El Archivo de Álava dispone de una colección de 201.079 fotografías históricas digitalizadas. Y el álbum crece sin cesar. Entre las incorporaciones más recientes está el seguimiento de la legislatura foral alavesa de entre 2007 y 2011, con Xabier Agirre como diputado general. En ese grupo de imágenes, centenares, ha aparecido material inédito sobre quien fuera responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial en aquel gabinete, Alfredo de Miguel, del PNV, que tuvo que dimitir en marzo de 2010 tras ser detenido por la Ertzaintza. Tras una larga investigación, acabó encarcelado hace ahora dos años por ser el cerebro de una trama de corrupción que manipulaba adjudicaciones, blanqueaba dinero y recaudaba comisiones ilegales.

Sus últimas fotografías antes de su arresto -estando ya investigado- son del 9 de marzo de 2010. Quedaba apenas una semana para que el juez Roberto Ramos firmara la orden judicial de detención y que estallara el caso ante la opinión pública. Se trata de 73 imágenes de un Consejo de Diputados extraordinario celebrado en el parque tecnológico de Miñano con motivo de la presentación del plan Deika. La galería adquiere especial simbolismo porque fue precisamente por una denuncia en Miñano por lo que se originó el escándalo.

Una empresaria contratada para la ampliación del polígono, Ainhoa Alberdi, alertó a la Fiscalía en diciembre de 2009 de que De Miguel la estaba presionando para que le pagara una comisión. El gerente del complejo cuando se produjeron los hechos era otro cargo del PNV, Alfonso Arriola, que permitió que el 'número dos' de su partido en Álava, sin responsabilidades directas allí, teledirigiera una adjudicación para luego lucrarse. Fue un 'modus operandi' que había repetido en otros lugares.

Las fotografías, factura de una Canon de Quintas, arrancan con una imagen de De Miguel llegando a Miñano acompañado de sus colegas, incluida Estefanía Beltrán de Heredia, que luego sería consejera de Seguridad durante la investigación, que tuvo en la Ertzaintza a la Policía judicial principal. Ahora es la portavoz del PNV en el Senado. El Consejo de Diputados como tal se reunió en una sala de Miñano. Lo presidía, junto a una bandera de Álava y a una ikurriña, el ya fallecido Xabier Agirre. Era un gabinete de coalición con EA y con Aralar.

Después, de cara a la presentación del plan Deika, vinculado con la innovación y la economía, se hizo una suerte de recepción a invitados y medios de comunicación en la que participó De Miguel, de traje y corbata. Estaba siempre al lado de Agirre. Hay decenas de personas pero son dos con los que a quien todos conocían como Txitxo sonrió de manera singular. Uno era Aitor Tellería, director de la sociedad pública Ceia, un semillero enclavado en Miñano. Tellería, como De Miguel, era también dirigente del PNV en la época. También acabó detenido unos días después.

Tellería, De Miguel y un tercer cargo del PNV alavés, Koldo Ochandiano, habían creado una empresa pantalla llamada Kataia Consulting, que estaba a nombre de sus tres esposas, para canalizar las mordidas. Es la primera imagen de De Miguel y Tellería juntos en un acto público antes de la investigación y el juicio, cuando se sentaron uno al lado del otro en el banquillo de los acusados. La empresaria Alberdi señaló precisamente a la pareja como quienes la presionaron directa e indirectamente, con encuentros amenazantes con su padre, afiliado nacionalista.

El segundo momento destacado del 'besamanos' es el de Iñaki Gerenabarrena, presidente del PNV alavés y muy próximo a los corruptos. Meses después acabaría despojado de ese cargo y relevado por el propio Agirre, de un sector contrario al de los detenidos y que esgrimió la “tolerancia cero” contra la corrupción. Txitxo no tuvo una intervención pública en ese evento pero sí se sentó en primera línea con otras autoridades como el alcalde de Vitoria, entonces del PSE-EE, Patxi Lazcoz.

La siguiente carpeta en la colección de fotografías de esa legislatura es precisamente del día en que fue arrestado, el 17 de marzo de 2010. Se le esperaba en un acto en la Casa de Cultura de Vitoria. Su silla quedó vacía. Al día siguiente perdió ya su cargo público por las graves acusaciones que se cernían sobre él y que luego se fueron confirmando muchos años después. Hasta 2032 cumple una condena de prisión aunque, desde el pasado verano, goza ya de un régimen atenuado que le permite hacer salidas diarias para actividades profesionales de reinserción. En la colección de la legislatura 2007 a 2011 hay otros momentos con De Miguel. Aparece posando con Arriola, por ejemplo. Y en una celebración de San Prudencio, el patrón de Álava, hay fotografías de su esposa, Ainhoa Bilbao, otra de las implicadas en la trama.

La esposa de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao, pretende sortear su condena por corrupción sin abonar la multa económica que le corresponde y sin pisar la cárcel. Según fuentes judiciales, su nueva abogada, compartida con su marido y que se llama Estefanía Rojo, ha recurrido a un resquicio legal para condenados con escasos recursos, que es pedir la ampliación de la estancia en prisión en compensación por no abonar esa parte de la responsabilidad económica. Sin embargo, acto seguido, había propuesto también la suspensión de la entrada efectiva en un centro penitenciario. Ello le dejaría sin ninguna de las dos penas a efectos prácticos. La Fiscalía ha emitido ya un informe contrario a esta maniobra y, de hecho, ha pedido que sea encarcelada al igual que la esposa de otro de los exdirigentes del PNV de Álava condenados en este proceso, Iratxe Gaztelu-Urrutia, pareja de Koldo Ochandiano.

En el 'caso De Miguel' de cobro de comisiones ilegales y contratos públicos irregulares, los exmiembros del Araba Buru Batzar del PNV De Miguel (conocido como Txitxo), Ochandiano y también Aitor Tellería crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting. La sociedad, eso sí, estaba a nombre de las esposas del trío, Bilbao, Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. Su nombre, de seis letras, son las iniciales de todos ellos (incluida la T de Txitxo). Aunque pretendieron hacer valer la estrategia de la infanta Cristina y dar a entender que eran meros testaferros, Bilbao y Gaztelu-Urrutia recibieron penas de cárcel y económicas, mientras que Bajo se quedó solamente con una sanción de unos 18.000 euros que también le ha sido requerida en las últimas horas. Tiene un mes para pagarla.

Sin embargo, los condenados y su entorno daban por supuesto que las esposas no ingresarían en prisión porque su pena es inferior a dos años, el marco habitual para acordar suspensiones. Eso sí, no es un automatismo y, en este caso, la Fiscalía ha planteado que no sea aceptada esta petición. En el caso de la esposa de De Miguel, además, entiende que es una familia con un patrimonio suficiente para afrontar también las sanciones económicas. El expolítico estuvo cobrando una nómina de 57.000 euros anuales de una sociedad pública del Gobierno vasco hasta hace apenas unas semanas. Con todo, el ministerio fiscal ha planteado que no se levanten los embargos a los bienes del matrimonio y que, hipotéticamente, evitarían posibles impagos.

Bilbao, que realizó movimientos con billetes de 500 euros y que se valió de fondos de Kataia Consulting para vicios personales como viajes, ha recibido una pena de año y medio de cárcel, doce meses por formar parte de la asociación ilícita encabezada por su marido y los otros seis por blanqueo de capitales. En cuanto a las multas, son 3.600 euros individuales y otro abono de 175.000 solidario con otros de los condenados. También en grupo, ya afrontó con De Miguel la devolución de unos 146.000 euros esquilmados al Gobierno vasco por contratos irregulares del área de Juventud. La Administración vasca ya ha recuperado el dinero. En el caso de Gaztelu-Urrutia, la pareja de Ochandiano, su condena es idéntica. Ella también realizó operaciones como llevar 30.000 euros en billetes de 500 euros en plena calle a De Miguel.

Ahora la última palabra la tendrá el tribunal, la Audiencia Provincial de Álava. Los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta habrán de resolver si acceden a los intentos de suspensión de Bilbao y de Gaztelu-Urrutia, así como los otros temas que tienen pendientes. De Miguel, por ejemplo, busca una suspensión extraordinaria porque está pendiente de un posible indulto del Gobierno de España -a lo que la Fiscalía también se ha opuesto- y Tellería y Ochandiano -y solamente Tellería y Ochandiano- están pendientes de que se compruebe su estado de salud para decidir si tienen que entrar o no en prisión.

Se da por hecha la entrada –pero no hay fecha para ello– de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y que no ha intentado ningún resquicio para evitar la condena. Su posición es más delicada porque su esposa, Josune Gorospe, es diputada del PNV en el Congreso y el partido lleva tiempo queriendo marcar muchas distancias con cualquier maniobra que implique el no cumplimiento de las condenas. Hay dos condenados más, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés) que tienen penas de más de dos años en total pero sin que ninguno de los delitos individuales supere esa barrera. Ellos han pedido una suspensión (Azkarraga incluso ha pagado más de 6.000 euros de multa ya) y, ante la oposición del fiscal Josu Izaguirre, la pelota queda de nuevo en el tejado del tribunal.

Finalmente, la Fiscalía ha dado el visto bueno a que eviten la cárcel Jon Iñaki Echaburu, constructor corruptor próximo a De Miguel, y Sergio Fernández Oleaga, otro empresario que abonaba comisiones y que ya ha pagado sus responsabilidades económicas. En todo caso el ministerio público quiere elevar de dos a cinco años el período en el que no podrían delinquir para que se mantenga suspendida la pena privativa de libertad. En paralelo, se están ejecutando también las penas de aquellos implicados con penas exclusivamente de inhabilitación, como es el caso de Alfonso Arriola.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años por delitos de corrupción (nueve de cumplimiento máximo), no quiere entrar en prisión. El entorno de Txitxo, como es conocido, ha pedido ya el indulto y lo hace con argumentos que van desde el hecho de que hace casi dos décadas desde que se produjeron los hechos hasta que, según recogió 'El Correo', ha colaborado en estos años “en el apoyo escolar a niños desfavorecidos de la selva del Amazonas de Perú”. Sin embargo, el expolítico nunca ha colaborado con la Justicia ni respondido a una sola pregunta que no tuviera preparada con su defensa desde que en 2009 se iniciara la investigación y en 2010 fuera detenido. Más bien al contrario, ha sido más de una década de excusas y teorías exculpatorias en ocasiones rocambolescas. Y aunque el mensaje oficial del PNV, verbalizado por su candidata en Vitoria Beatriz Artolazabal, es que este caso de corrupción está “amortizado” de cara a la opinión pública, a dos meses de las elecciones municipales y forales en Euskadi voces internas del partido empiezan a admitir en privado y por vez primera en este tiempo que todo el ruido que rodea a este asunto, incluidos los indultos, empiezan a pesar de cara a la opinión pública.

Asimismo, desde el entorno de los ya condenados en firme se está intentando extender un argumentario por el cual se presenta como excesivo el castigo final por estos hechos por tres motivos. Uno, porque “son hechos de 2005”. Dos, porque la Justicia ha tardado más de una década en acabar toda la tramitación judicial. Y, tres, se entiende que las cantidades económicas detrás del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi serían irrisorias.

Estas explicaciones orillan que las penas no son por los hechos de 2005, año en que se crea la empresa tapadera Kataia Consulting, pieza central del caso porque es donde se recaudaban buena parte de las comisiones ilegales, que fueron destinadas a comprar un coche, a viajes, a copas, a joyas, a estancias en balnearios, a pagar a familiares o a comprar unas fincas en la localidad vizcaína de Fruniz. Las sentencias constatan en muchos casos el carácter “continuado” de los delitos. De hecho, la chispa que enciende la investigación, la denuncia de la empresa Ainhoa Alberdi, se debe a que en 2008 De Miguel le pidió una comisión de 100.000 euros que estuvo latente durante 2009, hasta que acudió a la Fiscalía.

Además, los retrasos en la Justicia -que están acreditados y que en ningún caso afectaron a la investigación- han sido no perjudiciales sino beneficiosos para los implicados, ya que si sus penas no son más altas es porque se les ha reconocido un atenuante por “dilaciones indebidas”. Finalmente, en cuanto a las cantidades económicas, se ha tratado de limitar el impacto de la causa a la responsabilidad civil -de unos 150.000 euros- correspondiente a los contratos irregulares salidos desde el área de Juventud del Gobierno vasco para beneficiar a la trama. No obstante, solamente las comisiones confesadas en 2018 en el juicio por el exsocio de De Miguel Josu Arruti ya ascendían a 322.000 euros.

2010: “Querían atentar contra mi vida”

De Miguel, junto con otras siete personas, fue arrestado por la Ertzaintza el 17 de marzo de 2010. Los agentes confundieron al entonces diputado foral con el “diputado general” o presidente de la Diputación, que en aquel momento era Xabier Agirre, ya fallecido y que era de un sector interno contrario a los acusados. “Cuando fui detenido creí que querían atentar contra mi vida”, manifestó en sede judicial. Él y los otros dos exdirigentes del PNV alavés condenados, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, se quejaron también del frío de los calabozos y hasta de que les dieron mantas “meadas”. Asimismo, durante años todos ellos hicieron bandera de una supuesta conspiración urdida por el juez, Roberto Ramos, la Fiscalía, la Ertzaintza -entonces el Gobierno vasco estaba en manos del PSE-EE- y los medios de comunicación. Así lo expresó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, en el juicio celebrado en 2018: “He llevado asuntos turbios y no he visto nada igual en mi vida. Ocurren cosas muy extrañas. En un programa muy famoso de Cuatro, de los domingos por la noche y con un presentador con nombre vasco [por Cuarto Milenio], les gustaría hablar de estos fenómenos paranormales”. Sin embargo, un agente avisó en el juicio de que en los registros se ciñeron exclusivamente a las órdenes judiciales. “Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación”, explicó el ertzaina.

2011: Sin “enriquecimiento”

En 2011, De Miguel fue citado por la comisión de investigación que creó el Parlamento Vasco en torno a este caso y a otros de la época. En la Cámara tampoco respondió a ninguna pregunta y se limitó a leer un escrito. Luego lo repitió en una supuesta rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Allí afirmó que estaba probado que no se había “enriquecido” y que todo era un montaje para atacar al partido a través de él y del resto de investigados. Fue ese día cuando el portavoz parlamentario y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que mantiene hoy sus cargos, le recibió con un abrazo. En el exterior del edificio, decenas de militantes lo esperaban también para aplaudirle y agasajarle.

2011: la falsa amenaza de ETA

El juez Ramos, a la luz de un informe de la Ertzaintza muy contundente sobre las implicaciones de la trama, volvió a citar en el juzgado a De Miguel. Fue a finales de 2011. Tanto él como su esposa, Ainhoa Bilbao, una de las testaferros de Kataia Consulting junto a las parejas de Ochandiano y Tellería, esgrimieron una nueva teoría. Indicaron que altos mandos de la Policía Nacional y de la Ertzaintza les habían trasladado que Txitxo había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Ello explicaba, supuestamente, los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o los intercambios en la calle de hasta 60 billetes de 500 euros. La Policía Nacional pronto desmontó esta tesis con un informe elabodo 'ad hoc' a instancias del juzgado.

2018: Eric Armando, “ni extorsiones ni cosas raras”

En el juicio, en 2018, De Miguel también exploró una hipótesis alternativa para explicar sus conversaciones con Alberdi y la petición de “100.000”. Ni era una comisión ni eran euros, sostuvo el expolítico en una intervención ante el tribunal ensayada con su abogado y, por supuesto, sin posibilidad de preguntas o más aclaraciones. Cuando le pedía dinero a la denunciante se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Y metió en el relato a un tal Eric Armando que nunca ha aparecido. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo. Y añadió: “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”.

2018: “Despidos” y “marginación social”

En la fase de conclusiones del juicio y tras haber rechazado un acuerdo muy ventajoso a cambio de confesar, el letrado de De Miguel y de su esposa jugó la carta de exponer las consecuencias de una investigación tan larga. “Esto afecta a todo el mundo que tenga la desgracia de que le metan en un macroprocedimiento. Pero si tiene suerte y no es mediático... [Mis clientes] Han estado expuestos al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico. En el caso de mis defendidos sufrieron despidos y, además, pintadas y amenazas -denunciadas a la Policía-, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, apartamiento social, marginación social, pérdida de amistades, … ¡Nueve años [así]!”, relató. Sin embargo, en los últimos meses ha trascendido que, al menos en el plano laboral, el expolítico no solamente no ha sido despedido sino que ha ido ascendiendo tanto en salario como responsabilidades en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi, en concreto en la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea. Asimismo, tuvo la oportunidad de que el director de Hazi, Asier Arrese, declarara como testigo a su favor en el juicio.

2023: El indulto por una pena excesiva

En enero de este año el Tribunal Supremo ya hizo pública la sentencia definitiva de este caso y que ratificaba en su gran mayoría los términos del fallo de primera instancia emitido por la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2019. Desde entonces, el entorno de Txitxo se puso a trabajar en preparar un indulto. Se han cuidado de desvincularlo de una estrategia de su defensa -de hecho ha cambiado de abogado para esta fase y Estefanía Rojo sustituye a Susaeta- y de una estrategia del partido. Desde el PNV ya han dejado claro que no tienen “absolutamente nada que ver” con el intento de sortear la entrada en la cárcel por esta vía o que pueda ser un elemento de negociación con el Gobierno de España, que es quien tiene la potestad de la gracia en virtud de una ley de 1870, que es a la que se agarran. La estrategia es presentar al condenado como el afectado por un largo proceso y casi como un ciudadano ejemplar. Lo que se busca es un indulto “parcial” que rebaje de tres a dos años la pena por el delito de asociación ilícita de modo que ninguno de los castigos aislados dentro de esa suma global de más de doce años supere la barrera que habitualmente se toma como referencia para las suspensiones, los dos años.

La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha garantizado este miércoles en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a la abogada y empresaria, Ainhoa Alberdi, denunciante de la corrupción del 'caso De Miguel' y que además recibió la notificación tres días antes de que tuviera que ratificar sus acusaciones en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Álava. En respuesta a una pregunta de Elkarrekin Podemos-IU, con todo, Iruarrizaga ha remarcado que no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales.

Siempre en genérico, el titular de Hacienda tanto ahora como cuando tuvo lugar esta inspección ha indicado que cuando se detectan “indicios” de algún tipo de irregularidad porque un contribuyente “no declara todo lo que debe” se inicia un expediente. El trámite puede durar “meses” y en él participan al menos “cuatro funcionarios forales”. No hay una persona política que decida cuando se envía la notificación, según Iruarrizaga, que ha insistido en que todo el engranaje “se desarrolla con objetividad” y siempre “cuando [los funcionarios] consideran que existen indicios suficientes de irregularidades tributarias”.

Xabier Benito, de Elkarrekin Podemos-IU, ha afirmado que no queda más que “confiar” en las explicaciones genéricas de los responsables de Hacienda, aunque ha ironizado que es legítimo pensar que en vez de “casualidad” pueda haber “causalidad”. “¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda en esa fecha tan desafortunada?”, se ha preguntado. Y ha añadido que también es “casualidad” que Alberdi tampoco haya recibido ningún contrato público más desde que denunció la mayor trama de corrupción en Euskadi.

“No se puede decir cómo ha acabado y con qué resultados”, ha recalcado Iruarrizaga sobre el expediente de Alberdi en su segundo turno. El diputado del PNV se ha negado a “comprar” la tesis de la oposición de que haya “sombra de duda” ya que “el procedimiento pudo haber empezado meses antes” de cuando le llegó la “carta certificada”. “Es muy tasado y se desarrolla con mucha objetividad”, ha querido enfatizar también al término de su intervención en el Parlamento vizcaíno.

Se de la circunstancia de que la Diputación de Bizkaia estuvo personada en el 'caso De Miguel' ya que parte de la trama implicaba delitos fiscales en ese territorio, particularmente en lo relativo a las comisiones ilegales por la operación urbanística en la localidad alavesa de Zambrana canalizadas por las mercantiles de Josu Arruti, que confesó los delitos en el juicio y ya devolvió el dinero.

El Tribunal Supremo ha emitido ya su pronunciamiento definitivo sobre el 'caso De Miguel'. El alto tribunal, según ha trascendido este jueves, atiende un “incidente de aclaración” presentado por uno de los condenados por corrupción, el exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan. No cambian los hechos y sigue pesando sobre él una pena por conductas delictivas en torno a la empresa pantalla Errexal pero evitará la entrada efectiva en prisión por un nuevo cómputo de los delitos por el cual ninguno pasa de los dos años. Es el mismo criterio que se le había aplicado a Josu Montés, otros los imputados.

En concreto, según recoge Europa Press, sus condenas de cárcel serían de dos años por el delito continuado de malversación y de un año, nueve meses y un día por el de falsedad de documento mercantil. La sentencia prevé también la disolución de Errexal, que ha seguido operando estos años bajo el nombre de Perexila Proyects.

Este paso convierte ya en firme la sentencia después de 14 años de causa judicial. Así, se abre la puerta a la ejecución de las penas, incluido el acceso a prisión de quienes no pueden eludirlo. Son Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, exdirigentes del PNV de Álava, y Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe. Asimismo, es el paso que el Gobierno vasco esperaba para ejecutar el anunciado despido de De Miguel de la sociedad pública Hazi, donde estaba ejerciendo funciones de coordinador del grupo de pesca Itsas Garapen Elkartea con una nómina de 57.000 euros anuales que se ha ido incrementando durante la investigación e incluso desde la primera sentencia de 2019 hasta ahora.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Este pronunciamiento final del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete. Tiene que producirse una notificación expresa y una declaración de firmeza. Después, se iniciarán los trámites, donde los condenados podrán alegar problemas de salud. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, por ejemplo, los han presentado en la última época.

Los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún en ese sentido y aunque durante la investigación se usó como gran baza el cuestionamiento de la causa en sí misma, nada apunta a que eso se vaya a producir, por lo que se cierra también la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso sí, en el entorno de De Miguel se barajaba la posibilidad de solicitar un indulto y esa opción también se podría activar a partir de ahora.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha enviado al Parlamento Vasco, a instancias de los grupos de la oposición EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, información detallada sobre la situación laboral de Alfredo de Miguel en la fundación Hazi, una sociedad pública autonómica. El ex 'número dos' del PNV de Álava, para el que el Tribunal Supremo ha confirmado una pena más de doce años de cárcel por haber liderado una trama de corrupción, había logrado mientras estaba siendo investigado, juzgado e incluso condenado en primera instancia alcanzar 'de facto' la máxima categoría en ese organismo, la A, ejercer funciones de “coordinación” y representación en materia de Pesca y percibir un salario de 57.407,45 euros cuando el asignado a su nivel profesional real, el C, era de 35.000 euros en el convenio vigente cuando fue juzgado, en 2018. Otra lectura es que su salario ha subido en 5.000 euros desde 2019, alrededor de un 10%, a pesar de que ya pesaba sobre él una condena por delitos como malversación, cohecho, blanqueo o asociación ilícita.

De Miguel fue despojado de sus cargos públicos –era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo)– y asimilados –vicepresidente de Caja Vital Kutxa– cuando en marzo de 2010 fue arrestado por orden judicial, el momento en el que se conoció el origen del que luego se acabaría convirtiendo en el mayor sumario de corrupción en Euskadi. Meses después, ya en 2011, fue suspendido también en el partido. Sin embargo, gozaba de dos excedencias en sendas entidades públicas que le sirvieron de colchón laboral. La primera era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del PNV, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava, allá por el año 2000. En diciembre de 2012 IKT y otras sociedades públicas se fusionaron y nació Hazi. Y De Miguel no solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos al liquidar su excedencia con Sprilur. 

Según los datos remitidos a la Cámara, el puesto de trabajo “consolidado” de De Miguel es de “categoría C”, la tercera de cinco posibles en Hazi. Ahora bien, “desde 2015 sustituye de manera temporal a una persona en excedencia forzosa” y, “como consecuencia de un concurso interno en concurrencia competitiva cuyo proceso fue avalado por el propio comité de trabajadores”, según recalca la consejera Arantxa Tapia, saltó en 2017 a la “categoría B”. Sin embargo, se da la circunstancia de que “de manera interina y mientras dure la excedencia forzosa indicada, ocupa un puesto de categoría B con un complemento de funciones hasta la categoría A”. ¿Cómo se traduce eso? Que a su “salario base” de 39.273,78 euros se le añade un “complemento de interinidad” de 11.221 euros, a los que se suman la antigüedad (5.787,04 euros) y un 2% en concepto de pago al plan de pensiones privado de los funcionarios vascos, Itzarri (1.125,63 euros). Los datos son del ejercicio fiscal 2022, un año en que, además, la cotización realizada a la Seguridad Social con cargo a la empresa ascendió a 15.696,72 euros.

Días antes de que el Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en casi todos sus extremos y, en el caso de De Miguel, viera probados varios delitos de corrupción penados con doce años de prisión (nueve de cumplimiento efectivo), este periódico reveló que en los últimos meses el exdirigente 'jeltzale' había asumido funciones de “gerente” o “manager” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea, un grupo local del sector que cuelga de Hazi y en el que colaboran las cofradías. Las palabras “gerente” y “manager” son las que aparecían en documentos oficiales, pero el Gobierno de Iñigo Urkullu siempre ha negado que tenga funciones de responsabilidad. “Usted sabe que ninguna persona condenada en firme, tampoco el señor De Miguel, ha actuado como representante del Gobierno vasco. Sabe a ciencia cierta que no es verdad, pero lo sostienen”, le dijo este mismo viernes el lehendakari a PP+Cs en la sesión de control al Gobierno que celebró el Parlamento.

La documentación conocida ahora indica que “las labores propias del puesto” de De Miguel en Hazi son las de “liderar” la planificación y puesta en marcha de proyectos, “participar” en la “gestión” de ayudas económicas relacionadas con el medio rural y litoral (incluidos fondos europeos) o “liderar” programas “estratégicos”, entre otras. Ejerce, en suma, como “coordinador” de Itsas Garapen Elkartea, admite el Gobierno. Esta entidad tiene un presupuesto de “funcionamiento y animación” de 276.969 euros.

Desde este puesto, De Miguel ha realizado viajes oficiales, participado en reuniones interterritoriales con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso recogido premios a iniciativas innovadoras del mundo de la pesca en Euskadi, como está documentado en fotografías y vídeos oficiales. “El señor Alfredo de Miguel, cuando ha acudido a conferencias o cursos, siempre ha actuado en nombre de Itsas Garapen Elkartea y NO en el suyo propio”, explica el Gobierno poniendo la negación en mayúsculas.

Se da la circunstancia de que el convenio colectivo también aporta algunos datos sobre las funciones del personal de categoría A, como De Miguel. Refiere que “asume la responsabilidad máxima/última en todo aquello que atañe a su ámbito de conocimiento dentro del área en la que opera”, que “es el puesto referente (con autoridad reconocida) en temas/ámbitos relevantes, prioritarios, y/o estratégicos para Hazi”, que “posee la máxima capacidad de influencia en el desarrollo y mantenimiento de relaciones estratégicas/de alto nivel”, que “lidera el asesoramiento y acompañamiento en la planificación y en la puesta en marcha de las políticas y acciones estratégicas en la materia propia de su área” y que “colabora con la dirección de la fundación Hazi y con el correspondiente Departamento o Viceconsejería”. 

El Gobierno vasco tiene decidido ya el despido de De Miguel a la luz de la sentencia del Supremo que confirma que lideró una trama de empresas dedicadas al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos teledirigidos. El convenio vigente cuando se conoció la sentencia de primera instancia ya contemplaba un posible despido en casos de “condena por delito de robo, hurto o malversación, cometidos fuera de la empresa” siempre que fuese “de duración superior a seis años”. No se aludía a sentencia “firme”, como sí recogen otros convenios de modo expreso, pero un informe jurídico aconsejó al Ejecutivo a esperar a la respuesta a los recursos ante el alto tribunal. Desde entonces, la retribución ha pasado de 52.000 euros a los más de 57.000 actuales.

Ahora ya es pública la resolución definitiva, pero no es firme por la petición de nuevas aclaraciones realizada por otro de los condenados, el exedil del PNV en Leoia Iñaki San Juan. Temporalmente, Hazi mandó a teletrabajar desde su casa a De Miguel en previsión de que la notificación de la sentencia firme fuese cuestión de días, pero ese trámite se está alargando y, de momento, no hay fecha para ello.

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El 5 de marzo de 2018, hace casi cinco años, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi acudió al juicio del 'caso De Miguel', que duró todo un año, a ratificar su denuncia contra el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, al que acusaba de haberle intentado cobrarle una comisión de 100.000 euros por mediar en la adjudicación de un contrato público. “Mi denuncia no gustó a nadie. Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy”, declaró bajo juramento. Estas palabras se interpretaron como que había quedado vetada para acceder a nuevos contratos con la Administración, como así era y como así ha seguido siendo, salvo por unos trabajos con un organismo del PSE-EE. De hecho, explicó que una “persona política” que no identificó -aunque era del PNV- le había recomendado que no se molestara en preparar concursos. Pero esos comentarios tenían también otra razón de ser: tres días antes, el 2 de marzo de 2018, se le había comunicado el inicio de una inspección fiscal, según indican fuentes judiciales.

La inspección fue ejecutada por la Hacienda de Bizkaia. Se da la circunstancia de que este organismo estaba personado en el 'caso De Miguel' como una de las acusaciones por los delitos fiscales de las operaciones opacas de la trama, ya que algunas de las mercantiles implicadas tenían domicilio fiscal en ese territorio foral.

“Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, dijo también en aquella sesión. Incluso antes de denunciar, al empezar a preguntar a su antiguo socio, el constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, si había pactado alguna letra pequeña con el político por la adjudicación, que era en el parque tecnológico de Miñano, en Vitoria, le rescindieron algunos contratos y su padre fue llamado al orden por De Miguel. “Cuando me dijeron la cantidad, 20 millones de pesetas, casi me desmayo”, declaró Juan Antonio Alberdi, igualmente militante de la formación 'jeltzale'.

En todo caso, Alberdi ratificó punto por punto el relato que trasladó allá por diciembre de 2009 a la Fiscalía de Álava y que fue el germen de una investigación que mostró que lo de Miñano no era un caso aislado. De Miguel cobró mordidas en otras operaciones e incluso tenía una empresa pantalla a nombre de su mujer y de las esposas de otros dos dirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. “Me llama soberanamente la atención que eso [pedir comisiones ilegales] se haga vía 'email' y en sitios oficiales. Me sorprende esa alegría… De ahí mi temor. Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había hecho”, explicó sobre la petición que se le hizo para que 'pasara por caja'. “Si alguien lo denunciaba yo podía estar sentada ahí atrás [por el banquillo de los acusados]”, manifestó también.

En estos años, no se ha ocultado que ha tenido también consecuencias físicas y mentales. “Mi hija entró en tratamiento después de que empezó este lío. Perdió 20 kilos y hoy es el día en que está tomando ansiolíticos y demás”, manifestó su padre en sede judicial. Uno de sus objetivos ha sido siempre el de proteger su imagen. Solamente se ha publicado una fotografía de ella, al poco de iniciarse la investigación. Demandó y ganó a 'El Mundo' al entender que se invadió su intimidad. En el juicio, declaró sin que se permitiera a la prensa tomar señal de imagen, aunque sí al resto de la ciudadanía, con acceso a la sala de vistas. Alberdi nunca ha tenido la consideración oficial de víctima y, de hecho, uno de los pocos delitos apreciados por la Fiscalía que no se dieron por probados en el juicio fueron las coacciones hacia ella. El tribunal consideró que no hubo “especial presión”, es decir, que las peticiones no incluyeron un componente de violencia.

El entorno de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años de cárcel por delitos de corrupción (nueve de cumplimiento efectivo), estudia ya solicitar un indulto para que el expolítico evite la entrada en prisión, según ha podido confirmar este periódico de dos fuentes cercanas al 'caso De Miguel'. Estas mismas fuentes señalan que ni la defensa ni la familia están detrás de este movimiento y buscan desvincular también la medida de gracia de cualquier connotación política.

En España, el indulto está regulado por una normativa antiquísima, de 1870. Esa ley establece que “pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación”. En este caso, se aferrarían al tercer supuesto. Pueden ser perdonados todos los delitos de manera total o parcial. Su concesión se hace en nombre del jefe del Estado, actualmente el rey Felipe VI, y la tramita el Ministerio de Justicia. Aunque la gracia está en manos del Gobierno, se requiere un informe del tribunal sentenciador sobre el caso concreto. El perdón es individual y no colectivo. Esto supone que una solicitud en nombre de De Miguel no afectaría al resto de excargos orgánicos y públicos nacionalistas implicados en la trama.

Uno de los argumentos que se ponen encima de la mesa, siempre según las fuentes consultadas, es que la pena impuesta a De Miguel es “desproporcionada” a la luz del quebranto económico de los hechos constatados y del tiempo transcurrido desde que se produjeron las conductas delictivas confirmadas. Un dato: Kataia Consulting, la empresa pantalla para el cobro de comisiones ilegales, fue creada en 2005 por De Miguel y sus compañeros en la dirección del PNV, los también condenados Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Y la denuncia inicial que ha dado origen a todo el proceso judicial es de 2009.

La figura del indulto ha ganado protagonismo en los últimos meses tanto por el 'procés' independentista catalán como por la más reciente petición de gracia para el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE. Sin embargo, según Civio, entre 1996 y 2022 se habían conmutado más de 200 penas asociadas a delitos económicos. En el caso vasco, son cuatro los indultos que constan y todos ellos por casos de mucha menor trascendencia pública.

Estos movimientos en el 'caso De Miguel' son aún incipientes. De hecho, todavía no se ha notificado la sentencia a la Audiencia Provincial de Álava, que es el órgano judicial que se encargará de su ejecución, es decir, de ordenar la entrada en prisión de De Miguel, Tellería, Ochandiano o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, también condenado. Según las fuentes consultadas, una de las partes ha pedido una “aclaración” al Supremo, en concreto en lo relativo a las condenas del exedil en Leioa y socio en varios negocios de De Miguel, Iñaki San Juan. Su pena ha quedado en cuatro años tras el filtro del recurso de casación. Hasta que el alto tribunal no se pronuncie, los autos no volverán a la Audiencia y no se declarará firme la sentencia.

Cuando eso ocurra, se abrirá también un período para presentar posibles alegaciones diferentes al indulto. Pueden esgrimirse, por ejemplo, problemas de tipo médico para entrar en la cárcel. Tellería y Ochandiano han presentado algunas dolencias de salud en los últimos tiempos. Asimismo, los condenados pueden continuar la batalla judicial con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El matiz es que no tiene efectos suspensivos automáticos, si bien en la práctica sí suele posponer la ejecución de las sentencias. Además, el Constitucional solamente atiende a posibles defectos de forma en el proceso o vulneraciones de derechos y no entra a revisar de nuevo los hechos, que se dan por probados ya.

Significativamente, aunque gran parte de la línea de defensa de los condenados durante la fase de la investigación, durante el juicio y en los recursos ante el Supremo era precisamente atacar cómo se recopilaron las pruebas y se construyó la acusación, ninguna de las fuentes consultadas contempla ahora mismo un posible recurso de amparo al Constitucional, que sería lo que abriría las puertas a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Mi recomendación es que se ejecute la sentencia cuanto antes”, afirma uno de los asesores legales de los condenados, que admite que todas las instancias han desmontado uno por uno los supuestos excesos cometidos en la causa y que llegaron a incluir acusaciones de que se manipularon documentos clave que probaban los flujos de dinero ilícitos, como un cuaderno manuscrito con referencias a dinero “negro” o a porcentajes hallados en casa de Ochandiano.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes en un foro organizado por 'Deia' que es “absolutamente mentira” que exista “corrupción estructural” en el PNV a la luz de los hechos 'caso De Miguel', confirmados recientemente por el Tribunal Supremo y que llevarán a la cárcel a exdirigentes y excargos de esta formación. Para confirmarlo, sin embargo, ha aludido a una supuesta investigación al partido solicitada por la Fiscalía que no existió -no consta en el sumario y así lo confirman a este periódico fuentes judiciales- y a una consecuente “exoneración” de la Audiencia Provincial de Álava que tampoco se produjo nunca.

“El PNV en modo alguno ha sido acusado y mucho menos condenado. Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, ha afirmado Urkullu sobre el 'caso De Miguel', que estalló cuando él era presidente del Euzkadi Buru Batzar y que afectaba a cuadros de un sector contrario al suyo dentro de las corrientes internas. En el pasado, el PNV ya señaló a la Fiscalía -el caso lo inició Josu Izaguirre y luego contó con el apoyo de Manuel Pedreira- y también se criticó la instrucción -capitaneada por el juez de Vitoria Roberto Ramos-.

Se da la circunstancia de que en diciembre, cuando se debatía en el Parlamento sobre otra investigación judicial, la de las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018 en Osakidetza, Urkullu ya afirmó que una “sentencia” había exonerado también a su exconsejero de Salud, Jon Darpón. En ese sumario, lo que ocurrió fue que una parte acusadora -en este caso el sindicato LAB- demandó la imputación del exconsejero por su supuesta responsabilidad política sobre los hechos y que esa petición no se autorizó mediante un auto. El caso sigue formalmente abierto y, desde luego, no se ha emitido ninguna sentencia.

En el encuentro de 'Deia', Urkullu ha arrancado su disertación sobre este expediente judicial lamentado que “por muchas veces que se repita una mentira” no se convierte en “verdad”, en relación a las críticas recibidas por su partido por esta trama. Y ha querido poner en valor las medidas adoptadas por él y por el entonces diputado general de Álava, Xabier Agirre, ya fallecido y que apartó a Alfredo de Miguel, principal condenado, de sus cargos en la Diputación. Ha aludido a la “complicidad” entre ambos sin citar en ningún momento a quien era presidente del partido en Álava, Iñaki Gerrebarrena, quien tenía en De Miguel y en otros dos condenados, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, a estrechos colaboradores. El ahora lehendakari ha asegurado que el partido actuó con toda la firmeza posible desde el respeto a la “presunción de inocencia” de los entonces imputados y que el caso permitió reforzar controles internos. Siente “orgullo” Urkullu por que su partido es una “referencia” de cómo reaccionar ante casos semejantes.

El lehendakari, asimismo, ha tenido un recuerdo para los “allegados y familiares” de los condenados y una mención especial para las personas que en su momento fueron procesadas y más tarde desimputadas o exoneradas en diferentes fases. No los ha citado por el nombre pero son Pablo Larrabide, Asier Arzalluz, Miren Bilbao o Julián Sánchez Alegría. Sin embargo, no ha tenido palabras para la denunciante de la trama, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, cuya familia también es del partido.

El 'aquí no hay nada' inicial con el que los exdirigentes y excargos del PNV encararon el inicio de la investigación del 'caso De Miguel' tornó en estrategias de defensa arriesgadas cuando el peso de las pruebas empezaba a constatar la existencia de una trama de corrupción más allá de la denuncia inicial de la empresaria Ainhoa Alberdi. En 2011, cuando un informe de la Ertzaintza reveló que Alfredo de Miguel, quien fuera influyente 'número dos' del partido en Álava, había recibido en metálico una gran cantidad con billetes de 500 euros, 30.000 euros, alegó una supuesta amenaza de ETA que le hacía recomendable hacer movimientos opacos para no ser víctima de extorsión. La Policía Nacional pronto desmontó esa tesis pero, años después, en el juicio, la esposa de Koldo Ochandiano rescató esa misma tesis para justificar que fuera ella la que entregó esos 60 billetes de los grandes en plena calle.

De Miguel y Ochandiano, con un tercer dirigente del Araba Buru Batzar, Aitor Tellería, constituyeron una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar comisiones y blanquear ese dinero. Eso sí, estaba a nombre de las esposas de los tres. Las seis letras del nombre, de hecho, responden a todas las iniciales, cambiando la 'A' de Alfredo por la 'T' de Txitxo, como todos conocen a De Miguel. Y era en Kataia Consulting donde se movían grandes sumas.

En la fase de investigación, Txitxo declaró en dos ocasiones. Cuando fue detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010 no mencionó la presunta amenaza de ETA. Y eso que la noche anterior se produjo en Francia el que ha pasado a la historia como el último atentado de la organización, el del policía Jean-Serge Nérin, con lo que el asunto copaba los medios de comunicación en aquel momento. Sí lo hizo en su comparecencia en 2011, ya no improvisada. Refirió incluso conversaciones con altos mandos de la Policía Nacional y con la Ertzaintza en la que le trasladaron que había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Su esposa, Ainhoa Bilbao, repitió explicaciones similares también en su segunda intervención. Pero entonces, ¿por qué mover 30.000 euros y dejar en la cuenta un saldo restante de seis cifras? ¿Y por qué hacerlo si la cuenta no estaba a nombre del amenazado? ¿Cómo iba a conocer ETA Kataia Consulting?

A pesar de que esta argumentación nunca convenció a los responsables de la investigación, el instructor del caso, Roberto Ramos, quiso despejar dudas pidiendo un informe específico a la Policía Nacional, posiblemente la única diligencia policial de todo el sumario no realizada por la Ertzaintza. Este cuerpo fue contundente: tras el arresto de 'Antza' ningún documento acreditaba que De Miguel, dirigente del PNV, estuviese amenazado como lo estaban en aquella época colegas socialistas o del PP.

La defensa de Txitxo enterró totalmente esta línea argumental -no infrecuente en otras investigaciones económicas a cargos políticos- y no la mencionó en ningún momento durante todo el juicio, celebrado entre enero y diciembre de 2018 en la Audiencia Provincial de Álava. Pero, casi al final del proceso, en un interrogatorio preparado con su abogado, Carlos Chacón, la esposa de Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, lo volvió a sacar a la luz para tratar de justificar una entrega de 60 billetes de 500 euros a un político en plena calle. Así fue su explicación

-[En la investigación] El ministerio fiscal le preguntó por las disposiciones de fondos realizadas en 2005.

-De aquello me acuerdo, sí. Era un cantidad... Mi marido llamó a la chica de Ipar Kutxa [actual Laboral Kutxa] para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 euros y en los alrededores de mi domicilio se los di a De Miguel. 

-¿Y por qué no se hizo una transferencia?

-Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos].

La historia de Eric Armando

De Miguel también ofreció una coartada muy singular para tratar de explicar que pidiera dinero a la denunciante del caso, a Ainhoa Alberdi, que reveló con grabaciones y correos electrónicos que el político la estaba extorsionando para que le pagara 100.000 euros por un contrato que su empresa se había llevado en el parque tecnológico de Miñano gracias a la influencia de Txitxo. Por escrito y usando la cuenta de 'e-mail' institucional de la Diputación de Álava, De Miguel le puso a Alberdi: “Lo nuestro lo dejamos en 100”.

Como no había más contexto, el acusado se esforzó en construir una hipótesis alternativa. Era una carta ganadora: ni era una comisión ni eran euros. Años después del cambio de divisas, De Miguel se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Aquí es cuando entró en escena un tal Eric Armando. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo en una de sus respuestas más largas de todo el interrogatorio y previamente preparada con su abogado, Gonzalo Susaeta. “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”, se permitió añadir. Ni Eric Armando aparecía en un sumario de decenas de miles de páginas ni, por supuesto, De Miguel le llevó como testigo para que avalara esta tesis públicamente ante el tribunal.

Después de conocerse que el Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y cargos públicos de esta formación, repasamos las portadas de los principales periódicos y digitales de Euskadi.

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El balance del 'caso De Miguel', el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi, es claramente más favorable para los empresarios corruptores que para los políticos corruptos. Un dato: Jon Iñaki Echaburu, constructor afiliado al PNV al que en una grabación se le escucha decir que las comisiones son algo “dentro de lo normal”, ve rebajaba su pena en el trámite del Tribunal Supremo de dos años y cinco meses a solamente cinco meses. No entrará en la cárcel. Quien tuviera que cambiar a última hora de abogados por lo peculiar de su caso, queda absuelto de participación en el cobro de comisiones que intentó el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, en el parque tecnológico de Miñano, 100.000 euros. El recaudador, en cambio, ha sido condenado a doce años, cuatro meses y 15 días, nueve de cumplimiento efectivo.

La denunciante, Ainhoa Alberdi, que compró a Echaburu la empresa Urbanorma Consulting, una compañía que era la adjudicataria de un contrato en Miñano, manifestó que al asumir el control total de la firma descubrió que había letra pequeña en ese contrato público. En concreto, destapó que su antiguo socio había pactado con su amigo De Miguel, a quien conoció en las juventudes del PNV (EGI), el pago de una comisión en compensación por haber logrado entrar en Miñano 'a dedo'. Cuando la denunciante se negó a pasar por caja fue cuando empezaron las presiones, que incluyeron reuniones con su padre, por ejemplo.

¿Qué dice el Supremo sobre esta situación? “La conversación mantenida por Alfredo de Miguel y Ainhoa Alberdi, en la que aquel reclamó el pago supuestamente acordado con el recurrente [Echaburu], no es prueba bastante de que fuera cierto lo que Alfredo de Miguel afirmaba. La prueba practicada muestra que, durante años, Alfredo de Miguel no se condujo con honestidad en la captación de fondos y, desde luego, la exigencia de un pago a Ainhoa Alberdi, tanto pudo responder al previo acuerdo con el recurrente que proclama la sentencia [de la Audiencia de Álava, que sí vio acreditado el delito de Echaburu], como a una farsa con la que buscara, a partir del engaño, enriquecerse a costa de la señora Alberdi”.

Sin embargo, al tiempo, el alto tribunal da por probado que Echaburu pasó por la caja de De Miguel por otros dos contratos en dos pequeños municipios alaveses, Zigoitia y Lapuebla de Labarca. En aquella ocasión se acreditó el abono a las empresas controladas por el político del equivalente al 4% del coste total. E interpreta que la cuantía de Miñano (100.000 euros venía a ser un tercio de la minuta, aunque el monto total de aquella operación era variable) no casa con ese porcentaje. “La cantidad supuestamente exigida quintuplica la comisión que, conforme a la prueba practicada, pagó el recurrente por la adjudicación de los contratos de Lapuebla de Labarca y Zigoitia”, remarca el alto tribunal.

No es el único caso. El empresario Prudencio Hierro, también próximo al partido por su participación en la reforma de la sede de Álava y también contratista habitual de la Administración, sale del proceso con una absolución aunque confesara en el juicio que costeó la reforma de la segunda vivienda de De Miguel a cambio de “favores”. Y los promotores catalanes del pelotazo urbanístico de Zambrana, la mayor de las derivadas de este caso al estar valorado en 65 millones, confesaron que pagaron mordidas para beneficiarse de la influencia de De Miguel y ya quedaron exonerados en primera instancia. Estos empresarios eran de Construcciones Riera.

Sergio Fernández Oleaga, contratista de cabecera con su estudio de arquitectura Stoa y que definió a De Miguel como un “padrino” que la abría puertas en la Administración, eludirá en principio la cárcel ya que su pena es igualmente inferior a dos años, de un año y seis meses. Eso sí, Echaburu afrontará una multa económica de 53.600 euros y Fernández Oleaga de 3.586 euros.

Es conocido que la empresa principal de la trama era Kataia Consulting. La montaron tres dirigentes del PNV alavés, De Miguel y sus colegas Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Era una tapadera para blanquear las comisiones. Estaba a nombre de las esposas del trío. Sin embargo, la de Tellería ha quedado fuera de las condenas. Araceli Bajo, ya desde primera instancia, quedó al margen mientras que de Ainhoa Bilbao, pareja de De Miguel, e Iratxe Gaztelu-Urrutia, había pruebas de que participaron de los hechos delictivos. La primera, por ejemplo, viajó con cargo al dinero ilícito. La segunda llegó a hacer entregas con hasta 60 billetes de 500 euros. Sus penas finales son también inferiores a dos años, lo que les evitará probablemente el cumplimiento efectivo.

La absolución de Julián Sánchez Alegría

La sentencia definitiva del Supremo también ajusta las penas en lo tocante al contrato irregular que dio origen a la trama, el de Miñano. Allí, De Miguel hizo valer su influencia para que se le diera un contrato a la empresa a la que quería cobrar una comisión. El gerente que le abrió la puerta era Alfonso Arriola, compañero de partido. En primera instancia ya evitó la cárcel y ahora ve rebajada en parte su condena de inhabilitación hasta dejarla en cuatro años, aunque ya no ejerce ningún cargo. En el caso de su superior, el presidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, se le elimina toda la condena, también la inhabilitación. Su delito era la prevaricación, que implica actuaciones ilícitas a sabiendas de que lo son. “No hay ninguna evidencia de que el recurrente conociera el beneficio que podía obtener Alfredo de Miguel o de que con su actuación buscara satisfacer el interés personal de Alfredo de Miguel porque Urbanorma [Consulting] resultara contratada”, afirma el Supremo sobre este caso particular.

El PNV ha rescatado la denominación 'caso Miñano' para referirse al 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción en Euskadi ahora ratificada por el Tribunal Supremo con condenas de cárcel para exdirigentes del partido en Álava y excargos públicos nacionalistas. Este nombre se ha empleado en los últimos años para rebajar el alcance de un caso que, en efecto, se inició por una denuncia de irregularidades en torno al parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, pero que se extendió muy pronto a Zambrana, Zigoitia, Lapuebla de Labarca y otras derivadas confirmadas en las dos sentencias emitidas ya sobre este sumario, donde operó una trama encabezada por quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel. Además, la organización presidida por Andoni Ortuzar ha afirmado que la sentencia del alto tribunal “relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con EAJ-PNV” aunque hay pasajes que hacen alusión a que los condenados se valieron de su posición e influencia políticas para cometer los delitos y que tenían en común su pertenencia a una misma organización.

“La sentencia hoy conocida viene a avalar que el caso no afecta a EAJ-PNV como partido, ni a su financiación. Ni en el auto de apertura de juicio oral, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, ni en el fallo del Tribunal Supremo había ni hay una sola referencia a esta cuestión”, remarca el comunicado del partido, que ha centralizado toda la comunicación en el Euzkadi Buru Batzar. La nota, en todo caso, elude todas las referencias a los hechos concretos probados -entre ellos que los imputados se han enriquecido, extremo negado por cargos peneuvistas como Joseba Egibar- y denuncia la “excesiva dilación” de todo el proceso judicial, “que ha implicado a un grupo de personas más amplio que el de las hoy condenadas”. El partido, en efecto, se acuerda de los absueltos o no juzgados -Julián Sánchez Alegría, Asier Arzalluz, Miren Bilbao o Pablo Larrabide, entre otros- pero no de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que no es afiliada pero cuya familia sí lo era y que en estos años ha recibido numerosos ataques.

Respecto a los condenados, a los que no menciona por el nombre en ningún momento, se remarca que “estas personas entregaron sus carnés” de afiliados. “Fueron apartadas de sus responsabilidades públicas e internas. Durante todo este tiempo, han tenido suspendida cautelarmente su afiliación. Una vez que la sentencia es firme, se procederá a incoar el expediente definitivo de expulsión ante el correspondiente tribunal interno, en cumplimiento de los estatutos vigentes”, indica el PNV, que aprovecha para “poner en valor la honestidad y la entereza de miles de mujeres y hombres de EAJ-PNV, de cargos públicos e internos que dedican su tiempo y el de su familia, su bienestar y su capacidad de progreso al servicio público”.

En ese contexto, el PNV sí “renueva” sus disculpas a la sociedad vasca lanzadas tras la sentencia de primera instancia, de finales de 2019. Hoy renovamos esa disculpa ante el conjunto de la sociedad. “Como en su día hicimos al conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, acatamos el auto judicial y proclamamos, como lo hemos hecho siempre, que cualquier práctica éticamente reprobable, contraria a la vocación de servicio público que debe tener la acción política, está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio del Partido Nacionalista Vasco. La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con EAJ-PNV. Al contrario, siempre tendrán a este Partido enfrente. La acción política que practica EAJ-PNV va dirigida a mejorar la vida y el bienestar de la colectividad vasca”, indica el comunicado.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar cuando estalló el caso era el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha publicado un mensaje en Facebook. “Hoy ratifico el contenido de las declaraciones públicas realizadas el día 1 de abril de 2010 una vez conocidos los hechos y el 17 de diciembre de 2019 ante la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, primero como presidente de EAJ-PNV y después como lehendakari. Ratifico mi primera declaración de 2010 como presidente del Partido Nacionalista Vasco: 'Repruebo todo caso de corrupción y mantengo el compromiso total con la transparencia y la ética en la gestión pública y política'. Ratifico también mi declaración de 2019 como lehendakari: 'Mi más absoluto respeto a las decisiones adoptadas por la Justicia'. Estas decisiones deben ser acatadas y cumplidas, respetando también el curso de los procedimientos judiciales. Ratifico el más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos”.

Aunque Urkullu sí emplea el término “corrupción”, no figura la palabra en la nota del partido. Hace un mes, en diciembre, el PNV presentó las conclusiones de un proceso interno de reflexión llevado a cabo con opiniones de afiliados, simpatizantes y externos que remarcaba que estas siglas no estaban asociadas a la corrupción, aunque sí admitía la necesidad de combatir “cierta imagen de amiguismo”. En los últimos años no ha sido el 'caso De Miguel' el único, aunque sí el más importante. En Gipuzkoa se acreditaron irregularidades en la puesta en marcha del museo Balenciaga de Getaria y también en la gestión de Hacienda del exsenador Víctor Bravo. Y en Alonsotegi, en Bizkaia, los tres alcaldes anteriores están bajo investigación.

El Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y cargos públicos de esta formación. El alto tribunal, eso sí, ha realizado algunos ajustes. Necesariamente son a la baja, ya que todos los recursos iban en esa dirección. Esta sentencia es ya firme e implicará la entrada efectiva en prisión de los acusados con delitos por encima de los dos años. El fallo avala el trabajo investigador del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, de la Ertzaintza, y de la Audiencia Provincial de Álava, en el ojo del huracán durante años.

“Absolvemos a Alfredo De Miguel Aguirre del delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal por el que venía condenado por la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Zambrana, manteniendo el resto de pronunciamientos de condena que la sentencia de instancia contiene”, se puede leer en el fallo, largamente esperado desde que el alto tribunal iniciara en septiembre la deliberación por un caso denunciado en 2009.

Según el fallo, el ajuste a De Miguel se concreta en que de la la condena original de 13 años de prisión se pasa a 12 años, cuatro meses y 15 días de cárcel. Son nueve de cumplimiento efectivo. La resolución del Supremo implica también la absolución de Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de parques tecnológicos, aunque su pena era exclusivamente de inhabilitación y no de cárcel. Es por los hechos de Miñano, que suponen también una rebaja para el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, que se queda en cuatro años de inhabilitación. El constructor Jon Iñaki Echaburu, asimismo, no entrará en prisión al reducirse su pena de dos años y cinco meses a solamente los cinco meses. Iñaki San Juan ve ajustada su pena definitiva a cuatro años, cuatro meses y 15 días de cárcel. San Juan era socio de De Miguel en varios negocios. Otro de los principales acusados, Xabier Sánchez Robles, mantiene una pena de 7 años, 1 mes y 15 días. El exdirector de Juventud con Juan José Ibarretxe facilitó que las empresas de la trama accedieran a adjudicaciones irregulares y, durante el juicio, trató de justificarlos con pruebas que fueron consideradas falsas.

Los principales acusados eran tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. “Por todas estas actuaciones -dice el Supremo- , los integrantes de la ejecutiva alavesa han sido condenados por los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales”. A Ochandiano “se le imponen, además de otras penas accesorias, 7 años y 6 meses de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo”. Él era el contable de la trama. A Tellería -que fue absuelto de otro caso paralelo en 2013- “se le condena a un total de 5 años, 1 mes y 15 días de prisión”. 

“Los tres acusados, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, refleja el Supremo. Y se añade: “Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros”. 

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en Euskadi y cuya investigación se remonta a 2009 y que afecta a excargos públicos y orgánicos del PNV encabezados por Alfredo de Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. Del fallo su ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena. Este pronunciamiento es firme y obligará a la entrada en prisión de los afectados, aunque pueden recurrir por vulneración de derechos fundamentales primero ante el Constitucional y luego incluso a Estrasburgo.

Eran una docena los recursos de casación que tenía sobre la mesa el Supremo. Finalmente, la Fiscalía no recurrió para elevar las condenas, como querían los fiscales del caso en Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira. Asimismo, los condenados que habían pactado sus penas con el ministerio público durante el juicio dieron por bueno el fallo e incluso devolvieron el dinero que les correspondía por los delitos económicos cometidos.

De Miguel, el principal acusado, fue el influyente 'número dos' del PNV de Álava y también ocupó el cargo de diputado foral de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). Tenía menos de 40 años cuando esta investigación truncó su carrera política. En estos años, sin embargo, ha continuado con un cargo en una sociedad pública del Gobierno vasco, Hazi, hasta el punto de que ha tenido tres ascensos mientras era investigado.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

El 'caso De Miguel' es el mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi. Todavía hoy hay quienes lo rebajan a 'caso Miñano', como se le quiso llamar al principio, porque tuvo su origen en el parque tecnológico de Vitoria. Pero esa denominación omite que la trama extendió sus tentáculos a Zambrana, minúscula población al sur de Álava donde se pergeñó un pelotazo urbanístico valorado en 65 millones de euros, a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, de donde salieron contratos 'a dedo', o a los municipios alaveses de Zigoitia o Lapuebla de Labarca y que quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ideó negocios desde la Costa del Sol andaluza hasta Argentina. Con De Miguel se sentaron en el banquillo otros dirigentes alaveses de la formación como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, cargos públicos nacionalistas como Xabier Sánchez Robles, María Justina Angulo o Alfonso Arriola y empresarios con carné como Josu Arruti, Iñaki San Juan o Jon Iñaki Echaburu. La denuncia de la corrupción llegó en 2009, la investigación arrancó en 2010 y finalizó en 2015, se celebró un macrojuicio en 2018 y, a finales de 2019, una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava recogió 300 folios de “hechos probados” que constataba no solamente las graves irregularidades sino la importancia que en el desarrollo de los hechos tuvo la vinculación común de todos los procesados a una misma organización. El PNV, por el contrario, siempre ha defendido su “intachable” trayectoria cuando se le ha interpelado por este caso y ha insistido en que los acusados actuaban 'motu proprio'.

La denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, de familia 'jeltzale', acompañó su alerta de que De Miguel quería cobrarle una comisión de 100.000 euros por ayudarle con un contrato con grabaciones. Una de ellas aborda esta cuestión con su entonces socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración, amigo de De Miguel y quien aparentemente había pactado la mordida:

-¿[Es] Pa’l partido o así?

-Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

-¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

-No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

El 'caso De Miguel' ha vuelto a primera línea ahora al conocerse que De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo, no solamente continúa trabajando para la Administración sino que ejerce de “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea -así aparece en documentos oficiales, aunque el Gobierno vasco lo niega- y que en este tiempo ha recogido premios, ha concedido entrevistas por “buenas prácticas” y realizado viajes oficiales representando a Euskadi. El PNV repite que la sentencia sobre este caso no es “firme”, ya que el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver 14 recursos de los condenados en primera instancia. También que los derechos laborales de De Miguel como empleado público no pueden ser vulnerados. La oposición se ha echado encima y los socios del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, han sugerido que siga trabajando pero al menos no con proyección pública. La entidad de De Miguel, entre sus funciones, reparte ayudas públicas y en su web publicita un buzón contra el fraude.

¿Cómo ha gestionado el PNV este caso? En el momento de su detención en marzo de 2010, De Miguel era diputado foral en Álava con competencias en materia de Urbanismo. El presidente de aquel Ejecutivo provincial era Xabier Agirre, ya fallecido, y aquélla era una coalición con dos partidos ahora integrados en EH Bildu, EA y Aralar. Agirre salió al instante reclamando “tolerancia cero” contra la corrupción y destituyó al arrestado, no sin tensión. También dejó de ser vicepresidente de la Caja Vital, politizada como tantas otras entidades en España. Pero el PNV es bicéfalo y el partido en Álava lo controlaba Iñaki Gerenabarrena, no Agirre. El presidente, que ahora trabaja en el Gobierno en la misma sociedad pública que De Miguel, fue quien impuso a Agirre el nombre de Txitxo para su equipo y su reacción primera fue amenazar a la prensa que informaba del caso con querellas. Todo un sector en torno a Gerenabarrena y Txitxo siguió esa misma estrategia. Una veintena de cargos firmaron una carta denunciando una “cacería infame” contra la organización. Muchos fueron los mismos que lo agasajaron en las puertas del Parlamento cuando le tocó comparecer en la comisión de investigación que, sobre este caso, celebró la Cámara. Ya dentro, el referente del sector interno de De Miguel y Gerenabarrena, Joseba Egibar, presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, le dio un abrazo delante de fotógrafos y camarógrafos y permitió que un acusado por graves delitos ofreciera una rueda de prensa sin admitir preguntas en una institución pública. Entretanto, EA y Aralar dejaron solo al PNV y rompieron la coalición.

El presidente del PNV entonces era Iñigo Urkullu, ahora lehendakari. Él y su equipo, más próximos a Agirre, se las vieron y desearon para lograr que De Miguel y los otros imputados entregaran sus carnés de afiliados. Lo logró muchos meses después, a principios de 2011. A cambio, De Miguel, Tellería y Ochandiano le 'regalaron' este aviso: “Se equivoca la dirección del EBB del PNV si cree que la campaña política y mediática de acoso y derribo al Partido remitirá o desaparecerá por el hecho de un simple depósito de carnés. Los firmantes de esta carta queremos denunciar el juicio paralelo al que hemos sido sometidos y la actitud injusta de quienes han obviado el principio de presunción de inocencia y ya nos han condenado. Exigimos al EBB del PNV que defienda al Partido y a sus afiliados con mayor convencimiento y determinación de lo que ha defendido nuestra presunción de inocencia. Nosotros somos inocentes, el PNV también y, pese a quien pese, lo demostraremos”.

El sector de Agirre logró frenar la candidatura propuesta para las elecciones de 2011 en Vitoria por Gerenabarrena. Fue entonces cuando emergió la figura de Gorka Urtaran, que ahora abandonará el cargo, pero las instituciones pasaron a manos del PP. A nivel orgánico, Agirre decidió asumir la presidencia en Álava y los suyos se impusieron en la renovación de los cargos de Araba Buru Batzar... aunque tuvo que ser a la segunda. En el primer intento, con irregularidades, Agirre se vio con más de su nueva ejecutiva controlada por los afines a Gerenabarrena y De Miguel. En el sumario del caso constan auténticas campañas contra compañeros de partido orquestadas por el sector contrario. Un ejemplo: el actual presidente alavés y continuador de Agirre, José Antonio Suso, era vejado en algunos mensajes.

Urkullu se convirtió en lehendakari en 2012 y Andoni Ortuzar pasó a ser el líder del Euzkadi Buru Batzar. En estos años, ha asegurado que el fiscal del caso, Josu Izaguirre, ha actuado al “servicio” del PP. “Hay un deseo insano por demostrar que en Euskadi hay corrupción”, declaró. También manifestó en otra ocasión que el caso estaba inflado ya que no suponía más que 200.000 euros, en alusión a solamente una de las partes, la relativa a los contratos irregulares en Juventud. Eso sí, conocida la sentencia de la Audiencia de Álava, en 2019, Ortuzar “con sencillez y sinceridad” pidió disculpas aunque introdujo dos matices, que seguía operando la presunción de inocencia porque la condena no era firme y que los hechos constatados “nada tienen que ver con el PNV”. Urkullu, ya desde la Presidencia vasca, también se sumó a la petición de perdón. Egibar, finalmente, se avino a reconocer que “ha habido conductas delictivas” aunque hasta poco antes de conocerse el fallo recalcaba que nunca se lucraron los acusados, aunque en el juicio apareció cómo De Miguel usó las comisiones para comprar un coche, joyas o viajes, cómo las tarjetas de crédito eran usadas en bares de copas o cómo un constructor asumió el coste de la reforma de su segunda residencia, en Gorliz, en la costa vizcaína.

En estos años, De Miguel ha tenido varios ascensos en la sociedad pública del Gobierno vasco en la que trabaja, Hazi, de la que cuelga Itsas Garapen Elkartea. Su nómina se ha más que duplicado y ha asumido nuevas responsabilidades. Era conocida su cercanía el histórico líder del PNV, Xabier Arzalluz, pero poco antes de su fallecimiento sorprendió enviando a su entorno una fotografía de ambos comiendo. En el velatorio, Txitxo coincidió con el EBB. La denunciante ya manifestó que no ha recibido ni un sólo contrato público en este tiempo y que alguien del propio partido le instó a que ni siquiera se presentara a los concursos. El PNV no ha hecho nunca un pronunciamiento en torno a la figura de Alberdi.

Tampoco sobre la familia Arruti, muy vinculada al partido y también a la familia Arzalluz. Josu Arruti, amigo y socio de De Miguel en la trama, confesó durante el juicio la existencia de comisiones. Además de admitir los hechos, ya ha devuelto el dinero defraudado, al menos 130.000 euros. Se ha endeudado, ha abierto un pequeño negocio en Bilbao y se ha desvinculado de toda pelea en el Supremo. En realidad, De Miguel también iba a confesar, pero cambió de parecer a última hora. Iba a aceptar delitos que, juntos, sumaban cinco años y cuatro meses de cárcel. Su hermana Aintzane, a la que situó como contable de la trama, compartía abogado con Arruti y tenía ya un pacto para evitar la cárcel a ultimísima hora renunció a declarar en un giro nunca explicado.

Es reciente, de diciembre, un documento con conclusiones sobre el proceso de escucha activado por la formación de Ortuzar entre militantes, simpatizantes y externos. Una de las conclusiones de este trabajo llamado Entzunez Eraiki es que el PNV “no es un partido asociado a la corrupción” pero entiende que sí “debe contrarrestar cierta imagen de 'amiguismo' que ha podido calar tras tantos años de gestión pública”. Las novedades sobre De Miguel han hecho que la oposición haya rescatado este punto.

El PNV también ha fichado en los últimos años al juez que presidió el tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia. Desde 2021 es asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo vasco de Prisiones una vez transferida esta competencia. Ocupa un puesto precisamente en el único departamento del Gobierno vasco controlado por el PNV de Álava de Suso. Suyas y de los magistrados Elena Cabero o Raúl Aztiria son frases como que el “único lazo verificado” entre todos los implicados en el 'caso De Miguel' era su pertenencia a un partido, al PNV. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción”, afirmó el tribunal.

En el juicio del mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel' que sentó en el banquillo a exdirigentes del PNV de Álava, a otros cargos nacionalistas y a contratistas, la denunciante de la trama, la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi explicó una parte –solamente una parte– del calvario que ha vivido desde que en 2009 diera el paso de acudir a la Fiscalía con grabaciones para denunciar que el político que da nombre al caso, Alfredo de Miguel, le estaba presionando para que abonara una comisión de 100.000 euros. “Se han vengado de mí hasta hoy”, afirmó. Añadió que una “persona política” del PNV, cuya identidad no desveló, le recomendó que ni se molestara en presentarse a concursos públicos. Esto ocurrió en 2018. En 2023, según ha podido confirmar este periódico, Alberdi sigue sin haber vuelto a trabajar para la Administración. Es la otra cara de la moneda frente a los “derechos” del principal condenado, que salió de aquel juicio con una pena de trece años de cárcel. Aunque no tiene cargos públicos o de partido, mientras se espera la sentencia definitiva del Tribunal Supremo quien todos conocen como Txitxo ha ido ganando en responsabilidades en la sociedad pública Hazi, adscrita al Gobierno vasco. Ahora ejerce como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea y, como tal, ha encabezado la delegación vasca en diferentes foros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en La Palma o Cartagena, por ejemplo.

Aunque era público y notorio que De Miguel trabajaba para el Ejecutivo en Hazi, que cuelga del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia, no había trascendido que Txitxo actuaba como cara visible de Itas Garapen Elkartea (un GALP o grupo de acción local pesquera en el que la Administración colabora con las cofradías y otras entidades del sector) ante el Ministerio, ante la Unión Europea y hasta en recogidas de premios. De hecho, los vídeos, documentos y fotografías del papel de De Miguel en estos últimos años, una vez condenado por graves delitos de corrupción, han generado una profunda sorpresa entre quienes participaron en la investigación de esta trama. También la oposición ha demandado explicaciones al Gobierno de Iñigo Urkullu, que precisamente era el presidente del PNV cuando estalló este caso. Incluso el PSE-EE, socio del PNV, ha reclamado firmeza. Los nacionalistas, tanto desde el Gobierno como desde el partido, insisten en que la condena que pesa sobre De Miguel “no es firme” y que, por lo tanto, goza de unos “derechos” laborales que hay que preservar. Deslizan que despojarle de sus funciones sería lo ilegal.

En el caso de Alberdi, por el contrario, su última década ha sido de ostracismo. “Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, llegó a admitir en el juicio. Esta joven empresaria formaba parte del círculo de confianza de Txitxo al ser socia de un amigo del político, el constructor Jon Iñaki Echaburu. Aunque es de familia 'jeltzale', ella nunca ha sido del partido, a diferencia de Echaburu. Cuando adquirió toda la empresa Urbanorma Consulting a Echaburu, descubrió que el contrato público que habían recibido en el parque tecnológico de Álava, en Miñano, escondía letra pequeña. Su exsocio había pactado el abono de una comisión –algo “dentro de lo normal”, según refería el empresario en una de las grabaciones del caso– y el recaudador era De Miguel, quien aparentemente no tenía ningún cargo en Miñano. Ya antes de denunciar, según el relato de Alberdi, De Miguel presionó incluso a su padre para que pasara por caja.

Después, se inició una dura campaña para desacreditarla que incluyó incluso componentes sexistas al ser una mujer joven la que daba el paso de cuestionar las versiones de varones con una dilatada trayectoria política. En numerosas ocasiones ha sobrevolado que el móvil era una 'vendetta' sentimental. De Alberdi, que ha tenido que medicarse contra la depresión y contra la ansiedad, se dijo también que había manipulado los audios para hacerlos incriminatorios, cuando su presentación era tan pésima que incluso no se habían borrado ni conversaciones sobre su perro. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, dijeron las defensas de los imputados. La de Txitxo quiso investigar las cuentas de la nueva empresa de la denunciante, Alberdi & Vicinay, dando a entender que ocultaba irregularidades. El abogado de otro dirigente del partido acusado por Alberdi, Aitor Tellería, llegó a afirmar que ni su padre respaldaba su denuncia.

Otros condenados también siguen con sus funciones

El periplo de De Miguel en estos años, sin embargo, ha sido muy diferente. Tenía dos excedencias en sendas sociedades públicas autonómicas para elegir destino profesional. Desechó Sprilur (Industrialdeak) previa indemnización de 22.000 euros y optó por Hazi, heredera de la entidad IKT, que es donde realmente accedió de muy joven. Desde su reincorporación en 2010 ha tenido ascensos de categoría y subidas de sueldo que hacían que, en 2020, su nómina ya se hubiese duplicado con respecto a la inicial. Su salario anual superaba entonces los 50.000 euros. Tras su imputación, abandonó Vitoria y se instaló definitivamente en la segunda residencia familiar, ubicada en Gorliz, en la costa de Bizkaia. La reforma se la pagó un contratista, Prudencio Hierro. Ha cambiado también de coche y las fuentes consultadas indican que su defensa, a cargo del bufete Cuatrecasas, ha tenido que superar las siete cifras.

Cuando fue citado a la comisión de investigación que celebró el Parlamento Vasco sobre este caso, el portavoz del partido, Joseba Egibar, le recibió con un abrazo. Muchos años después Egibar continuó defendiendo que De Miguel no se había enriquecido, aunque consten salidas de dinero para joyas, un Saab o viajes, entre otros cargos. Ese mismo día de 2011 decenas de simpatizantes del PNV lo agasajaron a la salida. Más recientemente, sus funciones en Hazi han ido creciendo en proyección pública. Aunque el Ejecutivo haya afirmado tajantemente que “De Miguel no representa al Gobierno vasco en ningún foro”, hay actas en las que figura recibiendo premios como responsable de Itsas Garapen Elkartea. La web de la Unión Europea recoge una entrevista con él como exponente de buena gestión en lo tocante a protección del sector pesquero durante la primera ola de la pandemia. Y ha realizado un puñado de viajes oficiales, al menos a Galicia, La Palma y Cartagena.

En La Palma, en 2022, estuvo en un congreso de mujeres del sector. Hay varias fotografías de su presencia allí, acompañada por una excursión a la zona afectada por la erupción del volcán, ocurrido unos meses antes. Antes, en Cartagena, no solamente participó; hay constancia de que tomó la palabra. Lo hizo también en una sesión telemática formativa en la que expuso el modelo vasco de pesca. Todo estos encuentros estaban auspiciados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reunían a representantes procedentes de las diferentes comunidades autónomas y De Miguel era miembro de la delegación vasca.

De Miguel y Tellería estaban detrás de una empresa pantalla llamada Kataia Consulting junto a un tercer dirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano. Cuando se produjeron los hechos denunciados por Alberdi, Ochandiano era el contable del parque de Miñano, que también es una sociedad pública y que también depende de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Después de algunas idas y venidas, recuperó esa plaza, en la que ahora se mantiene. Su fotografía sigue en la web oficial de la institución. Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa y beneficiario a través de la empresa Errexal de contrataciones irregulares, mantiene la compañía con un pequeño cambio de nombre (ahora se llama Perexila) y ha vuelto a contratar en su municipio. Algunas adjudicaciones estaban hechas a través de intermediarios. El empresario Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, también siguió recibiendo adjudicaciones una vez condenado, principalmente del área de obras hidráulicas del Ayuntamiento de Vitoria. Sin embargo, Miñano sí declaró la “nulidad” del contrato que mantenía con el parque tecnológico tras la sentencia condenatoria, unas actuaciones que se reactivaron durante el juicio de corrupción.

Nota aclaratoria de Hazi

Entretanto, la fundación pública Hazi ha enviado una larga nota sobre el 'caso De Miguel' en la que recalca que no hay nada novedoso sobre la situación del expolítico, que ya se conocía todo lo que hacía para la organización y que no es “verídico” que sea “gerente” de Itsas Garapen Elkartea, aunque esa condición aparece de manera reiterada en documentos tanto de la Unión Europea como del Ministerio. A partir de ahí, Hazi insiste en que la condena no es firme. “La Fundación Hazi entiende que esta circunstancia no sea comprendida por la sociedad y reconoce que las decisiones tomadas al respecto a esta persona no resultan sencillas para la propia organización, si bien corresponde [...] actuar conforme a criterios jurídicos”, reeflexiona esta entidad. Sobre los ascensos de De Miguel, recalcan que obtuvo la “máxima puntuación” en una proceso de promoción interna y que el comité de empresa calificó la actuación como “correcta”.

Sobre Alfredo de Miguel Aguirre pesa desde hace tres años y un mes una condena de la Audiencia Provincial de Álava de trece años de cárcel por graves delitos de corrupción de su etapa como 'número dos' del PNV de Álava. Ahora el Tribunal Supremo revisa su recurso para reducir la condena, pero el convenio colectivo vigente en 2019 en la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco para la que trabaja, Hazi, contemplaba un posible despido en caso de penas de más de seis años de prisión por delitos económicos. A diferencia de otros textos similares, no se añadía la coletilla de que fuera precisa una resolución judicial “firme”, aunque el Ejecutivo siempre lo interpretó como tal. Sin embargo, desde diciembre de 2019 De Miguel no solamente ha continuado trabajando para la Administración con normalidad sino que ha ido adquiriendo nuevas responsabilidades. Ejerce como “gerente” del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial. Este organismo cuelga de Hazi y en él participan también las cofradías de Bizkaia y de Gipuzkoa.

Aparece como “manager” en documentación de la Unión Europea. Ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca. Entre sus competencias, se hallan las de gestionar ayudas públicas y la de recibir denuncias de posibles fraudes en el sector.

La investigación del 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el político del PNV la presionaba para cobrarle una comisión de 100.000 euros por un contrato que él había procurado a su empresa, Urbanorma Consulting, en una sociedad pública en la que no tenía ningún cargo visible, el parque tecnológico de Miñano. Finalmente, fue detenido en marzo de 2010 junto a otros dos exdirigentes del partido en Álava con los que compartía una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que estaba a nombre de las esposas de los tres. Fue entonces cuando fue apartado de su cargo público, diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), de su otro cargo, vicepresidente de la Caja Vital (ahora integrada en Kutxabank) y desprovisto de su carné en el partido. Formalmente, ya no tenía posición orgánica después de una década como secretario del Araba Buru Batzar y mano derecha del presidente, Iñaki Gerenabarrena, aunque mantenía intacta su influencia. Cinco años de instrucción desmadejaron una trama mucho más amplia y quien todos conocían como Txitxo se se sentó en el banquillo a lo largo de 2018. La Audiencia Provincial de Álava acreditó varios delitos de corrupción y, aunque redujo la pena por las dilaciones indebidas, De Miguel se llevó una pena en primera instancia de trece años. La Fiscalía quiso que entrara ya en prisión pero el tribunal optó por esperar al pronunciamiento del Supremo sobre los recursos, aunque fijó algunas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligatoriedad de firmar periódicamente en un juzgado.

Tras una baja laboral cuando estalló el caso que llegó a ser investigada por la Seguridad Social por su extensa duración, De Miguel disponía de dos plazas para trabajar para la Administración. La primera excedencia era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una de las tres entidades precursoras que luego se fusionaron en Hazi, una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del partido, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava. No solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos mientras era investigado por corrupción al liquidar su excedencia con Sprilur. Tras la sentencia, el entonces gerente de Hazi, Asier Arrese, reveló a preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco que en estos años Txitxo había disfrutado de al menos un ascenso de categoría y tres subidas salariales. Más tarde se conoció que había omitido su remuneración real. De 24.000 euros anuales estipulados para su puesto en 2010 estaba ya en 52.500 en 2020, aunque se dio a entender que eran 37.000.

Desde entonces, De Miguel ha seguido ganando en responsabilidades. En documentos oficiales de la Unión Europea sobre los GALP de España, Txitxo aparece como el “manager” para la costa vasca. En marzo de 2022, por ejemplo, encabezó una delegación vasca de visita al sector pesquero de Galicia. “La comitiva vasca, conformada por el técnico de Hazi y gerente de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Alfredo de Miguel Aguirre, el coordinador general de la Cofradía Itsas Etxea, Martxel Arozena, y por el técnico de Hazi y de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Ekaitz Urtiaga Martínez visitó durante dos días diversos espacios y proyectos”, se podía leer en una nota oficial de la Administración gallega. Unos meses antes, en octubre de 2021, Txitxo recibió a una delegación de la Fundación Expomar de esa comunidad, que es la fotografía que acompaña a esta información.

Hay documentación de Hazi que muestra cómo De Miguel ha dirigido reuniones y también cómo ha sido el representante vasco en encuentros interterritoriales. Un boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de diciembre de 2020 muestra cómo el exdirigente del PNV recogió dos premios a sendas iniciativas innovadoras en el sector pesquero vasco, Sopak y Ecofish. En la primavera del pasado año, De Miguel impartió una charla telemática a representantes de los GALP de toda España a instancias del Ministerio de Luis Planas para exponer el modelo vasco de gestión pesquera. “Soy Alfredo, de Itsas Garapen Elkartea”, se presentó. “Hacemos un poco de todo [...] para el Gobierno vasco”, ironizó. Cuando llegó la COVID-19, la Unión Europea destacó una iniciativa vasca para proteger a las embarcaciones y garantizar el suministro de pescado a la población. Lo hizo acompañar de unas declaraciones en inglés de De Miguel y lo calificó de “buenas prácticas” de gestión.

Arrese, en su última comparecencia parlamentaria sobre la materia, dejó una reflexión: “Creo que, evidentemente, cuando estamos tomando decisiones de índole laboral en referencia a Alfredo de Miguel, existe esa tensión entre la precaución de ser conscientes que estamos gestionando una persona que está imputada, pero también queriendo ser ecuánimes”. El entonces responsable de Hazi las funciones de Txitxo de manera muy genérica. “A día de hoy, efectivamente, está ocupando un puesto de técnico rural, bueno, más más que rural, de técnico litoral, un puesto al cual accede mediante un proceso de promoción interna”, informó. Quitó hierro a su posición ya que “estos últimos 13 años ha habido más de 50 promociones de cubrición de puestos vacantes y éste es sólo uno de ellos”. La oposición pidió más aclaraciones. Y esta fue la respuesta textual: “Está ocupando en estos momentos no una plaza en propiedad sino una vacante que está como técnico de dinamización litoral. Está como técnico de apoyo. Tenemos un convenio con el Grupo de Acción Local Pesquero y damos el soporte de secretaría técnica que, en colaboración con los técnicos, las cofradías, tanto la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa como la de Bizkaia, dan el soporte técnico a las funciones de dinamización, vamos a decir, del ámbito litoral y las cofradías pesqueras. Y del Grupo de Acción Local Pesquero”.

Durante el macrojuicio por corrupción, Arrese fue uno de los testigos aportados por la defensa de De Miguel para hacer ver al tribunal que las irregularidades que se le imputaban eran irreales. El que fuera presidente del PNV alavés con Txitxo, Gerenabarrena, ocupa también un puesto de responsabilidad en Hazi.

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El parque tecnológico de Álava, ubicado en Miñano, ha celebrado este viernes con la máxima solemnidad sus 30 años. Aglutina a 170 empresas, genera 3.500 puestos de trabajo y se promociona como “la mayor concentración de conocimiento y talento” de la provincia (935 millones de volumen de negocio, 90 millones anuales en I+D y 264 patentes registradas en el último año completo, 2021). Lo que surgió traccionado por Gamesa (actual Aernnova) constituye el 6% del PIB y el 7% de la recaudación de la Hacienda foral. Sus empresas son la “vanguardia” de Vitoria, de Álava y de Euskadi. El aniversario ha estado presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha concitado a una amplia representación de autoridades e invitados. Los discursos, sin embargo, han orillado los puntos oscuros de Miñano, que fue epicentro del mayor caso de corrupción conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', y que vio naufragar el sueño vasco de tener una escudería de Fórmula 1, el proyecto Épsilon Euskadi de Joan Villadelprat, pese a lo cual en el vídeo editado por el cumpleaños el túnel del viento ha sido presentado como uno de los emblemas de las instalaciones..

El 'caso De Miguel' surgió precisamente por la denuncia de la empresaria que lideraba la compra de terrenos para la ampliación de Miñano, Ainhoa Alberdi. Denunció que su empresa había recibido 'a dedo' el contrato y que fue así a cambio de una comisión que le quería cobrar el 'número dos' del PNV local, Alfredo de Miguel, que no tenía allí ningún cargo. En el sumario aparecieron otras operaciones irregulares en el parque tecnológico, como las vinculadas a la empresa Stoa. Los gestores de entonces, Alfonso Arriola como gerente y Julián Sánchez Alegría como presidente de la red de parques de Euskadi, eludieron la cárcel pero recibieron elevadas penas por prevaricación al haber dejado hacer a la trama de De Miguel. Arriola no estaba entre los tres exgerentes que han acompañado a la actual responsable, Miren Bilbao. El también exdirigente del PNV Koldo Ochandiano sí tuvo una pena de más de siete años de cárcel. Cuando estalló el caso era contable en el parque tecnológico y ahora continúa en esa plaza. Era socio de la empresa pantalla Kataia Consulting, que recaudaba las comisiones.

El acto ha contado con un aurresku y sesión de 'bertsolaritza' antes de la intervención de Urkullu y 'jazz' después de ella. “Desde hace tres décadas, este parque simboliza la capacidad de un país que apuesta por una política industrial activa”, ha enfatizado el lehendakari. Ha añadido que Miñano fue “pionero” en el “proceso de transición de una economía basada en la industria tradicional” a “una economía avanzada con base tecnológica”. Ha destacado que de la aeronáutica inicial saltó a las “biociencias, energía, medio ambiente o ciencias de la salud”. En todo caso, más que al pasado ha mirado al futuro: ha apuntado que se implantará la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos Basquevolt (“creará más de 800 puestos de trabajo”) y la inversión de Pepsico (“100 nuevos puestos”). Además, fuentes de Miñano recuerdan la presencia de AVS, la firma que participa en misiones en Marte, o que el viejo local de Villadelprat ya está al fin en uso tras años parado. Más allá del aniversario en sí, Urkullu ha querido hacer ver que pese al contexto de incertidumbre la economía vasca no está en crisis. “La economía vasca ha encadenado ocho trimestres de crecimiento y las previsiones para este año se mantienen por encima del 4%”, se ha felicitado. Y ha añadido que este viernes se ha conocido que “la tasa de paro ha bajado al 7,9% en el tercer trimestre”. Éste es el escenario previo a la presentación de los presupuestos de 2023, que tendrá lugar este martes.

El lehendakari se ha hecho acompañar de las consejeras Arantxa Tapia, titular de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Beatriz Artolazabal, cuyas competencias nada tienen que ver con Miñano. No estaba el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, por motivos de agenda. Sí ha acudido el diputado general de Álava, Ramiro González, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, y representantes de PSE-EE, EH Bildu o PP. Urkullu, relajada y con las manos en los bolsillos, ha disfrutado visiblemente con la sesión musical, al igual que González.