La derecha política y judicial sigue dando pasos para tratar de frenar la reforma con la que el Gobierno pretende desatascar la renovación del Tribunal Constitucional, que acumula tres meses de retraso. Al intento de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de forzar la celebración de un pleno para hacer los nombramientos antes de que entre en vigor, se sumó este miércoles la interposición de un recurso de amparo ante el propio Constitucional por parte del PP con el que intentan paralizar la votación prevista para este jueves, en el Congreso.
Ambos movimientos, casi simultáneos, buscan desactivar la vía que ha explorado el Ejecutivo para acabar con el retraso en la renovación del tribunal de garantías, que está propiciando que ese órgano tenga una mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas. El cambio legal que reduce las mayorías para elegir a los miembros del Constitucional y suprime el requisito de verificación de los nuevos magistrados está todavía tramitándose en el Congreso. Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha esperado a que esté en vigor para impugnarlo.
El grupo parlamentario que lidera Cuca Gamarra ha presentado un recurso de amparo ante el tribunal de garantías para intentar detener el procedimiento en el Congreso e impedir que la reforma se apruebe antes de final de año, como pretende el Gobierno. En concreto, el recurso pide que se anulen los acuerdos de los órganos del Congreso que admitieron a trámite las enmiendas que prevén estos cambios en las leyes del CGPJ y el Constitucional dentro de la proposición de ley que reforma el Código Penal. Pero también solicita que se adopten medidas cautelarísimas para frenar la reforma, que se va a votar este jueves en un Pleno extraordinario de la Cámara Baja.
Tras recibir el recurso, el Constitucional informó de que su presidente, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato está caducado, había propuesto la celebración de un pleno “extraordinario y urgente” para decidir si lo admite a trámite. A última hora se conoció que esa sesión se celebrará este mismo jueves a a las 10.00 de la mañana, pocas horas antes de la votación del Congreso. Lo habitual es que los magistrados decidan ese mismo día si aplican alguna medida cautelarísima como la que en este caso piden los recurrentes.
El ponente será el conservador Enrique Arnaldo, integrante del pleno desde finales del año pasado a propuesta del PP que lideraba por entonces Pablo Casado. Entró al tribunal de garantías junto a Concepción Espejel y tras un acuerdo sellado por el Gobierno que dejó fuera la renovación del CGPJ. Arnaldo fue uno de los mentores académicos del propio Casado, quien luego le aupó hasta uno de los puestos más altos al que puede aspirar un jurista. En su currículo, entre otras cosas, figura un periodo de tiempo precisamente como letrado del Congreso.
La reacción del PP contra el paso dado por el PSOE y Unidas Podemos fue inmediata. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha tildado la reforma legislativa de “golpe” y ha denunciado que forma parte de un intento de “cambio de régimen” propio de un “tirano”, como calificó a Pedro Sánchez la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De aprobarse la reforma, el PP podría perder la capacidad de bloqueo que ha ejercido de forma indirecta sobre el Tribunal Constitucional desde el pasado verano.
El PP llevó en primer lugar sus protestas a Bruselas por la propuesta del Gobierno de designar al exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional. Feijóo anunció una ofensiva en la Comisión Europea que, una vez más, ha recibido una respuesta más bien fría.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, no solo dijo que era relativamente habitual que hubiera expolíticos en tribunales de garantías de otros países, como Francia, Italia o el suyo, Bélgica. Reynders además señaló que la “prioridad” era renovar el CGPJ, algo en lo que se ha implicado personalmente sin ningún éxito. La vicepresidenta de la Comisión, VÄ›ra Jourová, ni siquiera ha respondido al PP, que se sepa, pese a pertenecer a su misma familia política. De hecho, la dirigente ya mandó una carta en septiembre al por entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la que le conminaba a empujar en la renovación del órgano. Dimitió para buscarlo, pero dos meses después no ha ocurrido.
Pese a las respuestas adversas que suele cosechar, el PP ha redoblado la presión y la portavoz de Feijóo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, acusó este mismo miércoles en el Pleno de la institución al Gobierno español de “debilitar la democracia”, y reclamó a la Comisión y al Consejo Europeo que intervinieran en España.
Pero la única esperanza que tiene el PP es que sea el Tribunal Constitucional quien impida la tramitación de la reforma para intentar desatascar al propio organismo, así como el CGPJ. Gamarra acusó este miércoles a PSOE y Unidas Podemos de usar “una ley que empezó siendo para derogar el delito de sedición” y que “se transformó en una que abarata la corrupción” para “introducir, por la puerta de atrás, la modificación de dos leyes orgánicas para controlar” al Constitucional.
Los movimientos en el CGPJ
De forma paralela, los vocales conservadores del CGPJ solicitaron de nuevo que se celebre un pleno para abordar los dos nombramientos que les corresponde realizar antes de que entre en vigor la reforma que reduce las mayorías para aprobarlos. El artículo 35 del reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ establece que el presidente “convocará” al pleno “dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud” formulada por “cinco o más vocales”. Las fuentes consultadas entienden, por tanto, que la sesión extraordinaria tendrá que celebrarse antes de que entre en vigor la reforma.
El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato. Por contra, según el marco legal vigente, los nombramientos deben conciliar el respaldo de tres quintos del pleno. Esto es, al menos 11 de sus 18 miembros actuales. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas, lo que ha dado margen hasta ahora a los conservadores para imponer su minoría de bloqueo y obstaculizarlos durante los tres últimos meses.
Pero, paradójicamente, los vocales elegidos a propuesta del PP tienen ahora prisa por hacer las votaciones con las actuales reglas del juego. Consideran que el nuevo sistema garantiza que los candidatos de preferencia de cada bloque resulten elegidos, sin capacidad de que haya vetos cruzados. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar al Constitucional al magistrado José Manuel Bandrés, algo que quieren evitar a toda costa.
Tras semanas cuestionando su candidatura en privado, el veto a Bandrés por parte del bloque conservador quedó patente este miércoles. El presidente del CGPJ había rechazado un día antes aceptar su petición de pleno extraordinario alegando un defecto formal porque no habían incluido los nombres de dos candidatos y sus currículums.
La nueva petición sí los incluyó. Y los elegidos fueron el presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, considerado conservador; y el también juez del Alto Tribunal Pablo Lucas, que fue el otro nombre barajado por los progresistas para ir al Constitucional. Sin embargo, en una votación interna la mayoría se decantó por Bandrés. Su candidatura fue respaldada por todo el grupo salvo por Mar Cabrejas, que se abstuvo. Además, se da la circunstancia de que Pablo Lucas es hermano de uno de los vocales, Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV y al que se suele colocar en el sector progresista, por lo que no participó en la votación interna.
Con la actual correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían uno o dos votos del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector de vocales elegidos a propuesta del PSOE e IU. En todo caso, fuentes de ambos bloques reconocen que mantienen por el momento posiciones encontradas sobre estas designaciones y sigue sin haber “candidatos de consenso”. Es decir, que reúnan los 11 votos necesarios que marca la norma que está en vigor.