España se queja a la UE por no ser considerado “Estado sujeto a presión migratoria” pese a la crisis de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mandado una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le plantea su “preocupación” ante la posibilidad de que España no sea considerada por la Comisión Europea dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”. En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumenta el ministro en su carta.

Marlaska apunta a que esta decisión de la Comisión Europea sería “doblemente errónea”, ya que “penaliza los esfuerzos realizados por España, en cooperación con los socios africanos, en materia de prevención de la migración irregular, que se reflejan en un descenso de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) durante el periodo de referencia” y, por otro lado, “no tiene debidamente cuenta la dimensión cualitativa de los graves sucesos acontecidos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de este año”, cuando 80.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en una de las mayores crisis migratoria.

El Gobierno de España mantiene su “profunda discrepancia” por la posición de la Comisión ya que, “de no ser considerado en situación de presión migratoria, España sería el único país que cambiaría de categoría en este ciclo, quedando excluido de la solidaridad, en un año en el que han acontecido sucesos tan graves como los de Ceuta. En este contexto, es importante destacar que aún no se han materializado las contribuciones financieras en beneficio de España, correspondientes a la solidaridad del año 2026”.

Además de recordar la crisis migratoria del pasado verano, el ministro también hace alusión como “prueba de ese carácter estructural de la presión migratoria que afecta a las rutas de inmigración irregular hacia España, las 2.500 llegadas irregulares a Canarias registradas en las dos últimas semanas, que representan un 22% de las que se han producido a las islas en 2026 (11.470)”.

Marlaska puntualiza que si el próximo informe no tiene en cuenta “la excepcionalidad de la situación de Ceuta, y que, en consecuencia, no conlleve aparejada la decisión de considerar a España en situación de presión migratoria, no cumpliría con su función de ser una herramienta útil y eficaz para la gestión de la migración en la Unión”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el pasado marzo que la Comisión Europea había aprobado la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el periodo 2021-2027. La Comisión aprobó un presupuesto extra de 244 millones para España, alcanzando un acumulado de 812 millones desde el inicio del programa. A esta cantidad se suman además los 82 millones de euros que España ha recibido en este periodo a través del mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes.

Además de estas cantidades, España recibió 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para contribuir a gestionar la situación en Ceuta, tras las entradas ilegales masivas por la frontera del 30 y 31 de julio. De hecho, Marlaska alega esta ayuda como prueba de la presión migratoria a la que se enfrenta España. “Negar que España se encontró bajo presión migratoria es negar una evidencia. Pone en cuestión todas las reacciones por porte de la UE y de los Estados miembros durante estos meses, así como las medidas anunciadas por la Comisión Europea, como consecuencia de dichos incidentes”, subraya el ministro.

A juicio del ministro del Interior, la decisión de la Comisión provocaría “un dilema” sobre “cómo evitar que Estados miembros que consiguen, de un año a otro, mejorar sus cifras en la lucha contra la Inmigración irregular, vean cómo esos logros se traducen en que no se tenga en cuenta el efecto acumulado y estructural de la presión migratoria que afrontan”.

“Comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad”

“Después de años de esfuerzo y de largas negociaciones por alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, no podemos permitirnos que la credibilidad del Pacto se vea comprometido por una comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad y de los desafíos a los que nos enfrentamos, hoy y ahora, los Estados miembros”, insiste el ministro en su carta al comisario de Migraciones.

La regularización de inmigrantes irregulares que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez más la crisis de Ceuta ha colocado a España como un país incómodo para un grupo de Estados miembros de la UE cuyos Ejecutivos han abrazado las políticas más duras contra la inmigración. En el último Consejo Europeo, España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, logró bloquear el intento de Dinamarca, Polonia e Italia para que se incluyera en la resolución del Consejo que se eviten medidas que puedan producir un efecto llamada, en clara alusión al proceso de regularización que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, y que la Comisión Europea tenga más capacidad de coordinar las políticas migratorias que pongan en marcha los miembros de la UE.