Hace tiempo, escribí que convocar a un político a una comisión de investigación en el Parlamento no te suele llevar a ninguna parte. Lo mismo si tiene que declarar como testigo en un juicio. No es que los políticos mientan siempre –no es cierto–, sino que han desarrollado una gran habilidad para no contar toda la verdad, específicamente la parte de la verdad que les perjudica políticamente. Si se trata de un juicio y hay delitos de por medio, la amnesia alcanza niveles inauditos.

Por todo ello, estaba claro que la declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen iba a ser una demostración de desmemoria y cinismo. El expresidente tuvo que comparecer como testigo en las instrucciones de Gürtel y la propia Kitchen y ya demostró entonces que es capaz de negar la evidencia hasta extremos difíciles de creer. El PP nunca se financió con donaciones de empresarios no declaradas, decía. Él no tomó la decisión de reformar por entero la sede central del partido ni supo que la obra se pagó con dinero negro. El tesorero Luis Bárcenas nunca le informó de todos esos asuntos. Rajoy era el líder indiscutido del PP, pero no se engañen. Él sólo pasaba por allí. No le consultaban nada.

Con la desgana que siempre le caracterizó cuando le tocaba hablar de temas que no le gustaban, Rajoy negó los hechos conocidos, incluidos los mensajes que envió a Bárcenas y que supusieron un escándalo al aparecer en los medios de comunicación. El tesorero le pidió ayuda y él respondió en 2013: “Hacemos lo que podemos”. ¿Lo recuerda? En absoluto. Sólo le suena lo de “Luis, sé fuerte” y eso es porque lo lee todos los años en los periódicos. 

Desde luego que estaban haciendo lo que podían. Por eso se está celebrando un juicio en la Audiencia Nacional. La cúpula policial estaba intentando hacerse con los documentos de Bárcenas que podían perjudicar al Gobierno. Ya se había comportado igual haciendo de policía privada del PP al buscar pruebas que no existían contra los dirigentes de Podemos. Pero Rajoy está convencido de que todo fue legal. “Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. ¿Encontrar el dinero? Fue Suiza la que aportó esa información después de que la pidiera el juez Ruz. Esa parte también la ha olvidado Rajoy.

A lo que hay que unir que la operación se realizó fuera de cualquier tipo de control judicial, por tanto, sin informar al juez que investigaba a Bárcenas, y sin ninguna intención de entregarle los resultados de la investigación. Si no hubiera sido así, ¿por qué la fiscalía pide quince años de prisión para su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz?

Con María Dolores de Cospedal, ocurrió tres cuartos de lo mismo con el agravante de que negó cosas que ella misma había dicho en sus conversaciones con Villarejo y que el policía había grabado. Sobre lo de parar “la libretita” de Bárcenas, nada. A cuenta de contratar los servicios de Villarejo, que ya dijo su marido que no se estirara con la factura porque “estamos tiesos”, nada de nada. 

Cuando fue necesario, la magistrada Teresa Palacios intervino para frenar las preguntas de la acusación popular del PSOE que consideraba que estaban fuera de la causa enjuiciada. Tampoco se puede tratar a un testigo como si fuera un acusado. Al final, Rajoy jugaba en casa. El fiscal ni siquiera se molestó en hacerle una pregunta. Sólo faltó que le pusieran en la mesa una caña y algo de picar.

En definitiva, la justicia no podrá dictaminar un balance definitivo de lo que fue el Gobierno de Rajoy. Contra lo que piensa la derecha, los tribunales no establecen la verdad sobre la gestión de un Gobierno. Ahora pretenden que sean los jueces los que expulsen a Sánchez de Moncloa. Todos sabemos lo que ocurrió entonces en la Kitchen. Lo contaron hasta los medios de derecha. No importa cuántas veces Rajoy hable de la importancia de que se cumplan las leyes. Su Gobierno utilizó a la Policía para defender sus intereses y para atacar a sus rivales políticos. Que es precisamente, y perdón por el giro inesperado, lo que Donald Trump quiere que hagan el Departamento de Justicia y el FBI contra sus enemigos. Con poco éxito hasta ahora. A Rajoy no le fue tan mal.

¿Susana Díaz víctima? ¿En serio?

Hablaba antes de cinismo y tengo un ejemplo aún mejor, o al menos más divertido. Esta semana, The Objective ha sacado vídeos de la reunión del Comité Federal del PSOE en 2016 que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez. Esos días ofrecieron un espectáculo surrealista sobre la autodestrucción de un partido político, algo parecido a lo que pasó al PP cuando ajusticiaron a Pablo Casado. Algunos de los protagonistas de ese carnaval de Ferraz en el que los periodistas no podían creer lo que estaban viendo han reaccionado vistiéndose de actores interpretando un guion que no han escrito ellos, pero al que se han sumado gustosamente.

La mejor ha sido Susana Díaz. Sobre el momento en que Sánchez pide una votación secreta y algunos de los suyos preparan una urna para llevarla a cabo antes de que se haya decidido dar ese paso, la exlíder del PSOE andaluz ha dicho: “No lo he podido ver. Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar”. Siempre es alucinante que un político adicto al juego sucio se haga pasar por una débil anciana arrollada por un coche en un paso de cebra. Pensar que Díaz podía ser la víctima de alguien era algo que nadie hubiera creído en ese momento. Ella fue la ejecutora de los acontecimientos de ese día.

Ese Comité Federal se tuvo que convocar porque Díaz quería forzar la dimisión de Sánchez, que se oponía a conceder la investidura a Rajoy con la abstención. La andaluza ordenó la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva federal y envió a Verónica Pérez a Ferraz para que se autoproclamara “la única autoridad” del partido, otro momento chusco inolvidable. En la reunión del Comité, no aceptó la votación en urna. Sabía que pocos se atreverían a votar contra ella en público en una votación a mano alzada.

Hasta derramó unas lágrimas en una intervención mientras decía que “estaban matando al PSOE”. Igual que un pirómano que llora viendo quemarse el monte con la lata de gasolina en la mano. Ketty Garat, periodista de The Objective que ha conseguido las imágenes, afirma ahora que “con la imagen de Susana Díaz, casi se saltan las lágrimas”. Como no sea de la risa. Por cierto, el audio de ese discurso se conoció ese mismo día. Más allá del valor de las imágenes, no hay ninguna revelación que no se supiera ese día.

Emiliano García Page es otro de los que han aprovechado las imágenes para ajustar cuentas con Sánchez. Él estaba en el bando de Susana Díaz y ahora ha acusado al líder del PSOE de ser el responsable de lo peor de ese día: “Ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis”. Parece que en las próximas elecciones de Castilla La Mancha vamos a tener dos candidaturas antisanchistas, la del PP y la del PSOE.

Fue una lucha descarnada por el poder en la que todos dieron un espectáculo deplorable. Pero le viene bien al PP para sostener que Sánchez llegó al poder con un “pucherazo”, como ha dicho en numerosas ocasiones. Su victoria ocurrió después –parece mentira tener que recordarlo– cuando Sánchez ganó las primarias a Díaz contra el pronóstico de la mayoría de los medios y dirigentes socialistas. Sobre el incidente de la urna preparada detrás de una cortina, tampoco hay nada nuevo. Todos los medios lo contaron con bastante detalle, porque además era otro ejemplo del caos y la estupidez de esa jornada. 

La muerte os sienta tan bien

Como decía, el PP utilizó esos vídeos para continuar sus ataques al PSOE. Tellado dijo que ese Comité Federal fue “la primera prueba de que Sánchez era capaz de todo por el poder”. Vamos a ver, Sánchez es un amateur comparado con la futura alcaldesa de Lugo. Elena Candia ha aprovechado el fallecimiento de tres ediles socialistas y el apoyo de una tránsfuga del PSOE para presentar una moción de censura que tiene los números para salir adelante. Para que luego digan que la muerte es el final de todo.

La foto

Después de amarrar la investidura con el apoyo de Vox, María Guardiola pensó que se merecía algo parecido a una boda. Se llevó el acto protocolario de la toma de posesión al Anfiteatro Romano de Mérida que para eso es la presidenta de Extremadura. Puestos a hacer teatro, mejor a lo grande. Podría haber sido peor. Podría haber elegido la plaza de toros de Badajoz y aparecer vestida de torera. 

Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

“La OTAN no estaba allí cuando la necesitábamos y no estará allí si la necesitamos otra vez. Recordad Groenlandia. Ese gran trozo de hielo mal gestionado”. Donald Trump lanzó esta semana uno de sus mensajes demenciales en su red social. Lo escribió en mayúsculas, lo que suele ocurrir cuando está enfurecido, que es casi siempre. Los gobiernos europeos lo leyeron y debieron de pensar: allá vamos de nuevo. Todo porque EEUU ha prendido fuego a Oriente Medio con su ataque a Irán y ahora pretende que sus aliados europeos entren por la fuerza en el estrecho de Ormuz para permitir la navegación libre de los petroleros. Algo que hasta ahora él no se atreve a hacer con sus todopoderosas Fuerzas Armadas.

La segunda parte de la guerra (política) de Trump contra Europa vino con la noticia de The Wall Street Journal que cuenta que la Casa Blanca prepara castigos contra los gobiernos europeos que no han colaborado en la guerra. “La propuesta implica sacar a las tropas de EEUU de los países de la OTAN que no han ayudado en la guerra de Irán y colocarlos en países que han mostrado más apoyo”, decía el artículo. Además, el plan prevé cerrar “una base de EEUU en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos fuentes del Gobierno”.

Por lo que toca a España, hay que precisar un par de cosas. EEUU no puede cerrar ninguna base en España, porque no tiene ninguna. Son las bases españolas de Rota y Morón de utilización conjunta. Sí cuenta con una presencia muy relevante en Rota, absolutamente esencial para las prioridades de la Armada norteamericana en Europa y Oriente Medio. Es decir, no puede ser sustituida por otra base naval en Polonia por ejemplo o, por hacer un chiste malo, en la República Checa. El presidente de EEUU no puede legalmente sacar a su país de la OTAN sin permiso del Congreso, pero sí puede trasladar a las fuerzas militares desplegadas en el extranjero. No hay que ser un genio de la geoestrategia para saber que las FFAA de su país le implorarán que no tome decisiones que pongan en peligro su presencia en Europa y el Mediterráneo desde hace décadas.

Si a alguien le parece que Trump está siguiendo al pie de la letra el argumentario de Moncloa, no está muy equivocado. Todos estos arrebatos de Trump encajan como un guante en la estrategia adoptada por Pedro Sánchez de situarse como el dirigente europeo más activo en la denuncia de la guerra. Lo ha reiterado esta semana con su ataque a Netanyahu por la masacre del miércoles en Líbano: “Su desprecio por la vida y el Derecho internacional es intolerable”. 357 personas asesinadas en un ataque aéreo que no duró más de diez minutos. Hubo también 1.223 heridos. 110 de los fallecidos eran niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio libanés de Sanidad. Varios de esos bombardeos castigaron a zonas civiles de Beirut que no tienen ninguna relación con Hezbolá.

Los militares israelíes llamaron Operación Oscuridad Eterna al ataque del miércoles. Qué pasará por su cabeza al elegir un nombre tan siniestro y casi apocalíptico.

Netanyahu también ha cumplido el guion elegido por Sánchez. El viernes, ordenó que España sea excluida de la junta internacional de coordinación que supervisa el alto el fuego en Gaza y de la que forma parte una veintena de países. Es un organismo inútil, porque no ha hecho nada efectivo después de que el Gobierno israelí haya reducido el número de camiones que entran cada día en Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sobre su capacidad para iniciar la reconstrucción, se puede decir lo mismo. Todo ese proyecto ha quedado de momento congelado. 

Netanyahu acusa a España de estar embarcada en una “guerra diplomática” contra Israel. A lo que Sánchez podría responder: sí, desde luego. Por eso, ha pedido a la UE que suspenda su acuerdo de asociación con Israel, que concede al Estado judío innumerables ventajas económicas.

¿Quién quiere ponerse en España del lado de Trump y Netanyahu? No hay muchos candidatos, excepto en la extrema derecha. Con la velocidad máxima de un caracol, el PP está modulando su posición sobre la guerra. Como es de esperar con Alberto Núñez Feijóo, con frases genéricas y de sintaxis dudosa. Ya no se atreve a mantener el eslogan del primer día de la guerra (“con la libertad, contra los tiranos”) y lanza frases con las que dice estar en contra de la guerra, pero sin atreverse a mencionar a Trump o EEUU, no sea que se enfaden con él. 

En un acto en Barcelona, Feijóo mostró el viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. Sólo le faltó posicionarse a favor de todas las cosas bonitas de la vida, como los amaneceres y el amor a los seres humanos. ¿Se refería a Trump, a la guerra contra Irán, a la destrucción de Líbano? Quién sabe. “La barbarie se vence con sensatez”, dijo. Seguro que la crisis más grave en Oriente Medio en décadas se va a resolver con los consejos de un manual de autoayuda y sin señalar a los auténticos responsables. ¿Alguien necesita una mediación diplomática entre los combatientes? Ahí está Feijóo y sus generalidades que no le comprometen a nada, porque en realidad no está diciendo más que obviedades. 

Luego, están los exabruptos, como el de Ester Muñoz. Le preguntaron a la portavoz parlamentaria del PP en una rueda de prensa qué le parecía la agresión y detención durante una hora de un casco azul español en Líbano por militares israelíes. “Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, respondió. Espero que no fuera por un control de alcoholemia. Quizá se refería a atascos de tráfico en la carretera. 

Seiscientos militares españoles cumplen su labor en las fuerzas de la ONU en el sur de Líbano en una misión que dura varios años. En 2015, el cabo Francisco Javier Soria murió durante un enfrentamiento entre el Ejército israelí y Hezbolá. Sufren la hostilidad de los israelíes, que no los quieren allí. Afrontan un riesgo evidente en las últimas semanas, como prueban dos ataques sufridos por el contingente indonesio hace dos semanas en los que murieron tres cascos azules de esa nacionalidad. La frivolidad del comentario de Muñoz y la ignorancia que demuestra resultan ofensivas para los militares españoles. No ha pedido disculpas ni ha tenido tiempo para explicarse en su cuenta de Twitter. Son estas cosas que definen el estilo de un político.  

En el caso de que Trump retire sus fuerzas militares de Rota porque España no apoya una guerra ilegal que busca destruir Irán y Líbano sin conseguir derrocar al régimen de Teherán, Sánchez tendrá la oportunidad de responder: vale, no se olviden de cerrar la puerta al salir que hay mucha corriente en Cádiz. 

Segunda etapa del Rufián Tour

Gabriel Rufián continúa su gira por España en lo que podríamos llamar el Left Chaos Tour. Esta vez, su pareja de escenario fue Irene Montero en Barcelona. Aspira a que la próxima sea Mónica Oltra. Otra charla en la que el portavoz de Esquerra en el Congreso explicó todas las cosas que hace mal la izquierda. También lo que él piensa que debería hacer. Una de sus frases define su mentalidad: “Yo estoy harto de tener la razón” (lo dijo muy serio). Bueno, también comentó que no tiene “fórmulas mágicas”. Rufián no se corta a la hora de hacer el diagnóstico. Con lo de las soluciones, lo tiene más complicado. Como todo el mundo.

No opinan igual en su partido y se lo han hecho saber. Después del acto del jueves, uno de los portavoces de Esquerra creyó necesario recordarlo por escrito, en términos tan claros que admiten pocas interpretaciones. Una frase clave: “Queremos liderar todo el espacio de la izquierda en Catalunya. Sin migajas”. Esto último tiene que ver con algunos comentarios o rumores de los que se ha hablado, según los cuales Rufián estaría dispuesto a incluir a miembros de Podemos, que tiene una presencia mínima en Catalunya, en la candidatura de ERC en las elecciones generales a cambio de apoyar la campaña nacional de Podemos. Lo cierto es que eso no es lo que dijo Rufián en Barcelona. No sabría decir si es especulación o hay algo que se esté cocinando. En esos términos, no tiene mucho que ver con la unidad de toda la izquierda de la que tanto habla Rufián. Desde luego, a Esquerra no le interesa nada. 

No cabe duda de que Rufián se arriesga. Lanza ideas, metáforas, ejemplos... Algunas funcionan, otras no. No cesa de criticar lo que llama las formas tradicionales de comunicación en la izquierda, en lo que no le falta razón, porque no llegan a la gente y menos a los jóvenes. Algunos de los ejemplos que da chirrían o causan estupor. Es el caso de esta frase: “Yo prefiero llenar tiktoks que bibliotecas. Porque mi hijo mira TikTok. Sin renunciar a lo que soy”.

Nadie ha dicho que sean alternativas excluyentes. Y desde luego si acabamos en un mundo sin bibliotecas y con todos relacionándonos en TikTok, la estampa es terrorífica. Lo que busca Rufián es provocar y empujar a la izquierda a que adapte su discurso a distintos públicos y formatos. En realidad, los partidos utilizan casi todas las plataformas posibles para hacer llegar sus mensajes. Lo que es difícil es que funcionen igual de bien en todas. 

Los que tengan buena memoria recordarán que Donald Trump inició la guerra contra Irán con la intención de acabar con el régimen de Teherán para que sus ciudadanos recuperaran la libertad (una idea que Feijóo apoyó de forma efusiva). Luego prefirió justificarla con el argumento (falso) de que Irán estaba a punto de conseguir fabricar armas nucleares. Más tarde, habló de poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz causado por la guerra que él había comenzado. Esta semana, se dejó de infundios y exigió la rendición completa de Irán bajo la amenaza de la destrucción total: “Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra a la que pertenecen”. No suele ocurrir que alguien dispuesto a cometer crímenes de guerra lo anuncie sin ningún rubor.

Si Trump pretendía confirmar la denuncia de Pedro Sánchez contra una guerra que viola el Derecho internacional, no podría haberlo hecho mejor. Lo mismo se puede decir con sus ataques a los aliados europeos por no querer enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para asegurar por la fuerza la libre navegación de los petroleros, lo que supone implicarlos directamente en una guerra que rechazan. Trump no quiere aliados, sino súbditos que cumplan sus órdenes.

El impacto económico de la guerra ya es global. No se limita al precio del petróleo y de los combustibles. La interrupción del paso de los buques gasísticos y de los que transportan urea por Ormuz puede afectar a la producción de los fertilizantes imprescindibles en la agricultura, comprometer las cosechas en verano y provocar una escalada de precios de los alimentos. Los precios globales de los fertilizantes podrían subir entre un 15% y un 20% en la primera mitad de 2026 si continúa la guerra, según la FAO. En este punto, hay que recordar que las crisis alimentarias han estado detrás de muchas oleadas migratorias desde África y Asia. 

La guerra es un mal negocio para todos, excepto para las empresas de defensa. Europa necesita casi desesperadamente que los ataques a Irán terminen cuanto antes o que al menos no afecten a la navegación por el Golfo Pérsico. Esto último es imposible, porque se trata de la estrategia de defensa más eficaz con la que cuenta Irán. Su objetivo es hacer ver a todo el mundo que también saldrá dañado por la continuación de la guerra. 

Trump ha intentado subcontratar a sus aliados europeos y asiáticos la labor de abrir Ormuz a la navegación. No han sido tan estúpidos como para aceptar, pero sí han comenzado a moverse. El Gobierno británico promovió la celebración de una reunión por videoconferencia de 35 países el jueves con el fin de examinar las opciones. España no participó, no está claro si porque no fue invitada o porque no quiso asistir. Lo segundo es lo más probable. No cuesta mucho que te inviten a este tipo de citas que sirven para deliberar más que para tomar decisiones y también para reflejar el punto de vista del mayor número posible de países.

Las conclusiones de la reunión no fueron espectaculares. No es un problema que se arregle con comunicados. “Incrementar la presión diplomática” para que Irán permita la navegación libre por Ormuz. “Explorar” la aprobación de sanciones contra Irán si no accede. Trabajar con la Organización Marítima Internacional con el objetivo de liberar a los barcos atrapados con sus tripulaciones a ambos lados del estrecho. Y poco más. Macron ya ha dejado claro que la opción militar es inviable. Mientras prosiga la guerra, la navegación por el estrecho estará condicionada por los intereses de los países enfrentados. 

Eso no impide que Irán sea consciente del peligro que supone enfrentarse a todo el mundo. Ese mismo jueves, dos superpetroleros y un buque gasístico sin carga pudieron atravesar Ormuz. Esos petroleros transportaban en torno a cuatro millones de barriles de petróleo saudí y emiratí. Antes de la guerra, veinte millones de barriles pasaban cada día por el estrecho. También pasó un buque portacontenedores propiedad de una naviera francesa. 

El primer día en que Sánchez se posicionó contra la guerra, el PP respondió con el argumento de que el Gobierno español se había quedado solo en Europa. Será que el partido no tiene a nadie que sepa de relaciones internacionales o que reacciona cada día en función de los acontecimientos, pero pronto se vio que no era cierto. Macron, Starmer, Merz y Meloni acabaron ofreciendo un mensaje similar al de Sánchez. Feijóo había optado por el discurso de ficción por el que había que colocarse en el lado de la libertad y contra los tiranos. Los gobiernos europeos se dejaron de demagogias y admitieron que la guerra era ilegal e iba contra los intereses de Europa por muy detestable que sea el régimen iraní.

La videoconferencia de Londres permitió al PP reincidir en lo mismo y denunciar que los aliados ven a Sánchez como alguien “desleal, imprevisible y con el que no se puede contar”. Esa es precisamente la opinión de Trump sobre todos los aliados europeos, no sólo Sánchez, a los que ha llamado “cobardes” por no enviar buques de guerra a Ormuz para solucionar el problema creado por EEUU. De hecho, en el plano personal, Trump ha sido más despectivo con Emmanuel Macron y Keir Starmer (“lamentablemente, Keir no es Winston Churchill”) que con Sánchez. 

Sobre las relaciones de España con Washington, esta semana hemos visto varias noticias a cuenta de una supuesta investigación de EEUU sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Si los titulares parecían absurdos es porque lo eran. El Departamento de Estado puede pedir a su embajada en Madrid que le informe sobre cualquier hecho ocurrido en España. Forma parte de su trabajo. Pero no puede investigar nada ni es cierto el titular de ABC que decía que “la Casa Blanca exige explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo”. Un alto cargo del Departamento de Estado dijo en Twitter que “es imprescindible” que se investigue el caso. No hay nada que investigar ni explicaciones que dar porque la aplicación de la eutanasia ya pasó por todos los controles médicos y recursos judiciales necesarios.

Cabe la posibilidad de que EEUU utilice ese caso contra España en su propaganda. Eso es lo que menos debe preocupar al Gobierno español. En una entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez aparece descrito como el gran baluarte de la oposición a Trump en el mundo occidental. Seguro que es una distinción que no le desagrada. 

El misterio de los turistas desaparecidos

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, dijo hace quince días el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal. Se refería al impacto de las obras del AVE por los derrumbes ocasionados por las lluvias y que iban a impedir el enlace directo de Madrid a Málaga. “Málaga está completamente incomunicada”, avisó con un descaro increíble la consejera de Hacienda, Carolina España, presentando un escenario dantesco en el que la ciudad andaluza se arriesgaba a sufrir pérdidas millonarias en las vacaciones. ¿Habían cerrado el aeropuerto? ¿Las carreteras estaban cortadas? Se decía que los comerciantes debían demandar a Adif por el dinero que iban a dejar de ganar. El diario Sur, el medio más importante de Málaga, le dedicó una cobertura catastrofista que incluyó una noticia falsa abriendo la portada del periódico. 

Se habló en los titulares de pérdidas de 1.300 millones de euros sin que nadie tuviera claro cómo se había calculado esa cifra. Era un número varias veces superior a los ingresos (478 millones en un año con lluvia) que la Junta calculó para toda la comunidad en 2024. Pero la cosa no quedaba ahí. Un titular de El Mundo elevó las pérdidas a 2.000 millones.

Todo era una farsa que confirma el estilo del Partido Popular de hacer oposición. Las elecciones autonómicas de mayo hicieron que el PP se lanzara a tumba abierta para denunciar una crisis inexistente. En primer lugar, porque el enlace ferroviario no había desaparecido. Los pasajeros del AVE debían bajarse del tren en Antequera y coger un autobús con el que cubrir los últimos 50 kilómetros. Un inconveniente sin duda, pero que no iba a hacer que renunciaran a sus planes si querían viajar a Málaga. 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Al final, como era de prever, los turistas han inundado Málaga gracias al factor más relevante con las vacaciones de Semana Santa. Ha hecho buen tiempo y eso es lo que más influye en la llegada de turistas. Algunos dicen que ha sido por el peso del turismo internacional, otros señalan que la causa está en el turismo nacional. Ya el lunes el alcalde de Málaga dijo que el tema del AVE iba a tener una incidencia “mínima”. Y se ha confirmado. Pero por el camino el PP ya ha hecho caja de cara a las elecciones de mayo con el drama que no era tal. Y así es la política en España, para qué vamos a engañarnos.

Hasta el próximo domingo.

El infierno en vida de Noelia Castillo acabó el 26 de marzo. Por su propia decisión y después del control médico y judicial establecido por la ley, se le aplicó la eutanasia y su derecho a morir en paz. Algunas personas –su padre y la organización ultra Abogados Cristianos– convirtieron sus últimos meses en una pesadilla. Sus presiones y recursos judiciales no consiguieron hacerla desistir de su propósito. Toda su historia nos causa dolor, pero el final es el que ella quería. Es necesario repetir esto último tantas veces como sea necesario y no dejarse llevar por los argumentos de los hipócritas y de los que quisieron arrebatarle su dignidad hasta el último minuto de su vida.

Han pasado 601 días desde que ella expresó su deseo de morir para poner fin a tanto sufrimiento. No fue una decisión producto de un impulso. Su caso fue evaluado por 32 especialistas y se redactaron trece informes. Varios tribunales examinaron los recursos presentados. Todos los análisis confirmaron que Noelia entendía la gravedad de lo que estaba solicitando y que era plenamente consciente de su estado y de las consecuencias que suponía. No fue un final feliz y por eso nos resulta difícil celebrarlo –creo que ninguno de nosotros asociamos la muerte a la felicidad–, pero es el que ella quería. La vida no le había dejado otra opción.

El espectáculo presenciado en los últimos días no ha sido muy edificante, y no por culpa de ella. Los racistas han propagado mentiras sobre las violaciones que sufrió para aprovechar la historia en beneficio de su lucha contra los inmigrantes. Una cadena de televisión reincidió en lo que hizo en casos anteriores de sucesos y muertes de adolescentes ofreciendo un show morboso. Algunos políticos que quieren complacer a sus votantes que se oponen a la eutanasia han hablado de “un fracaso como sociedad”, un concepto vago que nunca concretan con las medidas que creen que deberían haberse tomado. Podrían proponerlas mañana mismo en el Parlamento si tan claro lo tienen, pero no lo van a hacer.

Hay un principio general que dice que los riesgos se multiplican cuando una noticia capta por completo la atención de la televisión. Servirá para que llegue a todo el mundo, pero aumentarán las posibilidades de que sea presentada como un espectáculo carente de toda nobleza. Se abusará del sentimentalismo y abundarán las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. Y todo eso con la esperanza de que la cobertura incremente las audiencias. 

El ejemplo más flagrante fue el del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Entrevistó a Noelia Castillo y a su madre después de que ellas lo aceptaran. Ángeles Caballero se pregunta si era necesario “seguir hurgando en esa herida con una cámara encendida delante”. Porque en estos casos siempre se dedica un número desmesurado de minutos y se le saca todo su jugo televisivo. Se juega con los sentimientos de la audiencia y se le recuerda que volverán a hablar del tema después de la publicidad. “Por supuesto, la música de piano de fondo, los gestos afectados y sobreactuados del plató. Las palabras huecas, que fagocitan cualquier atisbo de cordura, que también la hubo”. 

La frivolidad con la que se manejan estos asuntos no tiene nada que ver con las deliberaciones y decisiones que adoptan los organismos que participan en un caso de eutanasia. El informe médico-forense que avaló la eutanasia estableció que sus dolores eran “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y que no existía “posibilidad de mejora”. Estaba condenada a malvivir en esas condiciones toda su vida. Los  psiquiatras y psicólogos que la examinaron decidieron que “la patología que sufre no la condiciona para tomar decisiones”. Los tribunales certificaron ese diagnóstico. 

Si se hubiera respetado desde el principio la voluntad de Noelia, hace tiempo que su dolor habría terminado. En agosto de 2024, un juez aceptó un recurso de su padre e impidió que la eutanasia tuviera lugar. No voy a entrar a valorar sus intenciones. Me limito a incluir aquí lo que contó su hija en la entrevista de Antena 3: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”. 

El principal argumento de Abogados Cristianos, que representaba a su padre, consistía en dudar del estado mental de Noelia. En estos casos, todo se reduce a tratar a la persona que solicita la eutanasia como si estuviera loca. Querían imponerle su juicio moral sobre lo que significa la vida. Pero ha habido algo más. Han llegado a denunciar que el hospital había presionado para que se produjera “porque tenían comprometidos sus órganos” para un trasplante. No sólo es mentira, sino que es imposible legalmente. Los trasplantes se llevan a cabo cuando hay un compromiso previo del fallecido o lo autoriza su familia. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo explica en este vídeo.

Los sectores más reaccionarios han aprovechado el caso para cargar contra la eutanasia y expandir toda una serie de mentiras. Como era de prever, Santiago Abascal se ha distinguido afirmando que ella fue violada por dos menores inmigrantes, de lo que no existe ninguna prueba. Los ultras también han dicho que sufrió una agresión sexual en un centro de menores en 2022 (por entonces tenía 21 años). Noelia vivió en dos residencias para menores entre 2015 y 2019. Macarena Olona alega que le concedieron la eutanasia por tener depresión. La ley no permite eso. Ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio al tirarse desde un quinto piso. Las secuelas eran “permanentes e irreversibles”. 

En el ámbito periodístico, ha quedado claro el desprecio que sienten algunos por Noelia. Su opinión no les merece ningún respeto. Un columnista de ABC sostiene que los impuestos se utilizan para “ejecuciones”, que ha sido “un asesinato colectivo”. El jefe de opinión de El Español afirma que “el Estado español ha decidido matar a Noelia Castillo”. Hay que respetar a las personas que no aceptan la eutanasia por sus creencias religiosas, pero estas opiniones sólo están regidas por el fanatismo.

En el momento en que fue aprobada por ley en 2021, la eutanasia contaba con un amplio apoyo en la sociedad. Ya en 2018 un 85% defendía ese derecho, según una encuesta de Ipsos. El apoyo seguía siendo generalizado en 2024. Hasta ese año, 1.123 personas se habían acogido al derecho a poner fin a su vida. 

“Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron”, dijo Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la época en que fue abandonada por su familia por los problemas económicos y de otro tipo. “El sistema ha fallado. Es necesario revisar todos los procedimientos para ayudar mejor a las personas que tienen problemas y reforzar el acompañamiento y los instrumentos de apoyo”, opinó Juanma Moreno.

A los políticos les gusta decir que se necesita una profunda reflexión sobre los problemas complejos y luego no se les escucha hablar más del tema. ¿A qué medidas se refieren? ¿Hay que gastar más dinero en algunos organismos asistenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del PP o de otros partidos cuando han surgido iniciativas para luchar contra la pobreza o ayudar a las familias rotas?

Los que dicen que el sistema ha fallado ¿qué dijeron al aprobarse medidas que aumentan el gasto social o cuando se habló de apoyar a los menores inmigrantes que sufren más los efectos de la marginalidad, de no tener salidas con las que recibir apoyo y formación? ¿Qué opinaron cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ayuda a las familias pobres a salir adelante? ¿Qué han respondido cuando se pide como ahora que se impidan los desahucios de familias vulnerables? Y si una familia es expulsada de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿qué alternativas de vivienda les dan las instituciones responsables y el sistema económico?

No sirve de mucho decir que el sistema ha fallado si no se explica después qué cambios deberían hacerse para que vuelva a funcionar. 

Si sacas una pistola, tienes que disparar. No, no es un consejo para la vida cotidiana. Es un principio con el que el dramaturgo ruso Antón Chéjov explicaba que si introduces un elemento relevante en la trama de una obra, debes utilizarlo después. No puede ser intrascendente. El ejemplo que daba consistía en que si aparece un arma en la representación, alguien debería disparar con ella en algún momento posterior. No puede ser que un actor enarbole una pistola, lo que ya sabemos que no es habitual, y que no se vuelva a hablar de ella o que nos olvidemos de que alguien tiene un arma en su poder.

Sumar enseñó un arma este viernes al negarse a que empezara el Consejo de Ministros extraordinario que tenía que aprobar las medidas sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. Pasaron dos horas hasta que se consiguió alcanzar un consenso que permitiera su aprobación. Siempre dispuestos a insuflar más dosis de drama a la vida política, los medios de comunicación empezaron a sufrir palpitaciones. ¿Dispararía Sumar a Pedro Sánchez y dejaría su cuerpo ensangrentado sobre la mesa del Consejo? ¿Acabaría todo como una escena de 'Kill Bill'?

Chéjov sabía mucho de teatro, y su idea se ha empleado muchas veces en el cine, pero no tanto de política. En ese mundo, es habitual que los protagonistas se pasen toda la función enseñando armas y amenazando con abrir fuego, y sólo es una manera de recabar la atención del otro. Mira que estoy muy loco y lo mismo empiezo a disparar a todo lo que se mueva. Lo estamos viendo ahora con las negociaciones del PP y Vox después de las tres elecciones autonómicas celebradas. Se trata de aumentar o reducir lo que se está dispuesto a pagar por un acuerdo. Es lo mismo que regatear por el precio de un producto, como se puede apreciar en la escena de 'La vida de Brian'. “¿Diez? ¿Pretendes insultarme? ¿A mí? ¿Con mi pobre abuela muriéndose?”.

Al final, hubo acuerdo, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y se aprobaron dos decretos. Con el primero, se rebaja al 10% el IVA de los combustibles, el gas natural y los impuestos de la electricidad, y se congela el precio de la bombona de butano, además de otras ayudas a industrias, transportistas, pescadores y agricultores. Todo ello con un coste de 5.000 millones. Con el otro, se congelan los alquileres durante dos años. A pesar de los aspavientos previsibles, el primero será ratificado por el Congreso. Lo más probable es que el segundo sea anulado con los votos del PP, Vox y Junts. 

Es típico de la política española que algunos partidos digan que el Gobierno ha copiado sus propuestas, pero que eso no impida que estén escandalizados. No por una cuestión de derechos de autor, sino porque no van a cambiar su discurso de que el Gobierno es peor que la peste negra. El PP iba a enviar a Alberto Nadal a una rueda de prensa para que ofreciera la posición del partido sobre las medidas. Cuando vio que había discrepancias entre el PSOE y Sumar, cambió al mensajero y puso a Miguel Tellado ante los micrófonos para que diera cera. Sus primeros minutos fueron una colección de chistes, “una auténtica batalla campal entre ministros”, “duelo a garrotazos”, “un presidente chantajeado por los ministros de Sumar”. Parecía una película de Torrente. 

Tellado dijo que el Gobierno estaba copiando las ideas del PP, pero no se comprometió a apoyar el decreto de las ayudas fiscales. Es todo teatro, no al estilo de Chéjov. No se atreverán a tumbar unas medidas que favorecen a millones de personas. La primera reacción del PP fue distribuir entre los periodistas un montaje fotográfico en el que aparece Pedro Sánchez como líder del PP bajo un cartel de “menos impuestos”. Luego no la subieron a las redes sociales, porque era como decir que Sánchez había acertado con el decreto.

Para tenerlo claro. ¿Es el paquete fiscal aprobado por el Gobierno una medida de derechas, como viene a decir Tellado? Decir que algo es de izquierdas o derechas en función de si se suben o bajan los impuestos es una forma de hablar de economía que puede valer para las trincheras de las redes sociales, pero que no funciona igual de bien en el mundo real. Los impuestos son un instrumento para financiar políticas que pueden ser de izquierdas o de derechas, que pueden favorecer a muchos o a pocos. Eso sí que es cierto.

Las medidas con las que un Gobierno puede responder a un fuerte incremento de los precios de los combustibles no son muchas. Un recurso de efectos inmediatos consiste en reducir temporalmente la carga fiscal, que es algo que las finanzas públicas se pueden permitir ahora mismo en España. María Jesús Montero ha anunciado esta semana que se ha cumplido con el objetivo de déficit que se había fijado para 2025, con un descenso hasta el 2,5% del PIB. 

La alternativa es no hacer nada y eso es algo que los ciudadanos no toleran en tiempos de emergencia. Hay gente que sostiene que la solución sería topar los precios de los combustibles por decreto. No estamos hablando de un producto que se fabrica en España y al que se asigna un precio para que dé beneficios. Es imposible disociar el precio de la gasolina o el gasóleo del precio del petróleo, y esto último no es algo que pueda dictar el Gobierno o las empresas del sector. El más mínimo riesgo de desabastecimiento si el precio del petróleo continúa subiendo, pero no el de los combustibles es un riesgo real. Ningún Gobierno quiere ver colas en las gasolineras. 

Lo que puede hacer cualquier Gobierno es aprobar un impuesto excepcional a las empresas petrolíferas, que ya están aumentado sus beneficios. Es lo que hizo el Gobierno conservador de David Cameron en Reino Unido en 2011. Preveía recaudar 2.000 millones de libras, aunque la cantidad final fue muy inferior. Ese dinero se lo quedó el Estado para reducir su déficit y los ciudadanos no vieron nada de él. Pero un impuesto de esas características debe ser aprobado por el Congreso y, teniendo como tiene una mayoría de derechas, dudo mucho de que eso sea posible. 

Lo peor está por venir

Es imposible exagerar la gravedad del impacto económico de esta guerra. Es la mayor amenaza a la seguridad energética en toda la historia, ha dicho el máximo responsable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde hace décadas, se ha considerado el bloqueo del estrecho de Ormuz como el escenario de pesadilla que podría causar efectos impredecibles, pero en cualquier caso muy negativos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El volumen de exportaciones de gas que se ha perdido por el conflicto es el doble del que se produjo después de la invasión de Ucrania. En el caso del petróleo, supera al perdido en las dos crisis del petróleo de los años 70, según la AIE. Los daños sufridos por bombardeos son de tal calibre que la agencia calcula que se tardarían seis meses para recuperar la producción perdida si la guerra acabara ahora, lo que es una previsión demasiado optimista.

El mundo está mejor preparado para afrontar un shock energético que hace décadas. Dependemos menos de los combustibles fósiles que entonces. Hasta cierto punto. Después de llegar esta semana a los 111 dólares por barril, el precio del Brent para su entrega en mayo estaba el viernes en 108. Es una cifra que crea problemas económicos que no son insuperables. Lo peor está por venir. 

Una previsión hecha por fuentes de la industria petrolífera saudí y citada por The Wall Street Journal indica que el precio del barril puede superar los 180 dólares si la disrupción del mercado se prolonga hasta finales de abril. Calculan que en la segunda semana de abril ya estará en 150 dólares. No es el pronóstico más pesimista en el artículo. Los analistas de la consultora Wood Mackenzie no descartan que el crudo llegue a los 200 dólares en algún momento de este año si continúa la tendencia actual. Con esas cifras, sería imposible evitar una recesión en EEUU y Europa.

Hay una razón por la que EEUU nunca había aceptado llevar la guerra a Irán desde 2001. No intentas destruir un país que tiene la llave de Ormuz. Hay que agradecer a la locura belicista de Trump y Netanyahu que hayamos llegado a este punto. Irán no tiene medios militares suficientes para protegerse de los bombardeos. Su principal activo es su capacidad para atacar a otros países del Golfo Pérsico y hacer que todo el mundo sufra las consecuencias del conflicto bélico. El ataque israelí al mayor campo gasístico iraní ha sido el equivalente a jugar a la ruleta rusa. Por eso, Trump dijo que no supo del ataque con antelación, lo que probablemente es falso. 

Sólo hay un factor en el que España no sale tan perjudicada. Gracias a las renovables, al igual que Francia con la energía nuclear, no está tan expuesta a las subidas del precio del gas, cuyo precio se ha doblado desde enero, destaca el Financial Times. En Italia, el precio de la electricidad ha estado marcada por el gas en el 89% de los días desde principios del año. En el caso de España, ha sido el 15%. A España también le beneficia que el 20% de su electricidad proceda de la energía nuclear. En Italia, es el 5%, pero toda ella es importada.

Por acabar con una nota optimista, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales a última hora del viernes en el que dice que “estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos en la guerra”. Tiene que saber que si las circunstancias económicas empeoran, y lo harán si continúa el ataque a Irán, los republicanos se encaminan a una derrota clara en las eleccciones legislativas de noviembre. Pero es muy pronto para celebrar nada. Es mejor fiarse de los hechos que de las palabras de Trump. Ya sabemos que puede cambiar de opinión en cuestión de horas.

“Si alguna vez fuimos faro moral del mundo, está enterrado bajo las ruinas de Gaza”, ha dicho esta semana Josep Borrell en TVE. Ursula von der Leyen arrojó esta semana unas cuantas paladas más de tierra con su discurso en el que básicamente decía que Europa debe unirse al carro de Trump y Putin y abandonar la idea de un mundo con principios democráticos. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, dijo. Lástima que no sea ella la que se largue y no vuelva a aparecer.

No es extraño que sea una política alemana la que diga estas palabras después de haber dado luz verde a Israel para que cometiera un genocidio y convirtiera Gaza en un lugar inhabitable. Algunos países –como España, Irlanda y Bélgica– alzaron la voz contra esta carnicería. Alemania se ocupó de impedir que la UE tomara alguna decisión efectiva contra el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu. 

Con la guerra contra Irán, el panorama es diferente, porque las economías de los países europeos también se ven perjudicadas. Cuando Pedro Sánchez denunció que el asalto de EEUU e Israel vulneraba los principios del Derecho internacional, el Partido Popular se apresuró a acusarle de levantar una cortina de humo con la que tapar los problemas del Gobierno. La ceguera de este partido y su proverbial ignorancia de la política internacional quedaron pronto en evidencia. Reino Unido, Francia e Italia terminaron uniéndose al mensaje de Sánchez, cada país con sus propios matices. 

Algunos medios dijeron que Sánchez se iba a quedar solo. No tardaron mucho en virar en redondo ante las dimensiones económicas que podría tener el cierre del estrecho de Ormuz a los petroleros que surten de crudo a Europa y Asia. Quien se ha quedado en una esquina ha sido el PP, encerrado en su propaganda. Es un caso único en Europa. Resulta irónico que Giorgia Meloni respondiera a las críticas de la oposición italiana con esta frase: “No entiendo por qué la izquierda de nuestro país elogia a España cuando está haciendo exactamente las mismas cosas que Italia”. Que no se lo cuenten a Feijóo, que ya lleva bastante encima.

En comparación a la campaña de bombardeos de EEUU en Irán, la desastrosa invasión de Irak de 2003 se convierte en un prodigio de estrategia. La última revelación que hemos leído es que el Gobierno de Trump subestimó la opción de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. Se empezó a hablar de esta posibilidad en los años 80 durante la guerra de Irán e Irak. Parece que en Washington no se habían enterado de esta amenaza, que es en realidad la única carta estratégica a disposición de Irán en el peor de los casos para sus intereses.

Pero no nos quedemos sólo en lo que está haciendo EEUU. Israel está aprovechando esta ofensiva para atacar Líbano, sin que una vez más los países europeos hagan nada relevante al respecto. El Ejército israelí ha avisado a los habitantes de todo el tercio sur libanés, incluidas las ciudades de Tiro y Sidón, de que abandonen la zona. Allí viven más de un millón de personas. Los ataques a la infraestructura civil del país se suceden cada día. Al igual que hicieron en Gaza, amenazan a los libaneses con la destrucción total si no eliminan a Hizbolá, el grupo shií aliado de Irán, lo que sólo pueden hacer con una guerra civil. 

No hay distinción entre objetivos militares y civiles. El jueves, un dron israelí atacó una playa de Beirut convertida en un campamento improvisado de refugiados del sur del país. Murieron siete personas y hubo 31 heridos. “Fueron dos misiles. El primero mató a tres personas junto a la playa, pero cuando la gente se acercó a ayudarles, volvieron a tirar otro y eso creó el caos”, contó un testigo a Javier Espinosa, corresponsal de El Mundo.

Hasta ahora han muerto 773 personas desde el inicio de los bombardeos israelíes, de las que 103 son niños y adolescentes. Las personas que han huido de las zonas castigadas por los ataques son 800.000, que es el 14% de los habitantes de todo el país (5,8 millones).

Según medios israelíes, su Gobierno se prepara para lanzar una operación masiva por tierra en territorio libanés en una semana. Lo que viene a ser una invasión. Los mensajes de los políticos y los que se escuchan en la televisión israelí repiten las amenazas que se hicieron sobre Gaza, y que luego se cumplieron. “Necesitamos golpear y eliminar todo lo que haya en Dahiya, Baalbek, Tiro, Sidón, Nabatieh, todo”, dijo el exministro de Defensa Yoav Galant, refiriéndose a toda la zona sur del país.

Esa política de tierra quemada en la que los civiles son prescindibles es la que ha inspirado las cuatro invasiones realizadas en décadas anteriores y que nunca solucionaron nada. Hay que recordar que la fundación de Hizbolá fue una de las consecuencias de la invasión israelí de 1981. Cuarenta y cinco años después, los israelíes continúan creyendo que no hay problema que no se pueda solucionar matando gente. La diplomacia es una pérdida de tiempo, creen.

Israel sabe que los bombardeos aéreos no provocarán un cambio de régimen en Irán. Sólo acarrean sufrimiento a los civiles. Las guerras no se ganan desde el aire, contra lo que pensaban Hitler y Goering cuando lanzaron sus aviones sobre Inglaterra. Israel no quiere la paz en Oriente Medio, ha dicho Trita Parsi, del 'think tank' Quincy Institute. Lo que busca es la hegemonía regional a través de la destrucción o desestabilización de todos los demás países: “Para que Israel tenga seguridad total, todos los demás deben tener inseguridad total”. 

En España, hay algunos que niegan los hechos con la intención de que centenares de millones de personas en Oriente Medio vivan o perezcan en función de las necesidades políticas del Estado de Israel. José Antonio Zarzalejos escribe en El Confidencial que “Israel tiene que ganar la guerra”. Eso queda justificado por “la angustia existencial que anida en la sociedad israelí” causada por “la amenaza existencial” que supone Irán. En este tipo de artículos, ni se molestan en contrastar ese sentimiento psicológico, convenientemente manipulado por los políticos, con los hechos.

En 1992, Israel anunció que Irán estaba a muy poco tiempo, menos de un año, de conseguir la bomba nuclear. Han pasado 34 años. El acuerdo nuclear promovido por Obama hace una década garantizaba que Irán entregaría el uranio enriquecido en altos porcentajes y que su programa nuclear sólo pudiera destinarse a fines civiles. Israel lo rechazó y Donald Trump lo anuló al llegar al poder en 2017. Se opusieron al pacto porque mantendría a Irán como lo que es, una potencia regional. Para Israel, era insuficiente. Sólo aceptarían la destrucción completa de su enemigo con independencia de los efectos que tuviera en toda la región, que es lo que estamos viendo ahora. 

Contra lo que dice Zarzalejos, la supervivencia de Israel está asegurada. Es la mayor potencia militar de la zona, a una distancia inmensa de los demás países, está en posesión de un arsenal nuclear y cuenta con la economía más próspera. La mayor amenaza para su futuro está dentro de sus fronteras: la radicalización de la derecha y su lenguaje militarista, representados en el dominio que ejerce Netanyahu, y la confrontación entre la población ultraortodoxa y laica por los privilegios de la primera.

Los políticos que controlan la política israelí en este siglo prometen la guerra permanente y la intensificación del apartheid que niega los derechos más básicos a los palestinos. Es la institucionalización de la violencia, sobre lo que Zarzalejos no dedica una línea. Esta semana, se ha conocido la decisión de la fiscalía militar israelí de retirar los cargos contra los soldados acusados de cometer graves abusos contra un preso palestino en la base de Sde Teiman, donde llevaban a los detenidos de Gaza. 

Todo se supo gracias a un vídeo filtrado (se puede ver aquí) en el que varios soldados ponen contra la pared a un preso con las manos atadas, mientras otros tres tapan la escena con escudos para que las cámaras de seguridad no desvelen lo que están haciendo. El parte médico incluía varias costillas rotas, un pulmón perforado y laceraciones en la pared del recto ocasionadas por un cuchillo.

La fiscalía ha decidido que no puede proseguir con la acusación porque las pruebas no son concluyentes (eso incluye el parte médico) y porque la víctima fue incluido por el Gobierno en el intercambio de presos con Hamás. Fue el método empleado para que no pudiera declarar en el procedimiento judicial. La única persona que será acusada será la fiscal militar que hizo público el vídeo.

Uno de los acusados fue recibido como un héroe en un programa de la televisión israelí cuando se conocieron los hechos. Esta es la ansiedad que Zarzalejos cree que deberíamos proteger al desear que Israel gane esta guerra, no importa cuántos civiles iraníes o libaneses sean asesinados. 

La foto

La falla municipal de Valencia es un símbolo contra la guerra con Charlie Chaplin en su papel en la película '¡Armas al hombro!', de 1918. Mide 27 metros de altura y ha sido diseñada y construida por José y Alejandro Santaulalia.

“No podemos quedar aislados”, dijo Feijóo con esa cara que pone de estar muy preocupado. “Sánchez nos está posicionando fuera del núcleo de nuestros aliados”, afirmó Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso y de escasos conocimientos de política exterior. “El Ejecutivo socialista opta por una equidistancia que lo deja solo en el peor de los escenarios: el de la ambigüedad moral y la orfandad estratégica”, se explayaba el editorial de ABC. Huérfanos en mitad de Europa, clamaba la derecha. No nos caerán las migajas de la mesa. Nos moriremos de hambre.

Hay tan poca experiencia sobre política exterior en la dirección del PP que no hay que esperar mucho tiempo para que la realidad les estalle en la cara. A veces sólo tienen que pasar 24 horas o menos. Después de no atreverse a contradecir a Trump en el Despacho Oval, el canciller alemán Friedrich Merz rectificó y dejó claro que no iba a dejar sola a España frente a la ira de EEUU. Macron no tardó mucho tiempo en colocarse en el mismo punto en el que estaba Pedro Sánchez: “Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella”. Giorgia Meloni había estado callada varios días hasta que decidió que tenía que presentar su posición. Italia “no está en guerra” ni quiere “entrar en ella”. De repente, los que se habían quedado solos eran Feijóo y sus mariachis.

La decisión de Sánchez de no poner las bases militares españoles a disposición de la guerra norteamericana contra Irán provocó la indignación del PP. Ya sabemos lo que habría hecho Feijóo si hubiera estado al frente del Gobierno en estos días. El ministro de Defensa del muy derechista Gobierno de Meloni no está en esa línea. “El uso de las bases militares italianas será el mismo que el de las españolas y de Sánchez”, dijo Guido Crosetto. Lo que el ABC había llamado en su editorial “la enésima deslealtad de Sánchez” no es muy diferente a lo que después afirmaron en público los gobiernos de Italia y Francia. Vamos camino de que media Europa sea tan desleal como Sánchez.

En 2003, el Gobierno de Aznar decidió ignorar la posición de Francia y Alemania para ponerse del lado de EEUU en el proyecto de invasión de Irak. Ahora el PP parece que está cometiendo el mismo error con el agravante de que no hay ningún análisis estratégico que lo respalde. Al menos, Aznar tenía una idea definida sobre cómo debía ser la política exterior de España y empeñó su palabra en defenderla, también a cuenta de las armas de destrucción masiva, con las consecuencias conocidas por todos. En estos momentos, todo se reduce a decir lo contrario que Sánchez. 

Será que confían en que sus guardaespaldas mediáticos les salven la cara. Eso es lo que pasó el viernes. El ABC tituló a toda plana en su portada “Falso 'no a la guerra'”. Todo porque Sánchez decidió enviar una fragata a la misión encabezada por Francia para defender a Chipre de un posible ataque iraní. Chipre es un país de la UE y los demás socios tienen la obligación de defenderlo, según el artículo 42.7 de los tratados. Primero, criticaron a Sánchez por no colaborar con EEUU en la destrucción del régimen iraní y luego le criticaron por lo contrario. No se aclaran. 

La fragata forma parte del grupo naval de apoyo al portaaviones Charles de Gaulle que Macron mandó hacia Chipre. Abandonar esa misión aumentaba el riesgo u obligaba a buscarle una alternativa y Sánchez prefirió no ponerle las cosas más difíciles a Macron. Defender a Chipre no es lo mismo que atacar Irán, por si es necesario recordarlo, aunque a algunos les ha costado entenderlo. Es una manipulación a la que se unió alegremente El Español.

Un 68% de los españoles está poco o nada de acuerdo con la guerra, según una encuesta de El País (sólo el 36% de los votantes del PP la apoya). El 53% está a favor del veto al uso de las bases de Rota y Morón decidido por el Gobierno. Cerca del 26% lo censura. 

Los resultados no son muy distintos en la encuesta de El Mundo. A pesar de que su titular es “Sánchez activa la polarización masiva”, los datos muestran que el 62% rechaza la guerra. Un 51,6% cree acertada la decisión de impedir el uso de las bases (un 40,9% está en contra). Los españoles no están polarizados. Están muy preocupados por el desenlace de los acontecimientos, temen sus repercusiones económicas y no quieren que Trump arrastre a España a una guerra como ocurrió en 2003.

Por si acaso, porque sería estúpido pensar que la guerra traerá ventajas económicas, Sánchez ya se ha puesto la venda: “Tienen que ser conscientes de que lo que pueda suceder en sus bolsillos nada tiene que ver con las decisiones del Gobierno de España, sino con una guerra en Irán que es ilegal y que va a traer mucho dolor”. Le escucharemos responder eso al PP en el Congreso más de una vez. 

Evidentemente, los intereses de cada país europeo son diferentes. Las relaciones de Alemania con Israel condicionan su política exterior. Francia tiene el compromiso de defender al Gobierno de Líbano y además cuenta con una base militar en Emiratos. Reino Unido está prestando ayuda logística a EEUU, aunque Starmer ha dicho que no para acciones militares ofensivas, sino para proteger a los países del Golfo Pérsico (esa distinción no ha gustado nada a Trump). Polonia y otros países de Europa del Este se unirán a lo que diga Washington.

Por encima de las consideraciones específicas de cada país, los líderes europeos no querían esta guerra, entre otras cosas porque saben que sufrirán sus consecuencias mucho más que EEUU. No parece que tengan ningún control sobre las decisiones de la Casa Blanca. Trump sólo quiere aliados si le dan la razón en todo. Eso no quiere decir que vayan a emplear la misma retórica que Sánchez. Trump es como una granada de mano y los dirigentes europeos no tienen ganas de que les estalle en las manos.

Marco Rubio ha comunicado a los ministros árabes de Exteriores que la guerra puede durar varias semanas. Trump exigió el viernes la “rendición incondicional” a los dirigentes iraníes, que no se la van a conceder, un día después de alardear de que aspira a elegir personalmente al próximo líder supremo de Irán. Es una forma de imperialismo a golpe de la última ocurrencia del presidente de EEUU. Washington ha animado a los líderes kurdos iraníes a que se enfrenten con las armas al Gobierno de Teherán, lo que ha hecho que se hable del riesgo de que se desencadene una guerra civil.

Merz empieza a ponerse nervioso. Ha dicho que es imprescindible que se mantenga la integridad de Irán como Estado. “No queremos que se produzca un escenario sirio”, dijo refiriéndose al éxodo masivo que tuvo lugar en ese país. Siria tenía entonces unos 22 millones de habitantes. Irán cuenta con más de 91 millones. “Lógicamente, tenemos un gran interés en evitar nuevas oleadas de refugiados desde la región”, siguió diciendo. 

Trump y Netanyahu pueden destruir Irán y convertirlo en un infierno del que millones de personas intenten escapar, sea por la guerra o por la represión que pueda desatar Teherán. Merz, Meloni, Macron y Sánchez no quieren ser quienes paguen la factura mientras Trump busca otro Gobierno al que derrocar. Eso es algo de lo que Feijóo aún no se ha enterado. 

No se sabe qué es peor. Que en Génova no sepan qué hacer o que tengan una idea. Lo primero puede ser un error. Lo segundo a veces es una catástrofe. El viernes, Feijóo tuvo una idea que le pareció fenomenal. Castigar al Gobierno, apoyar a la monarquía y aprovechar una noticia que estaba en todos los titulares. Tres por el precio de uno. Una jugada maestra. Todo eso con un solo tuit. Es un genio.

Una vez desclasificados 153 documentos sobre el golpe del 23F, el líder del PP vio su oportunidad. Hora de echar un cable a Juan Carlos. Debería volver a España para quedarse. Es culpa del Gobierno que no esté aquí y los papeles confirman que es un héroe. En Zarzuela se llevaron un susto de muerte. Y tuvieron que reaccionar. Seguro que no desean ningún mal a Feijóo, pero lo que hicieron fue hundirlo en la miseria. Que es un lugar en el que el líder del PP ha estado demasiadas veces. 

Ojo cuidao. Muy pronto, Génova se ocupó de comunicar dos cosas. En primer lugar, había sido una iniciativa personal de Feijóo. Una idea suya desde el principio al final. Lo otro es que había llamado media hora antes a Zarzuela para que Felipe VI estuviera enterado. Qué detalle. Así el rey tuvo 30 minutos para golpearse con la cabeza en la pared y decir: no, otra vez no. 

No es la primera vez que el PP afirma que le gustaría que Juan Carlos regrese a España y abandone su residencia de lujo, que a saber quién paga, en los Emiratos. Por ahí, nada nuevo. Pero Feijóo quiso sacar pecho y presentarse como un gran defensor de la monarquía, no como ese Pedro Sánchez que quiere cargársela. Hasta que Felipe VI le sacó de su ensoñación y se vio obligado a hacer algo que no quería. Básicamente, para desmentir a Feijóo y volver a recordar a su padre lo que ya sabe.

La Casa del Rey entregó a todos los periodistas que preguntaron este texto que no es muy difícil de interpretar: “Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar su residencia fiscal en España”.

Ouch. Eso ha dolido. Un guantazo en toda la cara. Por decirlo de otra manera, un puñetazo a Feijóo propinado en la cara del exrey. Relacionar la estancia de Juan Carlos en el extranjero con cualquier cosa relacionada con los impuestos –los que no pagó cuando amasó una fortuna en el extranjero– es lo que esperas que escriba alguien en elDiario.es. Pero no Felipe de Borbón, rey de España, jefe de Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. 

La Casa del Rey recuerda a Feijóo que Juan Carlos no está sufriendo ningún exilio o que el Gobierno le impida volver. “Puede volver a vivir en España cuando él quiera”. Lo peor viene después. Debe dejar claro su situación fiscal, como si eso fuera complicado, para proteger su imagen y, lo más importante, la imagen de “la Corona como institución”. Traducido en términos menos amables: vamos a ver si dejamos de tocar los cojones con el regreso de Juan Carlos no sea que pongamos en peligro el futuro de la monarquía.

El regreso definitivo de Juan Carlos no es tan fácil por razones fiscales. Las declaraciones de Zarzuela en nombre del rey apuntan a ese obstáculo y lo dejan todo a expensas de una decisión del padre de Felipe VI. Tiene que regularizar su situación fiscal si pretende pasar en España al menos 183 días en el país. Para conocer en detalle lo que supone, este artículo de Álvaro Celorio lo explica muy bien. No le saldrá barato. Debe declarar todas las rentas percibidas en cualquier país del mundo, incluidas las ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones con independencia de dónde esté su cuenta de valores.

En relación al Impuesto de Patrimonio, “debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales”, dice el artículo. Si financia su estancia en España con sus fondos en el exterior o con donaciones entregadas por sus amigos empresarios, todo eso también tiene consecuencias fiscales. 

El problema se podría solucionar en parte si Felipe VI vuelve a conceder una asignación económica anual a Juan Carlos con cargo a los fondos que los presupuestos del Estado entregan a la Casa del Rey. No es fácil porque la razón que adujo el rey para quitársela fue que su padre contaba con una fortuna en el extranjero. Por tanto, si quiere regresar, tendría que llevar a cabo un ejercicio de transparencia que quizá no quiera hacer. Parece claro que Felipe VI no tiene la intención de perjudicar la imagen de la monarquía, y la suya propia, con más tratos de favor. Ni siquiera permitiendo que Juan Carlos vuelva a residir en el Palacio de la Zarzuela.

El PP ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez se defina en público a favor de la vuelta del antiguo monarca. Si lo hiciera, el Gobierno estaría poco menos que dando órdenes a Felipe VI. Las condiciones que ha puesto el rey a su padre dejan claro en principio que es Juan Carlos quien tiene que dar los pasos necesarios para hacer posible el regreso, no el Gobierno. 

Hay mendrugos en la derecha mediática que siguen diciendo que Juan Carlos fue “desterrado”, se supone que por el Gobierno. No les importan los hechos conocidos sobre la fortuna en Suiza del exmonarca o los comunicados de Zarzuela. Seguro que creen que los escribe Bolaños desde un sótano. Frente a tanta estupidez, conviene escuchar lo que dijo esta semana Carlos Alsina en Onda Cero: “Lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada. O sea, puede regresar cuando él quiera”. Alsina continuó diciendo que “parece obvio que, sin el tuit de Feijóo, la Casa del Rey no habría dicho ni media palabra”. 

Gran jugada, Alberto. Te hemos dejado en recepción el carné de miembro honorario de Izquierda Republicana. 

153 documentos del 23F de un interés escaso

En términos de transparencia democrática y memoria histórica, el mayor crimen en la Transición fue cometido por Rodolfo Martín Villa, ministro de los gobiernos de UCD hasta 1982. Ese Martín Villa que aparece en fotos haciendo el saludo fascista cuando era gobernador civil de Barcelona en 1974. Como ministro de Interior, ordenó destruir la mayor parte de los archivos policiales del franquismo. Lo contó en un libro Óscar Alzaga, dirigente de UCD en esos años: “España es el único país de Europa que, tras cuarenta años de dictadura totalitaria durante nuestro siglo XX, ha destruido, siendo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, sus archivos con los informes de las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil sobre las actividades de quienes desde la ilegalidad combatieron el franquismo”. 

Ese fue uno de los últimos servicios que Martín Villa hizo al franquismo en un intento de ocultar el alcance del aparato represivo de la dictadura. Por eso, pensar a estas alturas que una desclasificación de documentos del golpe del 23F iba a arrojar una luz definitiva sobre esos acontecimientos era demasiado ingenuo o demasiado bonito para ser verdad. Es una decisión que llega muy tarde y es inexplicable que se haya tardado tanto tiempo (no miro a nadie, Margarita Robles). 

Los hallazgos son mínimos. La mayoría de ellos había aparecido antes en libros publicados en años posteriores. Toda la documentación encontrada, según lo que ha dicho el Gobierno, se reduce a esos 153 documentos. No hay que ser un desconfiado para suponer que fueron destruidos los papeles que podían apuntar a personas concretas no conocidas en la preparación del golpe. A fin de cuentas, muchos integrantes de los servicios de inteligencia del Cesid estuvieron implicados, aunque al final sólo dos de sus miembros fueron condenados. 

Se ha hablado mucho de las transcripciones de las comunicaciones telefónicas realizadas entre el Congreso y otras sedes de la Administración en la noche del 23F. No se incorporaron al sumario de la investigación judicial, probablemente porque ya habían sido purgados. Como ha explicado Carlos Fonseca, la documentación aportada “es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años”.

Los papeles cuentan “muy poco o nada del contexto previo o de la gestación del golpe”, escribe el historiador Gutmaro Gómez Bravo. Ese es el mayor agujero. “Todo lo que ha trascendido a lo largo de estos años evidencia que no fue una acción militar aislada, sino que tuvo una coordinación con una potente estructura organizada con anterioridad”. En el juicio sólo fue acusado y condenado Juan García Carrés de la que se llamó la trama civil, que ya se ve en las conversaciones que era un personaje estrafalario, como el personaje de cómic Martínez el Facha. 

Siempre he pensado que si Juan Carlos hubiera estado implicado en el golpe, este habría triunfado de una manera u otra. Y no fue eso lo que ocurrió. Pero lo que hizo antes del golpe, su interés manifiesto en deshacerse de Suárez y su relación con Alfonso Armada son asuntos muy diferentes. Escribí sobre ello en este artículo a cuenta de las relaciones –idílicas al principio y tormentosas al final– entre Suárez y el rey. Pero ese es un tema que es improbable que haya sido conservado en documentos por lo que decía antes. Lo que podría resultar incriminatorio o sospechoso habrá sido probablemente eliminado.  

Razón de más para que el Congreso apruebe una Ley de Secretos Oficiales, una tarea pendiente desde hace varias legislaturas. Ni el PSOE ni el PP han mostrado un gran interés a lo largo de los años.

Ah, la unidad de la izquierda. Uno de esos temas míticos a los que siempre volvemos, como el continente perdido de la Atlántida o si fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides o unos extraterrestres a la búsqueda de nuevos mercados para su negocio de pompas fúnebres. La izquierda no socialdemócrata –a mí me gusta la palabra radical– siempre ha estado dividida. Que se lo pregunten a Marx y Bakunin. 

La cosa pierde su gracia cuando esa división, que de entrada no podemos considerar artificial, puede contribuir a una victoria nítida de la derecha y la extrema derecha en las próximas elecciones generales. Esa bala se esquivó en 2023 gracias a la formación de Sumar y su 12% de votos, aunque no fuera el único factor de esa remontada en el último minuto. Ahora ya no parece que existan las mismas opciones, aún más con la caída del PSOE, acelerada por el peso muerto que suponen las acusaciones contra Ábalos y Cerdán. ¿Está ya todo el pescado vendido o todavía hay tiempo de volver a salir a la mar?

Gabriel Rufián lleva tiempo agitando la caña y las redes y mostrándose dispuesto a subirse a otro barco (entiéndase, no a otro partido) con el que buscar caladeros de votos más propicios. En su estilo, es un comunicador nato, alguien que se prepara los discursos, y también los tuits, para que marquen la diferencia. Suele ser muy efectivo a la hora de cargar contra la derecha, lo que ayuda a explicar su creciente popularidad en esta legislatura de trincheras. No tanto cuando aporta alternativas. Es mucho mejor en el diagnóstico que en las soluciones. Ahí habría que añadir: como casi todo el mundo. 

Junto a Emilio Delgado, diputado autonómico de Más Madrid, el portavoz de Esquerra en el Congreso celebró un acto esta semana que en principio no pasaba de ser un coloquio o charla. Y eso es lo que fue. La expectación fue tan grande que parecía que iba a generar una fórmula ganadora. Hasta 25.000 personas llegaron a estar conectadas en YouTube a la retransmisión que hizo este diario. Aquí se puede ver el vídeo completo. 

Rufián comenzó con lo más concreto, lo que era su intención. Hacer un llamamiento a acuerdos previos entre partidos para que no se desperdicie ni un solo voto. Presentar una única lista de izquierdas por territorio con un programa de mínimos. “Si no, nos van a fusilar políticamente” (Rufián nunca se corta a la hora de insuflar dosis de drama). Suena práctico, pero roza lo inviable. ¿Quién decide en cada una de las 50 provincias quién es el más fuerte?

Si se hace a partir de los resultados de 2023, te encuentras con casos tan singulares como que los Comunes adelantaron en votos al partido de Rufián en la provincia de Barcelona. Está claro que Esquerra no va a renunciar a presentarse por esa circunscripción. Podemos ya ha dejado claro que su idea es presentarse en solitario o con todo aquel que acepte que ellos van por delante. EH Bildu y el BNG no están pensando en formar parte de una coalición con fuerzas del resto del país. Esa fórmula de todos juntos es la de la coalición Sumar, pero ni parece que vaya a tener la misma fuerza que en 2023 ni cambian mucho las cosas si le cambian el nombre y el candidato a la presidencia. A día de hoy, no se sabe si Yolanda Díaz será candidata, si volverá al Derecho laboral o si iniciará una nueva carrera como mariscadora en las Rías Baixas, lo que no resulta muy alentador. 

El viernes, Rufián precisó su propuesta: “Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente 1 pero tampoco significa que se presenten 14. Significa potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos. En plural”. Pero el problema sigue estando en las circunscripciones pequeñas, digamos las que aportan entre tres y ocho escaños, en amplias zonas de España donde la izquierda radical está en una posición minoritaria. Sumar revirtió esa tendencia en algunas de ellas hace dos años y medio. No está en condiciones de repetir el logro.

Rufián admitió que este tipo de acuerdos obliga a renuncias. Por otro lado, propuso “tres o cuatro puntos programáticos en común de las izquierdas”. Uno de ellos fue el derecho a la autodeterminación. Después del fracaso del procés en Catalunya, dudo de que eso sea una carta ganadora en la mayor parte de España. Más aún si no olvidamos que el procés supuso un rearme del nacionalismo español que estuvo inicialmente en el origen de la ascensión de Vox. Como bien sabe el PP, que empezó a perder votos a chorros a su derecha. Y no sólo no los ha recuperado, sino que continúa sufriendo una sangría en esa dirección.

Todos somos muy listos a la hora de recordar por qué algo no puede funcionar a nada que se aleje de la situación actual y tenga que superar innumerables obstáculos. No es tan sencillo construir algo diferente y arriesgado que sea efectivo. 

Los partidos nacionalistas han reaccionado a las ideas de Rufián con frialdad elegante, sin querer hacer sangre, pero confirmando que Esquerra, EH Bildu y el BNG están a otra cosa. En Podemos han sido categóricos. Ellos creen que son la única izquierda combativa y no van a repetir lo que hicieron en 2023. “A veces la vida no va de cantidad, va de calidad”, ha dicho Ione Belarra. Las elecciones sí que tienen que ver con la cantidad. Con la cantidad de votos que saques. 

Lo siento, pero no puedo dejar de recordar unas frases de la película 'La última noche de Boris Grushenko', de Woody Allen: “Lo que cuenta no es la cantidad de relaciones sexuales. Es la calidad. Por otro lado, si la cantidad baja a una vez cada ocho meses, pensaría en ello”.

El acto de Rufián y Delgado ha servido para que Sumar se quite la torrija que lleva encima y acelere la nueva edición de la coalición. El sábado, celebró un mitin en Madrid básicamente para anunciar que la mayoría de sus integrantes sigue en la misma onda. De las intervenciones, la frase más interesante la ofreció Lara Hernández que se comprometió a “construir una izquierda que vuelva a conectar con la calle”: “En este tiempo hemos perdido pulso y comunión con las gentes. Con paciencia, pero con determinación: hemos de estar fuertes en los barrios, en los centros de trabajo, en los institutos, en las asociaciones, las viejas y sobre todo las nuevas”. 

Sumar debe admitir que la correlación de fuerzas en el Congreso ha hecho que esta legislatura haya sido muy poco ilusionante. Razón de más para que esos partidos ofrezcan ideas nuevas, propuestas que puedan llevar a la gente a las urnas. No valdrá con advertir del peligro de la ultraderecha. Esa estrategia funcionó en 2023, pero ya no es una garantía. Las campañas negativas tienen su momento y a veces funcionan. No son un arma infalible. 

Al final, la unidad de la izquierda la tendrán que hacer los votantes. 

Mentiras y más mentiras

Lo dijo Juan Bravo, diputado del PP, en la sesión de control del miércoles. A Alberto Núñez Feijóo le pareció una idea tan buena que la repitió un día después en Granollers con la mención específica al tren. “Si se pagan impuestos como si fuésemos un país nórdico, no tiene ningún sentido que tengamos servicios de cercanías ferroviarias como un país subdesarrollado”, dijo Feijóo. Dos ideas y las dos son falsas. En España no se pagan impuestos al nivel de los países nórdicos ni con el IRPF ni con el IVA. Sobre el nivel de los servicios públicos se pueden hacer muchas críticas, pero si se sostiene que es idéntico al de un país del Tercer Mundo, también en relación al tren, se nota que no has viajado mucho. 

Y así es como se hace oposición estos días en España con el apoyo de una nutrida brigada mediática. Ya no es una cuestión de retórica inflamada, lo que no sería una novedad en un partido cuando está en la oposición, sino de contar mentiras cuya función es alimentar los prejuicios de la gente. 

La Policía del ICE tiene derecho a pedir los papeles en EEUU a cualquier persona que encuentren por la calle si la escuchan hablar en español o en inglés con acento hispano (convalidado por el Tribunal Supremo en 2025). Detienen a niños para forzar a sus padres a que salgan de sus casas donde se han refugiado para evitar ser detenidos. El Gobierno ha comprado inmensos almacenes en zonas aisladas para encerrar a decenas de miles de personas, la mayoría latinoamericanas, con vistas a su futura deportación. No serán dos o tres. El presupuesto es de 38.000 millones de dólares. Es difícil llamarlos de otra manera que campos de concentración (sin gas Zyklon B, todo hay que decirlo).

Es sin duda el mejor momento para que esa gran defensora de la hispanidad que dice ser Isabel Díaz Ayuso haya anunciado esta semana que entregará la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos. Es una distinción que ya concedió a Milei con lo que casi podríamos decir que está a la altura del Premio FIFA de la Paz que se llevó Donald Trump. “Celebramos con júbilo cada paso que EEUU da adelante en defensa de la hispanidad”, dijo. Nada la defiende más que montar una Gestapo con la que perseguir y aterrorizar a la población latina de ese país que no tiene papeles.

Ayuso hizo pública la decisión en un vídeo enviado a una gala de los trumpistas latinos celebrada en Mar-a-Lago, el complejo turístico de lujo en Florida propiedad de Trump, que es un poco como la zona cero del pesebre (aquí se puede ver una buena parodia del vídeo). Todos los que quieren congraciarse con el presidente van allí y pagan por el alquiler de sus salas. No hay nada que le guste más a Trump que hacer caja con sus activos inmobiliarios. Ayuso recibió una distinción que la coloca entre los favoritos de la comunidad MAGA. Javier Negre estaba en el comité organizador, lo que ya da una idea del nivel de los congregados. Hacen méritos para que Trump se fije en ellos y puedan pillar un pedazo generoso de la tarta.

Ante todo este panorama pavoroso que está afrontando la comunidad latina norteamericana, Ayuso justificó el premio por el hecho de que EEUU es “el principal faro del mundo libre”. Libre para todos menos para los inmigrantes, y sus hijos, que llevan años, algunos hasta décadas, trabajando en el país y contribuyendo a su progreso. El Gobierno de Trump ha declarado la guerra política a la Unión Europea y la acusa de ser responsable de una especie de colapso civilizatorio por culpa de la inmigración. Por no hablar de los aranceles concebidos como un castigo a las economías europeas y del resto del mundo.

Ahora mismo, EEUU es un faro de la oscuridad. La alianza estratégica de Europa y EEUU pende de un hilo. Sólo existe por el empeño europeo para que Washington no se desentienda de Ucrania. Dirigentes nada izquierdistas como el alemán Merz y el francés Macron saben que la UE no puede ya contar con el paraguas norteamericano.

Todo eso que llena páginas y declaraciones en los periódicos y 'think tanks' europeos no entra en la cabeza de Ayuso. Lo suyo es otra cosa. Busca los temas que más escándalo puedan causar en la izquierda y se aplica con pasión en meter el puño en la herida. Entiende la política como una confrontación agresiva en que al enemigo no se le respeta, sino que se le acuchilla. Adopta todos los temas más gratos para la extrema derecha, a menos que interfieran en su gestión, y les da legitimidad con el fin de ganar votos. 

Sus únicos principios se basan en la defensa de sus intereses personales. Le gustaba decir que los latinoamericanos que viven en Madrid no son realmente extranjeros. “La inmigración hispana no es inmigración. Un argentino o un venezolano en Madrid no es un inmigrante”, dijo. Pero cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que dará papeles a los inmigrantes que no los tienen (el 91% de ellos son latinoamericanos, según un estudio de Funcas), se revuelve rabiosa contra la iniciativa. Lo mismo que ha hecho Feijóo, que afirmaba antes que los españoles comparten “valores” con ellos. Será que los prefieren sin derechos y marginados. De otra manera, no se explica.

Unos días antes de su bautizo trumpista, Ayuso dio otro discurso. Esa vez, tocaba pulsar otra tecla típica de la extrema derecha. “Nos oponemos a la islamización de Europa, que pretende imponer un régimen autocrático paso a paso en todo el continente”, anunció en tono dramático. Abascal podría demandarla por derechos de autor. 

Forma parte de su discurso analfabeto en términos históricos sobre la civilización europea. Le gusta decir que venimos de Grecia y Roma, ignorando la historia antigua de España en la que los pensadores musulmanes fueron esenciales para traducir y difundir las enseñanzas clásicas. Pero eso supondría reconocer la aportación de la época dorada de la España musulmana y renunciar al mito falsario de la Reconquista. Ayuso y otros muchos reaccionarios mencionan además Grecia y Roma para no hablar de la Ilustración, el origen histórico auténtico de la Europa que se desarrolló siglos después. Elogian la civilización europea y se olvidan sin rubor de Auschwitz y dos guerras mundiales en el siglo XX, como si no hubieran ocurrido en Europa.

Ayuso dijo después que el premio era para un país, no para su Gobierno. Pocos le han creído. Su nivel de demencia política no ha pasado desapercibido para algunos que la suelen elogiar. El homenaje a EEUU en mitad de la estrategia racista de Trump ha recibido críticas de Pablo Motos y Vicente Vallés, que vienen a decir que la presidenta madrileña está desvariando. “Es un paso más en su avance hacia actitudes cercanas al trumpismo”, dijo Vallés en su informativo.

Ciertamente, Ayuso se parece cada vez más a algunas de las figuras principales del Gobierno de Trump, como la fiscal general, Pam Bondi. En una reciente comparecencia en el Congreso sobre el caso Epstein, Bondi perdió los papeles y recordó a los demócratas que deberían estar hablando de que el índice Dow Jones ha superado los 50.000 puntos. 

En su carácter caprichoso a la hora de imponer debates ficticios, su autoritarismo mezclado con la paranoia por creer que todo tiene que ver con ella y su lectura reaccionaria de la historia de España y Europa, Díaz Ayuso es realmente el faro del trumpismo en España.

Libros

El historiador Gutmaro Gómez Bravo publica 'Cómo terminó la Guerra Civil española' (Crítica), que incluye documentos inéditos con los que reconstruye las últimas semanas del conflicto, con un Ejército Republicano cada vez más agotado y dividido y un alto mando franquista dispuesto a aprovechar la situación para acelerar su victoria: “Estamos acostumbrados a versiones ideológicas opuestas, pero frente a la imagen de caída brutal y colapso por un lado y de victoria militar por otro, lo que hay es una negociación para el fin de la guerra y una rendición”.

Ta-Nehisi Coates es uno de los intelectuales norteamericanos más interesantes. En su nuevo libro 'El mensaje' (Capitán Swing), explica cómo la escritura continúa siendo la única forma de desentrañar las claves de un conflicto y de que los pueblos sometidos cuenten su verdad al mundo. A partir de sus viajes a Senegal, Palestina y Carolina del Sur en EEUU, destaca el poder de la palabra como la herramienta que servirá para responder a los relatos históricos con los que el colonialismo ha impuesto su verdad en varias zonas del mundo. 

Facebook para niños. Tres palabras con las que poner los pelos de punta a todos los padres del mundo. Sarah Wynn-Williams cuenta en el libro 'Los irresponsables' su experiencia de varios años como alto cargo de la compañía. Uno de los proyectos de los que escuchó hablar en detalle era montar una red social propia dedicada específicamente a niños y adolescentes.

No llegó a ponerse en práctica. Wynn-Williams cuenta algo que la mayoría de la gente desconoce. Los directivos de la empresa, que ahora se llama Meta, se ocupan de limitar con rigor el tiempo que sus hijos pasan con las pantallas: “En el trabajo, los padres presumen de no permitir a sus hijos adolescentes tener teléfono móvil, lo cual solo subraya que estos ejecutivos entienden perfectamente el daño que sus productos infligen en las mentes más jóvenes”. Para el resto del planeta, reclaman barra libre.

Pedro Sánchez cree haber encontrado una iniciativa que no dependa del cuerpo con que se levanten ese día Junts y Podemos. Puede incluso aspirar a recibir el apoyo del Partido Popular, aunque eso es más difícil. Es además coherente con su empeño de situar a España en la vanguardia de la contraofensiva ante el trumpismo reaccionario. El enemigo son las redes sociales. Su flanco débil donde el Estado puede actuar es su uso por los menores.

Al anunciar el proyecto con el que intentará prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, Sánchez habló de poner orden en lo que llamó el “Salvaje Oeste digital”.

El sheriff ha llegado a la ciudad y no está dispuesto a que los forajidos sigan campando a sus anchas. En la película ‘Los siete magníficos’, alguien pregunta a un hombre desde cuándo no permiten enterrar a un indio en el cementerio local. “Desde que el pueblo se civilizó”, le responde. Sánchez cree que esa civilización deja mucho que desear. Frente a los que piensan que los gobiernos europeos están impotentes ante el poder transnacional de los gigantes de internet, el presidente ha decidido que son adversarios que le convienen. El combate es desigual, pero la posible recompensa puede ser generosa.

Es sabido que cuanto más hay en juego, más grandilocuente puede ser el discurso de un político. El jueves, Sánchez reiteró sus intenciones con esta frase: “La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por los amos del algoritmo”. Los nuevos oligarcas de la comunicación se van a enterar. Y se enteraron muy rápido. Elon Musk llamó a Sánchez “tirano” y “fascista totalitario”. Sí, ese Musk que defiende las ideas racistas de la extrema derecha europea y que dijo que el partido ultra AfD era la única esperanza de Alemania. Pável Dúrov, dueño de Telegram, envió un mensaje no solicitado a miles de sus usuarios en España con un mensaje similar.

Dos multimillonarios extranjeros dicen a los españoles que defender las libertades en Europa pasa por defender su negocio. Es tan ridículo que no sé cómo creen que puede funcionar. Si Musk se inventa el mote “Dirty Sánchez” (el sucio Sánchez), ya estás imaginando al poderoso terrateniente dando órdenes a sus sicarios, habitualmente vestidos de negro, e indignado al ver que el nuevo sheriff quiere poner coto a sus desmanes.

Antes de que Sánchez empiece a imaginarse como Gary Cooper, la pregunta incómoda que hay que hacerse es: ¿cómo se controla a estas plataformas? Habrá que esperar al Consejo de Ministros del martes para saberlo. Qué sistemas de verificación de edad se podrán emplear. Cómo se solventarán las dudas sobre los riesgos de privacidad que supondrá presentar una prueba de la edad del usuario. Hasta qué punto se dificultará el acceso de los adultos a las redes sociales con el fin de proteger a los menores.

Australia ya ha dado ese paso, aunque no lleva tanto tiempo con la prohibición como para sacar conclusiones claras. Portugal y Francia están en ello. Nadie puede olvidar que pocas cosas han dejado de utilizarse o consumirse después de que un Gobierno las prohibiera. Los ejemplos en la historia son numerosos. Pero pocos defienden que el Gobierno debe resignarse a cruzarse de brazos cuando sabe que se está produciendo una actividad nociva.

Otras ideas del plan de Sánchez son más discutibles al no estar aún muy definidas. La elaboración de “una huella de odio y polarización”–expresión de Sánchez– es una de ellas. Siempre hay que desconfiar de los gobiernos que anuncian una solución fácil, y de ingredientes desconocidos, frente a un problema complejo. Y en definitiva ¿quién decide lo que es odio?

Muy en el papel de sheriff, el presidente amenazó con imponer la “responsabilidad penal” de los directivos de las plataformas si no retiran contenidos de odio o ilegales. Ese es un campo en el que la Comisión Europea ya ha tomado decisiones, en forma de multas a las empresas, y no querrá que los gobiernos de la UE se embarquen en una carrera represiva a ver quién es el más duro.

Si el plan se limita a la prohibición para menores de edad, el Gobierno puede contar con el apoyo del Congreso. El primer reproche que le hizo Alberto Núñez Feijóo consistió en decir que había copiado la idea al Partido Popular. Sumar vino a decir algo parecido. Luego se ha sabido que el PP sólo aceptará la prohibición dirigida a los menores, no el resto de las medidas de las que habló Sánchez. Todos los partidos son conscientes de que es un paso que tendrá el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Una encuesta de Ipsos en 2025 reveló que el 82% de los españoles estaba a favor de prohibir el uso de las redes sociales a los niños menores de 14 años, dos menos de los que ahora marca la propuesta de Sánchez.

Existe toda una literatura catastrofista sobre lo que el rock (no necesariamente satánico), los cómics y los videojuegos iban a hacer a los jóvenes. A veces suena algo similar a lo que se dice ahora sobre los móviles cuando los adultos no hacen un uso muy diferente de ellos. Pero con los menores es diferente. La idea que tienen la mayoría de los padres de que deben controlar lo que hacen sus hijos –en la medida de lo posible– se ha convertido en una quimera con la inmersión en las redes sociales. Los estudios han comprobado que el cerebro adolescente es vulnerable al diseño de las redes sociales que buscan atrapar la atención del usuario a toda costa. Sobreestimulación, ansiedad y miedo al rechazo por el aspecto físico son algunas de las consecuencias. 

Sarah Wynn-Williams cuenta en su libro que un día descubrieron que Facebook estaba ofreciendo en Australia a los anunciantes “la oportunidad de dirigir publicidad al segmento de usuarios de entre trece y diecisiete años en todas sus redes, incluida Instagram, durante los momentos de vulnerabilidad psicológica”. Podían hacerlo a partir de ciertas acciones del usuario, por ejemplo cuando borraban una foto suya, que revelaran que estaban “inseguros, estresados o sin valor alguno”. “Básicamente, cuando un adolescente se encuentra en un estado emocional frágil”, escribe. La empresa quería desmentirlo, pero ella comprobó que no podía hacerlo de forma creíble, porque era una práctica habitual en los departamentos comerciales de Facebook. 

Es una pregunta legítima que se puede hacer a los padres. ¿Quieres que sean Instagram, Facebook o Twitter quienes decidan cómo debe ser la educación emocional y hasta sexual que reciban tus hijos?

Qué ocurre cuando denuncian por acoso sexual a un alcalde del PP

Una concejal del PP de Móstoles (214.000 habitantes) denunció al partido el acoso sexual y laboral al que la sometió el alcalde, Manuel Bautista. ¿Cuál fue la reacción? Le pidieron que no hablara en público del tema. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, le dijo Ana Millán, número tres del PP madrileño. Isabel Díaz Ayuso se reunió con el alcalde, pero no con ella. Al conocerse los hechos por una información de El País, filtraron los correos de la denunciante para dar a entender que ella no le acusaba de acoso sexual, sólo de acoso laboral (aunque en uno de ellos Alfonso Serrano, el número dos del PP de Madrid, lo admitía de forma explícita). La filtración incluía el nombre de la concejal. La amenazaron con un expediente por “pasar información al PSOE”, de lo que no tenían ninguna prueba. En la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso dijo que todo era una conspiración contra ella. En la noche del jueves, el equipo de Ayuso –¿quizá Miguel Ángel Rodríguez?– filtró a algunos periodistas que ella había denunciado años atrás a un director de colegio en el que trabajaba por lo mismo. Era falso. La denuncia fue por coacciones y el director fue condenado por ello.

El viernes, el PP la amenazó con una demanda y denunció que los audios conocidos estaban manipulados. No podía negar que eran reales, pero alegó que les faltaba contexto. La excusa que alegan todos los acusados por corrupción a los que unas grabaciones les delatan.

Es el patrón de siempre. El acosador sólo quería ligar. Luego marginó a la mujer que se negaba a acostarse con él. ¿Pero cómo puedes acusarle de nada? Sólo quería ligar. La culpable es ella.

Feijóo dijo que el PSOE era un peligro para las mujeres cuando se supo, gracias a elDiario.es, que había denuncias de acoso contra el dirigente socialista Francisco Salazar. Después de todo lo que se ha sabido sobre el caso del alcalde de Móstoles en unos pocos días, ¿cómo habría que definir al Partido Popular de Madrid y a su líder, Isabel Díaz Ayuso?

En los años 60, el Congreso de EEUU no renovó un programa iniciado en 1942 que permitía la entrada de mexicanos en el país para trabajar en las explotaciones agrícolas. Así que en el verano de 1965 a alguien se le ocurrió una idea genial. Aparentemente. Convencerían a los estudiantes de instituto, chicos de 17 años en buena forma física porque formaban parte de las competiciones deportivas de los centros, para que trabajaran en la cosecha. Miles de ellos se apuntaron gracias a las razones esgrimidas por sus maestros. Les pagarían un sueldo y se lo pasarían bien. “El trabajo agrícola hace a los hombres”, decían los folletos enviados a los colegios. 

Fue un desastre. Sus condiciones de trabajo eran las mismas que las de los anteriores braceros mexicanos. Es decir, dormían en literas en dormitorios desvencijados, les daban muy mala comida y trabajaban soportando altas temperaturas. Muchos no duraron más que unas pocas semanas. Los agricultores estaban descontentos porque no hacían bien su trabajo. Los jóvenes se sentían explotados y tenían razón. 

El asunto llegó al Congreso, donde algunos políticos explicaron que el programa no tenía sentido. “Al denunciar las condiciones de trabajo como inaceptables para los trabajadores de EEUU, (el congresista) Roncaglio no admitió que eran las mismas que los braceros mexicanos habían soportado desde 1942”, escribió una historiadora en un libro posterior. 

La retórica xenófoba de que EEUU no necesitaba a tantos mexicanos en su economía chocó con la realidad. Sólo los inmigrantes, obligados a aceptar un trabajo duro que por otro lado no conseguían en su país, estaban dispuestos a aceptar ese tipo de vida. Los congresistas en Washington nunca habían sido conscientes de lo que supone trabajar en el campo. 

Es una historia no muy diferente a lo que vemos hoy en EEUU y Europa, quitando esa parte estúpida de pensar que los jóvenes podían hacer el trabajo de adultos mucho más sacrificados. Partidos de la derecha y la extrema derecha alegan que hay demasiados inmigrantes en España. Más allá de sus ideas xenófobas, ignoran por completo la realidad económica del país. No es que sea necesario estar muy atento. Es un proceso del que ya se hablaba hace décadas, mucho antes de que aumentara la población de origen extranjero. Sectores como la construcción y la agricultura, a los que ahora habría que sumar el de los cuidados y una buena parte del sector de servicios en las zonas turísticas, no pueden funcionar sin los inmigrantes. Y además esas personas aportarán mucho más a la economía y será más difícil que sean explotados por empresarios sin escrúpulos si cuentan con papeles que legalicen su estancia en España.

La falta de papeles genera abusos y también marginación y furia. El inmigrante despreciado por la sociedad termina pensando que no debe nada a nadie, porque nadie hace nada por él. Esa alienación, a falta de una palabra mejor, es un pésimo resultado que hace imposible la integración, que es el objetivo al que dicen aspirar la mayoría de los partidos.

La noticia de que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de regularización de extranjeros que podría beneficiar a medio millón de personas ha causado el rechazo total del PP y de Vox. Lo de la extrema derecha era previsible. El racismo es el punto principal de su programa político. Sólo hay que ver su propaganda en Twitter, donde Sánchez aparece entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí cuando serán los latinoamericanos los que más se beneficien.

Lo del PP es menos entendible. Por la parte política, sí. El partido de Alberto Núñez Feijóo está aterrorizado ante el crecimiento de Vox en los sondeos en los últimos dos años y cree que debe endurecer su discurso contra la inmigración para impedir la huida de sus votantes. Pero no estaría de más exigirle un mínimo de coherencia. Esta regularización no es muy diferente a la que promovió el Gobierno de Aznar y después el de Zapatero. 

Inevitablemente, han recurrido a la alarma por el posible efecto llamada. Eso no fue lo que ocurrió tras la regularización de Zapatero. El número de llegadas de extranjeros se redujo en un contexto de crecimiento económico o al menos eso es lo que detectaron los estudios realizados sobre el tema. Feijóo se ha apresurado a anunciar que llevarán el tema a Europa. No se ha cansado de encajar derrotas en Bruselas. La Comisión Europea ya le ha recordado que el tema pertenece a las competencias de cada Estado. Sobre lo que dijo Santiago Abascal de que la medida perjudica “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, hay que saber que conseguir papeles y un permiso de trabajo en España no te da también ese permiso para trabajar en Alemania. 

El PP se sumó a otro bulo absurdo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Tener la residencia legal no te da el derecho al voto en unas elecciones generales. Para eso, hay que tener la nacionalidad, y ese es un proceso que en la práctica dura muchos años, no sólo los dos años mínimos establecidos por ejemplo para los que llegaron de países latinoamericanos. Hubo que esperar al viernes para que reconocieran algo que en el fondo ya sabían. 

Para recibir los papeles, los inmigrantes tendrán que probar que no tienen antecedentes penales. A la búsqueda de algo que atraiga a los votantes de Vox, a Feijóo se le ha ocurrido reclamar que se incluyan también los llamados antecedentes policiales en otro intento de relacionar inmigración con delincuencia. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que impiden dar ese paso. Incluso aunque se cambiaran las leyes en el Parlamento, quedaría el hecho de que ser detenido por la Policía no acaba con la presunción de inocencia.

Tanto Feijóo como Díaz Ayuso establecieron diferencias entre inmigrantes con la intención de pedir que los de origen latinoamericano deberían tener un tratamiento especial al compartir con nosotros el idioma y algunos supuestos valores comunes. “Los hispanos”, dijo Ayuso en 2024, “no son inmigrantes”, porque en España “están en su casa”. Según una estimación de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes en situación irregular es de origen latinoamericano, por lo que serán los más beneficiados por la nueva medida. De repente, al PP, que buscaba atraerse el apoyo de ese colectivo, se le ha apagado el entusiasmo. Ahora, Feijóo afirma que la regularización traerá “problemas de convivencia”. Resulta que los latinos que antes estaban “en su casa” ahora nos traerán problemas.

Soy consciente de que a mucha gente le molesta que se haga énfasis en motivos económicos para explicar las ventajas de regularizar a los sin papeles. Dependiendo de cómo se explique, puede parecer que sólo se les considera herramientas con las que conseguir beneficios económicos. Hacen los trabajos que nosotros no queremos, así que vamos a explotarlos. Aquí hay que recordar una frase de Ayuso en la Asamblea de Madrid dirigida a Vox por la que recibió críticas: “Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas”.

Explicado así sonaba un poco clasista al limitar todo a una cuestión de conseguir mano de obra, preferiblemente barata, para ciertos trabajos que nos hagan la vida más fácil, empezando por lo de limpiar nuestras casas. Los inmigrantes no vienen a España a quedarse con los empleos duros, sino a construir un futuro para ellos y sus hijos y con ello contribuyen a la prosperidad del país. Muchos lo pueden hacer con la formación universitaria que recibieron en sus países o con nuevas habilidades que obtienen en una economía más desarrollada. Otros tienen que conformarse con empleos más exigentes y peor remunerados. Como les pasa a los españoles que han nacido aquí.

Tampoco se puede obviar la cuestión demográfica. Desde los años 80, se viene hablando del descenso de nacimientos en España, un riesgo a largo plazo para toda la sociedad. Los países que pierden población de forma persistente durante décadas no suelen ser los más prósperos. La llegada de millones de extranjeros ha contribuido a atenuar el problema, cosa que no han hecho los gobiernos españoles con ayudas económicas tan escasas como irrelevantes para aumentar la natalidad.

Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente. En 2025, nacieron 72.000 niños, un 7% menos que el año anterior. Los fallecimientos fueron 124.200. La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1. 

El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración.

Ahora que el PP y Vox compiten para ver quién es el más xenófobo, sería divertido recordarles la decisión que tomó Giorgia Meloni el año pasado. El Gobierno italiano anunció en junio que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028. Es una cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025. Como siempre en estos casos, establecer programas de migración legal no siempre afecta al número de personas que llegan por los aeropuertos y que deciden quedarse después de forma irregular. 

La Meloni idolatrada por Vox y a la que Feijóo ha elogiado sabe que su país necesita a esos trabajadores extranjeros. La única duda es cómo poner en práctica esos mecanismos para que sean efectivos. 

No hay que ser un genio para hacer las cuentas. En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España. 

¿La foto habitual cuando las autoridades del Estado visitan la escena de una tragedia o un ejemplo de la diferencia entre la España oficial y la España real? ¿Se ha metido la Casa del Rey un gol en propia meta o es sólo que la ultraderecha ha decidido que la monarquía no puede librarse de su impugnación total al sistema político de la que se sirve para ganar votos?

La foto es real, por si es necesario recordarlo. Fue hecha por el fotógrafo oficial de Zarzuela y puede encontrarse en su página web. Un número de personas sorprendentemente alto se preguntaba en Twitter si lo era. Tenía que ser una creación hecha por la IA de la red social. Les parecía tan intolerable que sólo podía ser una falsificación. Lo que estaban haciendo, más allá del humor gamberro y a veces divertido de las redes sociales, era volcar sus prejuicios alimentados por Vox y todos sus satélites ultras. 

Aparecen Felipe VI y Letizia junto a Óscar Puente, Juanma Moreno, María Jesús Montero y un mando de la Guardia Civil. No se puede negar que la fotografía es buena, como suele ocurrir con las imágenes que admiten lecturas muy diferentes. Muchas de ellas son erróneas. Eso no es poco habitual. Una foto captura un instante muy concreto que dura menos de un segundo y que puede dar lugar a interpretaciones correctas y otras bastante locas. En esos casos, no es raro que veamos lo que queremos ver, no lo que realmente está sucediendo.

Algunos decían que parecía que estaban posando para la foto. Falso. Un vídeo de ese momento confirma que los protagonistas estaban mirando al mismo punto por las indicaciones que les daba Óscar Puente. Otros decían que el fotógrafo les había pillado desprevenidos. Era el fotógrafo oficial de Zarzuela, así que no creo que esa fuera su intención. Es cierto que eso daba lugar a una imagen un poco ridícula, como cuando a los actores les pillan en una situación embarazosa en una película y la imagen se congela. Tiene un punto gracioso, pero solo eso. 

La parte izquierda de la foto es la que le da un mayor valor. Al fondo, aparecen el tren de Iryo accidentado y un grupo de trabajadores realizando su labor. Eso es lo que permitió todo tipo de comentarios sobre el contraste entre los que trabajan y los que miran. Opinar es libre. Conviene prestar atención a las intenciones, que en muchos casos son bastante obvias.

Tanto los reyes como los responsables políticos de las distintas administraciones suelen viajar al lugar de un accidente de consecuencias dramáticas. Es una forma de informarse en el lugar de los hechos y mostrar solidaridad con las víctimas. A veces, hay una carrera por acudir a ese lugar que parece excesiva. No hay que olvidar que si no se desplazan a ese sitio, habrá gente que les critique por no hacerlo. Si lo hacen, por lo contrario.

La mayoría de los comentarios en redes procedía de gente de extrema derecha. No es la primera vez que critican al rey por aparecer en actos públicos con miembros del Gobierno. Sostienen que eso sirve para “blanquear” al PSOE o a Sánchez, un comentario ridículo. El rey siempre viaja acompañado de un ministro, a veces más de uno. “Que la Casa Real se deje arrastrar por la caída del PSOE es para hacérselo mirar”, dijo un periodista que se hizo famoso con los bulos del 11M. El jefe de opinión de El Español dijo que le parecía “un gravísimo error” por “hacerse la foto con los responsables del accidente (y miembros de un gobierno corrupto)”. Es difícil saber cómo puede Zarzuela organizar una visita e intentar que sea clandestina prohibiendo que se hagan fotos.

Un coautor de una biografía de Franco, junto a Stanley Payne, afirma que la foto confirma que España es “un Estado fallido”. A un subdirector de OK Diario le parece “inconcebible que los reyes se hayan prestado a esta foto”. Como si alguien les hubiera pedido permiso. “Puede ser una de las fotos más lamentables de la Historia de España”, dice un tuitero ultra. Será que hay pocas donde elegir.

Todo parte de la idea de que el Gobierno es ilegítimo, el peor de la historia de España o que está lleno de delincuentes que deberían estar en la cárcel. Todo aquel que aparezca en una foto con un ministro está convirtiéndose en cómplice de ellos. Por eso, porque Felipe VI no se ha levantado contra Sánchez, su imagen entre la extrema derecha se ha resentido. Y no es que el rey sea un gran fan de Sánchez, es sólo que está obligado a respetar sus labores institucionales. 

La foto estaba destacada el jueves en la web de la Casa Real. No era la única. Aparecían también otras fotos de la jornada. Por las críticas recibidas en redes, después pusieron otra foto encabezando la cobertura, pero la imagen polémica no desapareció, como decían algunos. Pasó a formar parte de la galería de fotos junto a las otras.

Más allá del sello político de los cabreados por la foto, ha habido momentos para el cachondeo que hay que reconocer. Por ejemplo, convertir la foto en un cuadro en una exposición. O hacer que el cuadro tenga un estilo más oscuro y siniestro, casi como si fuera una pintura de José Gutiérrez Solana. Incrustar un obispo y un torero. Y el colmo de la gamberrada: convertirla en un breve vídeo con todos bailando. 

Lo del contraste entre la España oficial y la real se ha escuchado en otras ocasiones. Siempre resulta un tanto extraño. ¿Quién elige a la España oficial, si entendemos por ella los integrantes de gobiernos y parlamentos, si no es la España real? ¿O hay que incluir a los votantes en el establishment? Desde luego que esto último existe, y abarca mucho más que el sistema político, pero es propio de la ultraderecha afirmar que los elegidos en las urnas –al menos cuando gobierna la izquierda– son unos traidores al país. Porque lo dicen ellos. 

En una tragedia, es fácil manipular las emociones de la gente o los testimonios de los damnificados para promover un sentimiento de furia y dirigirlo contra el Gobierno mucho antes de que se conozcan las causas del accidente. Lo hicieron en la pandemia y vuelven a intentarlo ahora.

Puente da la cara

El estilo Moreno ha durado lo justo en el PP. Eso de que las administraciones mostraran un frente unido ante la tragedia ha sido difícil de aceptar para el partido. Estaban conteniéndose –algunos no mucho– hasta que el viernes Feijóo dio el banderazo de salida para cargar con todo contra el Gobierno. El PP vive aterrorizado ante el ascenso de Vox en las encuestas y sólo se le ocurre aumentar la agresividad contra el Gobierno, si eso es posible, lo que a su vez hace pensar a muchos de sus antiguos votantes que la mejor respuesta ante tal horror es... votar a Vox. 

En la rueda de prensa, Fejóo lo pintó todo en los términos sombríos previsibles: “El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación”. Metáforas del hundimiento, como se espera de él. Pero lo que le indignaba más es que Pedro Sánchez no haya comparecido en público, cuando son el Ministerio de Óscar Puente, Renfe y Adif quienes deben dar explicaciones. Y lo están haciendo. Puente repitió rueda de prensa el viernes. Es innegable que el ministro de Transportes no se está escondiendo. Ha dado la cara en varias entrevistas a medios de comunicación y dos ruedas de prensa larguísimas. Ahora mismo, está pidiendo lo mismo que reclamó el Gobierno de Rajoy después del accidente de Angrois en 2013, más tiempo para que la investigación ofrezca respuestas concretas.

“Han pasado cinco días y los españoles siguen sin saber lo que ha pasado”, dijo Feijóo. Se supone que quien debe dar el veredicto es la comisión técnica de investigación a la que le queda mucho trabajo por delante. De todas formas, el viernes ya ofreció un primer análisis del accidente, que apunta a una rotura previa de la vía como causa del descarrilamiento del Iryo. “De acuerdo con la información disponible en este momento –dice la nota de seis páginas–, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”. La nota precisa que es una hipótesis provisional que debe ser verificada con pruebas adicionales. 

Puente informó después de que se está investigando “un posible defecto de fábrica del carril” del tramo, que fue suministrado por la empresa ArcelorMittal y que está hecho de acero español. La renovación de ese tramo de la vía fue adjudicado a una unión de empresas compuesta por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi. Son “la flor y nata de la obra pública española”, dijo el ministro, supongo que para no dar la impresión de que les estaba señalando. Lo cierto es que incluso si hubiera un defecto de fábrica, debería haber existido la posibilidad de detectarlo en las revisiones que se hicieron después del fin de la obra. 

Corrección: una versión anterior del artículo decía que un catedrático de Historia que va a publicar una biografía de Franco afirmó que la foto confirma que España es “un Estado fallido”. Se trata de Jesús Palacios, que no es catedrático. Ha publicado varios libros de historia. Es coautor con Stanley Payne de una biografía de Franco.

Defender a los que no tienen voz, apoyar con informaciones contrastadas a personas que han sufrido abusos o recordar a todos que la fama y el éxito no confieren impunidad son algunas de las mejores cosas que puede hacer un medio de comunicación. Y después no echarse atrás ante las amenazas y los comentarios despreciables de los que siempre encuentran razones para atacar a las mujeres que un día decidieron contar lo que habían sufrido. 

Las informaciones que elDiario.es y Univision han publicado en los últimos días sobre Julio Iglesias nos recuerdan a otras muchas en las que después siempre se repetía el mismo patrón. Se empieza diciendo que son denuncias anónimas, que esas mujeres buscan el dinero del famoso, que el acusado no necesitaba caer tan bajo para conseguir lo que quería, que todo es una pantalla de humo con la que ocultar otras noticias. ¿Sabéis lo que ocurre en la mayoría de los casos? Que lo que se conoce al final suele ser peor que lo que se sabía al principio. 

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”.

La noticia ha caído como una bomba en España y es lógico que haya sido así. Julio Iglesias es la estrella de la música que ha tenido un impacto más global fuera de nuestro país. En el cine hay otros ejemplos, pero en música no hay otro cantante o banda que haya alcanzado el mismo nivel de fama. Se podría decir algo parecido sobre Plácido Domingo, pero nadie ha vendido tantos discos como Iglesias en todo el mundo, 300 millones, según el Guinness. Visitó en varias ocasiones la Casa Blanca, donde actuó en el Concierto de Navidad de 1983 y en la cena de Estado que Reagan dio a Mitterrand en 1984. Esta es una de las muchas fotos que existen de él con Ronald Reagan y su mujer. Conoció a Ford, Reagan, Kissinger, Clinton y también a Donald Trump. 

“Él abusó de mi inocencia. Me utilizaron, me pisotearon, hicieron lo que quisieron conmigo en ese tiempo. Yo me acuerdo de mí misma más atrás y me tengo lástima”.

El perfil psicológico del personaje repite esquemas habituales entre los hombres que han alcanzado lo más alto en sus carreras profesionales. Nadie tiene derecho a impedir que se cumpla su voluntad. Este perfil que escribe Elena Cabrera recoge lo que de él dijeron las personas que le conocieron cuando ya era una estrella incontestable. Alguien que exigía a sus mujeres –entiéndase esta palabra en un sentido muy amplio– una sumisión absoluta, que se anularan como personas para satisfacer sus deseos. Eso incluía no hablar ni relacionarse con nadie más. El secreto es uno de los elementos que refuerzan la impunidad.

El artículo cita una frase de alguien tan conocido como Isabel Preysler, una mujer que fue su esposa y que es indudable que eligió después su propio camino: “Su excesiva protección y vigilancia me aisló del mundo. Hay días en los que tenía la sensación de estar casi asfixiada”. ¿Qué les podía pasar a las mujeres que no estaban en condiciones de decir 'no', que trabajaban para él y que necesitaban ese empleo?

“Yo pude decir 'no' y, hasta cierto punto, él respetó ese 'no'. Pero hubo chicas que no pudieron decir 'no'. Y él hizo lo que quiso con ellas”.

Entrar en el mundo de Julio Iglesias suponía que esas mujeres se vieran forzadas a anularse a sí mismas. Vaitiaré, la actriz tahitiana que inició su relación con él con 18 años en 1982, lo contó también en sus memorias: “A veces me pregunto dónde dejé mis sueños. Me he convertido en tu muñeca de trapo, a veces pienso que la gente no alcanza a verme, siento que las miradas me atraviesan para enfocarse en ti, como si yo fuera de cristal, translúcida”. Sólo tenía valor como pareja del cantante y eso incluía tener que rechazar cualquier oferta de trabajo. 

Detrás de su fama, no estaban sólo sus canciones. En apoyo de toda gran estrella de la música, hay un marketing que refuerza sus principales valores. Incluso los comentarios que hacen otros, no siempre elogiosos, sirven para apuntalarlos. Hasta la supervivencia de Keith Richards, contra todo lo que pueda prever la ciencia médica, ha servido para aumentar la admiración de sus fans. En el caso de Iglesias, la construcción de la imagen del astro de la canción romántica se basaba en insistir en su fama de seductor. Era el paradigma del varón latino arrebatador que no tenía que hacer ningún esfuerzo para llevarse a una mujer a la cama. 

“Yo, con muchísima vergüenza, no dejo que me toque mucho, siento que me toca y que no quiero. Él me quitaba la mano de la vulva, pero yo enseguida la ponía nuevamente”.

Con 77 años, la edad en la que se produjeron los hechos denunciados, ya no podía aspirar a jugar el papel de 'latin lover'. Es ley de vida. No es que eso ayudara a cambiar su conducta. Más bien lo hacía todo más deplorable. “A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, ha dicho una de las denunciantes sobre la residencia de Punta Cana en República Dominicana.

Él no lo ve así. Después de negarse a dar su versión tras repetidas peticiones de este diario, el viernes difundió un comunicado de tres párrafos con el que negó las acusaciones: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”. Esto último es difícil de creer después de ver todas las imágenes de programas de televisión a lo largo de los años en las que se le ve besando en la boca a mujeres que ni esperaban ni querían pasar por ese trago. 

“Él una vez dijo en la cocina, que no sé por qué lo dijo, que por más que nosotras quisiéramos decir algo, nadie nos iba a creer porque no teníamos pruebas de nada”.

No hay relación de poder sin que quien está arriba recuerde a los de abajo cuál es su posición. Él era Julio Iglesias. Las mujeres que estaban a su servicio para lo que él quisiera eran unas don nadie sin su poder e influencia. “Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer”, les decía. Ellas lo sabían. Esa es una de las razones por las que no se atrevieron a denunciarle cuando se produjeron los hechos. Sentirse impotentes ante el abuso, creer que nadie te va a escuchar, favorece el fin de la autoestima.

Por eso, como cuenta Ana Requena, “denunciar a un hombre tremendamente rico y poderoso que ha sido tu jefe cuando eres una mujer que vive en un contexto vulnerable y con pocos recursos económicos es prácticamente una heroicidad”. 

“No es justo que te abusen, te maltraten, te humillen y que esto simplemente no tenga ningún tipo de valor porque tú no tienes dinero o porque tú no tienes el mismo poder que él”.

Ante este tipo de denuncias, es habitual que los cercanos a la persona señalada encuentren todo tipo de razones o excusas para negar los hechos. La propia condición de persona famosa o poderosa es una razón para exculparle, por extraño que parezca. “El abuso no nace de la falta, sino del exceso de poder. No es el deseo insatisfecho, es jerarquía confirmada, la necesidad de comprobar que los límites ajenos son frágiles y que los tuyos no existen”, ha escrito Carmen Lumbierres a cuenta de ese argumento que se reduce a afirmar que los poderosos no tienen problemas para encontrar mujeres que les satisfagan. 

En este caso, se ha producido algo que es casi irrisorio. Algunos de los que han querido defender a Iglesias solo han contribuido a hundir más su reputación. El caso más evidente es el de Ramón Arcusa, amigo suyo y antiguo miembro del Dúo Dinámico. Primero dijo que el cantante daba a todas las mujeres “un trato exquisito, respetuoso”. Como decía antes, las imágenes de los besos robados en televisión no parecían decir eso. Luego, como seguían llamándole televisiones y radios, la cosa fue a peor hasta llegar a un punto de delirio que le descalifica por completo. 

En una entrevista en COPE, se atrevió a relatar su teoría sobre las violaciones continuadas. Sí, porque resulta que tiene una teoría sobre eso. “Es mi teoría: si a ti te violan, al día siguiente vas al hospital y a la Policía, pero si te agreden una noche y otra y una semana y un mes y un año... eso ya se supone que es una relación consentida. En mi opinión, bastante consentida”. Gracias, Arcusa, por desarrollar la teoría de la violación consentida. El amor y otras agresiones consentidas, por el coautor de Quince años tiene mi amor.

“Me agarra los pezones y me los aprieta durísimo. Y yo le digo: ‘¡No, me duele!’, porque no es solamente que te toque, es que te lastima. Me dice ‘es que tienes los pezones grandes’ y sigue como si nada”.

Famosos hablando sobre famosos es una tendencia que alimenta la proliferación de monstruos en la TV. No hay otra manera de definir las intervenciones de Ana Obregón que, entre muchas otras perlas, dijo: “Con la ley esa del solo sí es sí que ha hecho el Gobierno, están todos los pederastas en la calle”. Seguro que sí, en la calle y haciendo cola en la puerta de los colegios esperando su turno. Una presentadora de Antena 3 dejó claro el primer día quién era la auténtica víctima en esta historia: “Imaginamos que es un día difícil para Julio Iglesias”. Hay aliados que son peores que el enemigo.

En el plano político, era previsible que quien saltara más rápido fuera Isabel Díaz Ayuso para defender al presunto agresor. Nunca desaprovecha la oportunidad de tomar el camino por el que cree que circulan los votantes de extrema derecha. Ya lo hizo con Plácido Domingo, al igual que otros preparados siempre para atacar a los medios de comunicación y a las feministas. Desde luego, ni Ayuso ni los demás cambiaron de versión cuando el tenor pidió perdón a las mujeres que lo denunciaron.

Otras reacciones hay que tomarlas con un cierto grado de compasión. Makoke, que tuvo una relación con él hace muchos años, lo definió como un “gentleman” y se confesó maravillada por la experiencia: “Era todo como Pretty Woman sin que yo fuera una prostituta” (muy apropiada esa última aclaración). 

No hay impunidad sin defensores de la impunidad que se apresuran a dar su opinión cuando una mujer acusa a un hombre de un delito sexual. Seguro que lo ha hecho por dinero o por venganza, dicen. Se diría contra toda evidencia que estos delitos son tan poco frecuentes que tiene que haber un motivo sospechoso cuando se desvelan. Lo más habitual es dar la vuelta al debate y convertir al agresor en víctima y a la denunciante en la auténtica culpable. “Ponen en duda el testimonio de las víctimas, que mienten siempre, resentidas, envidiosas, interesadas, frías y calculadoras”, escribe Najat El Hachmi. “La maldad intrínseca de la mujer sigue bien viva y más si es pobre y es de uno de esos países paradisíacos que tan bien les vienen a los millonarios colonizadores”.

Contra esas opiniones se ha levantado el trabajo de nuestra redacción, específicamente el de Elena Cabrera y Ana Requena en los artículos principales de la exclusiva, así como el de María Ramírez, Natalia Chientaroli, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez y periodistas de Univision en las tareas de comprobación de datos y edición. A ellas debemos agradecerles que hayan dado voz a mujeres que años atrás pensaban que habían quedado abandonadas a su suerte. Ahora no están solas.

Carnaval motero

Para finalizar una imagen con la que hacer unas risas. Alberto Núñez Feijóo estaba en Valladolid el viernes y se acercó a la concentración de moteros de Motauros. Se compró una chupa en un puesto y se la puso para hacerse una foto subido a una moto. No para conducirla. Que se sepa, ni conduce motos ni tiene carné. Pero tocaba disfrazarse porque el carnaval está al llegar. Por qué pensarán algunos políticos que les beneficia aparentar lo que no son. 

Donald Trump está encantado con lo que ha conseguido en Venezuela en cuestión de días. “Fue un ataque perfecto. Nos hemos apoderado de todo un país. Nos hemos hecho con 4.000 millones en petróleo en un día. Y esa cifra va a aumentar”, dijo en una entrevista en Fox News. Estaba muy contento con el gran negocio que van a conseguir las empresas petrolíferas de EEUU y dio por seguro que el precio de la gasolina bajará en su país. Un negocio perfecto.

Podemos llamarlo el colonialismo de toda la vida, que Trump ahora relaciona con la Doctrina Monroe de 1823, aderezado con el estilo informal y absurdo de sus declaraciones. Como un niño al que los Reyes le han traído un barril de petróleo para él solo. Ni siquiera se puede decir que su tesis sea viable, incluso teniendo en cuenta sólo los intereses económicos de EEUU. “Nadie quiere ir allí cuando un puto tuit al azar (de Trump) puede cambiar toda la política exterior del país”, dijo al Financial Times un inversor en el sector de la energía. 

Hablamos de inversiones en el sector venezolano del petróleo, que está hecho una ruina, por valor de decenas de miles de millones de dólares en los próximos años, y eso sólo para que el país mantenga en los próximos años un nivel de producción como el actual de algo más de un millón de barriles diarios de crudo. Esa es una cifra muy inferior a los tres millones de barriles que extraía Venezuela hace 25 años. 

Trump quiere más. Más producción. Más beneficios para sus multinacionales. Su objetivo, tal y como lo ha declarado, es que Venezuela venda todo su petróleo a EEUU y su país se ocupará de venderlo a precios de mercado y de gestionar los ingresos a través de una cuenta que no se sabe dónde estará, porque aparentemente no estará en el Tesoro norteamericano. De ahí saldrá una cantidad que se devolverá a Venezuela. La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha dicho que se trata de una transacción entre gobiernos “independientes”, que es como no decir nada. En ningún momento el Gobierno de Delcy Rodríguez ha afirmado que vaya a dejar de vender su petróleo a sus clientes habituales, entre los que está China.

Cuántas cosas han cambiado en Venezuela. En la práctica, ha dejado de ser un Estado soberano y ha perdido la capacidad de gestionar la que es la única fuente de ingresos del país. Hace sólo tres semanas, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que “ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela”. 

Lo que no ha cambiado es la situación en la calle. Cabello se ha ocupado de aumentar la presencia policial en las ciudades, en especial en las zonas populares donde vive la gente con menos ingresos. “La ciudad está más silenciosa de lo normal. Hay una extraña sensación de que las cosas cambiaron para seguir igual. El Gobierno quiere transmitir normalidad, pero hay poca gente en las calles y nadie quiere hablar de temas políticos”, ha dicho un periodista de Caracas a El País. Nadie está seguro de lo que va a pasar y de hecho el Gobierno tampoco lo sabe. Quizá quiera ganar tiempo, pero no se atreve a desmentir a Trump, mientras continúa el bloqueo naval. Este viernes, fue capturado el quinto petrolero en la costa venezolana, uno que estaba sancionado por EEUU por su papel en el transporte de petróleo ruso. 

En una entrevista con este diario, José Natanson, director de la edición del Cono Sur de 'Le Monde Diplomatique' y autor del libro 'Venezuela: ensayo sobre la descomposición', afirma que Trump ha permitido seguir en el poder al chavismo, ahora debilitado tras el secuestro de Nicolás Maduro, “pero lo mantiene en pie porque son los únicos que pueden ejercer el control operativo del país”.

Por eso, María Corina Machado es, junto a Maduro, la gran perdedora de la crisis a corto plazo. La prioridad es el petróleo y para eso necesitas que el Estado siga funcionando. El Ejército continúa manteniendo su estructura de mando a diferencia de lo que ocurrió en Irak: “Los militares controlan los puertos y aeropuertos, la policía, la provisión de alimentos y gasolina, los barcos, los coches… son quienes tienen el control efectivo del país”.

Controlar no es sinónimo de decidir. Trump ha anunciado que Venezuela sólo comprará productos norteamericanos con el dinero que recibirá por la venta de su petróleo. Así es como se trata a las colonias. 

En la rueda de prensa en que anunció la captura de Maduro, Trump dejó patente dónde está su línea roja: “La dominación por América del Hemisferio Occidental no será cuestionada nunca más”. No cabe una definición más perfecta de imperialismo.

A la caza de Zapatero

No pasó mucho tiempo desde el secuestro de Maduro hasta que se supo que el Departamento de Justicia de EEUU había retirado prácticamente todas las referencias en el auto de procesamiento al Cártel de los Soles. Había inicialmente 32 en el texto original del auto de 2020, que tenía poco más de 25 folios. Quedaron en dos. Ese cártel de narcotraficantes no existe. Nunca apareció en los informes anuales de la DEA o de la ONU. Es un término del que se hablaba en los años 90 en los medios de Venezuela para denunciar la complicidad de mandos militares con grupos de narcos en las zonas costeras del país. 

Otras invenciones tendrán una esperanza de vida mayor, como las que utilizan el Partido Popular y algunos medios para relacionar a Zapatero con negocios corruptos en Venezuela. Escribí sobre esta teoría de la conspiración hace unos días. Recordemos que si no tienes pruebas o indicios serios sobre una acusación, no pasa de ser una teoría o un intento de difamar a un político. 

Este viernes, varios titulares contaban que un juez de la Audiencia Nacional había abierto diligencias previas sobre la querella del grupo ultra Hazte Oír contra Zapatero. El PP corrió a celebrarlo. Lo que hizo el juez fue pedir su opinión al fiscal sobre si se debe iniciar la investigación, que es un paso que aún no ha dado. Suele ocurrir cuando el juez no tiene muy claro si debe aceptarla.

En otros ámbitos, no es necesario andarse con tantos miramientos. Hay medios que no esperan a que haya querellas o pruebas. Les vale con inventarse tramas delirantes. Los que acusaban a Zapatero de ser un cómplice de la dictadura venezolana ahora lo colocan como colaborador necesario de Trump en la operación de las últimas semanas para deshacerse de Maduro. Pero, cuidado, lo ha hecho “en favor del chavismo”, que ha sufrido la humillación de ver secuestrado a su presidente, y de sí mismo, para “evitar una posible investigación contra él por parte de EEUU en el futuro”. 

La coautora del artículo de The Objective que sostenía esta tesis escribía que “confiar en que EEUU vaya a resolver el problema por nosotros es una apuesta muy peligrosa”. Es todo tan lamentable que hasta resulta gracioso. Pero qué puedes esperar de alguien que dice que “fuentes de la inteligencia venezolana” le han contado a ella en persona que hay un sospechoso de haber traicionado a Maduro, pero que no puede decir quién es. Qué te van a contar a ti los servicios de inteligencia de un país extranjero que funcionan como la policía política de un régimen y están dirigidos por gente bastante siniestra que no habla con periodistas extranjeros. A una periodista de un medio de derechas financiado con capital de personas de la oposición al chavismo. 

Es lo que se puede esperar de gente que decía hace un año que Pedro Sánchez estaba a punto de dimitir. Como maestros de la fabulación, no tienen precio. 

Camarada Ayuso

A efectos puramente cómicos, incluyo este tuit de la conocida dirigente chavista Isabel Díaz Ayuso que en 2015 –por entonces, era asesora de nivel bajo de Esperanza Aguirre– manifestó su adhesión a la revolución bolivariana. Es eso o era un ejemplo de análisis sofisticado a la una de la madrugada. Lo han rescatado estos días en redes y supongo que no se conocía porque se equivocó al escribir la palabra 'Venezuela'. 

En el último día de 2025, el Departamento de Seguridad Interior de EEUU publicó en Twitter una imagen robada (obra de un ilustrador japonés). Una playa maravillosa con su palmera y un coche de diseño de los años 50. Lo que cuenta es la frase que aparece insertada en la imagen: “América después de 100 millones de deportaciones”. El paraíso. Y además una frase en el tuit: “La paz de una nación que ya no está sitiada por el Tercer Mundo”. 

Es un buen ejemplo de esta era de los supervillanos en la que vivimos. Y no se limita a EEUU. La clave es demostrar a los votantes que sus prejuicios y sus odios son entendidos y apoyados con independencia de que la promesa sea cierta o viable. A veces, esto último es lo de menos. Es el placebo del odio. Quizá no hagamos lo que decimos que vamos a hacer, básicamente porque es imposible, pero lo que cuenta es que nos gustaría comportarnos como unos canallas dispuestos a violar la ley y lo que sea que nos pongan por delante.

Este sábado, hemos visto otro ejemplo que cuenta con ecos de un pasado muy sombrío. EEUU ha atacado con bombardeos aéreos varios puntos de Venezuela y capturado a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa. Capturar es una palabra correcta, como también lo es secuestrar, porque la acción supone una violación del Derecho internacional y de la soberanía del país latinoamericano. Es lo mismo que hizo Putin cuando ordenó invadir Ucrania y capturar y/o matar a Zelenski. Con el Derecho internacional, siempre es igual. No hay excepciones ni es posible aplicar criterios distintos en función de la ideología de los gobernantes.

El ataque es también ilegal, según la Constitución de EEUU, que concede en exclusiva al Congreso el poder de declarar la guerra a otro país. El secretario de Estado, Marco Rubio, mintió a los congresistas cuando les dijo que el despliegue naval en las costas venezolanas no tenía como objetivo el “cambio de régimen” en Caracas, como ha comentado un senador demócrata que le escuchó decir esas palabras. 

En una entrevista por teléfono en Fox News, Trump dijo que había visto la acción en tiempo real por videoconferencia: “La vi literalmente como tú verías un programa de televisión. Fue algo increíble”. Todo es un show para Trump. Le preguntaron por el futuro de la industria del petróleo en Venezuela: “Vamos a estar implicados en ella de forma intensa. Eso es todo. Es lo que puedo decir. Tenemos las mayores empresas petrolíferas del mundo”.

A fin de cuentas, eso es lo que prometió María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. En una conversación con el hijo mayor de Trump en octubre, dijo que aspira a privatizar su industria petrolífera y entregarla a empresas de EEUU, “que van a ganar mucho dinero”. Todo con tal de convencerle para que invada el país.

Por la tarde, Trump dio una rueda de prensa en Florida. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura y adecuada”, dijo. No estaba hablando de la democracia en Venezuela. Para que no hubiera ninguna duda, citó literalmente la Doctrina Monroe y que “la hemos superado en mucho”. ¿Democracia? Hemos vuelto al colonialismo de 1823.

Por resumirla brevemente, la Doctrina Monroe fue una declaración del entonces presidente James Monroe en la que se avisaba a los países europeos de que EEUU no toleraría que intervinieran en los asuntos políticos de todo el continente americano. EEUU no contaba entonces con recursos militares para hacerla cumplir, pero a finales del siglo XIX la situación era diferente. La guerra de 1898 contra España sirvió a EEUU para hacerse con el control de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Fue el comienzo de una larga lista de invasiones e intervenciones militares y políticas en Latinoamérica. 

Feijóo y el Partido Popular se apresuraron a felicitarse por el secuestro de Maduro dando por hecho que era el inicio del regreso de Machado a Venezuela, así como el de Edmundo González. Debieron de quedarse lívidos al ver que Trump no hacía más que referirse al petróleo, como una de sus prioridades. Por no hablar de cómo despreció a Machado de la que dijo que no puede gobernar porque no tiene el apoyo y el respeto de la mayoría de la gente en Venezuela. Es lo que pasa cuando lo apuestas todo al apoyo de una potencia imperial extranjera gobernada por un millonario caprichoso.

Trump difundió el sábado una foto de Maduro esposado en el buque USS Iwo Jima que lo llevará a Nueva York. Después hizo lo mismo con un vídeo de varios momentos de los bombardeos con la música de 'Fortunate Son', una canción de 1969 de Creedence Clearwater Revival. La hemos escuchado en muchas películas sobre la guerra de Vietnam. La letra de la canción tiene una intención antibelicista y se refiere al reclutamiento de jóvenes para la guerra y de cómo los hijos de los millonarios se libraban. Con Trump y su propaganda, la ironía se ve superada una y otra vez. 

Es un signo de los tiempos que corren. No cuenta tanto la coherencia de las promesas, sino mostrar que nada impedirá que se cumplan los peores instintos de los ciudadanos. Ni la ley ni la realidad. Y esto no vale solo para EEUU. Volvamos al anuncio xenófobo con el que comenzaba el artículo, ese que se relamía con la idea de cien millones de deportaciones. EEUU tiene una población de unos 342 millones de habitantes. El 14% de los residentes en el país han nacido en el extranjero, lo que serían unos 47 millones. Por tanto, para alcanzar esa cifra de cien millones de expulsiones, el Gobierno debería expulsar a unos 53 millones de personas nacidas en EEUU, lo que obviamente sería ilegal. Y eso contando con que deportarían a todos los antiguos inmigrantes que tienen reconocida la residencia legal en el país.

Eso nunca ocurrirá. El objetivo de esta propaganda producida por un Ministerio del Gobierno no es hacer una promesa concreta. Económicamente, sería una catástrofe que EEUU perdiera a casi una tercera parte de su población. Lo que se busca es hacer pública una declaración xenófoba y racista. ¿No sería maravilloso un país sólo con blancos?

Es lo mismo que cuando Vox exigió que se utilizara a la Armada para impedir que los cayucos llegaran a las costas españolas. ¿Qué pretendían que hiciera? ¿Hundir las embarcaciones? ¿Violar las aguas jurisdiccionales de los países africanos para devolver a sus ocupantes? Serían medidas claramente ilegales, según el Derecho internacional, como tuvo que recordar el jefe de las Fuerzas Armadas. La Unión Europea no lo permitiría. Pero no se trataba de plantear una medida realista, sino de convencer a sus partidarios de que nadie odia tanto la inmigración como Vox. Sólo ellos están dispuestos a hacer lo que sea para que los extranjeros, preferiblemente africanos y árabes, desaparezcan de España. 

Lo vimos también en Badalona. El Ayuntamiento recurrió a los tribunales para proceder al desalojo de un edificio donde vivían unos 400 inmigrantes. No era suficiente para Xavier García Albiol. Se desentendió del destino de esas personas a pesar de la responsabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento. Que les busque casa Sánchez, dijo. Lo importante no era el desalojo, sino comunicar a los votantes que odia a los inmigrantes, que, si por él fuera, tendrían que dormir en la calle bajo la lluvia. Es increíble, pero es así. Ser un miserable da votos en España en estos momentos. Al menos, la gente como Albiol cree que es así.

José María Lassalle lo explicó bien en la SER: “La crueldad está avanzando de una manera normalizada y amparada en la ley”. Amparada, porque el desahucio fue decretado por una decisión judicial, pero luego no hay mecanismos para obligar a un alcalde a que asuma su responsabilidad, incluso cuando desobedeció la orden de la jueza de que se diera una alternativa de alojamiento a los expulsados. 

La deshumanización de esos inmigrantes –habitual en Vox o en políticos como Albiol– se repite con frecuencia. Se les asocia con la delincuencia, con la suciedad o con costumbres ajenas a las locales, aunque en la mayoría de los países ellos hacen lo posible para adaptarse a la nueva sociedad. Se les acusa de robar los empleos a los locales y de vivir de las ayudas públicas, como si ambas cosas fueran compatibles. 

Con Trump, siempre tienes asegurados los peores insultos. En su primera campaña en 2016, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser unos violadores. En la de 2024, afirmó que los inmigrantes haitianos en Ohio cazaban perros y gatos para comérselos. Hace unas semanas, y a cuenta de una presunta estafa en la entrega de ayudas sociales, se lanzó contra los residentes de origen somalí en Minnesota. “Vamos por mal camino si seguimos aceptando esta basura en nuestro país. Ilhan Omar (congresista demócrata de origen somalí) es basura. Sus amigos son basura”. 

No importa cuántos artículos leas sobre la polarización. El factor diferencial de estos tiempos no es ese, sino la forma en que algunos, en especial la extrema derecha, nos quieren convencer de que la crueldad es la única salida para los problemas profundos de un país. Mauro Entrialgo escribió un libro, 'Malismo', sobre esa tendencia en la que se regocijan tantos políticos.

Son muy aburridos los periodistas que se dedican a dar consejos morales a los ciudadanos, pero en esto es bueno hacer una excepción. Hay que resistir la tentación de convertirse en un cabrón sin escrúpulos. 

La frase de Upton Sinclair sirve para explicar tantas cosas que también puede aplicarse a María Guardiola. “Es difícil conseguir que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. La estrategia del Partido Popular en las elecciones de Extremadura que se celebran hoy no es muy diferente a la que Alberto Núñez Feijóo aplica a escala nacional. La democracia está a punto de perecer en España y cualquier hecho, cierto o falso, lo confirma. Si la realidad no colabora, se la tortura para que diga lo que interesa. ¿Se puede ganar las elecciones haciendo el ridículo? Sí, si convences a un número suficiente de personas que debe creer no lo que ve, sino lo que yo le digo que está viendo. 

El salario de Guardiola como presidenta de Extremadura depende de que consiga asegurarse la mayoría absoluta. Si el PP fracasa en ello, pero obtiene más escaños que toda la izquierda, le serviría con que Vox se abstenga en la votación de investidura. Un día después, tendría el mismo problema que el que tenía un día antes de que convocara los comicios. Eso ahora le da igual. Para dar el último impulso, manipuló un robo en una oficina de Correos con el objetivo de vender una inmensa conspiración inexistente. La Guardia Civil lo negó. No importa. Ella siguió con la farsa. Quizá le sea suficiente para conservar el sueldo.

Todos los debates sobre la crisis de la democracia liberal en Europa son una pérdida de tiempo si al final los primeros que se dedican a denigrarla son los políticos que se juegan el puesto en unas elecciones. No se puede pedir a los ciudadanos que respeten las instituciones cuando los políticos en la oposición se inventan historias para desacreditarlas. 

Guardiola reapareció el viernes en la campaña fantasma que ha realizado, no para dar un mitin, sino para pasearse por la séptima localidad de la provincia de Cáceres. Ya se sabía que los ladrones que se llevaron la caja fuerte de la oficina de correos de Fuente de Cantos sólo estaban interesados en el dinero que contenía, 14.000 euros. También se sabía que los 124 votantes cuyos votos estaban en la caja podrían volver a enviar sus papeletas, por decisión de la Junta Electoral de Badajoz (ya lo hicieron 122, según Correos). La líder del PP extremeño no iba a permitir que los hechos arruinaran su denuncia ficticia. “No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto”, dijo. Era falso y lo sabía.

En un claro ejemplo de imputar a los demás lo que ella estaba haciendo, se puso arrogante y afirmó que estaba viendo “mucho nerviosismo” y “pocos valores, poca ética, juego muy sucio”. La que estaba de los nervios era ella. Había diseñado una campaña absentista con muy pocos mítines, volcada en subir vídeos a las redes sociales y reducida al menor número posible de contactos con los votantes. Guardiola no da para mucho en las distancias cortas y acercarle un micrófono puede ser un deporte de riesgo. Hasta en Génova pensaban que era un error renunciar al debate con los candidatos del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. 

El debate, por cierto, tuvo un dato muy bueno de audiencia en Extremadura, un 17,7%. para un programa que es difícil considerar de entretenimiento. Fue una oportunidad que Guardiola desperdició y que puede favorecer a los otros partidos.

“Usar una presidencia autonómica o la presidencia de un partido político para poner bajo sospecha el escrutinio electoral sin un solo indicio o una sola prueba en serio –dijo Carlos Alsina el viernes en Onda Cero– son ganas de dejar claro cuáles son tus prioridades y a qué estás jugando”.  

Es gracioso, como también comenta Alsina, que Guardiola haya dicho que “nos quieren silenciar”. Ella se ha negado a conceder entrevistas a las radios, donde podían quedar patentes sus limitaciones. A pesar de que su agenda de mítines ha sido escasa y de que gozaba de mucho tiempo libre, las entrevistas que ha dado a medios escritos han sido pocas y con una duración no demasiado larga. No quiso participar en el debate televisivo principal de la campaña. Ha entendido que para ganar unas elecciones autonómicas en España no se necesita correr muchos riesgos. Con estar en el poder, te aseguras la mayor parte del resultado. 

Eso es más grave en una democracia que unos ladrones roben 14.000 euros en una oficina de Correos y dejen tirados un centenar de votos por correo.

Aforado y fracasado

Guardiola no lo tendría tan fácil si el PSOE no estuviera en estado de coma en Extremadura. Los socialistas presentan a un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que está procesado en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. “Si yo hubiera dado un paso atrás, si mi partido me lo hubiera pedido, le estaríamos enseñando el camino a la ultraderecha sobre cómo infiltrarse para elegir o derribar a los candidatos de la izquierda mediante denuncias falsas”, dijo en una entrevista a este diario. No parece que la extrema derecha necesite incentivos de ese tipo para engrasar su maquinaria judicial. 

Lo que arruinó la credibilidad de Gallardo fue el intento tardío y chapucero de conseguir el aforamiento al convertirse en diputado de la Asamblea regional. Tuvo que forzar la dimisión de un diputado y de los cuatro candidatos que iban en la lista antes que él. Y no le sirvió de nada. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazó asumir la causa, lo que hubiera retrasado la celebración del juicio, por considerar que la estratagema “apresurada y torticera” suponía un “fraude de ley o abuso del derecho”. 

El PSOE parece resignado a encajar el peor resultado electoral de su historia autonómica en una comunidad que no hace mucho era uno de sus baluartes. Estuvo cerca del 40% de los votos hace dos años y medio. Ahora se arriesga a perder diez puntos o más. Vox entró inicialmente con un consejero en el Gobierno de Guardiola y se fue muy rápido sin aportar prácticamente nada. Aun así, las encuestas creen que doblará su número de escaños. Unidas por Extremadura puede aumentar en uno o dos los suyos.

La gobernación de Extremadura será probablemente tan inestable como antes y con la misma presidenta. La que dijo “mi palabra es sagrada” al negarse a un pacto con Vox, porque no iba a dejar entrar en su Gobierno “a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Tras la correspondiente presión de la dirección nacional del PP, el giro fue completo. A Guardiola no se le ocurrió otra cosa que defenderlo con esta frase: “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”. 

Si lo admite ella, será cierto. No hay que fiarse mucho de su palabra.

La UCO hace deducciones

Una de las revelaciones del último informe de la UCO fue apuntar una conexión entre un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica con la trama de los hidrocarburos, especificamente con Víctor Aldama. Todo parte de una deducción, no de un indicio o prueba. Encontraron un rastro en un móvil de Aldama de la recepción de un mensaje enviado por un tal Manuel García Maroto, pero no su contenido. Los guardias civiles imaginan que fue por un error al guardar el contacto y que se trata de Manuel García Hernández, director general de Minas en el Ministerio, y de ahí pasan a decir que hubo una negociación entre ambos.

En realidad, se trata de un error. García Maroto es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, explica Elena Herrera en el artículo. Pero hay algo más. García Maroto existe y es un empresario que ha tenido o tiene vínculos con Aldama en algunas sociedades, según la Cadena SER.

En teoría, eso no sería un drama en la medida en que es el juez quien decide qué elementos de los informes policiales son lo bastante sólidos como para ser relevantes en la instrucción del caso. Pero como los informes de la UCO aparecen ya en todos los medios –sólo les falta salir en la programación infantil de televisión–, ya tenemos a un nuevo Ministerio vinculado en los titulares a los negocios presuntamente delictivos de Aldama. Y por un mensaje de texto mal identificado y del que no se conoce el contenido. Me pregunto si la UCO lo considera un error o sencillamente otro día más en la oficina. 

Como cada año por estas fechas, nos visita el anuncio de Campofrío lleno de buenos sentimientos y dosis notables de ñoñería. Está dedicado a la polarización con la intención de que la gente piense más en lo que les une que en los que les separa. Hay unos comentarios moderadamente graciosos y sale Ana Rosa Quintana diciendo “con lo que a mí me gusta la fruta”. Una consecuencia probable es que el Partido Popular saldrá diciendo que el embutido es sanchista y que la campaña ha tenido que salir de Moncloa o que es cosa de Broncano.

Como ya deberíamos saber a estas alturas, la polarización no es un fenómeno inevitable ni algo creado por las redes sociales o el consumo excesivo de cafeína. Es una estrategia deliberada en España y otros países que algunos partidos adoptan por las ventajas políticas que les ofrece. Es más propia de los partidos que están en la oposición, siempre centrados en denunciar lo mal que lo hace el Gobierno. No es de ahora. El PP aplicó ese tipo de marcaje a los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero. Pero entonces nadie hablaba de polarización.

Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido este mes una variante menos habitual de la estrategia polarizadora. Lanzó en un acto del partido un aviso a los suyos, o a los que habitan en zonas aledañas a las suyas, para que se pongan las pilas, se enfunden el uniforme y empuñen las armas. Se refería a uno de los campos de batalla más sangrientos, los de las tertulias de televisión y radio: “El tibio incomodado, que tanto abunda en las tertulias, puede seguir mirando para otro lado mientras confunde moderación con cobardía, que es lo que está pasando. Así que aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios. Los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores”.

Reconoceréis a los cobardes por su dolor de cuello, dice la novia de Alberto Burnet. Suena a mensaje bíblico anterior a la amenaza contra los primogénitos.

Los fanáticos odian sin medida a los tibios, porque les dejan en mal lugar. Casi respetan más a los fanáticos del otro lado, excepto cuando estos abren la boca. Hace varias eras geológicas, se decía que el estilo desquiciado de Ayuso casaba mal con el discurso más tranquilo de Núñez Feijóo. Eso se acabó hace tiempo. En las últimas semanas, el líder del PP y sus diputados no hacen más que hablar de putas en el Congreso. 

El objetivo no es ya que Sánchez dimita o que convoque elecciones, sino meterlo en la cárcel. Si no es posible, relacionarlo cada semana con la prostitución. Y no es que sea algo que Feijóo encargue a sus mastines más fieros. Él se tira al barro tantas veces como sea necesario. “El feminismo lo debió de aprender usted en los prostíbulos”, dijo este miércoles en el Congreso. Y luego te dicen que hay que respetar las instituciones.

Es más fácil comportarse como un salvaje cuando también sostienes que la patria está en peligro. O la democracia. O que los del Gobierno son peores que el cártel de Medellín. Los tibios se han puesto a ello, no sea que Ayuso se vuelva a impacientar. Rubén Amón escribió el lunes en El Confidencial que “el sanchismo degenera en una secta fanática”. A efectos ilustrativos, sacó a colación los ejemplos de Jim Jones, David Koresh y Charles Manson.

El primero fue el responsable en 1978 de uno de los mayores suicidios rituales de la historia. Novecientas personas se quitaron la vida o fueron asesinadas en unas horas. Pues eso, como el PSOE. En el próximo Comité Federal, seguro que reparten arsénico con el café. Y con lo de Manson, ya están avisadas las actrices a las que se les ocurra aceptar una invitación a Moncloa. Pueden no salir vivas.

Lo de las sectas está un poco rebuscado. Lo de la mafia es ya casi un cliché. Un columnista del ABC escribió el jueves que “el sanchismo presenta sorprendentes similitudes con cualquier organización mafiosa”. Y comentó que “ni Roberto Saviano ni Leonardo Sciascia ni el mismísimo Mario Puzo” podrían haber tejido tramas mafiosas como las del PSOE. Sólo faltan los 4.500 asesinatos que se produjeron en los años 80 y 90 en Italia. Poca cosa.

José Antonio Zarzalejos acaba de publicar un libro sobre los males del sanchismo en el que llama la atención que diga que el daño creado es “irreversible” y que “en algunos aspectos la Constitución está herida de muerte”. Es revelador que crea que el que llegue después a Moncloa cuando Sánchez sea derrotado en las urnas –que se supone que será Feijóo– adoptará la misma actitud. Si eso es cierto, el responsable será el que venga. 

Como ejemplo de la autodestrucción de un sistema democrático con el que se pueden apreciar similitudes, va por todo lo alto y menciona la Alemania de los años 30: “El paralelismo no es con Maduro, sino con la República de Weimar”. Ya sólo faltaba Hitler como resultado de la degradación del sanchismo. Ese es un listón retórico que ya no se puede superar.

Pero no pensemos que Zarzalejos se ha tirado al monte y está pegando tiros en la Sierra Maestra de la derecha. “Yo no soy antisanchista. Serlo implica un grado de visceralidad que un periodista no debe permitirse”, ha dicho. Pues vale, pues me deja más tranquilo. 

Por ser justos, hay que apuntar que se pueden encontrar también análisis y opiniones en la prensa de derecha que advierten de que esos avisos de que la democracia está muriendo, pero que Sánchez está a punto de caer sólo generan frustración y agotamiento. Se publicaron tras las elecciones de 2023 y han aparecido después de forma esporádica. Pero en general son una minoría. Deben de ser esos “tibios” a los que Ayuso mira con odio. 

Pronóstico en el PSOE: lluvias torrenciales

Los últimos días de la semana han sido terribles para el PSOE. Las detenciones de Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y la inefable Leire Díez, con registros policiales en varias provincias. Un informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos con acusaciones dirigidas a Ábalos de las que dan para cien titulares. Y luego lo que es mucho más desmoralizador para militantes y votantes socialistas. Más acusaciones de acoso sexual contra dirigentes del partido cuando aún está presente la penosa actuación de Ferraz en relación a Francisco Salazar.

El viernes, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, dio la cara por primera vez en una rueda de prensa. Este diario informó de las conclusiones de la comisión que investigó las denuncias contra Salazar. Afirman que eran “procedentes” y “verosímiles”, pero que no pueden ir más lejos, porque no tienen los medios para hacerlo. Sobre la razón por la que pasaron cinco meses sin que se hiciera nada, la explicación no resultó nada convincente: todo se retrasó por los numerosos viajes de Salazar al extranjero. Eso no impidió que se reuniera con la ministra Pilar Alegría hace algo más de un mes en Madrid. Mientras tanto, no hicieron ningún intento por contactar con las denunciantes. 

El partido se encuentra en estado de shock. Sin saber si habrá más denuncias. Sin saber qué saldrá de las investigaciones a Ábalos y Cerdán. Sin mayoría en el Congreso para aprobar nada relevante. Con pésimas expectativas en las elecciones de Extremadura. Con no muchas esperanzas para las elecciones de Aragón, que se adelantarán a febrero. 

En estas condiciones, es legítimo preguntarse si merece la pena resistir a la espera de que ocurra algún hecho inesperado que cambie la situación. Por mucho que Feijóo pueda volver a dispararse en el pie, una actividad para la que cuenta con acreditada destreza, lo más probable es que eso sólo beneficie a Vox. El problema real del PSOE es la desmovilización de sus votantes, que resulta evidente en varias encuestas, como explica Belén Barreiro.

Que los dirigentes de un partido estén deprimidos es una mala noticia para sus aspiraciones en las urnas. Si lo están los votantes, tus opciones se reducen prácticamente a cero. 

El argumento de que todo sería peor si gobernaran el PP y Vox empieza a perder eficacia a fuerza de repetirlo. No es que sea falso, pero resistir por resistir sin ninguna idea nueva que te saque del agujero sólo hace que el peor desenlace se acerque. Isaac Rosa recuerda la escena de 'El jovencito Frankenstein' en el cementerio, “cuando el doctor se queja de lo asqueroso que es desenterrar un ataúd, y entonces Igor le dice: 'Podría ser peor. Podría llover'. Y en efecto, se pone a llover”. 

Ahora mismo, está diluviando sobre los socialistas.

En el Comité Federal del PSOE en julio, abrumado por las noticias sobre José Luis Ábalos, Koldo García y su conducta machista, Pedro Sánchez puso pie en pared al presumir de que el PSOE había sido la primera organización política con un protocolo interno para denunciar e investigar los casos de acoso sexual. Hizo una promesa solemne: “Cuando haya potenciales casos de agresión o acoso sexual, pido a las compañeras víctimas que utilicen estos canales, que las vamos a proteger”. Los asistentes aplaudieron sus palabras.

Esa pared en la que se apoyó Sánchez se ha venido abajo de forma estrepitosa gracias a una información de elDiario.es, que ha demostrado que esa promesa no se ha cumplido. Ni de lejos. Las dos militantes socialistas que habían denunciado a Francisco Salazar descubrieron que su testimonio había desaparecido del canal donde debía estar. En una primera respuesta, Ferraz achacó el problema a cuestiones técnicas, pero además afirmó que no había nada más que investigar. Caso cerrado. El mismo día en que este diario empezó a hacer preguntas, Salazar había presentado su renuncia como militante. Una extraña coincidencia.

En realidad, nunca hubo investigación propiamente dicha hasta que este diario publicó la noticia. En esos cinco meses, nadie se puso en contacto con las denunciantes. ¿Esa es la forma en que se “protege” a las mujeres que denuncian comportamientos que vulneran de forma flagrante los ideales feministas del partido? ¿Por qué nadie hizo nada para que se investigaran testimonios que resultaban bastante explícitos sobre la conducta habitual de Salazar? “Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote. Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales. Y nos sometía a situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas”. A lo que hay que sumar las represalias contra aquellas que no reían sus gracias.

No hay que olvidar que ese Comité Federal del que hablaba quedó impactado al conocerse nuestra primera información sobre Salazar. El dirigente, un hombre de la máxima confianza de Sánchez y con cargo en Moncloa, había sido elegido (por Sánchez, claro) para formar parte del equipo de cuatro personas que se iba a ocupar de la gestión del PSOE. Lógicamente, su nombramiento no llegó a producirse. 

Lo peor estaba por venir al haberse comprobado que nunca hubo investigación. Pero alguien sí se movió. Lo hizo para favorecer a Salazar. Ferraz pidió al grupo parlamentario socialista en Bruselas que le facilitaran los contactos necesarios para que pudiera trabajar fuera de España y asesorar a políticos extranjeros, concretamente en Colombia, Uruguay y Costa Rica. El único protegido en esta historia era la persona denunciada por acosar a mujeres. 

Tuvo que ser la última información de Esther Palomera y José Enrique Monrosi de este mes la que provocó que el PSOE volviera a rectificar. Las denuncias han reaparecido en el canal interno y se han puesto en contacto con las denunciantes después de cinco meses de completa pasividad. Para entonces, el partido ya no podía ocultar la indignación de las militantes y dirigentes socialistas que no sabían nada hasta ahora del intento de enterrar las denuncias.

El sábado, Sánchez admitió “en primera persona” la responsabilidad por el error cometido al no comunicarse con las víctimas, aunque dijo haberse enterado de todo por la prensa. Negó haber mantenido ningún contacto con Salazar desde julio.

En privado, algunos señalaban a los responsables: “Salazar ha estado protegido todos estos meses por la dirección andaluza, con cuyos integrantes mantiene una relación constante y fluida”, explicó un dirigente a Monrosi y Palomera. La dirección andaluza que está en manos de María Jesús Montero. 

Toda esta penosa historia deja en una posición difícilmente defendible a Rebeca Torró, secretaria de Organización, y Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad. Si ellas no se enteraron de lo que estaba pasando, hay que preguntarse en qué consiste su trabajo. Y si participaron en el encubrimiento, no les queda mucha autoridad para ejercer sus cargos. ¿Qué valor tienen ahora todas sus declaraciones públicas en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres?

El PSOE envió el viernes una carta a sus militantes en la que reconoce “no haber estado a la altura” ante las denuncias presentadas en relación a conductas que califica de “repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista”. La carta tiene un valor escaso, ya que no explica cómo se ha podido llegar a esta situación. Insiste en presumir de su protocolo interno para las denuncias de acoso que, “al ser un sistema innovador, precisa de mejoras continuas”. Una mejora indudable sería escuchar a las mujeres denunciantes y darles apoyo y confianza, y no guardar sus reclamaciones en un cajón a la espera de que el tema se olvide. 

Ahora vuelven los lloros y la preocupación por cómo afectará este escándalo a los socialistas en las urnas en futuras citas electorales, empezando por la de Extremadura el día 21. Por la influencia que pueda tener en el voto de las mujeres, que fue un factor clave en los comicios de 2023. El Partido Popular no ha tardado en utilizarlo. No renuncias a los regalos que te concede el rival. “Es un partido peligroso para las mujeres”, ha dicho Núñez Feijóo refiriéndose al PSOE. 

Ni siquiera hay que remontarse a mucho tiempo atrás para buscar ejemplos sobre dónde está la prioridad del PP en la lucha contra la violencia machista. Un hombre asesinó a su mujer en Alpedrete en noviembre con una saña inaudita –cincuenta puñaladas– y el alcalde de la localidad madrileña, del PP, negó que fuera un caso de violencia de género o que él la odiara. La culpa era del “sistema”, porque no se había atendido su petición de recibir la incapacidad. Como es sabido, todo el mundo que tiene una reclamación no atendida por la Administración acaba asesinando a su pareja. Díaz Ayuso le apoyó en público.

Alfonso Villares, consejero del Gobierno gallego, tuvo que dimitir en junio tres meses después de que se presentara en un juzgado una denuncia por agresión sexual contra él. Fue arropado por los altos cargos de su departamento, que le aplaudieron en su rueda de prensa final. El director general de la Lucha contra la Violencia de Género en Galicia calificó de “intachable” su comportamiento. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le deseó “la pronta resolución de su situación”. No que se haga justicia, sino que pueda librarse cuanto antes de la denuncia. 

No parece que el PP pueda dar muchas lecciones sobre cómo afrontar los casos de violencia contra las mujeres. 

En última instancia, la existencia de leyes y protocolos no sirve para zanjar la discusión. No es suficiente con reformar las leyes. Hay que cambiar la mentalidad de las personas que están en posiciones de poder. Los que nunca creen a las víctimas o los que ocultan sus denuncias por las repercusiones políticas que puedan tener deben ser avergonzados por su conducta, sobre todo si continúan protegiendo a los denunciados por acoso sexual y dejando tiradas a las mujeres que les denuncian. 

Eso es mucho más importante que las ventajas políticas que puedan obtener unos u otros y por eso esta redacción ha informado en detalle sobre lo ocurrido en el escándalo de Salazar. De otra manera, las víctimas de esa violencia seguirán estando indefensas. Mirar a otro lado, no informar sobre estos casos, es colaborar con el negacionismo sobre la violencia de género.

Para acabar, unas palabras que creo que merece la pena tener en mente. Son de Adriana Lastra y las pronunció en el Comité Federal de julio: “En todo ese proceso, lo que más duele no es el señalamiento. Es el silencio. El silencio de los hombres buenos. De esos compañeros que saben lo que está ocurriendo, que intuyen la injusticia, pero callan. Por prudencia, por costumbre, por miedo a quedar fuera del marco. Pero callan. Y ese silencio, compañeros, no es neutral. Es estructura. Es complicidad”.