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Los empresarios catalanes recalcan que la comisión a De Miguel era de más de 161.000 euros y en dos fases

Las confesiones de Arruti y Fernández Joval ya habían dejado claro este extremo pero, ante la sorpresa del abogado del político, el responsable de Construcciones Riera ha sido tajante: "Había más comisiones"

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Aitor Tellería y Alfredo de Miguel, muy serios, este lunes en el juicio

Aitor Tellería y Alfredo de Miguel, en una sesión del juicio NURIA GONZÁLEZ

En las  largas confesiones de Josu Arruti el lunes y de Francesc Fernández Joval el martes, había quedado claro que la empresa catalana Construcciones Riera abonó una comisión de 161.000 euros al que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, para lograr "fluidez" en la tramitación de la recalificación urbanística de Zambrana. Se hizo a través de la empresa pantalla Kataia Consulting. Y no sólo eso, ambos habían explicado que, en la segunda fase del proyecto, la de construcción de un polígono industrial en esos terrenos, Kataia Consulting podría ofertar sus "servicios", esto es, una referencia implícita a que habría más mordidas. 

Sin embargo, el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha mostrado su sorpresa cuando al preguntar por estos pagos y querer desvincularlos de su etapa como diputado de Urbanismo de Álava, cuando entre sus funciones estaba precisamente la de autorizar la operación de Zambrana, el empresario catalán Fernández Joval ha indicado que "por calendario" la comisión no se abonó cuando quien todos conocen como Txitxo ocupaba un despacho en la Diputación pero que "lo que sí quedaba pendiente" en aquellos años era "la segunda parte de comisiones que se pagaría con hitos". Es decir, Construcciones Riera iba a seguir siendo generosa si el proyecto iba avanzando y el político iba "sacando los obstáculos que podían surgir", en palabras del corruptor confeso, que se ha dicho arrepentido por ese "pecado".

Susaeta ha preguntado expresamente si había más comisiones pactadas y el propio presidente del tribunal del juicio del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, ha intercedido para subrayar que la sala había entendido perfectamente que sí las había. En todo caso, ante la insistencia del letrado del político, Fernández Joval ha sido más claro que nunca. "Había más comisiones", ha solemnizado.

¿Más casos similares?

A preguntas del propio juez Tapia, el empresario ha indicado que "evidentemente" en este tipo de casos "se paga por algo" y ese "algo", en el caso de Txitxo, era "sus cargos públicos, los de partido y la relación profesional" que tenía con empresarios. "Si fuera el señor Pepito de la esquina, pensaría 'Aquí me han timado'. Pero cuando ves sus cargos, representación política, ... [...]. No era un señor que estaba en una clínica operando", ha ironizado Fernández Joval, que sin ser muy claro, ha sugerido que este tipo de prácticas no le son para nada ajenas.

Ramón Tomàs i Riba y Francesc Fernández Joval, a la derecha, junto a sus abogados, este martes en Vitoria

Ramón Tomàs i Riba y Francesc Fernández Joval, a la derecha, junto a sus abogados, este martes en Vitoria ELDIARIONORTE.ES

De hecho, ha enumerado algunos países extranjeros ( Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá) en los que "el primer día te esperan porque quieren cobrar" pero ha preferido callarse sobre su Cataluña natal -Riera fue investigada en la operación Mercurio- y sobre el resto de España. "No le voy a preguntar por otras experiencias en España. No le voy a poner en ese compromiso", ha zanjado Tapia. Ya el día anterior Arruti manifestó que en ningún momento el empresario se "escandalizó" cuando se le planteó la posibilidad de pasar por caja.

Las dos declaraciones -más de la Plàcid Casas, socio también de Riera y que ha confirmado la existencia de las comisiones- han supuesto un duro golpe en la línea de defensa de De Miguel. Como Arruti y Fernández Joval, él también inició negociaciones para confesar varios delitos a cambio de que la Fiscalía rebajara su petición de penas, en su caso 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo), más una importante sanción económica. Las conversaciones llegaron a avanzar tanto que, en el apartado de Zambrana, Txitxo había estado dispuesto ya a admitir la existencia de la comisión de 161.000 euros por sus influencias.  Pero todo quedó en agua de borrajas a última hora y De Miguel afrontó la fase decisiva del juicio con la arriesgada estrategia de negarlo todo tras haber reconocido implícitamente su culpabilidad y con la certeza de que otros acusados le iban a incriminar.

El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia

El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia NURIA GONZÁLEZ

El presidente del tribunal, en el habitual encuentro informal con los letrados al final de las sesiones, ha recordado que el juicio no acaba hasta que quede visto para sentencia. Muchos abogados, incluidos los más próximos a De Miguel, lo han interpretado como un mensaje nítido de que las posibilidades de alcanzar acuerdos siguen abiertas. Fuentes judiciales, sin embargo, indican que se trata de una maniobra sumamente complicada a estas alturas de juicio, porque habría que cerrar cualquier pacto en cuestión de horas, antes de que este miércoles acaben de declarar los 26 acusados. Y es que toda conformidad pasa por el reconocimiento de los hechos ante el tribunal y una hipotética nueva declaración de De Miguel habría que hacerla ya. La representación letrada de otra de las personas imputadas, en cambio, sí ha mantenido contactos informales ante lo contundentes de algunas pruebas.

Los Arruti devolverán el dinero defraudado

Arruti tuvo como 'socio' en sus empresas mercantiles a su padre, del mismo nombre. Es más, uno de sus "errores" fue utilizar como cuenta corriente de la empresa Sidepur, la intermediaria en la operación de Zambrana, una libreta de Arruti padre en el BBVA, de donde salieron los pagos de la comisión a Kataia Consulting, de la que además de De Miguel eran también copropietarios otros dos exdirigentes del PNV de Álava, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. El padre de Arruti, que acumula problemas de salud, ha comparecido brevemente este martes en el juicio y ha asegurado que "siempre" se ha fiado de su hijo y que por ello le autorizó a usar su cuenta bancaria. "No sospeché en absoluto", ha indicado quien realizó movimientos en metálico por valor de casi 600.000 euros.

Arruti padre, además, era titular de la empresa Zerulur, que por una compraventa de acciones relacionada con Construcciones Riera y en el plazo de solamente un año, aproximadamente, logró una plusvalía de 464.000 euros. El acusado ha reconocido que las cifras eran correctas y que esta mercantil no pagó impuestos por ello a la Hacienda de Bizkaia. "Lo siento. Me pesa enormemente y estoy gestionando la posibilidad de hacer frente a la parte correspondiente de los beneficios", ha indicado en respuesta al letrado de la Diputación vizcaína, Guillermo Onaindia. No obstante, ha matizado que el "trato" era que otro empresario catalán socio de su hijo, Joaquim Sabater, se llevase el 50% y que su "beneficio" 'sólo' fue de "230.000 euros". 

Sabater, en su declaración, ha indicado que efectivamente este cambio accionarial "se hizo con Zerulur". El empresario catalán, socio de Riera en algunos proyectos, se ha detenido más en sus grandes planes de negocio en Euskadi de la mano de Arruti. Uno de ellos tenía que ver con la segunda fase de Zambrana, si bien ha dicho desconocer si Kataia Consulting o De Miguel estaban detrás aunque la Fiscalía ha defendido que se han sustanciado más comisiones indirectas desde Riera al entorno del político. Concretamente, Sabater ha descrito cómo pretendían vincular un plan de valorización energética de soja para lograr biodiésel en el puerto de Bilbao con otra planta para hacer lo propio con jugos de remolacha en Zambrana. "Ese esquema tecnológico y financiera tenía sentido", ha explicado Sabater, aunque ha lamentado que ni lo uno ni lo otro prosperasen, como tampoco otros negocios con energías renovables.

El atenuante del 21.7 del Código Penal

El Código Penal no prevé expresamente que una retractación durante el juicio suponga un atenuante para ver reducida de manera sustancial la pena de prisión, como sí lo es confesar los delitos "antes de conocer que el procedimiento judicial". En el caso de los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y acusados como Josu Arruti y Francesc Fernández Joval, que han corroborado la existencia de comisiones destinadas a Alfredo de Miguel, se ha previsto solicitar la aplicación del artículo 21.7 del Código Penal, que prevé de manera general que será motivo para reducir una condena cualquier situación "análoga" a las anteriores descritas con detalle, incluida la confesión "antes" del juicio. El fiscal Manuel Pedreira ya ha explicado en el juicio que la acusación "hará ajustes en las conclusiones" y que estos cambios "afectarán a una pluralidad importante de acusados". En la fase de conclusiones, ha prometido Pedreira, "se dará cumplida respuesta al por qué de cada una de ellas". 

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