El Gobierno ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que antes de las 14 horas le informe de los jueces y fiscales que han secundado la huelga convocada por todas las asociaciones menos las progresistas. Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes argumentan que el objetivo es “conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden”. “Esta comunicación es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados”, afirman estas mismas fuentes.
Los promotores —entre los que no están las dos únicas asociaciones progresistas— han optado por mantener la huelga a pesar de que el CGPJ decidió la semana pasada por unanimidad que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal. El órgano dio por no “anunciada” la convocatoria y rechazó establecer servicios mínimos, que han sido determinados por el comité de huelga.
Informa Elena Herrera.