La asociación progresista de magistrados Jueces para la Democracia, a la que pertenece la juez en excedencia y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, está “alarmada” ante los indicios de supuestas irregularidades surgidos contra el juez Salvador Alba, cuya informe fue clave en la querella contra ella.
La asociación profesional reacciona así a las informaciones publicadas por varios medios de comunicación recogiendo una grabación al citado juez Alba, en la que parece manipular la declaración de un imputado con intención de que le permita denunciar a Rosell, y califica los hechos de “inauditos”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó ayer de que investigará las grabaciones, que podrían poner en cuestión las motivaciones y conducta de este magistrado, una iniciativa que JpD ve positiva, sin que ello le impida manifestar “sorpresa, alarma y preocupación” sobre los hechos.
“Si se acredita la autenticidad de dicha grabación, se habría producido la manipulación de un concreto proceso penal, en unos términos que no tendrían precedentes. Sería inaudito que un juez se hubiera reunido con un investigado con el fin de preparar de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior”, añade la asociación en su comunicado.
“Más aún, sería inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal. Y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo”.
“Los hechos denunciados han provocado una notable inquietud en nuestra judicatura y, además, han generado una comprensible conmoción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia en nuestro país”, añaden.
Junto a ello, JpD se refiere al contexto general del caso que afecta a Victoria Rosell.
El Tribunal Supremo admitió a trámite en abril la querella que presentó contra Rosell el exministro del PP José Manuel Soria por retardo malicioso, prevaricación y cohecho, por no haberse abstenido de un asunto en el que podría tener intereses, dado que el principal imputado tenía negocios con su pareja.
Los hechos fueron archivados por la fiscalía y, en términos disciplinarios, por el CGPJ, pero un informe de Alba resultó decisivo para revitalizar el asunto.
Ahora JpD señala que “las circunstancias que rodean este asunto, resultan cuanto menos anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie; tales han sido el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo Juez”.
“En última instancia, la confirmación de los hechos denunciados supondría la existencia de interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales”.