Memorizar planos de viviendas, retener facciones, recordar datos de libros de 500 páginas leídos en tan solo unas horas o adentrarse en una ONG con fuertes controles de seguridad. El aspirante a analista de inteligencia que ha llevado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante los tribunales superó un complicado proceso se selección sin recompensa. No accedió nunca a la plaza que le habían garantizado tras someterse durante seis meses a duras pruebas que le obligaron a mentir en su trabajo, donde ponía excusas falsas porque no podía informar a nadie de su intención de acceder a los servicios de inteligencia.
La Audiencia Nacional investiga si hubo irregularidades en el trato que el CNI dio a este candidato, de nombre Eduardo B., que reclama 120.000 euros de indemnización por el tiempo que le hicieron perder entre trabajos temporales, esperando su incorporación definitiva a los servicios de inteligencia. Las promesas por escrito de que eso ocurriría cuando el presupuesto lo permitiese quedaron en nada en 2015, cuando le comunicaron que su aprobado había caducado en 2013.
Eduardo B. se presentó de nuevo a un proceso de selección de 2016. Algunos funcionarios del CNI le dijeron que se trataba de un mero trámite, como refleja en su denuncia. Sin embargo, no pasó de la primera etapa de las pruebas, que cinco años antes había aprobado sin muchos problemas. De hecho, en 2011 este candidato superó fase tras fase hasta integrar una reducida lista de aprobados. Aquel esfuerzo de meses quedó sin recompensa, en una maniobra que Eduardo B. entiende como irregular y por la que reclama una indemnización por el esfuerzo caído en saco roto y por las promesas incumplidas.
El proceso al que se presentó se celebró en 2011 y accedió a él tras el envío de su currículum a través de la web del CNI. Según la información a la que ha tenido acceso eldiario.es, en marzo de 2011 se convocó a todos los aspirantes a la primera prueba, un test de aproximadamente 100 preguntas divididas en cuatro bloques: Historia de España y Universal, Constitución, Unión Europea y Seguridad y Defensa. Se sometieron también a pruebas de idiomas, además de rellenar un formulario de concurso oposición que valoraba sus méritos académicos y profesionales. Eduardo B. aprobó y pasó a la segunda fase.
Excusas falsas en su trabajo
Este aspirante al CNI compatibilizó este proceso con su trabajo en el extranjero, donde estaba destinado y desde donde tenía que viajar a España con una coartada para someterse a las pruebas. La exigencia de los servicios de inteligencia era clara: no podía contar a nadie que se estaba sometiendo a ese proceso de selección. Con esta advertencia, Eduardo B. tuvo que recurrir a un falso problema médico que le obligaba a viajar a España cada vez que el CNI le convocaba de nuevo.
La segunda fase se realizó a lo largo de un solo día, desde primera hora de la mañana hasta media tarde, con apenas un par de pausas. Durante varias horas los candidatos estuvieron rellenando test psicotécnicos -al estilo de los que incluyen las oposiciones a Policía Nacional o Guardia Civil- y de personalidad. Estos últimos incluían preguntas sobre cómo afrontar la muerte, la depresión, el suicidio o les inquirían sobre drogas y alcohol. Hubo otras pruebas, como rellenar formularios para obtener su perfil psicológico.
Eduardo B. también pasó estas pruebas.. Así se lo dijeron unos días más tarde funcionarios del CNI mediante una llamada, el método del Centro para comunicarse con quienes aprobaban. Si, por el contrario, recibías en tu buzón una carta del Centro era porque ya no te iban a llamar más.
Preguntas sobre sexualidad y tolerancia al alcohol
La tercera fase de las pruebas fue una entrevista personal de unas tres horas con un miembro del CNI. Hubo preguntas sobre su trayectoria profesional, pero también sobre su familia, su infancia, su vida social, su sexualidad o su militancia política. Hubo nuevas preguntas sobre su tolerancia al alcohol y sobre cómo se comportaba cuando bebía, además de cuestiones de actualidad internacional, en su punto álgido durante aquella época. Tuvo que responder también sobre aspectos relacionados con las altas instituciones del Estado y sobre cuestiones a las que ya había respondido en los test, para ver si caía en contradicciones.
Pasó entonces a una de las fases más importantes: una semana de pruebas durante unas 13 horas al día junto a una pequeña selección de aspirantes. Allí tuvieron que afrontar más pruebas de idiomas y nuevos test psicotécnicos por sopresa. Entre prueba y prueba, les sometían a uno. Los aspirantes se enfrentaron también a pruebas que anticipaban su trabajo como analistas: con documentos e información en bruto debían redactar informes de inteligencia. Además, tenían que hacer propuestas de actuación frente a escenarios concretos, como si el destinatario de sus opciones fuese directamente el presidente del Gobierno.
A los candidatos se les obligaba en ocasiones a presentar esos informes ante sus compañeros. Otra prueba grupal consistía en exponer un tema asignado al azar en el momento y desarrollarlo frente al grupo. Tras algunas de estas pruebas había candidatos que no volvían al día siguiente. No tenían mucho contacto en entre ellos solo se conocían por el nombre de pila. Entre las pruebas a las que se sometieron, algunas consistentes en retener facciones e identificar rostros.
Prueba de campo: obtener información de una ONG
Había pruebas de retención de datos más duras; un día, cuando ya iban a irse a casa, les repartieron una novela de aproximadamente 500 páginas que tuvieron que leer durante la noche porque al día siguiente les esperaba un extenso test sobre su contenido. Durante otra prueba les mostraron varios planos de una casa durante unos minutos, que luego debían tratar de reproducir de memoria. Esa semana concluía con uno de los exámenes a los que más importancia dio el CNI, la que debían hacer sobre el terreno.
A cada aspirante se le entregó un objetivo. Su trabajo consistía en recabar de una empresa o institución cierta información, para lo que tenían que crearse una coartada creíble. Los candidatos recibieron un documento con la información que debían conseguir. A Eduardo B. se le asignó una ONG que, por los temas de los que se ocupa, cuenta con unos filtros de seguridad que tuvo que superar para conseguir los datos que le pedían. En especial, la composición de la dirección de la ONG y las funciones que dentro tenían determinadas personas. Los candidatos a analista de inteligencia reflejaron su trabajo de campo en un informe que también tenía que incluir los detalles de la cobertura que se habían creado.
Quienes superaron esa fase se enfrentaron entonces al último filtro, una investigación exhaustiva para ver si eran merecedores de la habilitación de personal de seguridad del CNI. Los servicios de inteligencias les pidieron detalles sobre su familia, sus amigos o sus relaciones sentimentales, además de realizar una completa investigación a sus datos patrimoniales, tributarios y bancarios. Esta fase incluyó también una entrevista previa con dos personas del CNI durante unas cuatro o cinco horas.
Lo que siguió a esa quinta etapa del proceso de selección ya está en manos de la Audiencia Nacional. Un total de 43 candidatos superaron las duras pruebas, pero solo había 24 plazas. El resto estuvo esperando una ampliación de presupuesto y, en el caso de Eduardo B., esa espera se conjugó con constantes promesas de su próxima incorporación. Así estuvo hasta 2015, cuando le dijeron que su aprobado había caducado dos años ante y su única vía para ingresar en el CNI era aprobar de nuevo el proceso de selección. La jueza Begoña Fernández Dozagarat está a la espera de que el Centro le remitan un informe del caso para ver si hay lugar a la reclamación de 120.000 euros.