El PP se comprometió por escrito a reformar el Poder Judicial en octubre de 2021

elDiario.es

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El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo, en octubre de 2021, para reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, lograron un pacto que plasmaron por escrito en un documento al que ha tenido acceso ahora el diario El País. En él, ambas formaciones se comprometían a presentar de forma conjunta una reforma “de la ley orgánica del poder judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

Bruselas reafirma su "preocupación" por el bloqueo del CGPJ y urge a su renovación para luego cambiar su forma de elección

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Esa proposición de ley consistía en la introducción de un artículo por el que se modificaban las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces estando en funciones, como se encuentra en la actualidad, después de tres años de bloqueo del PP: “Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes funciones: 1ª Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599 de esta Ley Orgánica”.

En el texto, Egea y Bolaños se comprometían a presentar conjuntamente esa propuesta en el primer cupo posible –estimaban que fuese en la primera semana de noviembre de 2021–, “después de la elección por las Cámaras de todos los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos”, que ambos partidos habían pactado previamente, con la polémica propuesta por parte del PP de los magistrados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Según detalla El País con base a fuentes de la negociación, el objetivo de ese acuerdo era garantizarse la renovación de los magistrados del Constitucional mientras se seguía buscando un acuerdo para renovar el bloqueado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, dicen, estaba casi hecho. De acuerdo con el relato del diario, fuentes populares afirman que en ese pacto prácticamente cerrado habían arrancado al PSOE el compromiso para reformar la forma de elección de los vocales del órgano, como proponía la formación que entonces dirigía Pablo Casado y que fueran los jueces los que eligieran a los jueces, un extremo que los socialistas desmienten.

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y la antigua dirección del PP, defenestrada tras la crisis con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a principios de este año, quedó en nada con el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del PP en abril. La nueva cabeza del partido conservador, tras algunas reuniones, pidió empezar a negociar de cero. En una entrevista con ese mismo diario publicada este domingo, Feijóo dijo desconocer el contenido de este texto. “Si usted tiene ese texto se lo agradeceré, yo no lo tengo”, negó, para añadir: “Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más”.

El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo, en octubre de 2021, para reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, lograron un pacto que plasmaron por escrito en un documento al que ha tenido acceso ahora el diario El País. En él, ambas formaciones se comprometían a presentar de forma conjunta una reforma “de la ley orgánica del poder judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

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En el texto, Egea y Bolaños se comprometían a presentar conjuntamente esa propuesta en el primer cupo posible –estimaban que fuese en la primera semana de noviembre de 2021–, “después de la elección por las Cámaras de todos los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos”, que ambos partidos habían pactado previamente, con la polémica propuesta por parte del PP de los magistrados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

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