“¿Cree que tienen derecho a utilizar a los presos para colaborar en una ilegalidad?”, ha preguntado en la sesión de control al Gobierno catalán en el Parlamento catalán al consejero de Justicia, Germà Gordó, quien tras defender la estrategia de la Generalitat en políticas de reinserción, ha asegurado no tener conocimiento de que se haya hecho este encargo.
Según López, de confirmarse este encargo, la Generalitat podría estar incurriendo en “un delito de malversación de fondos públicos, porque se están destinando recursos para la preparación de una consulta ilegal”.