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El tribunal da dos semanas a Fiscalía y De Miguel para negociar los términos de su culpabilidad

"Necesitamos tiempo", han coincidido tanto el fiscal, Josu Izaguirre, como el abogado del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, hasta ahora abiertamente enfrentados

Varios abogados han señalado en público desconocer la existencia de conversaciones aunque ninguno finalmente se ha opuesto al aplazamiento del juicio

Alfredo de Miguel, este lunes a su llegada al Palacio de Justicia

Alfredo de Miguel, este lunes a su llegada al Palacio de Justicia NURIA GONZÁLEZ

"Suspendemos el juicio", ha proclamado el presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, tras que posiblemente haya sido la más breve de las 45 sesiones de este macrojuicio por corrupción iniciado el 8 de enero. La sala aceptaba así la solicitud de la Fiscalía y del letrado del principal acusado, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, de ganar tiempo para negociar un acuerdo después de que el político, que se expone a 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo) por 21 delitos, se haya avenido a poder reconocer su culpabilidad.

Ninguno de los abogados de los otros acusados -son un total de 26- se ha opuesto a este aplazamiento, aunque muchos de ellos han reconocido en público que no tenían ni información de las negociaciones y en privado después de la vista que no están de acuerdo con esta salida, ya que hasta ahora la versión coordinada y única era criticar con dureza a la Fiscalía y negar de raíz todas las acusaciones. Tapia ha comunicado que el juicio se retomará el lunes 1 de octubre: "Damos un tiempo suficiente para que se produzcan esas negociaciones".

El fiscal, Josu Izaguirre, con los medios de comunicación

El fiscal, Josu Izaguirre, con los medios de comunicación NURIA GONZÁLEZ

El fiscal, Josu Izaguirre, ha expuesto tanto a los medios de comunicación como durante el juicio que "se mantienen conversaciones con vistas a un hipotético acuerdo". "No descubro nada a nadie si digo que evidentemente estas conversaciones son de extrema complejidad", ha abundado el representante del ministerio público para justificar el aplazamiento. Además, ha indicado que seguir con el calendario previsto sin haber acabado las conversaciones sería imprudente: "En la reanudación habría una notable diferencia". Es más, este lunes estaba prevista la declaración del propio De Miguel. Si finalmente hay acuerdo, el tono y la forma del interrogatorio cambiará de raíz.

Desde la defensa del político, el letrado Gonzalo Susaeta ha coincidido con Izaguirre -algo absolutamente inusual en los casi nueve años que llevan enfrentados en este caso- en que "se necesita tiempo". "Necesito tiempo para sentarme y analizar cuestiones jurídicas", ha indicado sobre el "marco hasta ahora no contemplado" que tiene ante sí, ya que hasta julio defendió que "no hay ni habrá pruebas" de corrupción. No ha dado, eso sí, ninguna pista de en qué términos negocia la asunción de una condena. Ni siquiera sobre de quién partió la iniciativa de negociar.

Sin embargo, como publicó eldiarionorte.es, la oferta sobre la mesa es un acuerdo de cuatro puntos, siendo el primero de ellos y más importante la asunción de que la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi era cierta y que trató de cobrarle una comisión de 100.000 euros tras una adjudicación en el parque tecnológico de Miñano.  El deseo es evitar el ingreso en prisión. Fuentes judiciales indican que ello es posible incluso asumiendo una elevada condena siempre y cuando cada uno de los delitos que separadamente se le atribuyen no exceda de un castigo de dos años de prisión. El punto crítico, en todo caso, es cómo hacer extensivo el acuerdo al resto de acusados. Una confesión de De Miguel arrastraría a muchos de ellos y en ciertos ámbitos existe malestar por haber roto la hasta ahora coordinada estrategia de defensa.

La Fiscalía, según Izaguirre, está dispuesta a entablar conversaciones con todos, si bien un letrado ha explicado a este periódico que el primer contacto ha llegado escasos minutos antes de entrar al juicio. Tan es así que algunos abogados como los de Alfonso Arriola, Koldo Ochandiano, Iñaki San Juan o Miren Bilbao han indicado abiertamente ante el tribunal que no tenían información alguna del "bisbiseo" de las negociaciones emprendidas. Aunque finalmente todos han dado un margen de confianza al posible pacto, no ha habido tal sintonía en cuanto a los ritmos, ya que algunos letrados desean "celeridad" y que esto no tarde dos semanas en concretarse y otros han pedido más tiempo -el máximo legal es un mes- para perfilar todos los detalles. "No sabemos qué puede pasar. Todo está muy verde", indicaba uno de los letrados dando voz a una sensación bastante extendida.

En la segunda planta del Palacio de Justicia de Vitoria, donde se han juntado todos los acusados por vez primera desde las sesiones iniciales de enero -la asistencia era voluntaria hasta este momento procesal- la hipótesis del acuerdo sobrevolaba todas las conversaciones. Susaeta, de hecho, ha departido personalmente con algunos de los otros acusados, que le han preguntado por el tema, mientras el resto de letrados compartían estrategias entre ellos y con los clientes. A la salida, por vez primera, a De Miguel le esperaban cámaras de televisión. Ha declinado responder a los periodistas y se ha marchado hasta el 1 de octubre.

Carmen Adán critica las declaraciones de Tapia

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha denunciado a través de un comunicado que el magistrado presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, manifestara el viernes en Radio Vitoria que la petición de penas por parte de la Fiscalía estaba "inflada" y que ello supondría que quienes aplicaban la "legalidad" en las sentencias podrían aparecer como laxos ante la opinión públicas. Estas palabras causaron hondo malestar en la judicatura, también entre jueces. Adán lamenta el "cuestionamiento" al ministerio público y que se pueda trasladar al ciudadano "la errónea impresión de que el cumplimiento de la legalidad o de proporcionalidad sólo corresponde al tribunal sentenciador y no a los fiscales o jueces de instrucción". "No es un problema de imagen [...] sino de afirmar el respeto a la ley procesal vigente", zanja la máxima responsable de la Fiscalía en Euskadi.

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