El juez Peinado compara el caso de Begoña Gómez con el de unos narcos a los que él mismo encarceló
El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez bajo la acusación de aprovechar su matrimonio con el presidente del Gobierno para medrar en su vida profesional. En el auto de más de 80 folios el juez instructor se apoya en casos de corrupción de mucha más gravedad para apuntalar sus imputaciones contra ella: las condenas contra el exministro Jaume Matas, el caso Invercaria o una pieza separada del caso de los ERE de Andalucía. Peinado se apoya incluso en el caso de unos supuestos traficantes de cocaína a los que encarceló hace dos años para justificar la retirada de pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.
La decisión de Peinado fue conocida el pasado sábado. Un auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés que envía a los tres al banquillo ante un jurado popular bajo una acusación principal: urdir y ejecutar un plan para mejorar la vida profesional de la esposa del Gobierno. Con dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, trabajando para el África Center del IE y, a cambio, favoreciendo contrataciones públicas para Barrabés usando a Álvarez para labores logísticas como enviar correos o cerrar reuniones.
Las acusaciones de Peinado omiten u orillan datos como que, por ejemplo, Gómez ganó unos 4.000 euros al año durante todo el tiempo que colaboró en la Complutense. También que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó que hubiera delito en su fichaje por el IE o las razones por las que ese tribunal levantó la imputación del rector de la Complutense. No refleja tampoco que las “cartas de apoyo” que Begoña Gómez firmó para una empresa de Juan Carlos Barrabés fueron suscritas, en idéntico formato, por distintas empresas e instituciones, alguna incluso dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
El juez recurre a jurisprudencia y ejemplos tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Provincial de Madrid para cimentar su auto de apertura de juicio oral y pone encima de la mesa el ejemplo de uno de los políticos con más condenas por corrupción a sus espaldas: Jaume Matas. El expresident de Balears y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar que acumula en su historial una decena de condenas de prisión e inhabilitación por las prácticas corruptas que desplegó mientas gobernó en las islas. Desde el caso Nóos hasta sobornos de empresarios pasando por un encargo ilegal al arquitecto Santiago Calatrava o el caso Palma Arena, entre muchos otros.
Peinado eligió el caso de Jaume Matas, político con uno de los historiales más amplios de corrupción de la historia política de España y cuyas consecuencias aún padecen las arcas públicas, para justificar la acusación de tráfico de influencias contra Begoña Gómez. La cita jurisprudencial elegida es una de las últimas condenas firmes de Matas: la del caso Son Espases. Diez meses de prisión y diez años más de inhabilitación por el intento de amaño de la construcción del hospital de Son Espases en Balears para adjudicárselo a OHL. Uno de los grandes casos de corrupción de la historia de las islas en cuya definición de tráfico de influencias se apoya Peinado para enviar a Begoña Gómez al banquillo.
En esa causa se declaró probado que Matas prometió la construcción del hospital en la campaña electoral de Balears de 2003 y que después, una vez investido president, se puso manos a la obra para controlar la adjudicación de un proyecto cuantificado en casi 780 millones de euros. El tráfico de influencias por el que fue condenado abarcó el control total sobre la valoración de las ofertas presentadas para el proyecto y beneficiar a OHL en una concesión pensada para durar 30 años.
Juan Carlos Peinado hace una salvedad justo después de citar el caso Son Espases: no hay ningún antecedente comparable al caso de Gómez. “Por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”.
De Invercaria al tráfico de cocaína
También se apoya en varios casos de corrupción de la política andaluza para justificar sus acusaciones de malversación de caudales públicos. Entiende que Begoña Gómez, que no es cargo público ni tiene dinero público a su disposición, puede ser acusada como inductora o cooperadora de malversación. Y cita la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que impuso tres años y medio de cárcel al expresidente de Invercaria por un préstamo irregular de 100.000 euros a una empresa de aceitunas sin comprobar su situación económica, su viabilidad o si invirtió el dinero en algún proyecto de interés público.
El magistrado, en este apartado relativo a la malversación, saca a colación otra sentencia más reciente del Tribunal Supremo sobre una ramificación del caso de los ERE de Andalucía. La que confirmó un año y medio de cárcel para un exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra por ayudas irregulares por valor de casi 8,5 millones de euros a empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla.
Uno de los aspectos más polémicos del auto de apertura de juicio oral de Peinado ha sido la imposición de medidas cautelares y los argumentos utilizados. En el caso de Begoña Gómez —a quien retira el pasaporte, prohíbe salir de España e impone fichajes quincenales en el juzgado— el juez llega a argumentar que su escolta policial, lejos de ser una garantía de que no se va a fugar, puede llegar a ser una ayuda para desaparecer. Una afirmación que el Ministerio del Interior ha llevado hasta el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente ha remitido el auto a su Promotor de la Acción Disciplinaria por si Peinado hubiera incurrido en una infracción.
El juez recuerda en este punto que la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón cuando, a finales de 2024, él mismo envió a prisión sin fianza a varios acusados de narcotráfico. Una organización criminal de personas acusadas de introducir en España “grandes cantidades de cocaína” camufladas como café tostado. El tribunal madrileño avaló su medida, recuerda ahora el magistrado para imponer cautelares a Begoña Gómez, para evitar que siguieran traficando, pero también por la apariencia de buen derecho. En el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Peinado ya vaticina que puede ser condenada a más de dos años de cárcel y que esa perspectiva aumenta el riesgo de que se fugue antes de ser juzgada.