Las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) respaldaron hoy el proyecto de ley impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, que levanta el secreto de 50 años impuesto a un informe que incluye testimonios de expresos políticos torturados.
“El derecho a la verdad debe primar por sobre el derecho a la privacidad de las víctimas. La verdad es patrimonio de toda la sociedad”, señaló Londres 38, una agrupación de exdetenidos, sobrevivientes y familiares de desaparecidos durante el régimen.
“No fuimos a declarar ante una comisión de verdad, para que luego ésta fuera silenciada”, aseguraron los representantes de la organización, que funciona en un excentro de tortura clandestino en el centro de Santiago, convertido hoy en espacio de memoria.
De esta forma, el colectivo mostró su total apoyo a la medida impulsada por Bachelet, quien ordenó su tramitación urgente para así hacer públicos los testimonios prestados ante la Comisión Valech en 2003.
Esta comisión creada bajo el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, estableció en base a testimonios de víctimas, victimarios y testigos, que unos 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante el régimen.
La decisión de la jefa de Estado desencadenó una polémica entre los diversos sectores políticos, civiles y las Fuerzas Armadas, que manifestaron su total rechazo al anuncio de Bachelet.
Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, acusaron a los militares de ser parte de un “pacto de silencio”, que impide hacer justicia y dar con el paradero de cientos de detenidos desaparecidos.
“Hay un intento de negar la memoria, lo que nos parece de una máxima gravedad. Los mismos que violaron los derechos humanos durante 17 años tratan de invisibilizar lo que ocurrió”, denunció Londres 38.
En esta línea, remarcaron que el secreto impuesto al informe de la Comisión Valech “sólo protege a los victimarios”, negando así el argumento utilizado por los detractores a su publicación de “resguardar la identidad de las víctimas”.
Añadieron que el Gobierno tiene la obligación de difundir estas historias, según lo establecido en el derecho internacional, porque los crímenes plasmados en el documento fueron “amparados por el mismo Estado” durante la dictadura.
“Continuaremos con nuestra lucha, porque el derecho a la verdad es un derecho país, además del 'nunca más', que por ahora no está garantizado”, concluyeron.
El expresidente Ricardo Lagos, impulsor de la Comisión Valech en su mandato, declaró la semana pasada a la prensa que el objetivo de la instancia era conocer los hechos, no hacer justicia, y que sus resultados “son un monumento a la verdad”.