Tres jueces conservadores del Supremo abren la vía europea sin amenazar la mayor parte de la regularización

Dos providencias del Tribunal Supremo han puesto en alerta a cientos de miles de personas pendientes de la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de presentación de solicitudes ha terminado este martes. Tres magistrados de la sección quinta de lo contencioso han decidido preguntar si deben llevar este proceso de regularización ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el riesgo de que choque con la normativa comunitaria en materia de migraciones. Una providencia firmada por tres magistrados de corte conservador que ya intentaron sin éxito paralizar este procedimiento y que ahora, aunque abran la vía europea para cuestionar la medida, no implica un alto riesgo de que todo el proceso de regularización, al que se han presentado más de un millón de personas, vaya a quedar suspendido. El ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, pero trabaja con varios escenarios, preparado por si unas posibles medidas cautelares afectasen a las solicitudes pendientes de admisión.

Más de un millón de personas han presentado su solicitud para acogerse a este Real Decreto y regularizar su situación, inicialmente, con una autorización de residencia legal de un año en vigor y poder vivir y trabajar en España. Una medida que ha recurrido ante el Tribunal Supremo por diversos colectivos ultracatólicos y de extrema derecha, el partido Vox y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El proceso judicial arrancó con una vista en la que los recurrentes pidieron que la regularización extraordinaria quedase paralizada de forma cautelar y la sección quinta de lo contencioso del Supremo contestó: no había motivos para frenar en seco el procedimiento. Ni se aceptó la alarma planteada por la Comunidad de Madrid sobre el hipotético colapso de la sanidad y la educación para atender a miles de nuevos beneficiarios ni tampoco cualquier otro argumento. Paralizar de forma cautelar el proceso, además, afectaría de lleno a las vidas de los cientos de miles de personas que lo han solicitado. Pero esa decisión no fue unánime. Dos jueces, Wenceslao Olea y Fernando Román, afirmaron en un voto particular que sí había motivos para suspender la regularización, aunque se quedaron en minoría y las cautelares se rechazaron.

Los dos insistieron durante esas primeras deliberaciones que existía un riesgo de que la regularización chocara con la normativa europea de migración, pero se encontraron con un muro cuando sus compañeros les recordaron que ningún recurso de los que estudiaban había planteado esa posibilidad. Una situación que cambió cuando llegaron a la mesa de los jueces los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana. En esas vistas, los abogados de estas comunidades gobernadas por el PP sí plantearon la posibilidad de llevar el caso hasta el TJUE, aunque no fueron capaces de desarrollar su petición ante la sala. Una puerta abierta a las dos providencias con las que el Tribunal Supremo avanza ese posible choque y pide su opinión a las partes.

Estas providencias solo reflejan tres firmas del total de siete magistrados que llevan el caso en esa sección. Dos de ellas son de Wenceslao Olea y Fernando Román, los que hace unas semanas apostaron ya por elevar el caso a Europa y paralizar la regularización de forma urgente. El primero fue vocal del anterior mandato del Consejo General del Poder Judicial y formó parte del bloque que, entre otras maniobras, frenó la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El segundo fue secretario de Estado de Justicia en la primera legislatura de Mariano Rajoy, a la diestra de Alberto Ruiz Gallardón. La tercera firma es de Carlos Lesmes, expresidente conservador del CGPJ y que hace semanas se opuso a las cautelares. La amistad de Lesmes y Román fue reconocida por el primero cuando se apartó de las votaciones para hacer magistrado del Supremo al segundo en 2018.

Las dos providencias plantean la posibilidad de que la reforma de la Ley española choque con varios puntos de la normativa europea, desde directivas y reglamentos hasta los Acuerdos de Schengen de 1994. Hablan de una “regularización masiva” que podría infringir el principio de cooperación legal con la Unión Europea e incluso citan normas que no han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español o un reglamento que no era aplicable cuando se puso en marcha la regularización.

Fuentes del Supremo muestran su extrañeza por la ausencia de nombres del resto de integrantes de la sección de lo contencioso que lleva estos recursos, pero también explican que a veces se elige este formato aunque la providencia sí refleje el criterio de todos los magistrados. También destacan que preguntar a las partes no equivale a que el criterio mayoritario sea enviar el caso a Europa y, sobre todo, señalan que una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, en caso de que se termine llevando el asunto hasta Luxemburgo, no implica la suspensión de la regularización.

Esa medida, de hecho, estaría alejada del criterio mostrado por los propios jueces que tienen que tomar la decisión. Cinco de los siete jueces ya dijeron hace varias semanas que no había razones para frenar la regularización o sus efectos. No había pruebas del colapso de los servicios públicos que vaticinó la Comunidad de Madrid, pero sí existía un peligro de afectar tanto a los intereses públicos como a los derechos de los migrantes si se estimaban esas cautelares. Distintas fuentes apuntan a la dificultad de cambiar ese criterio por el hecho de que se eleve, a petición de Aragón o la Comunidad Valenciana, una cuestión prejudicial.

No se paraliza automáticamente

Elevar una cuestión al TJUE no implica la paralización automática ni del proceso judicial concreto ni tampoco de la normativa que se ha recurrido. Existen varios antecedentes de la sala tercera del Supremo que apuntan en esa dirección: cuando se cuestionó el canon de aguas continentales en 2017 o ya en 2022 cuando se preguntó a Europa por la normativa española de VTC. Esos recursos concretos quedaron paralizados pero las normativas llevadas a Luxemburgo siguieron en funcionamiento hasta que hubo un pronunciamiento europeo. El debate, en cualquier caso, tendrá que ser abordado por el Supremo en los próximos días.

La Generalitat Valenciana informó este martes de que ha reiterado su petición de suspensión cautelar y de llevar el debate hasta el TJUE. En Aragón todavía se valoran las alegaciones que se presentarán en los próximos días. Los propios jueces Olea y Román plantearon esta posibilidad pero reconociendo que si una norma española choca con una europea “los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”, sin aludir a una suspensión automática.

El Gobierno ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los solicitantes de la regularización al reiterar su confianza en el texto de la normativa que la regula. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, han afirmado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya desde la aprobación del real decreto, con el objetivo de explicar las razones del endurecimiento parcial del texto definitivo en comparación con los borradores anteriores, el Ejecutivo incidía en una necesidad que marcó todo el proceso: no dejar cabos sueltos que pudieran generar una grieta jurídica, conscientes de la intención de PP y Vox de llevar la iniciativa a los tribunales. 

Con esa finalidad, el real decreto recogió todas las “recomendaciones esenciales” del Consejo de Estado. “Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento. Era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente”, respondió la ministra Elma Saiz para explicar algunos de los cambios realizados a última hora, como la incorporación de un informe para probar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. 

El Gobierno trabaja en varios escenarios

Pese a su confianza en su norma, el Gobierno reconoce que trabaja en varios escenarios de cara a los posibles avances del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la medida. Una de las distintas coyunturas analizadas es la posibilidad de que los magistrados, una vez reciban las alegaciones de las partes, puedan llegar a decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE y, en paralelo, estimar la paralización temporal del procedimiento mientras la Justicia comunitaria estudia el fondo del asunto. Para el Ejecutivo, la concesión de las medidas cautelares para suspender el estudio de las solicitudes de regularización sería contradictoria en comparación con la contundencia con la que los magistrados rechazaron aplicar esta misma medida en mayo.

No obstante, el Ejecutivo reconoce que la mera posibilidad de que el procedimiento pudiese llegar a ser suspendido temporalmente -sin revocar las peticiones admitidas- les empuja a correr. Según afirman varias fuentes gubernamentales, su intención es agilizar el estudio de las solicitudes para que, en el hipotético caso de que la Justicia estimase las cautelares, ya hubiese sido respondida la admisión de trámite del más de un millón de peticiones, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica. La mera admisión a trámite de las peticiones que cumplan los requisitos incluye un permiso provisional de residencia y trabajo, lo que en la práctica supone el reconocimiento efectivo de un derecho que, según defiende el Gobierno, no podrá ser revocado retroactivamente en una decisión cautelar. 

No obstante, al menos hasta ahora, el ritmo de la tramitación de las solicitudes no ha cumplido con los tiempos previstos inicialmente. Migraciones se comprometió a dar una respuesta sobre la admisión a trámite en un máximo de 15 días, pero ese plazo se ha visto rebasado con creces en la mayoría de casos, según los balances oficiales anunciados hasta el momento y los testimonio de decenas de solicitantes, abogados y ONG recogidos por elDiario.es. Por ejemplo, muchas de las personas que han presentado su expediente en mayo, a las que está dando seguimiento este medio, aún no han recibido una respuesta. 

“No hay riesgo de paralización inmediata”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones personadas en la causa que estudió los recursos de la Comunidad de Madrid y Vox, se une al mensaje tranquilizador del Gobierno. “No hay riesgo de paralización inmediata porque, en primer lugar, las medidas cautelares ya están resueltas. Lo que ahora mismo está tramitándose es la opinión de los actores sobre esa petición que hace uno de los demandantes de preguntar al TJUE en una cuestión prejudicial, pero tendrá que decidir y tramitar el Supremo, lo que llevará un tiempo”, explica Mauricio Valiente, director general de la ONG. 

Valiente defiende que la norma de la regularización no contraviene el derecho comunitario. Pero, como abogado, considera que “en base a derecho” podría haber margen a la interpretación y no ve imposible una hipotética paralización temporal del procedimiento por parte del Supremo en caso de decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE. “En la práctica, conllevaría que no se continuarían resolviendo expedientes. Quienes ya tuviesen resuelta la admisión a trámite, verían prorrogada su autorización provisional durante el tiempo en que el Tribunal europeo lo estudie y, en su caso, el Supremo”, detalla el director de CEAR. 

La clave, de nuevo, son los plazos. El tiempo que tardará la Justicia en tomar, si lo hace, una decisión. Y el tiempo empleado por la Administración en responder las peticiones. “Primero están los plazos de contestación a la providencia, que son cinco días. Luego, la valoración de las cautelares por parte del Supremo es compleja y puede requerir su tiempo: tendrían que dar traslado otra vez y, finalmente, la decisión de la nueva cautelar”, añade. 

Diego Boza, abogado especializado Derecho Internacional Público y Extranjería, tampoco ve probable la posibilidad de una suspensión del procedimiento de extranjería. “Me ha sorprendido bastante. Los argumentos para de la providencia del Supremo son bastante pobres”, opina el letrado, que destaca el argumento centrado en que la regularización de estas personas permite que puedan viajar a la UE y, por ello, el Gobierno debería haberlo avisado. “Como si cualquier concesión de residencia tendrían que comunicarlo al resto”, cuestiona. 

El razonamiento que ve más elaborado tiene que ver con los solicitantes de asilo. “Hace referencia a una sentencia que apunta a que el tiempo de estancia de los solicitantes de asilo no puede generar derecho de residencia. Muchos abogados no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero se trata de una interpretación que incluso ha utilizado el Gobierno para justificar los cambios normativos que afectaron a este colectivo y, ahora, se le podría venir encima”, indica el letrado. “En todo caso, son argumentos muy vagos. Está todo muy pillado por los dedos. Veo muy difícil que salga adelante esta cuestión prejudicial”, concluye Boza.