El secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, ha solicitado este miércoles a los sindicatos eviten las “línea rojas” en la mesa de trabajo constituida para crear el borrador de la Ley de Cuerpos Penitenciarios, que sentará las bases para modernizar este ámbito.
Ortiz ha presidido la primera reunión del grupo de trabajo para la creación de un borrador de Ley que sustituya a las normas preconstitucionales de 1970 y 1977, con el objetivo de modernizar la estructura corporativa penitenciaria.
En este primer encuentro ha reconocido que “todos tendremos que renunciar a algo” y ha solicitado a los representantes sindicales “evitar las líneas rojas porque la última palabra es del Parlamento”.
El reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad es una de las peticiones de los sindicatos que se incluirán en este borrador, “sin perjuicio de que esa posibilidad pueda ser reconocida antes por el Parlamento”, como informa el Ministerio del Interior.
Además tienen previsto que, con carácter de urgencia, se elabore un mecanismo que permita que la Administración Penitenciaria se haga cargo de las indemnizaciones a los funcionarios víctimas de agresiones por parte de internos condenados y declarados insolventes.
También buscan que este documento recoja las particularidades del personal funcionario penitenciario que “no están recogidas o contempladas de manera suficiente en la legislación que se aplica a otros colectivos” de la administración pública.
La regulación de la carrera o la inclusión de nuevas titulaciones necesarias, son otros de los términos que se negociarán en los próximos días.
Otro de los puntos de coincidencia entre administración y sindicatos es la reclasificación de los centros penitenciarios de manera que se reduzcan las actuales nueve categorías.
“No es asumible que existan nueve nóminas distintas en función del centro en el que se trabaja”, ha denunciado Ortiz.
Sindicatos y administración han consensuado en esta primera reunión la metodología que seguirá el grupo de trabajo para la elaboración del borrador de la Ley de Cuerpos Penitenciarios que, de salir adelante, será la norma de mayor calado en el ámbito penitenciario tras la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria en septiembre de 1979.