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De Miguel insiste en atacar a Ainhoa Alberdi a pesar de las incriminaciones

Gonzalo Susaeta y Alfredo de Miguel

Iker Rioja Andueza

Este miércoles, una vez que han terminado de declarar los 26 acusados en el juicio del 'caso De Miguel', se ha iniciado la fase final del macroproceso que arrancó en verano. La semana que viene (el 14 a las 10.00 horas) se conocerán las penas de cárcel definitivas que solicitará la Fiscalía -habrá “ajustes” para premiar a los que han colaborado, entre otros cambios- y dentro de dos (a partir del 20) se expondrán las conclusiones, pero en esta sesión del juicio las partes han podido exponer y valorar las pruebas documentales e informáticas que consideran más importantes de cara a condicionar la sentencia en un sentido u otro. Como si nada hubiese cambiado en los últimos días -en los que Josu Arruti y Francesc Fernández Joval han confesado que Alfredo de Miguel cobró comisiones-, el abogado del ex 'número dos' del PNV de Álava, Gonzalo Susaeta, ha adelantado que acabará el juicio como lo empezó: cuestionando a la denunciante, Ainhoa Alberdi, y a la investigación desarrollada por el juez Roberto Ramos y por los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431.

Susaeta ha planteado volver a reproducir las grabaciones que aportó Alberdi como apoyo a su denuncia y en las que, entre otras cosas, se habla del pago de comisiones como algo “dentro de lo normal”. Ha querido que se escucharan desde la propia máquina Olympus que compró la abogada y empresaria en 'La tienda del espía' de Bilbao en 2009 y no desde los DVD en los que la Ertzaintza copió las 24 pistas de audio. Tan es así que ha habido que localizar pilas en el Palacio de Justicia porque las originales estaban gastadas.

El abogado ha indicado que la voz que se oye en las pistas 4, 7 y 9 y que la Policía atribuye a De Miguel no es la de su cliente. Ha pretendido -aunque no se lo ha permitido el tribunal- que el político volviese a declarar para insistir en este punto, aunque ya lo hizo cuando compareció en octubre. Igualmente, ha destacado la diferencia de duración de los archivos originales respecto a los de los DVD, si bien los ertzainas ya indicaron que era fruto del decalaje de la grabación. “Todo lo que rodea a esta grabadora y a las grabaciones dice mucho de la testigo”, ha zanjado Susaeta sobre Alberdi, que ha contado con el apoyo del abogado del expresidente de los parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, a quien se dirigió Alberdi en primera instancia para contarle que le habían exigido una comisión por su trabajo para Miñano.

“Nuestro perito ha identificado que hay 17 intervenciones de Sánchez Alegría que no se recogen en las transcripciones y en las que le anima a denunciar”, ha proclamado Adolfo Saiz Coca. Ambos acusados aportaron informes periciales que concluían que era plausible hablar de una manipulación de una de las pruebas clave del caso.

A pesar de que De Miguel mantiene con vehemencia que no hay pruebas de que cobrara comisiones, Susaeta ha indicado que insistirá hasta el final en la petición de “nulidad” no sólo de las grabaciones, sino de gran parte del material escrito e informático decomisado en casa del acusado cuando fue detenido en marzo de 2010. En la misma línea, el defensor del también exdirigente del PNV alavés Koldo Ochandiano, socio de De Miguel y de Aitor Tellería en la mercantil Kataia Consulting -la pantalla donde, según Alberdi y Arruti, se camuflaban las mordidas-, ha insistido en que es nulo un cuaderno de tapas rojas hallado por la Ertzaintza en el que hay notas de negocios, comisiones y dinero negro, si bien su autor declaró que “no coinciden” con ninguna de las comisiones que denuncia la Fiscalía.

Las “nóminas” de las mujeres

Los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira han hecho también una larga exhibición de documentos, sobre todo correos electrónicos, que consideran claves para acreditar la existencia de una “asociación ilícita” articulada en torno a De Miguel y a otros excargos del PNV. Uno de los 'e-mails' reproducidos está escrito por el actual presidente del partido en Álava, José Antonio Suso, y según el ministerio fiscal da a entender que la Administración, en ocasiones, abonaba cantidades a empresas afines a pesar de que no se ejecutaban los trabajos, como sostiene que sucedió en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles. Fuentes del PNV, en cambio, matizan que ese asunto ya quedó zanjado y que se pudo comprobar que los informes se entregaron.

La Fiscalía ha incidido, asimismo, en el papel de las tres mujeres de De Miguel, Ochandiano y Tellería, que eran las administradoras nominales de Kataia Consulting. Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu, en sus declaraciones, coincidieron en seguir la línea de defensa de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarín' y negaron haber participado en la empresa porque eran sus esposos quienes la controlaban. Izaguirre ha exhibido un 'email' en el que Ochandiano alude a que ellas cobraban “nóminas”, el mismo término que empleó en su declaración en el juicio -a pesar de que estaba preparada con su abogado- y que para muchos letrados constituyó un gran error. Si se prueba que las esposas cobraron dinero y se da por acreditado que Kataia Consulting ingresó comisiones, ellas podrían ser condenadas como beneficiarias del dinero ilícito. En este sentido, Izaguirre ha indicado que en el sumario hay justificantes de transferencias y extracciones realizadas por las tres esposas (ha indicado más de una docena) así como documentos Excel con el detalle de los pagos que recibieron como retribución en la principal mercantil del caso.

El papel de Bilbao, además, está bajo la lupa en el juicio por su contrato en la empresa Nai Duenak. Según la Fiscalía, su contratración por una mercantil sin ingresos propios era una manera de canalizar las comisiones pactadas en la operación de Zambrana y que fueron abonadas por los promotores catalanes Construcciones Riera. Nai Duenak era una sociedad limitada creada por el cuñado del intermediario de la recalificación, Arruti, y los ingresos en un año aportados por Riera a esa mercantil coinciden con la nómina cobrada por Bilbao.

El cuñado de Arruti, Gorka Errasti, y su esposa, Estíbaliz Arruti, han declarado este miércoles en el juicio. Han sido los últimos de los acusados en hacerlo. Como Josu Arruti y su padre, del mismo nombre, habían alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, el alcance del pacto no se extendía a la actividad de Nai Duenak y tanto Arruti como Errasti han negado irregularidades en torno a la esposa de De Miguel. Han explicado que ella era amiga de la infancia de la hermana de Arruti y que “en una cena de Navidad” le plantearon trabajar en ese proyecto. Su misión era preparar una planta de bioetanol de Bilbao y, según ha incidido Errasti, nada tenía que ver con Zambrana.

Tanto el tribunal como la Fiscalía, en cambio, han mostrado su “extrañeza” por el hecho que, como se ha conocido en los últimos días, ese proyecto de bioetanol estaba relacionado con otro de valorización energética de remolacha en el polígono de Zambrana por el que De Miguel había cobrado comisiones por 161.000 euros a sumar a las que podían llegar si el proyecto iba avanzando. Ambos declarantes han dicho desconocer la existencia de mordidas y han asegurado que apenas conocían a De Miguel de actos del PNV como el Alderdi Eguna.

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