Cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió su primer comunicado condenando el beso de Luis Rubiales y pidiendo perdón habían pasado 15 días desde que se jugó el Mundial, Jenni Hermoso ya había declarado en la Fiscalía, la FIFA había sancionado al expresidente de la RFEF y éste incluso había dimitido. Para entonces, 5 de septiembre, el presidente de la gestora que sustituyó a Rubiales, Pedro Rocha, publicó un comunicado que decía: “La actuación del Sr. Rubiales no representa los valores que defiende la Federación Española (...). La revisión de las actuales estructuras directivas de la organización [que pidieron los presidentes territoriales, no la federación] sigue en marcha”.
El miércoles pasado, seis meses después de esa declaración de intenciones, varios agentes de la sección de crimen organizado de la Guardia Civil (UCO) irrumpieron en la sede de la RFEF para llevarse documentación y discos duros. El Gobierno –a través del Consejo Superior de Deportes– ha informado de que ha contactado con la FIFA –el organismo mundial que aglutina las federaciones– por si hay que intervenir en la federación española. El Tribunal Administrativo del Deporte está valorando si inhabilita a Pedro Rocha por tomar decisiones en las que no era competente.
La cúpula de la Federación, salvo cinco ceses forzados por las peticiones de cambios estructurales de la Selección Femenina, está formada por las mismas personas que acompañaron la presidencia de Rubiales de 2018 a 2023. Las elecciones que debían celebrarse ahora para un nuevo presidente o presidenta no arrancan. Y una macrocausa por posible corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales avanza en un juzgado de Majadahonda. Rubiales dimitió, pero las maneras de hacer del 'rubialismo' han movilizado al Gobierno, a la FIFA y a un juzgado de instrucción.
El escándalo que ha activado las alertas en el Gobierno y la FIFA ha sido la imagen que ha dado la vuelta a España y al mundo del deporte de los agentes de la UCO entrando en la sede de la RFEF, en el municipio madrileño de Las Rozas. ¿El motivo? Su directiva, o parte de ella, estaba desobedeciendo las peticiones de información que hacía la jueza de Majadahonda que investiga las comisiones millonarias del jugador Piqué en los contratos con Arabia Saudí por la Supercopa, casos de corrupción en la reforma de La Cartuja y otros temas contra el expresidente como los pagos del alquiler de su piso, de una fiesta en Salobreña o un viaje a Nueva York a cargo de la RFEF.
Los agentes detuvieron a siete personas, entre ellos a parte de la cúpula de la actual Federación: al director de Recursos Humanos (José Javier Jiménez), al director de Servicios Jurídicos (Pedro González Segura, hermano de otro empresario detenido) y al Comisionado de Control Externo, el abogado Tomás González Cueto, a la par el dueño del bufete que asesoraba a la RFEF y cobraba igualas también por pleitos, considerado el cerebro de la época Rubiales y que seguía mandando pese a la dimisión del presidente.
Esa misma tarde de la incautación de mails y ordenadores, Pedro Rocha, otro hombre de Rubiales, ya que fue nombrado vicepresidente en su directiva y también vicepresidente económico en la época en que se investigan los contratos dudosos, iba a convocar elecciones, y había compartido con algunos cercanos que estaba valorando presentarse él. De momento ese proceso ha quedado varado y la RFEF, en situación de interinidad desde septiembre pasado, con unos Juegos Olímpicos y un Mundial a las puertas.
Información que no se remitió
Lo que la jueza había preguntado a la entidad –privada pero declarada de “utilidad pública” y por tanto sometida a control y transparencia– y cuya respuesta nunca recibió fue quiénes eran responsables del contrato de Arabia Saudí dentro de la RFEF: quiénes formaban parte de las comisiones encargadas de validar el sospechoso contrato de la Supercopa –por el que la Federación cobró 40 millones anuales y Gerard Piqué cobró 4 con una intermediación opaca–. Tampoco se le remitieron “los informes emitidos por el Comisionado de Control (...) así como los informes de los contratos con G&C Legal”, ambas responsabilidades centrales de Tomás González Cueto, que estaba en Las Rozas el día de su detención.
Según la declaración judicial del exsecretario general de la Federación (uno de los cesados, Andreu Camps), a la que ha tenido acceso elDiario.es, Cueto redactó el contrato de la Supercopa y era además responsable de la evaluación posterior del mismo (en un evidente conflicto de interés).
Elvira Andrés, actual directora de gabinete de Rocha y que trabajó con Cueto en su etapa en la federación de baloncesto, fue quien dijo a Rubiales que no había conflicto de interés y que el contrato de Arabia Saudí y la comisión de Gerard Piqué no tenía que pasar por el departamento de compliance, según reveló Camps en su declaración. La jueza evaluará en los próximos días si llama a declarar tanto a Rocha como a Elvira Andrés después de que lo haya solicitado la defensa de Miguel Galán, quien inició la causa penal, al entender que desobedecieron con la entrega de documentación y que pueden tener responsabilidades en la validación del contrato de la Supercopa.
¿Cómo es posible que una jueza pida a una federación documentación para una importante causa, que aún tiene una parte secreta, y haya tenido que mandar a la UCO para lograr la información? Según se desprende de la versión de la RFEF, la entidad fue engañada. Al día siguiente de los registros lanzaron un comunicado poniéndose a disposición de la justicia y anunciando que se había “abierto expediente sancionador y apartado de sus puestos de trabajo y de sus funciones” a los directivos de la RFEF detenidos. También informó de que se había rescindido el contrato del bufete de González Cueto, cuya hija está también contratada como abogada en la RFEF, que no ha contestado a elDiario.es si a los apartados de sus funciones se les ha suspendido el sueldo o si siguen cobrando sin desempeñar sus funciones o cuáles desempeñan ahora.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes –el organismo dependiente del Gobierno que vela por los asuntos deportivos– señaló tras los registros que era para él “un disgusto y un motivo de indignación seria, porque me parece que la codicia de algunas personas les ha llevado a caer en la tentación de la corrupción”. Después de la entrada de la UCO, según fuentes del CSD consultadas por este medio, Rodríguez Uribes contactó con la FIFA para “manifestarle su preocupación desde la no injerencia”.
El código disciplinario de la FIFA, que no se ha pronunciado sobre qué pretende hacer en el caso español, señala que pueden investigar motu proprio o por la denuncia de las autoridades. Preguntado el CSD si se ha enviado algún expediente al organismo deportivo internacional o denuncia, señalan que “de momento han sido conversaciones”, pero adelantan que está prevista una reunión en persona de manera inminente. “La idea es ir de la mano en las medidas que se tengan que tomar, si es que hay que tomar algunas”, señalaba el martes por la noche Rodríguez Uribes.
El CSD quiere elecciones ya
Aunque el día de los registros de la UCO el presidente del CSD valoró que no parecía “razonable” hablar de elecciones en la RFEF con ese panorama, fuentes del CSD aseguran que la posición del organismo gubernamental es “no alargar la inestabilidad, la puesta en marcha electoral para la regeneración de la Federación”. Máxime cuando hay previsto un Mundial en 2030 con la entidad organizadora en interinidad y salpicada por casos de corrupción.
Justamente las elecciones suponen otra de las alarmas que han sonado con la actual cúpula de la Federación. El CSD acaba de ver motivos para elevar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro de Formación de Entrenadores Cenafe y quien inició la querella de la Supercopa, por la que solicita la inhabilitación de Pedro Rocha. El motivo, que los estatutos de la RFEF establecen en su artículo 31.8 que Rocha debería haber convocado a la Asamblea para que le votara y así completar el mandato que le quedaba a Rubiales y, a partir de ahí, convocar unas nuevas elecciones para elegir nuevo presidente con una nueva asamblea.
Esto no ha pasado, motivo por el cual Galán considera que Rocha ha tomado decisiones sin legitimidad como cesar a Camps, al entrenador Vilda o intentar iniciar un proceso electoral, ahora frustrado, sin que se haya validado su propio cargo. El CSD podría apartar a Rocha del cargo en caso de que el TAD analice la denuncia y vea que es una falta “muy grave”.
En el caso del beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso este tribunal administrativo, elegido por el CSD y las federaciones, vio falta “grave”, por lo que el Gobierno no pudo apartar a Rubiales del cargo (según la Ley del Deporte, el CSD puede actuar solo antes faltas “muy graves”) y tuvo que ser la FIFA quien decretara su suspensión. Uno de los siete miembros del TAD es Jaime Caravaca, sobrino de Ramón Caravaca, hombre de confianza de Cueto y abogado externo de la RFEF hasta ahora, ya que es otro de los detenidos en la operación de la UCO, por lo que la Federación le ha acaba de revocar el poder de representación de la entidad.
El calendario que maneja la RFEF es que el 26 de abril se elija una nueva Asamblea, que sustituiría a la de los aplausos a Rubiales y que actualmente tiene seis mujeres de 140 miembros, además de que los miembros llegan ya cribados desde las federaciones autonómicas, cuyos presidentes fueron fieles 'rubialistas'. El 24 de mayo, Rocha pretendía que se celebrara la elección del nuevo presidente o presidenta de la RFEF, antes de los Juegos Olímpicos de París. La Federación no ha contestado tampoco si se mantendrá el calendario y ha ignorado todas las demás preguntas de elDiario.es. La entidad se comprometió el 20 de septiembre a iniciar un cambio hacia “la buena gobernanza y transparencia”.
Dos casos de corrupción
El Gobierno se remite a lo que pueda decir el tribunal sobre la inhabilitación Rocha o las medidas que pueda decidir la FIFA sobre la federación española, así como a las decisiones judiciales que se tomen en los próximos días. La FIFA ha optado por no comunicar su posición, en caso de que esté dispuesta a intervenir en la federación española o tomar alguna medida. La Federación –que mantiene entre sus trabajadores al imputado Rubén Rivera, director de Marketing, a quien la Audiencia Nacional investigó por las presiones a Jenni Hermoso durante el viaje a Ibiza y que será procesado en un juicio– mantiene el silencio sobre sus planes.
Mientras, los tribunales siguen recabando pruebas sobre corrupción en la Federación de Fútbol: está pendiente de juicio el caso de corrupción Soule (que acabó con el antecesor de Rubiales y que salpicó a varios presidentes de federaciones territoriales que siguen en sus puestos en la RFEF) y se va a levantar el secreto de sumario de la pieza de Majadahonda que investiga a Rubiales, Gerard Piqué y las ramificaciones que pueda tener en la Federación. Mientras se juzga e investiga en los tribunales el 'rubialismo' y el 'villarato', la Federación decide su futuro con unas elecciones en el aire y que decidirán cómo de desvinculada estará de su pasado.