El pacto para la subida del SMI, la visita del rey a Israel o la futura reforma del código penal protagonizan las portadas de este jueves en el kiosko. Destacamos estas historias:
– En El País: ERC y PNV negociarán con Sánchez la rebaja de la pena del delito de sedición. El Ejecutivo, que necesita 176 votos, cuenta con el apoyo de Unidas Podemos mientras que JuntsxCat se muestra escéptico.
– En El Mundo: Ciudadanos cuestiona la legalidad del nombramiento de Escrivá como ministro. El partido que lidera ahora Inés Arrimadas considera que la ley con la que se creó la AiRef impide el salto de la organización al Gobierno.
– En La Vanguardia: El TS debate la “irreversibilidad” de dejar a Torra fuera del Parlament. Los magistrados estudian cómo afectaría un cambio en la condena del president.
El día ha quedado marcado por la noticia de que el Supremo mantiene la inhabilitación de Torra como diputado. Por otro lado, Page ha avisado a Sánchez: “Con el Código Penal no se puede mercadear”. Estos son los temas del día:
- El Supremo mantiene la inhabilitación de Torra como diputado en contra del criterio de la Fiscalía. El Ministerio Público había pedido levantar la inhabilitación exprés del president como diputado al considerar que la Junta Electoral no era competente para acordarla.
- La Junta Electoral exige a Clara Ponsatí acatar la Constitución en el Congreso para ser eurodiputada a pesar del fallo de la Justicia europea. Ponsatí se encuentra en Escocia, pendiente de una euroorden, y aún no tiene la inmunidad como eurodiputada.
- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este jueves durante una rueda de prensa que “con el Código Penal no se puede mercadear”. La reforma del Código Penal, que planea tramitar el Gobierno socialista, podría abordar delitos como el de sedición.
-Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado a los grupos políticos que “cumplan el mandato constitucional para renovar los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo)”.
¡Hasta mañana!
PP, Ciudadanos y Vox han pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por las supuestas reuniones que el socialista mantuvo esta semana con dos ministros de Venezuela. Según publica Vozpópuli, Ábalos mantuvo un encuentro “secreto” en un avión durante la madrugada del lunes en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.
Fuentes próximas al ministro aseguran sin embargo que Ábalos acudió al aeropuerto a recibir al ministro de Turismo, Félix Plasencia, con quien tiene una relación de amistad desde hace años. El motivo del viaje de la delegación venezolana, según estas mismas fuentes, era la feria de turismo Fitur, que estos días se celebra en Madrid. “Solo recibió a Félix Plasencia”, aseguran a eldiario.es.
La cita en el aeropuerto de Barajas, siempre en versión de Vozpópuli, habría durado hora y media y se habría producido dentro del avión en el que Rodríguez viajó hasta Madrid en un vuelo privado. Delcy Rodríguez tiene prohibida su entrada al espacio Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de Nicolás Maduro.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, que ha pedido explicaciones a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, considera que este encuentro, de confirmarse, sería un “escándalo”, porque la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea.
En declaraciones en el Congreso, Echániz ha contrastado el hecho de que Sánchez no vaya a reunirse con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y en cambio uno de sus ministros sí haya mantenido encuentros “sin publicidad” con miembros del “Gobierno ilegítimo” de Nicolás Maduro.
“De confirmarse estas noticias estaríamos ante una situación extremadamente grave que violaría flagrantemente las normas de la Unión Europea”, ha subrayado Echániz, incidiendo en que el PP llegará “hasta al final” de esta cuestión para saber, en otras cuestiones, quien autorizó el aterrizaje en Barajas del avión que transportaba a la vicepresidenta venezolana.
El Ayuntamiento de Pamplona liderado por Enrique Maya, de Navarra Suma, ha cancelado una charla sobre sexualidad que iba a impartir el viernes en la Casa de las Mujeres la experta en género Paola Damonti. La actividad estaba fijada desde hacía varios meses, pero la presión de la ultraderecha en las redes sociales ha provocado que el alcalde de Pamplona haya decidido su cancelación a última hora para sorpresa de la ponente encargada de impartir la charla. Escribe Rodrigo Saiz.
La decisión del Consistorio ha provocado una avalancha de críticas del resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona y del Parlamento de Navarra, y es que no es la primera vez que Enrique Maya veta una actividad en los meses que lleva como alcalde. En noviembre decidió rescindir de forma unilateral el contrato para una actuación de los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimototos' que había sido contratada por el anterior equipo de gobierno, de EH Bildu, por considerarlos “los payasos de cabecera de la izquierda abertzale”.
El 19 de diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que la condición de eurodiputado emanaba de los resultados electorales oficiales. Es decir, de las urnas, no de ningún trámite posterior. En consecuencia de eso, el Parlamento Europeo reconoció la condición de eurodiputados a Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras –hasta la suspensión de éste por el Supremo– desde el 2 de julio de 2019. Escribe Andrés Gil.
Sin embargo, este jueves la Junta Electoral Central cita a Clara Ponsatí, junto a los otros cuatro nuevos eurodiputados españoles tras el Brexit, a jurar la Constitución en el Congreso para ser eurodiputada el próximo martes a las 13.30, ha adelantado El País y ha podido confirmar eldiario.es. Es decir, vuelve a establecer un trámite que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró innecesario para ser eurodiputado. Es más, Puigdemont y Comín se sientan en el Parlamento Europeo sin haber pasado por ese trámite.
Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado a los grupos políticos que “cumplan el mandato constitucional para renovar los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo) para asegurar el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, han urgido a través de una nota de prensa.
La organización apunta que el actual mandato del CGPJ terminó el 4 de diciembre de 2018, por lo que “lleva en funciones más de un año”. Según explican, “el retraso en proceder a la renovación de los órganos constitucionales cuando abarca largos periodos de tiempo incurre en un fraude institucional que debilita su funcionamiento básico” y que en el caso del CGPJ “deteriora su imagen”.
El CGPJ lleva en funciones más de un año y, en todo este tiempo, ha aprobado más de 40 nombramientos. Para su renovación, el PSOE necesita el apoyo del PP en en el Congreso.
La semana pasada, el CGPJ avaló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pero lo hizo con división entre sus miembros. Una vocal denunció en un voto particular maniobras por parte del bloque conservador para desacreditar a Delgado.
“En ese contexto pretender supeditar la renovación del CGPJ a una futura modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que no hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, supone perpetuar ese defectuoso funcionamiento institucional, en la que nuestra asociación no puede cooperar”, añaden desde Jueces para la Democracia.
Los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso Open de Tenis. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por los exediles, según ha avanzado ABC y ha podido confirmar eldiario.es.
La jueza que instruía la querella del Partido Popular contra los exconcejales de Ahora Madrid procesó el pasado octubre a los exediles por malversación. La acusación se basa en unos informes jurídicos externos que encargaron Sánchez Mato y Mayer en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmaron con la empresa que organiza el campeonato de tenis en la capital, que fue archivada. La decisión de la magistrada es el paso previo al de sentar en el banquillo a los exconcejales.
El Grupo Popular en el Consistorio presentó una querella contra Sánchez Mato y Mayer en su calidad de directivos de Madrid Destino, por “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open.Los informes costaron 26.000 y 24.000 euros. La magistrada considera que se fraccionó el importe por lo que se podría haber vulnerado “el marco normativo de Madrid Destino que establece en la preparación de los contratos cuyo valor sea superior a 50.000 euros un pliego de prescripciones técnicas”. Es decir, para la magistrada debería haber sido un contrato publicitado.
Sánchez Mato y Celia Mayer encargaron ambos informes ante la negativa de la Asesoría Jurídica municipal de hacer un informe. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se escudaron en la legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones como “valoraciones económicas” o “el control de gastos y a la eficiencia de servicios” sobre el convenio firmado en 2011 entre la empresa municipal Madrid Destino y la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) para la organización del Open de Tenis de Madrid.
El director de eldiario.es entrevista a Ángel Víctor Torres en un acto organizado junto a Canarias Ahora en la sede de Presidencia en Tenerife. Puedes seguir la entrevista en este Minuto Político. Pilar Rumeu, periodista de Televisión Canaria, realizará la introducción del acto y coordinará las preguntas que planteen los asistentes.
A partir del próximo curso académico (2020/2021), la asignatura de Geografía e Historia que se imparte en los institutos de la Comunidad de Madrid cambiará para introducir más contenidos sobre la historia y cultura judía. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que va a modificar el decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, para añadir contenidos sobre la presencia judía en la Península Ibérica. Con ello, “no sólo aprenderán la Historia de Sefarad, sino que también conocerán el legado y la evolución del pueblo judío hasta el día de hoy”. Escribe Fátima Caballero.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este jueves que el sábado recibirá en el Ayuntamiento al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, para entregarle la Llave de Oro de la ciudad.
“Será un honor recibir a Juan Guaidó este sábado en el Ayuntamiento de la capital de Iberoamérica y entregarle, como presidente legítimo de Venezuela, la Llave de Oro de nuestra ciudad”, ha tuiteado el alcalde. “Madrid está con los venezolanos, con la democracia y con la libertad”.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también recibirá a Guaidó en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde el dirigente firmará en el Libro de Honor.
La presidenta madrileña quiere así trasladarle el “reconocimiento” y “respaldo” de los madrileños, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press. El edificio más emblemático de la Puerta del Sol estará engalanado con banderas españolas y venezolanas.
La primera reacción del Gobierno a la decisión de la Junta Electoral Central de multar con 500 euros a Pedro Sánchez por el uso “electoralista” del Palacio de la Moncloa durante la campaña electoral al celebrar allí entrevistas es no hacer comentarios. “No hacemos comentarios”, dicen fuentes gubernamentales preguntadas por ese asunto. Lo que recuerdan es que la resolución de la Junta Electoral, que se ha dividido respecto a la decisión puesto que seis de sus trece miembros han emitido votos particulares, “es una resolución recurrible ante el Supremo”. Escribe Irene Castro.