El presidente de la gestora de Ciudadanos, Manuel García Bofill, ha asegurado este martes en Burgos que el partido tiene “tolerancia cero” con “irregularidades” como la de Murcia o Castilla y León, en referencia a los pucherazos denunciados tras las primarias en ambas comunidades. García Bofill ha comentado que en el caso de Murcia Ciudadanos se presentó como acusación particular porque están “muy interesados en despejar cualquier duda y ver qué hay detrás”. Escribe Laura Cornejo.
Día de anuncios por parte del Gobierno. Mañana el Ejecutivo se reunirá con sindicatos para negociar la subida del salario mínimo. Además, los de Sánchez e Iglesias confían en llevar los presupuestos al Congreso cuando tengan los apoyos. Estos son los temas del día:
- El Gobierno convoca este miércoles a sindicatos y patronal para negociar la subida del salario mínimo. La reunión con la ministra de Trabajo tendrá lugar a las 17.30 horas de la tarde, a la que acudirán los máximos responsables de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
- El Gobierno confía en llevar los presupuestos al Congreso cuando tenga los apoyos amarrados. Hacienda fija el 27 de febrero como fecha límite para que los ministerios remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sus propuestas.
- El Gobierno aprueba este martes la subida salarial del 2% de los funcionarios. El alza salarial para 2020, de un mínimo del 2%, ya estaba pactada con los sindicatos, pero Sánchez aplazó su aprobación a la formación del Gobierno.
- El Gobierno se compromete a poner en marcha en 100 días las medidas para eliminar las emisiones de CO2 en 2050. La declaración de emergencia climática “nos permitirá ir mucho más deprisa”, ha asegurado la vicepresidenta Teresa Ribera.
¡Hasta mañana!
“Porque fuisteis somos, porque somos serán”. Así ha concluido Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, su intervención en la apertura de las jornadas de homenaje a las víctimas de la Semana Negra de Madrid, organizado por la asociación de memoria La Comuna en el Teatro del Barrio, donde Podemos se presentó el 17 de enero de 2014. Escribe Andrés Gil.
En aquella semana de finales de enero de 1977, se produjeron siete muertes a manos de grupos fascistas o de la represión policial, incluidos los cinco abogados asesinados en la matanza de Atocha. E Iglesias ha querido agradecer al responsable de La Comuna, Chato Galante, la invitación al acto, su “primer acto como vicepresidente”.
El presidente de la gestora de Ciudadanos, Manuel García Bofill, ha asegurado este martes en Burgos que el partido tiene “tolerancia cero” con “irregularidades” como la de Murcia o Castilla y León, en referencia a los pucherazos denunciados tras las primarias en ambas comunidades. García Bofill ha comentado que en el caso de Murcia Ciudadanos se presentó como acusación particular porque están “muy interesados en despejar cualquier duda y ver qué hay detrás”. Escribe Laura Cornejo.
El Tribunal de Cuentas ha certificado que tres de cada cuatro envíos de Interior para sufragar los gastos que afrontan los votantes que viven en el extranjero no llegan a su destino, sin que sepa dónde han ido a parar, por lo que aconseja modificar el vigente sistema de compensaciones a los electores del exterior. Informa Europa Press.
La ley establece que se devolverá a los electores residentes en el extranjero “el importe del franqueo, redondeado, en su caso, por exceso, hasta una unidad monetaria más de la divisa en que se abone” en un plazo no superior a los cien días a contar desde la celebración de los comicios.
El colectivo Marea Granate viene denunciando, convocatoria tras convocatoria, que los electores del exterior no sólo tienen que desembolsar “cantidades importantes” para realizar los envíos de su voto sino que, además, suelen recibir una cuantía “notablemente inferior” a lo desembolsado.
En la práctica, y pese a que la ley establece que el voto debe ser gratuito, los votantes residentes en extranjero acaban pagando por ejercer un derecho. “Éste es un gravísimo factor de desmotivación y abstención que debe ser atajado con urgencia”, señala Marea Granate en un informe que recientemente ha entregado al Defensor del Pueblo para que pida reformas al Ejecutivo.
El Tribunal de Cuentas acaba de certificar las denuncias de los representantes del colectivo emigrado. En su informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que “aproximadamente el 73% de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no son recibidas por los votantes, por causas no imputables al Ministerio del Interior”.
Según concluye el tribunal que preside María José de la Fuente, “este sistema de devolución de reintegro ocasiona unos gastos al Ministerio que resultan ineficaces por no conseguir el objetivo que se pretende”.
En sus alegaciones, la sociedad pública Correos señala al Tribunal de Cuentas que “la gestión del reintegro para hacer efectiva la gratuidad del voto de estos electores en el exterior ya no corresponde a Correos y así lo ha entendido la Junta Electoral Central (JEC)”.
En ese contexto, la institución fiscalizadora recomienda al Gobierno “la implantación de un sistema más eficiente para la devolución de los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero (voto CERA y ERTA), que garantice la recepción del reíntegro por el votante y una mayor economía”.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para este jueves la Mesa del Congreso para organizar el calendario de Plenos de la Cámara hasta el mes de junio y activar la constitución de las comisiones parlamentarias que funcionarán durante esta XIV Legislatura. Informa Europa Press.
Desde las elecciones generales del 10 de noviembre el Pleno del Congreso únicamente se ha reunido en dos ocasiones: el 3 de diciembre, para su constitución, y los pasados 4, 5 y 7 de enero para acoger el debate de investidura de Pedro Sánchez.
La previsión es que a principios de febrero, previsiblemente el día 3, se convoque la Apertura Solemne de la legislatura, un acto presidido por el jefe del Estado, y que al día siguiente, se reúna de nuevo el Pleno para convalidar varios decretos leyes.
El PSOE ha incluido a varios exministros y secretarios de Estado del anterior Gobierno de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno durante los periodos extraordinarios. Podemos, por su parte, no ha adscrito en este órgano a ninguno de los dirigentes que tiene ahora en el Ejecutivo aunque sí al resto de su cúpula parlamentaria y del partido. Informa Europa Press.
En concreto, los socialistas han registrado como titulares de la Diputación Permanente a las exministras de Trabajo Magdalena Valerio y Sanidad Luisa Carcedo, así como al que fue ministro de Cultura, José Guirao. También formará parte de este órgano en la XIV Legislatura la ex secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.
La Mesa del Senado ha impedido este martes que se registre una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre el Valle de los Caídos al entender que llamar “genocida” al dictador Francisco Franco, como se ha escrito en la pregunta, supone una “falta de respeto” y le ha solicitado que “reformule” la petición para ser aprobada. Informa Europa Press.
“Después de sacar al dictador genocida del Valle de los Caídos, urge derogar el Decreto Ley de 1957 (...) que atribuyó la titularidad y administración del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo Patronato y representación correspondían al Jefe del Estado”, dicta la pregunta del senador.
En su escrito, Mulet ha indicado que el Decreto Ley fue firmado “por un Gobierno ilegal” y por tanto “no tiene sentido” que el actual Ejecutivo “acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal”. También ha pedido su derogación porque, según ha señalado, la Abadía estaría “incumpliendo los fines, y por tanto, el Patronato ha de dar cuenta a la Santa Sede y solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”.
Este martes por la mañana había reunión de coordinadores de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se decidían las misiones a los Estados miembros para el próximo semestre, y cada grupo llevaba sus propuestas. La de investigar los 379 crímenes de ETA no resueltos viene de la legislatura anterior, promovida por Ciudadanos y PP. Por otro lado, Unidas Podemos llevaba la del deterioro del Mar Menor, junto con el PSOE. Y Los Verdes, una visita a las minas de Touro, en Galicia. Pero PP, los diputados de Renew (grupo de Ciudadanos) y ECR (grupo de Vox) se han impuesto con la de ETA. Escribe Andrés Gil.
El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo registrará este miércoles una petición dirigida a la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para que “recabe información sobre los hechos conocidos sobre el 'caso Monasterio' y proceda si se estima que ha podido haber comisión de delito”. Informa Europa Press.
Este paso se une a que el grupo municipal presentara el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra la diputada regional y líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en relación a la presunta “falsificación” de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, caso de supuestas “irregularidades” que no estaría prescrito.
Además este miércoles ha solicitado para este miércoles una comparecencia del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, sobre las medidas que se van a poner en marcha en el marco normativo que afecta a permisos y licencias.
Primera reunión de los sindicatos y la patronal con la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este miércoles, a las 17.30 horas de la tarde, está previsto el encuentro entre los representantes de los trabajadores y los empresarios con la responsable de la cartera de Trabajo en el Ministerio. El tema prioritario que abordará en la mesa de negociación es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este 2020, sobre el que los empresarios ya han mostrado resistencias tras el gran alza del año pasado, del 22% hasta los 900 euros mensuales. Escribe Laura Olías.