El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado hoy “lamentable” que el PDeCAT prefiera mantener “la parálisis política” y la vigencia del artículo 155 en Cataluña en vez de ofrecer “un proyecto político integrador, que respete la legalidad, las instituciones y el Estado de derecho”.
Ha sido en respuesta a una pregunta del portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, en la sesión de control al Gobierno del pleno de la Cámara Alta.
Cleries ha preguntado a Montoro sobre las razones de la petición de información a la interventora general de la Generalitat catalana respecto a las relaciones económico-financieras del anterior Govern y sus entes dependientes con un centenar de personas, entidades o empresas “identificadas con una ideología discrepante” a la del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
“¿Qué problema hay en verificar dónde han ido las subvenciones públicas?”, le ha inquirido Montoro, que ha recalcado que es “lógico y legítimo” hacerlo y que además no se persigue a nadie por sus ideas, sino sólo a quien incumple la ley.
Por contra, el senador independentista ha insistido en que con esos requerimientos no se están fiscalizando contratos ni facturas de la Generalitat catalana, sino a personas, a las que se “persigue” por sus ideas, “seudojudicialmente, vulnerando sus derechos fundamentales”, como en la época de la “caza de brujas” de McCarthy.
Un argumento que, a juicio de Cleries, “confirma la pérdida de calidad democrática del Estado español”. “En España -ha apostillado- la democracia está en liquidación”.
El ministro ha refutado esa idea y ha subrayado que “en España no se persigue a nadie por su ideología, ni a los políticos, ni a las empresas, ni absolutamente a nadie”, sino que lo que se persigue, como en “cualquier Estado democrático”, es la vulneración de las leyes.
Toda la información requerida a la interventora, según Montoro, es de carácter económico-financiero, relacionada con expedientes de contratación o subvenciones, con el objetivo de garantizar que el dinero público se ha destinado a servicios públicos fundamentales, además de cumplir con el mandato judicial que reclama “información exacta, puntual y completa”.
“Lo lamentable es que sigan siendo rehenes del discurso victimista y de los políticos que decidieron dinamitar las leyes y la convivencia ciudadana”, le ha reprochado a Cleries, a quien ha señalado: “Si la democracia está en liquidación, no sé qué hace usted sentado en el escaño”.