La Audiencia Nacional apunta a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías
El PSOE contribuyó supuestamente a financiar las presuntas maniobras que habría llevado a cabo contra fiscales y mandos policiales la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez. Es la tesis que recoge el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el auto en el que acuerda requerir documentación y archivos electrónicos al PSOE en el marco de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” en el que su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, ejercería “un papel superior”.
El magistrado apunta que, en el marco de esas maniobras, Leire Díez habría contado con el “impulso y el soporte intelectual y/o financiero” del que fuera secretario 'número tres' del partido, que habría acordado remunerarla con “la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido”. Santos Cerdán, que acaba de ser imputado en esta causa, se encuentra investigado también en otras pesquisas sobre el posible amaño de contratos de obra pública.
Además, el juez Pedraz identifica el origen de estas maniobras en la reflexión de cinco días que anunció Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado. Fue en ese periodo de reflexión cuando Santos Cerdán convocó una reunión en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, a la que acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.
La Guardia Civil encontró en poder de Leire, durante su detención en diciembre pasado, una anotación que decía: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”. Este apunte concuerda con las declaraciones públicas de la propia Leire Díez y Pérez Dolset, según las cuales el empresario montó y pagó a un grupo de una veintena de personas dedicadas a buscar pruebas sobre supuestas irregularidades en las causas judiciales que se siguieron durante el Gobierno del PP. Pérez Dolset está convencido de que él es una víctima más de la brigada política, al nivel de los líderes independentistas o Podemos.
Los pagos a Leire Díez
Respecto a los pagos, el juez Pedraz sostiene que el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado en este caso, prestaría su sociedad como “vehículo” para los pagos a Leire Díez. En concreto, su consultora Zaño pagó a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses a partir de junio de 2024. En los mensajes interceptados, Leire Díez expresó sus dudas sobre el método elegido para el dinero que le quería “pagar” el entonces secretario de Organización del PSOE. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, escribió la exmilitante.
Tras cesar los pagos a Leire Díez a través de la empresa de Zarrías, el juez sostiene que esos abonos se empezaron a canalizar a través del abogado Ismael Oliver, que defendió a Koldo García. Esa operativa se habría realizado “falseando una nota de encargo” suscrita por la gerente del partido y por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Y que, para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez. Tanto la gerente como Oliver están imputados.
Los investigadores creen que, una vez Santos Cerdán accedió a trabajar con el grupo de Leire Díez, puso “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. El PSOE, añade el auto del juez, “soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos…) de algunos de sus miembros”.
En el auto también aparecen las alusiones que el grupo hace al supuesto conocimiento que tendría Sánchez de las maniobras que realizaban. Interpretación o no de Leire Díez consta un conversación del 29 de abril de 2024 en la que traslada a Vicente Fernández, el presidente de la SEPI: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.
Los investigados se refieren a la declaración institucional que puso fin a los cinco días de reflexión que se había tomado Pedro Sánchez después de que esposa fuera imputada por el juez Juan Carlos Peinado. Sánchez anunció desde Moncloa que seguiría siendo presidente del Gobierno y líder del PSOE. “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política y pública”, afirmó.
Expedientes a mandos de la Guardia Civil
La resolución apunta también a que la organización criminal centró sus esfuerzos en la figura de la empresaria Carmen Pano, quien sostuvo en sede judicial que había realizado hasta dos entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz por un montante total de 90.000 euros. Según el auto se habría ofrecido a Pano la cantidad de 50.000 euros “con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical” en relación con esas entregas de metálico en la sede del PSOE. Hasta ese momento sólo habría declarado en sede policial y se buscaba evitar que declarara en sede judicial. Antes de esa declaración, el abogado Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez quien le indicó que “negociara” con ella.
“Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra: Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge el auto. El juez Pedraz explica que del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende “la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz”, la abogada del asesor ministerial Koldo García.
El juez también atribuye al grupo la “pretensión” de “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales”. Uno de ellos habría consistido, dice el juez, en “impulsar la sospecha sobre sus actuaciones [de la UCO] ante la director general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada”.
En el auto del juez se dice que se abrieron dos informaciones reservadas a guardias civiles por las publicaciones en prensa de unos mensajes Ábalos “con otros miembros relevantes de su partido ”, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que “se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel”, en referencia a Ábalos.
Por este motivo, el teniente coronel Balas se personó esta mañana en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil al frente de un grupo de agentes de la UCO y requirió las informaciones reservadas abiertas, tal y como adelantó elDiario.es. Los investigadores de la UCO tomaron declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario que recibieron la orden de abrir las informaciones reservadas bajo sospecha.