificará a quienes incumplan las ordenanzas cívica y de ocupación de la vía pública, levantará actas y tramitará expedientes sancionadores. El consistorio justifica su actuación por las dificultades que, a su juicio, genera la presencia de tiendas y otros elementos en la plaza, tanto para las tareas de limpieza y mantenimiento como para el uso del espacio público.

La protesta de la plaça d'Espanya forma parte de las movilizaciones por el derecho a la vivienda impulsadas en las últimas semanas. Los colectivos que la sostienen han defendido su continuidad como una forma de desobediencia civil pacífica y de denuncia de la emergencia habitacional. Entre sus próximos objetivos figura extender la movilización a los barrios y organizar una respuesta más amplia de cara a la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre.