El teniente coronel Balas interroga a dos generales que sufrieron una investigación a la UCO por filtraciones que hizo Ábalos
La irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) este miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil ha arrojado una imagen inédita. Agentes encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, por orden del juez Santiago Pedraz, han tomado declaración a tres generales de la Guardia Civil, superiores suyos. Dos de los generales son afectados por la investigación interna que se abrió en 2025 con el argumento de la filtración en los medios de mensajes entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del instituto armado. El tercero es uno de los dos generales a los que se ordenó investigar a sus subordinados. El otro estaba de viaje oficial y prestará declaración como testigo más adelante.
En mayo de 2025 comenzaron a ser publicados mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez. Las especulaciones sobre su contenido se desataron. La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil, al frente de la cual está el teniente general Manuel Llamas, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas relacionadas con esta y otras publicaciones de noticias relacionadas con los casos de Ábalos y Cerdán.
La apertura de informaciones reservadas auspiciaron los interrogatorios del entonces coronel al frente de la UCO, Rafael Yuste, y de su inmediato superior, el general de Brigada Alfonso López, responsable de la especialidad de Policía Judicial en la Guardia Civil.
Las fuentes consultadas aseguran que la presencia de la UCO en la Dirección General ha cogido por sorpresa a la cúpula del Cuerpo. Los agentes de Balas y el teniente coronel han permanecido en las instalaciones de la calle Guzmán el Bueno hasta el mediodía.
El reglamento interno obliga a que solo guardias civiles de superior graduación puedan tomarles declaración por el presunto incumplimiento del régimen disciplinario por parte de sus compañeros. Los dos designados para ello fueron dos generales de división. Este miércoles ha comparecido ante los subordinados de Balas, como testigo, uno de ellos, a la espera de que el otro vuelva de viaje oficial. Balas también ha interrogado como testigos a las supuestas víctimas de aquellas investigaciones internas, Yuste y López.
Balas y sus subordinados de la UCO han acudido con un auto del juez Santiago Pedraz, dictado en el marco de la investigación al grupo de Leire Díez por intentar interferir en las causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno y en las que actúa como policía judicial la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
“Inquietar a los investigadores”
El juez atribuye al grupo de Leire Díez la “pretensión” de “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales”. Una de sus actuaciones habría consistido, dice el juez, en “impulsar la sospecha sobre sus actuaciones [de la UCO] ante la Dirección General de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada”.
El auto del juez afirma que se abrieron “sendas” informaciones reservadas a guardias civiles por las publicaciones en prensa de unos mensajes de Ábalos “con otros miembros relevantes de su partido”, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esas investigaciones a miembros de la Guardia Civil por las filtraciones de los mensajes se abrieron pese a que “se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel”, en referencia a Ábalos, escribe Pedraz.
Los agentes se han presentado en la sede central del instituto armado con autorización para requerir toda la documentación incorporada a las tres informaciones reservadas. Un portavoz de la Guardia Civil reduce a dos esas informaciones reservadas. En cualquier caso, todas ellas fueron archivadas antes de convertirse en expediente disciplinario.
La información reservada es un paso previo a la apertura de expediente y sirve para determinar si hay indicios de que se ha producido alguna falta disciplinaria. En caso afirmativo se abre un expediente y se nombra instructor y secretario de las actuaciones, dirigidas a esclarecer la posible infracción. Cuando termina la instrucción del expediente, el instructor eleva una propuesta de sanción o, por contra, el archivo del caso.