Un testigo clave de la guerra sucia del Gobierno del PP contra Podemos renuncia a declarar en el último momento
La investigación de la guerra sucia contra Podemos que desplegó el último Gobierno del Partido Popular acaba de sufrir un revés imprevisible. Este jueves estaba prevista la declaración de un testigo clave, el exministro venezolano Rafael Isea, por videoconferencia desde Nueva York. Pero a 48 horas de que se produjera la comparecencia, las autoridades de Estados Unidos han informado a la Audiencia Nacional de que Isea declina asistir a la toma de declaración. Isea podía refrendar la grabación en la que un destacado miembro de la brigada política del Partido Popular le traslada, en mayo de 2016, que ha acudido a entrevistarse con él para evitar que Podemos alcance el Gobierno de España. El viaje respondía, según afirma en el audio el mando policial, a un “mandato” personal del presidente, Mariano Rajoy.
“Hace un momento supimos que el señor Isea ha declinado participar en la entrevista prevista para finales de esta semana”, reza en un correo electrónico recibido en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional este martes, según consta en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Isea había explicado con detalle en dos entrevistas a medios españoles el engaño que sufrió por parte de policías españoles para que ratificara una fotocopia de un documento de un pago a fundadores de Podemos con origen dudoso y varios errores.
Todo lo que ocurrió en el Consulado de España el 12 de abril de 2016 consta, además, reflejado en una grabación que adelantó moncloa.com en 2019 y que ha sido incorporada en su totalidad, más de una hora, a la causa que instruye Santiago Pedraz. Las partes habían sido informadas hace pocos días de que la declaración por videoconferencia seguía adelante y que tendría lugar a las 17:30 horas de este jueves, una hora poco habitual en los juzgados españoles y que respondía a la diferencia horaria con Estados Unidos. Hasta la recepción del citado correo.
El cambio radical de Isea se produce después de que las defensas de los miembros de la brigada política del PP solicitaran al juez que un informe pericial acredite la autenticidad de la grabación y la ausencia de manipulaciones. Pedraz acordó esa diligencia y suspendió por ahora la declaración como investigados de dos de los tres policías que intentaron manipular a Isea. Se trata del entonces jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, ya jubilado, y de una subordinada de este, inspectora jefe de la UDEF. El tercero de ellos, José Ángel Fuentes Gago, es quien pronuncia la frase sobre el “mandato” que habían recibido de Rajoy y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ya declaró como investigado.
Los hechos tuvieron en la primavera de 2016, dentro del semestre en el que toda la cloaca del Ministerio del Interior orientó su actividad a desprestigiar a Podemos para evitar que alcanzara un Gobierno de coalición tras las elecciones de junio. En ese periodo se filtró el informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. También se fabricó el bulo de la cuenta falsa de Iglesias en un banco de Granadinas, a la que el régimen de Chávez ingresaría fondos con idéntica finalidad. O la falsa operación de venta de 40 kilos de droga por Miguel Urbán en un bar de Malasaña.
La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. Para cuando se produjo el encuentro, el diario ABC ya había publicado un presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS, una fundación por la que pasaron varios de los fundadores de Podemos y que, efectivamente, trabajó para el Ejecutivo venezolano entre los años 2008 y 2010. La orden de pago era de 7,1 millones de euros, cuatro años antes de que se fundara Podemos. CEPS, que nunca llegó a tener vinculación el partido, ha reconocido los trabajos en Venezuela y ha desmentido la cifra.
Los policías acudieron a Nueva York a que Isea rubricara la autenticidad del documento, una fotocopia que había facilitado un colaborador de la Policía española con antecedentes por estafa. El propio Isea reconoce en el audio que ese individuo, el abogado José Aliste, le “genera vértigo, por decirlo ameno”.
Durante el encuentro con la Policía, Rafael Isea y su abogado muestran su preocupación por las consecuencias de su colaboración y por el hecho de que el documento se haya filtrado. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después.
El comisario García Catalán y su subordinada elaboraron un atestado a partir de la entrevista con Isea. Su contenido fue reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia. Isea acude este jueves como testigo a la Audiencia Nacional después de que haya reconocido los hechos en sendas entrevistas a El País y La Sexta.
Los policías españoles aparecen tratando de convencer al ministro venezolano de que libraban una batalla contra la corrupción. Los agentes reconocen que no pueden imputar financiación ilegal a Podemos porque ni siquiera existía el partido cuando se produjeron los hechos, pero quieren demostrar que sus líderes son unos defraudadores fiscales que no declararon los pagos del Gobierno chavista.
Durante la reunión se pronunció una de las frases más célebres que constan grabadas a un miembro de la brigada política. Fuentes Gago está intentando convencer al confidente de que España es un Estado de Derecho y que eso hace que la investigación que se inicie a partir de su testimonio no dependerá de quién gobierne el país. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, según consta en la grabación, incorporada ya a la causa y sobre la que Pedraz ha ordenado que se verifique su autenticidad.
En la ampliación de su querella, Podemos asegura que Isea “señaló numerosas irregularidades, tanto formales (formato del documento, uso de nombres incorrectos), como materiales (imposibilidad de comprometer gasto público en las fechas señaladas, falta de presencia del propio supuesto firmante)” durante el encuentro con los policías, tal y como demuestra la grabación. El exministro de Finanzas venezolano insistía, recuerdan los abogados del partido, en que no quería incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar“.
La representación de Podemos describe así el delito de falsedad documental cometido presuntamente por los policías: “A pesar de estas advertencias directas y de la evidente falta de viabilidad del documento, los querellados, en un claro concierto de voluntades y con el fin de crear un documento mendaz que sirviera a sus intereses espurios, redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas por Isea. De este modo confeccionaron un documento público, que no reflejaba la realidad de lo acaecido, presentando como una ratificación lo que en verdad fue una declaración plagada de cautelas y desconfianza por parte del testigo”.
La declaración del entonces jefe de la UDEF y su subordinada como imputados se ha visto postergada al análisis de la grabación que han solicitado las defensas y que podía resultar estéril si Isea hubiese confirmado el jueves lo que muestra el audio cuando se reproduzca en el juzgado. Pedraz lleva instruyendo la causa por la guerra sucia a Podemos dos años y siete meses. La instrucción avanza lentamente, sobre todo si se compara con otras que se sigue en el mismo juzgado, y recoge fuertes reticencias de Pedraz, la más llamativa negarse a investigar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Urbán.
El magistrado accedió en julio a que la Unidad de Asuntos Internos recabe el testimonio de Manuel Morocho, el inspector jefe que relató en el juicio de Kitchen cómo presenció las maniobras contra Podemos dentro del destierro forzado que sufrió por sus investigaciones al Partido Popular. En la causa está imputado el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos de la brigada política del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy.