La Fiscalía ve “retrasos” de Osakidetza en la crisis de las vacunas caducadas y “tensión” interna, aunque no ve delito

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha completado su investigación por el caso de la inoculación de vacunas caducadas a bebés en Osakidetza, que estalló en enero de 2026 y que luego se ha mostrado con un problema prolongado en el tiempo. La mejor noticia para el consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, es que, como ha adelantado 'El Correo', las responsabilidades penales quedan totalmente archivadas. La entidad Defensor del Paciente pidió analizar si estos hechos podían ser delictivos, pero se entiendeo no solamente que no es así sino que ni siquiera cabe recurso. Ahora bien, el mismo informe de Adán remarca que en la gestión de esta crisis se dieron “retrasos” en la revacunación de los afectados. Y también se recoge el testimonio del director de Salud Público, Guillermo Herrero, alto cargo de Martínez, en la que revela la “tensión” entre la cúpula política de Salud, que quiso gestionar la crisis a su manera y no atendiendo los criterios que planteaba Salud Pública.

El decreto, de cuatro páginas, fue emitido el 21 de mayo por la fiscal Adán. Explica que los denunciantes entendían que la administración de vacunas caducadas pudo constituir “una negligencia grave de naturaleza penal” porque “suponía un riesgo para la salud, por reacciones adversas o por pérdida de eficacia en las vacunas”. Se recordaba que la “mayoría” de afectados eran bebés. La Fiscalía, posteriormente, recabó otras denuncias de familias directamente concercinas. En algunos casos pidieron “anonimato” por temor a las “consecuencias” en sus “tratamientos” en Osakidetza.

La Fiscalía requirió a Osakidetza una relación detalla de las vacunas suministradas. Adán se queja de que la información no es completa y que hay dudas de la “trazabilidad” de algunas de las comunicaciones. Es público que tuvo que enviar a la Ertzaintza a la sede central del Servicio Vasco de Salud porque no se atendió en tiempo y forma el primer requerimiento. Esto tiene un antecedente: en 2008, cuando se inició la causa de las filtraciones de exámenes médicos en la OPE de Osakidetza, la dirección de entonces tampoco aportó todo el material requerido.

Entiende la Fiscalía que la administración de dosis pasadas de fecha no fue algo aislado. “El hecho de que las vacunas de lotes caducados fueron administradas en varios centros de salud pertenecientes a diferentes OSI [comarcas sanitarias], apoya la versión de una cuestión estructural concatenada que inicialmente generó una situación de desprotección inicial de salud por exposición a los virus y enfermedades que las vacunas contrarrestan, siendo relevante que ello afectó a colectivos muy significados (lactantes o personas en situación de vulnerabilidad específica)”, afirma.

Después se expone la respuesta que dio Salud tras conocer los hechos. Se activó el protocolo habitual para estos casos y la respuesta fue también la habitual. ¿Cuál fue? “Se dice claramente que las dosis administradas tras las fechas de caducidad no son válidas y deben repetirse, así como que no hay problemas de seguridad porque tratarse de una vacuna de virus vivos, no hay riesgo para la salud y se puede repetir la vacunación en cualquier momento”, expone Adán.

Salud Pública, con Herrero al frente, “elaboró un posicionamiento técnico, por el cual se consideraba prioritario identificar los casos y revacunar cuanto antes, porque se trataba de lactantes y población de riesgo”. “Sin embargo, indican también los testigos, que, aunque desde el punto de vista técnico no había riesgo para la salud por razón de la revacunación, por indicación superior se pidieron otras valoraciones, paralizando la revacunación a la espera de esas respuestas. Más concretamente se expresa que no sólo no se ordenó la revacunación, sino que se indicó que se solicitaran más informes, que se volviera a consultar a la Agencia Española de Medicamento, y otra vez al laboratorio”, relata la Fiscalía.

“El director de Salud Pública aclara en su declaración que él solicitó expresamente el día 20 de enero que se convocara al Consejo Asesor de Vacunas, convocatoria que no fue bien recibida, que hubo bastante tensión, que no se quería que se convocara y que recibió reproches por haberlo pedido. Que hubo una primera deliberación rápida el día 21, una segunda reunión el día 26 y una definitiva el día 28. En esta declaración, consta aportado por el testigo que el día 21 por la noche elaboró una propuesta de hoja de ruta en la que insiste en actuar de inmediato, vacunar cuanto antes, comunicar a las familias y coordinar Salud Pública, Osakidetza y Comunicación, incluso la necesidad de un gabinete de crisis. Hoja de ruta que no se acepta, optando sus superiores por esperar a más informes”, se expone desde Fiscalía.

Y se agrega: “Llama la atención de las declaraciones y la documental que la Agencia Española que primero ha indicado que se contacte con el laboratorio traslada, a través de un correo del director de Farmacia, Iñaki Betolaza, que no consideran necesaria la revacunación. Correo que, según los testigos, distorsiona todo el proceso de respuesta, puesto que hasta ese momento todas las valoraciones (laboratorio, técnicos, Consejo Asesor) iban en la misma línea, y lo que hizo fue retrasar decisiones, obligando a convocar de nuevo al Consejo Asesor, a pesar de que, en opinión técnica del testigo, no tenía sentido volver a preguntar. Correo, que dio lugar, en opinión del testigo, a un retraso en la revacunación, aumento la presión, genero desconfianza y complicó enormemente la gestión, a pesar de haberse insistido que el tiempo jugaba en contra”.

Por el contrario, no se aprecia que estas anomalías alcancen la categoría de delito. “Es evidente que sí se produce, por razón de dichas dosis caducadas, y así lo indican los técnicos, una situación de riesgo por carecer del efecto de protección que dispensa la vacuna. Pero esta situación es discutible que pueda traspasar la barrera penal, salvo que se acreditara que por razón de la desprotección producida se hayan concretado en alguno de los afectados síntomas de las enfermedades a evitar con la vacuna, lo que llevaría a la correspondiente calificación jurídica”, se puede leer en la resolución. “A pesar de los retrasos constatados en la revacunación, en este momento, no constan acreditados los elementos del delito en los términos expuestos”, recalca también la Fiscalía.

El Defensor del Paciente ha recogido con enfado el cierre de la causa. “La falta de atención de no comprobar la caducidad ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilar la caducidad”, sostiene Carmen Flores, portavoz de esa asociación madrileña.