Antonio Baños, exdiputado de la CUP, ha dicho antes de comenzar a testificar que no iba a contestar a Vox. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha recordado que no tiene ese derecho, del que sí gozan los acusados. En su condición de testigo, está obligado a contestar a todas las preguntas. Marchena le ha advertido de que si no contesta podría afrontar consecuencias penales. Informan Marcos Pinheiro y Oriol Solé.
Ante su insistencia, Marchena ha dicho que reflejaría su negativa a ofrecer datos que una parte considera necesarios para el proceso. El exdiputado ha contestado en que desde su posición “democrática y antifascista” no iba a responder a Vox.
Para poder realizar el interrogatorio, Marchena ha pedido permiso al abogado de Vox Javier Ortega Smith si tenía problema en que fuese él quien formulaba las preguntas. Así, el abogado del partido de extrema derecha formula sus preguntas que son repetidas inmediatamente por el presidente del tribunal.
Ante la confusión y discrepancias, Marchena ha decidido suspender durante cuatro minutos la sesión. Al regreso, el presidente del tribunal ha anulado la testifical y ha pedido a Baños que abandonase la sala.
Finalmente, el Supremo le ha sancionado tanto a él como a la exdiputada de la CUP Reguant con 2.500 euros por negarse a responder a Vox. Ambos tienen cinco días para recurrir la multa.