Así lo han señalado a Europa Press fuentes del alto tribunal, que han explicado que este plazo es el estimado para la resolución de la medida que ha solicitado el gobierno de Puigdemont en el recurso contencioso-administrativo presentado este lunes contra la decisión del Ministerio de Hacienda.
La medida es cautelar, lo que obliga a dar traslado de la misma tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para que presenten sus correspondientes alegaciones al respecto.
Si el Gobierno de Cataluña hubiera solicitado esta medida de suspensión con carácter “cautelarísimo”, han explicado las mismas fuentes, el Supremo debería haber resuelto de urgencia en los próximos días, al no ser necesario en este caso escuchar a las partes.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció el recurso este domingo criticando que el Gobierno central había decidido esta intervención bajo “el amparo de ninguna ley”.
La controversia empezó a finales de la semana pasada, cuando Junqueras avisó por carta al Estado que no comunicaría más los gastos de la Generalitat, a lo que el Gobierno respondió con esta intervención.