Ayuso se opone a la “prioridad nacional” en los servicios públicos del pacto PP-Vox en Extremadura: “Esos requisitos no son legales”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este viernes a uno de los puntos clave del acuerdo suscrito el jueves entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola cuatro meses después de las elecciones. Ayuso critica, en concreto, el punto en el que se recoge la modificación de la ley de extranjería para que se pueda imponer sin trabas la “prioridad nacional” para que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas, servicios o vivienda social frente a los migrantes.

“Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que como se va a tener que cumplir la ley pienso que muchos de esos requisitos no son legales”, ha asegurado Ayuso desde Bruselas, donde ha sido preguntada específicamente al respecto. La presidenta madrileña ha añadido que “el tiempo pondrá todo en su sitio”, pero ha apostillado: “Pienso que no se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”.

Ayuso había iniciado su intervención felicitando a Guardiola “por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera, de tanto trabajo”. “Pienso que después de tanto hablar ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Y a partir de ahí las cuestiones del acuerdo se me escapan porque no tengo competencias en ello”, ha asegurado. 

En realidad, en su acuerdo en Extremadura PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”.

Esta medida es una declaración de intenciones con la que los de María Guardiola se acogen al ideario más ultra. Sin embargo, y pese a que la sanidad es una competencia transferida casi de forma íntegra a las comunidades autónomas, debe ser ofrecida a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y derechos estatales, entre los que se encuentra una sanidad universal. El Gobierno central reforzó recientemente el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, por medio de un real decreto (180/2026, de 11 de marzo).

Ambas formaciones son conscientes de su falta de competencias y lo sortean en el documento pactado con fórmulas como “se exigirá al Gobierno” o “se instará a modificar la ley”. Por ejemplo, mencionan reformar la ley de extranjería y “otras disposiciones estatales que dificulten” la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Lo que quiere Vox es “restringir o priorizar el acceso” a viviendas protegidas, ayudas, subvenciones y servicios sociales a los españoles, como ha apuntado en diversas ocasiones, pero eso choca contra la legislación nacional actual.