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Un exdirigente del PNV de Álava imputado por corrupción vuelve a su puesto de contable en el parque tecnológico de Miñano

Koldo Ochandiano y otros dos cargos nacionalistas, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, eran socios de Kataia Consulting, sociedad con abultados ingresos que la investigación del 'caso De Miguel' ha vinculado a comisiones ilegales

Exdirigentes del PNV negocian declararse culpables en el caso de corrupción

Ochandiano, a la izquierda, con Tellería y De Miguel en el banquillo de los acusados durante el juicio por corrupción EFE

Uno de los principales acusados en el 'caso De Miguel' -el mayor de corrupción conocido en Euskadi y cuya sentencia se espera para el otoño-, el exdirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano, trabaja de nuevo como contable en el parque tecnológico de Miñano. Ochandiano, que se enfrenta a más de 13 años de prisión, ocupó también ese puesto en 2008 y 2009, justamente cuando se produjeron los hechos que motivaron la investigación judicial ya que la empresaria que que gestionaba la ampliación de los terrenos del parque tecnológico, Ainhoa Alberdi, denunció que se le intentó cobrar una comisión de 100.000 euros por ese contrato.

Koldo Ochandiano, en el centro con barba, con el resto de personal de Miñano

Koldo Ochandiano, en el centro con barba, con el resto de personal de Miñano ELDIARIONORTE.ES

Alberdi denunció que otros dos dirigentes del partido nacionalista, el 'número dos' en Álava, Alfredo de Miguel, y su colega Aitor Tellería, fueron quienes la presionaron hasta el punto de reunirse con su padre para hablarle del dinero. De Miguel, Tellería y Ochandiano compartían una sociedad mercantil sin apenas actividad pero con abultados ingresos llamada Kataia Consulting. La empresa estaba a nombre de las esposas de los tres políticos. Según la denuncia de Alberdi, el pago de los 100.000 euros de Miñano se iba a canalizar a través de esa compañía. Asimismo, durante la investigación se puso de manifiesto que Kataia Consulting también tuvo más fondos, como los más de 160.000 euros de comisión que, según la confesión de un intermediario, Josu Arruti, llegaron desde los promotores de un polígono en la localidad alavesa de Zambrana, Construcciones Riera. Recibió también contratos 'a dedo' del área de Juventud del Gobierno vasco dirigida por Xabier Sánchez Robles.

Ochandiano, contable de profesión y que en el PNV alavés gestionaba la organización de eventos para campañas electorales, desempeñó un papel fundamental en la creación de Kataia Consulting y del resto de empresas relacionadas. Como De Miguel y Tellería, fue arrestado por la Ertzaintza en 2010. En el camarote de su casa familiar apareció un cuaderno manuscrito en el que tenía anotados movimientos de la trama. Es quizás la prueba más importante de todo el caso, puesto que en él había alusiones a comisiones y a dinero negro. La esposa de Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, llegó a admitir en el juicio que entregó 30.000 euros en metálico a De Miguel en plena calle. El exdirigente nacionalista, por su parte, defendió a la vez que la incautación del cuaderno había sido ilegal, que no era una prueba válida, y que no probaba ninguna irregularidad.

Siendo contable de Miñano, Ochandiano lidió con la liquidación del contrato de Alberdi mientras, en sus palabras, ella vivía una negociación "paralela" por la comisión que se le había solicitado. La denunciante interpretó que las dificultades que encontró en ese proceso tenían que ver con el hecho de que Ochandiano compartía intereses económicos con De Miguel y Tellería. El ahora imputado ingresó al parque tecnológico -una sociedad pública- habiendo superado un proceso de selección a través de la firma Campo & Ochandiano -sin relación de parentesco con él-, algo enormemente habitual en los entes adscritos al Gobierno vasco

Aunque aparentemente su puesto no tenía ningún tipo de vinculación política, Ochandiano abandonó el parque en 2009 coincidiendo con la llegada del PSE-EE al Gobierno vasco y la salida del también 'jeltzale' Alfonso Arriola de la gerencia, a pesar de los esfuerzos de De Miguel. Quien antes había ocupado otras responsabilidades de segundo nivel en la Administración -como en Osakidetza o en el Instituto Foral de Bienestar Social de Álava- logró un empleo de consultor en la asesoría del dirigente del Euzkadi Buru Batzar Aitor Alzola (Betean). Abandonó Miñano con una excedencia de cuatro años.

En 2013, expirada la excedencia y medio del sumario por corrupción, Ochandiano se dirigió a la Administración para recuperar su plaza, pero no había una vacante ajustada a sus características. Fue pasando el tiempo y, tras varios intentos, llegó 2017 y, en vísperas de que se iniciase el juicio en el que se le acusa de conformar junto a De Miguel y Tellería una trama para cobrar comisiones ilegales, la red de parques le ofreció una plaza en el parque tecnológico de Bizkaia, en Zamudio.

Posteriormente, saltó de Zamudio a Miñano a finales de 2018, según las fuentes consultadas. Desempeña funciones técnicas en el área económico-financiera pero no tiene poderes de contratación. Es el propio gerente del parque, Patxi Márquez, el que lidera ese departamento y del que depende Ochandiano. En determinados sectores del parque tecnológico su regreso causó extrañeza, más teniendo en cuenta que tuvo lugar coincidiendo con el macrojuicio por corrupción del que fue uno de los principales protagonistas. En Miñano ejerce también como directora técnica otra de las imputadas en el caso, Miren Lourdes Bilbao, aunque en su caso sigue en el mismo puesto técnico que tenía en el momento de los hechos. Ella se enfrenta a 4 años de prisión.

Josu Estarrona (EH Bildu) ya preguntó al Gobierno en el Parlamento por la situación laboral de Ochandiano cuando se conoció su regreso a los parques tecnológicos. Según la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia (PNV), de cuyo Departamento cuelga la red de parques, la investigación y el juicio abiertos contra Ochandiano no son motivo de despido automático. "Conserva su cualidad de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. El hecho de estar bajo investigación en jurisdicción penal no es una causa para despido disciplinario. Si se le imputan los hechos presuntamente delictivos, que en la actualidad no se conoce su comisión, autoría, culpabilidad, se podría incurrir en despido nulo por discriminación", alegó Tapia. 

Fotografía en el E8, un edificio con un contrato bajo sospecha

La fotografía de familia de la plantilla del parque tecnológico de Miñano, en la que sonríe Koldo Ochandiano, está tomada en la entrada de uno de los edificios señeros del polígono, el E8. Se da la circunstancia de que en la investigación del 'caso De Miguel' hay pruebas de que el contrato de dirección de obra de ese edificio fue teledirigido a una de las empresas de la órbita de Alfredo de Miguel, la firma STOA, del empresario Sergio Fernández Oleaga. El contrato se formalizó entre febrero y marzo de 2009 y Ochandiano tuvo en él una participación decisiva. Según los correos electrónicos incorporados al sumario del caso, el 20 de febrero la directora técnica de Miñano, Miren Lourdes Bilbao, envió a sus colegas Ochandiano y Alfonso Arriola, el gerente, un modelo de contrato con Fernández Oleaga: 14 mensualidades de 4.500 euros. Arriola preguntó al contable si era posible abonar esa cantidad de manera directa, sin concurso, y Ochandiano replicó que era necesario un "procedimiento negociado", es decir, que había que invitar a tres empresas. Pero lo llamativo es que Ochandiano pidió al propio interesado, a Fernández Oleaga, que seleccionara él a su 'competencia'. En el expediente consta cómo Miñano invitó a las empresas propuestas por Stoa y que la mejor oferta era la de Fernández Oleaga, exactamente los 4.500 euros por 14 pagos previstos inicialmente. 

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