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"Me dijeron que no pusiera en la factura que las obras eran en la vivienda de De Miguel"

El responsable de la reforma en la casa del ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de corrupción confirma en el juicio que los trabajos los pagó un constructor

Este empresario, Prudencio Hierro, había recibido un contrato público teledirigido a través de la empresa Ezkibel

Iñigo Aparicio, con Prudencio Hierro al fondo, en el juicio del 'caso De Miguel'

Iñigo Aparicio, con Prudencio Hierro al fondo, en el juicio del 'caso De Miguel'

El empresario Íñigo Aparicio ha corroborado en el juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia Provincial de Álava que realizó una reforma valorada en unos 44.000 euros en la casa de Gorliz (Bizkaia) de la esposa del ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y que fue un constructor, Prudencio Hierro, quien corrió con todos los gastos. También ha confirmado que le pidieron que camuflara la operación con una factura falsa. "Se me dijo que no pusiera en la factura que las obras eran en la vivienda de Gorliz, sino los mismos trabajos de unas oficinas en Vitoria", ha declarado el testigo ante la atenta mirada de De Miguel y Hierro, presentes ambos en la sesión de este lunes de este macroproceso que se prolongará hasta octubre.

La Fiscalía sostiene que Hierro corrió a cargo de estas obras en pago de un contrato teledirigido que obtuvo la empresa Ezkibel, controlada por este empresario y relacionada con el propio De Miguel. Fue el 26 de junio de 2008 cuando Ezkibel resultó adjudicataria por 519.224 euros de la construcción de pabellones para el Industrialdea de la Llanada Alavesa, dirigido por un primo del entonces presidente del PNV en Álava y amigo de De Miguel Iñaki Gerenabarrena. Se da la circunstancia de que en este proceso el Industrialdea contó con la asistencia técnica de la empresa Stoa, un estudio de arquitectura del amigo de De Miguel Sergio Fernández Oleaga, otro de los imputados. En el concurso "restringido" para este contrato 'compitieron' tres compañías, todas ellas interrelacionadas.

Unos pocos días después de aquel trámite, el 2 de julio, Aparicio pasó la factura de las obras a una UTE llamada Bidegana en la que participaba Hierro y su familia. Los trabajos ya llevaban en marcha varios meses e inicialmente se iba a hacer cargo de ellos otro constructor amigo del político, Jon Iñaki Echaburu, acusado igualmente en este procedimiento de abonar comisiones a través de sociedades controladas por De Miguel. De hecho, fue Echaburu el que llevó inicialmente a Aparicio a conocer la vivienda para preparar el proyecto y el presupuesto.

"Mi cliente era Alfredo", ha explicado el testigo a preguntas de la Fiscalía sobre el beneficiario real de la reforma en la casa de Gorliz para añadir que era él o su esposa Ainhoa Bilbao quienes revisaban los avances de los trabajos. El matiz es que, una vez iba pasando el tiempo y Aparicio quiso cobrar, se le requirió contactar con "Blanca", por Blanca Ganzabal, secretaria de Hierro. Es más, Hierro acompasó los pagos a cuando el político iba dando el visto bueno a las distintas labores encargadas a Aparicio. La abogada de Hierro, María José Tapia, ha renunciado a última hora a que Ganzabal comparezca.

Otra de las cuestiones llamativas de la operación fue que la factura tenía el concepto falso de "trabajos de construcción y decoración de oficina-txoko en obra Kliner Metal de Vitoria".

Josu Izaguirre: ¿La oficina de Kliner Metal la ha hecho?

Íñigo Aparicio: No sé ni donde está.

J.I.: ¿Esas facturas son de Gorliz entonces?

I.A.: Sí.

Con estos elementos sobre la mesa, Izaguirre ha concluido que "al señor Alfredo de Miguel una empresa a la que se le daban contratos le pagó unas obras en su casa”, por lo que sería "un supuesto cohecho"

Como es ya habitual en los casos en que los testigos señalan directamente irregularidades de la trama de De Miguel, lo que ha sucedido a esta declaración han sido duros cuestionamientos por parte de los abogados de los imputados. Una de las líneas de defensa es que el hecho de que Hierro pagara la factura fue un gesto inocente de un amigo para obtener una ventaja fiscal (las mercantiles pueden descontarse el IVA). Sin embargo, Aparicio ha dejado claro que esos trucos normalmente se hacen con sociedades relacionadas con los clientes y no con terceros. "Pero esto no lo he hecho muchas veces", ha apostillado el testigo.

Los abogados de De Miguel y Hierro, Gonzalo Susaeta y la propia Tapia, sugieren también, en busca de una duda razonable, que el político pudo devolver luego ese dinero 'adelantado' por el constructor. De hecho, han aportado como testigo al director de una sucursal de la Caja Vital en Vitoria que tenía anotado un supuesto pago en metálico de 7.000 euros de De Miguel a "Pruden", como llamaba él al empresario. Sin embargo, ninguno de los cuatro ingresos de Hierro a Aparicio por las obras coincide con esos 7.000 euros y el gestor bancario no ha sido capaz de recordar si realmente el constructor recogió ese dinero o si realmente guardaba relación con la vivienda de Gorliz.

Susaeta también ha insistido en extender una sombra de sospecha en la investigación que la Ertzaintza, como Policía Judicial, hizo de esta operación. La pista fue un borrador de la liquidación de las obras que apareció en el registro de la vivienda de De Miguel cuando fue arrestado el 17 de marzo de 2010. Susaeta, en cambio, ha llegado a decir que los agentes lograron el material de modo "inconfesable" y que después buscaron blanquearlo con la declaración de Aparicio.

El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha llegado a afirmar sobre este asunto que "todo esto, a ojos del tribunal, es bastante irregular", aunque ha añadido que Aparicio "está metido en esto" al acceder a falsear una factura. Preguntado por los motivos de actuar así, el testigo ha insistido en que "sólo quería cobrar" y que, aunque reconoce que aquello "no fue nada normal", "era mucho dinero" y su empresa, "pequeñita". Además, un negocio fallido con Echaburu -en el que también estaba metido De Miguel- en la Costa del Sol le había hecho perder 60.000 euros. Tapia ha replicado que "uno tiene legítimo derecho a cobrar por su trabajo pero no a cualquier precio" e incluso avisado al testigo de que se podía meter "en un lío" por reconocer estas irregularidades. Sin embargo, Aparicio ha abandonado el Palacio de Justicia sin que se le haya imputado ningún posible delito.

Comparece un cargo del PNV que cobró en 'B' de Errexal

Roberto González Muro es juntero del PNV y llegó a ser portavoz en la legislatura 2007-2011, cuando estalló el 'caso De Miguel'. Amigo del principal acusado, Alfredo de Miguel, fue uno de quienes en 2011 acudieron a aplaudirle y saludarle después de que compareciera ante la comisión de investigación del Parlamento Vasco. González Muro fue edil en uno de los municipios donde se sospecha que la trama de Alfredo de Miguel pudo recaudar comisiones tras la adjudicación de contratos (Lapuebla de Labarca). El presunto corruptor era Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y en su día compañero de González Muro al frente de la organización juvenil 'jeltzale' EGI. Además, González Muro trabajó para una de las empresas investigadas, Errexal, de la que llegó a recibir pagos en 'B', como consta en el sumario. Tras un tenso interrogatorio realizado por el fiscal, Josu Izaguirre, el político ha terminado por admitir en su comparecencia en el juicio de este caso que no tiene constancia de que esa mercantil dedicada a asuntos de Cultura y Juventud trabajara para constructoras. Se da la circunstancia de que sí constan varios pagos de Echaburu a Errexal equivalentes al 4% de los contratos recibidos, tanto en Lapuebla de Labarca como en Zigoitia. Según la Fiscalía, son comisiones camufladas con contratos falsos como la traducción de manuales de obra o el diseño de cartelería de obra.

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