La Audiencia Nacional investiga al CNI por dejar cinco años en espera a un analista que superó las pruebas

Eduardo B. superó las pruebas de acceso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2011 pero nunca llegó ocupar su puesto. Estuvo años esperando su incorporación. Enlazó trabajos temporales mientras descartaba otras oposiciones, hasta que en 2015 le dijeron que su aprobado había caducado no ese año, sino en 2013. La solución que le dio el servicio de inteligencia español fue que se presentase a otro proceso de selección en 2016 que le vendieron como un mero trámite para incorporarse definitivamente. No pasó de la primera fase, la más sencilla, la que en su primer intento había aprobado con holgura.

Ahora, la Audiencia Nacional investiga si hubo irregularidades en las pruebas de acceso de 2011 y si por el trato que le dispensaron, este aspirante merece la indemnización que reclama: 120.000 euros por los años perdidos entre empleos temporales mientras esperaba convertirse en analista de inteligencia y recibía constantes promesas de que era cuestión de tiempo su entrada en el CNI.

El proceso que investiga la Audiencia Nacional se celebró hace siete años y lo superaron un total de 43 aspirantes, pero solo 24 obtuvieron una plaza. El resto quedó a expensas de que una ampliación del presupuesto permitiese incorporarles a la filas del centro. Ese fue el compromiso que adquirió el CNI. Uno de ellos es quien presentó la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a finales de marzo.

La jueza Begoña Fernández Dozagarat la admitió a trámite el pasado 3 de abril y ha dado traslado de su contenido al Ministerio de la Presidencia, de quien depende el CNI, para que se presente como demandado. Además, reclama a Presidencia que entregue a la Audiencia Nacional el expediente administrativo con todos los datos sobre las pruebas de acceso al CNI de 2011 y 2016. En concreto, lo referente al aspirante Eduardo B., que ha llevado el caso a los tribunales.

El candidato había enviado su currículum al CNI, que le escogió para un proceso de selección para el puesto de Técnico Superior de Inteligencia Generalista, Grupo A (en la actualidad ese puesto se denomina Oficial Superior de Inteligencia, Subgrupo A1). Fue superando todas las fases durante cuatro meses, incluidas las pruebas de campo y la investigación de seguridad que le hizo el CNI. Concluido ese periodo, que se prolongó durante unos seis meses, le comunicaron que había aprobado “emplazándole a su inmediato ingreso cuando la dotación presupuestaria diera lugar a nuevas plazas”, probablemente a lo largo de 2012. Esa promesa se prolongó durante años.

Este aspirante mantuvo el contacto a través de distintas vías con funcionarios del CNI, que repetían siempre el mismo compromiso. Cuando hubiese dinero, accedería a esa plaza que se había ganado tras meses de esfuerzo. La denuncia hace constar que en el trato con esos miembros del servicio de inteligencia le consideraban un compañero y le animaban a formarse en materias vinculadas al CNI para preparar su incorporación. Llegó a conocer las instalaciones y el que sería su despacho.

Promesas de Sanz Roldán

La sorpresa para este Eduardo B. llegó en 2015, cuatro años después de haber superado el proceso de selección. El CNI le comunicó que su aprobado había caducado en 2013, por lo que ya no podía optar a su plaza, “a pesar de que durante los años 2013 a 2015, por diferentes estratos del CNI, seguían manifestándole (incluso por escrito) que su incorporación era inmediata”, recoge la denuncia. En el escrito que está en manos de la Audiencia Nacional el abogado del demandante incide en que algunas de esas promesas por escrito salieron directamente del secretario de Estado Director del CNI, Félix Sanz Roldán.

El demandante alega que se trató de un engaño continuado que le ha provocado “un daño moral evidente”, pues durante años contó con la certeza de tener un puesto de trabajo asegurado en el CNI como oficial de inteligencia. De un día para otro, “se ve privado de esa seguridad, perdiendo cinco años de su vida para preparar otras oposiciones”.

Tras informar a Eduardo B. de que su plaza había caducado, el CNI le invitó a presentarse a un nuevo proceso de selección en 2016. Se convocó a todos los aspirantes que habían aprobado en 2011, y al ahora denunciante se le hizo una promesa concreta, otra más: concurría a ese proceso en una “lista prioritaria”. Así se lo comunicaron verbalmente algunos miembros del CNI con los que tenía contacto, a los que había conocido en 2011. Un mero trámite, le dijeron. Se presentó al mismo proceso que había superado cinco años antes pero en esta ocasión no pasó de la primera fase, la más sencilla.

Estaba compuesta de una prueba de conocimientos generales sobre Historia Universal, de España y sobre la Constitución. También había pruebas sobre aspectos relacionados con la Unión Europea, las Relaciones Internacionales y preguntas sobre Seguridad y Defensa. Se enfrentó además a un examen de inglés, varias pruebas psicotécnicas y de personalidad y, por último, rellenó un formulario concurso-oposición en el que se otorga una puntuación en función de la trayectoria académica. Eduardo B., que superó esta fase sin problemas en 2011, suspendió en 2016. Nadie le comunicó por carta -el trámite obligatorio que se siguió con otros candidatos- su suspenso, sino que tuvo conocimiento gracias a esos funcionarios del servicio de inteligencia con los que trataba. De nuevo, de manera verbal.

El CNI rechaza cualquier irregularidad

Antes de acudir a la Audiencia Nacional, este aspirante y su abogado se pusieron en contacto con el Ministerio de Presidencia para exponerles su reclamación. El departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría contestó, en base a los datos que le había proporcionado el CNI, que se habían respetado las normas del proceso de selección y que no había lugar a recurso alguno porque expirado el plazo de un año para interponerla, algo que rechaza el aspirante.

El denunciante ha encontrado respaldo en el Consejo de Estado, que emitió un informe sobre este asunto. Consideró que el plazo comienza cuando el aspirante no superó las pruebas de 2016, en junio de ese año, por lo que su reclamación “se ha presentado en plazo”. En cualquier caso, Presidencia volvió a rechazar la reclamación porque la confianza que el aspirante tuvo durante años de convertirse en analista del CNI, como le prometieron desde el Centro, es “una convicción psicológica subjetiva”. Con esa última negativa se abrió la vía judicial.

Ahora el Centro tiene que presentar el expediente del caso. Con esa documentación comenzará el proceso, en el que la Audiencia Nacional deberá determinar si este aspirante a analista del CNI merece una indemnización de 120.000 euros por las irregularidades en el proceso de selección.