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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

El Parlamento venezolano le pedirá a Colombia investigar la muerte del concejal Albán

EFE

Caracas —

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La diputada opositora venezolana Dinorah Figuera informó hoy de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) pedirá al Gobierno colombiano que forme parte de una comisión que investigue la muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida cuando estaba bajo custodia del Estado.

“La Comisión de Política Interior (de la AN) solicitará (a Colombia) que sea parte de lo que es esta investigación, tomando en cuenta que Fernando Albán nació (en Colombia)”, dijo Figuera a periodistas durante una pequeña manifestación en Caracas.

La Fiscalía venezolana informó el pasado lunes que Albán, concejal por Caracas, falleció al arrojarse al vacío desde el piso 10 del edificio del servicio inteligencia en Plaza Venezuela, Caracas, donde se encontraba detenido por su presunta implicación en el ataque con explosivos contra el presidente, Nicolás Maduro, de agosto pasado.

El fiscal general, Tarek Saab, informó entonces que Albán solicitó ir al baño y “estando allí se lanzó” al vacío, mientras que ese mismo día el ministro de interior, Néstor Reverol, señaló que Albán atentó contra su vida cuando estaba en una sala de espera.

Estas aparentes inconsistencias han llevado a la oposición a denunciar el “homicidio” del concejal y a exigir una investigación independiente que esclarezca los hechos que causaron la muerte de Albán, que había sido detenido apenas 3 días antes de su deceso cuando regresó al país desde Estados Unidos, donde visitó a sus hijos.

Figuera añadió hoy que los opositores presumen que Albán fue sometido “a tortura física” y que antes de su muerte le manifestó a su abogado que recibió presiones y tortura psicológica.

“Tenemos muchas dudas (sobre su muerte), nos parece muy grave que en Venezuela no exista estado de derecho”, señaló.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.