El juez ve “suficiente” el testimonio inicial de las extrabajadoras para investigar a Julio Iglesias por violencia sexual
Desde que dos extrabajadoras presentaran el pasado septiembre una querella contra Julio Iglesias por violencia sexual y otros delitos, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha tenido dos meses para valorar, primero, si era el tribunal competente y, después, si había indicios suficientes para investigar. En una extensa resolución conocida este miércoles, el magistrado fundamenta por qué admite la querella en la que ambas mujeres relatan haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron en las mansiones del cantante. No obstante, el auto refleja también las dudas y zonas oscuras que ha encontrado y que le llevaron incluso a sopesar una inadmisión de plano.
El juez se apoya en el “pormenorizado” relato inicial de las denunciantes y el “principio de prueba” aportado para abrir una investigación contra el cantante por delitos contra la libertad sexual, lesiones y maltrato. El juez considera que son elementos “suficientes” como para iniciar unas pesquisas, si bien advierte de que todavía no ha entrado a valorar la “credibilidad” de los testimonios. De hecho, descarta de plano la acusación por los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores que también se incluían en la querella, a la que ve “importantes lagunas”.
Las mujeres aseguran en esa querella que durante las relaciones sexuales no consentidas era común la presencia de agresiones físicas como “mordeduras, golpes, bofetadas y otras formas de maltrato físico que ocasionaban lesiones y secuelas visibles”. También aluden a “jornadas laborales extenuantes”.
Para fundamentar la apertura de la causa, el magistrado subraya que los delitos contra la libertad sexual se cometen habitualmente “en un ámbito de intimidad” y carecen de testigos directos. Asume, por tanto, la jurisprudencia que otorga total relevancia al testimonio de las denunciantes y determina que ese elemento constituye por sí mismo un “principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”.
Además, la querella aporta como “elemento corroborador” una fotografía del brazo de una de las mujeres que evidencia los hematomas que, según su relato, “responden a agarrarla fuertemente por el brazo y a unos mordiscos en una de sus piernas”. Aunque el juez recalca que estos elementos quedan pendientes de una posterior acreditación pericial, les reconoce una evidente “relevancia indiciaria”.
La ausencia de las 'home manager': “Un relato mutilado”
A pesar de la admisión de la querella, el juez advierte ya de que la representación legal de las dos extrabajadoras ofrece un “relato mutilado” de los hechos porque limita la narración a la intervención que pudo tener en ellos Julio Iglesias. Prescinde así del papel que pudieran haber jugado las gobernantas o home manager del cantante en las casas de Bahamas y República Dominicana, a las que si sitúan en algunos de los episodios denunciados.
El juez Piña repara en que a pesar de que ambas gobernantas sí aparecen en el relato, se omite qué hechos pudieron llevar a cabo en las presuntas agresiones sexuales. El magistrado considera que las letradas de las dos extrabajadoras tomaron la decisión de “fraccionar los hechos e imputaciones” y sacar a las gobernantas del procedimiento para lograr que la querella sí fuera admitida por la Audiencia Nacional, dado que ninguna de las dos tiene nacionalidad española.
“No se trata esta de una cuestión baladí”, lamenta el juez, que indica que se les señala como intervinientes directas de las agresiones sexuales, pero, en cambio, se les deja fuera del proceso penal abierto. Sobre ellas, Piña lanza una reflexión más: si fueran citadas a declarar “tendrían evidentes limitaciones” porque lo harían en calidad de testigos y con obligación de decir la verdad, algo que “podría interferir con el derecho de defensa del que podrían disponer en un posterior proceso dirigido contra ellas”.
El magistrado da otra clave que apunta a que la causa nace ya herida de gravedad. La ausencia en el procedimiento de las dos gobernantas conlleva una “limitación fáctica”, dado que se carecerá del testimonio de las principales implicadas en los hechos. Esto, asevera, afecta “de una manera evidente al derecho de defensa” de Julio Iglesias porque ambas son las únicas testigos directas de lo ocurrido. El resto de posibles testimonios, dice, son de referencia.
En este sentido, el magistrado entiende que tampoco se le pueden imputar a Julio Iglesias los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, dado que fueron ellas quienes “contrataron directamente a las querellantes e impartían las órdenes derivadas del ejercicio de sus funciones”.
Sobre esos dos delitos, dice algo más. Señala que la primera querellante “fue contratada a través del medio ordinario de contratación, mediante una oferta pública en una red social” y que en su contrato “no medió engaño ni artificio alguno”. “Se le indicó que el trabajo era con 'dormida' y fue aceptado por la querellante libremente. No observamos en la querellante la existencia de una situación de vulnerabilidad como la que se describe en la querella”, recoge el auto.
A esto, suma que la primera de ellas recibía un salario que era el doble del mínimo establecido en República Dominicana, que no se le retiró nunca el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones y que pudo abandonar su empleo cuando lo consideró. Y da un dato más: Julio Iglesias, con posterioridad, le facilitó una carta de recomendación, le pagó el finiquito, la cobertura del seguro y las cantidades que le debía por vacaciones.
El tono “cordial” de los mensajes
Todos estos detalles aparecen en las conversaciones de WhatsApp que se cruzaron las extrabajadoras con las gobernantas y que fueron aportados junto a la querella por sus abogadas. Y a ese cruce de mensajes, a juzgar por la resolución, el juez Piña le da mucho valor probatorio.
Según explica, la primera de las querellantes mantuvo un “tono aparentemente cordial o afectuoso” con una de las gobernantas durante el tiempo que trabajó para Julio Iglesias y continuó “en los mismos términos” una vez que abandonó el trabajo. El juez indica que la relación laboral se extinguió “el 30 de octubre de 2021, como consecuencia de las agresiones sexuales sufridas, y la imposición de jornadas laborales extenuantes”. Y repara en que, después, la relación entre ambas continuó en un tono de confianza, al punto de que le preguntaba por “el señor” o incluso la gobernanta le solicitó el favor de prestarle 50.000 pesos para “pagar algo”.
El magistrado Piña se detiene en un hilo de mensajes concreto, de abril de 2022, en el que la querellante manifestaba a la gobernanta: “Espero que me entiendan, para mí es importante esto, pueden hablarme y solicitar mi servicio, estoy trabajando independiente, la señora que me va a contratar solo será por 1 día a la semana. Estoy a las órdenes! (sic)”.
Este mensaje concreto, destacado en la resolución, supone que la querellante habría solicitado volver a trabajar para el cantante cuando no había pasado ni un año desde su salida por los presuntos abusos sexuales. “Esta relación se perpetúa en el tiempo más de tres años, sin que en todo ese tiempo se haya producido reproche alguno por lo acontecido. Al contrario, encontrándonos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad”, recalca el juez.
No obstante, el magistrado explica que si bien en esos fragmentos no se identifican reproches expresos por los hechos denunciados, esto no permite afirmar que no existieran en otras comunicaciones. Además, señala que ese tono “cordial o afectuoso” deberá ser contrastado “con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes”.
Para el juez Piña, los mensajes presentan “una aparente discordancia con determinados extremos del relato” y espera que esas dudas que alberga se disipen con la declaración de las querellantes y con “el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones”.
A todas estas sombras, Piña añade una más. Deniega la condición de testigos protegidos solicitada para las denunciantes al considerar que la querella no acredita la situación de “peligro grave” que exige la ley. El instructor no otorga especial relevancia al hecho de que el marido de las denunciantes hallara un geolocalizador en su vehículo, cuya colocación atribuye al entorno del cantante. O a la existencia de un tercero que se aproximó a un familiar de la otra mujer para recabar información.
No obstante, para proteger su intimidad acuerda una serie de medidas de protección: mantendrá reservados sus domicilios y datos de localización, dispondrá que en sus declaraciones únicamente se grabe el audio y no la imagen y aplazará la entrega de sus identidades a la defensa del cantante hasta que este auto de admisión sea firme.