Un juzgado de Madrid ha convocado un acto de conciliación entre los representantes legales de Julio Iglesias y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la demanda que interpuso por los comentarios que realizó después de que elDiario.es publicara los testimonios de extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusan de agresiones sexuales.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección civil del Tribunal de instancia de Madrid plaza 58 (antiguo Juzgado de primera instancia 58) admite la solicitud presentada por el letrado de Julio Iglesias para interponer demanda contra Yolanda Díaz por comentarios que considera injuriosos y calumniosos, y cita a las partes para un acto de conciliación el día 19 a las 09:30 horas.
A este acto no tienen que acudir ni el demandante ni la demandada, sino solo sus abogados o procuradores, ni es necesario que esté el juez, sino el letrado de la administración de justicia, han precisado a EFE fuentes jurídicas, que recuerdan que en la mayoría de los casos estas oportunidades de conciliación quedan sin efecto y las demandas o querellas siguen adelante. Se trata de un trámite en la jurisdicción civil en la que todas las demandas se admiten si cumplen los requisitos formales, detallan la fuentes, que recuerdan que Yolanda Díez es aforada, y por lo tanto el posible futuro proceso judicial se dirimiría en el Tribunal Supremo.
Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno han asegurado a EFE que aún no les ha llegado esta citación.
El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.
En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada” por su comportamiento. En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en el canal público RTVE.
Para el letrado de Iglesias “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.
Julio Iglesias persigue el acceso a una denuncia archivada
La semana pasada, la Audiencia Nacional admitió a trámite la reclamación de Iglesias para acceder a la denuncia que Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad) interpusieron ante la Fiscalía de ese tribunal, según informaron varios medios y confirmó elDiario.es.
La representación legal de Iglesias denunció, por la vía contencioso-administrativa, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no haberle remitido copia de la denuncia por presuntos delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, así como trata de seres humanos y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. Rebeca y Laura interpusieron esta denuncia el 5 de enero, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se limitó a evaluar si España tenía o no jurisdicción para investigar estos presuntos delitos. A los pocos días, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de competencia, sin entrar en ningún momento al fondo de los hechos denunciados.
Por ello, la Fiscalía no está de acuerdo y reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirmó que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” a Iglesias el acceso a los tribunales.